"Nos vio como amenaza", dicen los expertos. "Pensaban que apoyaríamos la verdad histórica", agregan. Denuncian los ataques cuidadosamente urdidos por varios medios de comunicación y los sistemáticos obstáculos del gobierno. Al contradecir la versión del gobierno este impidió las condiciones para continuar. No hay evidencias para sustentar los dichos oficiales.

Incapaces de proceder con veracidad, argumentos y pruebas, el avieso bellaco y sus funcionarios recurren a la corrupción y a la represión. Si los demás están de acuerdo con el gobierno se les apoya, de lo contrario, se les ataca. Antes, procede a la corrupción. Si se acepta, ai´ queda, pero si no, les lanza en contra al aparato, utilizando los medios más sucios.

Esto es típico del gobierno mexicano desde siempre, pero con Peña Nieto no tiene parangón. Hay un gobierno sátrapa, dictatorial y represor. La entrevista que los expertos del GIEI de la CIDH dieron al New York Times, lo ratifica una vez más.

Si no es el primero en corrupción a nivel mundial, el gobierno mexicano es de los primeros. Lo mismo puede decirse de la policía mexicana. Acostumbrados a torcer toda información tergiversándola, ocultar la verdad y encubrir al crimen, todos los niveles del gobierno han querido que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa aparezca como un crimen perfecto que no dejó huellas.

Para ello recurrieron a inventar una historia mal hecha, basada en dichos de algunos detenidos, sin comprobar que esos dichos fueran ciertos. Muy pronto se le demostró a la PGR que su versión es falsa, pero se insiste en imponerla como verdad única e incuestionable, al estilo de la Santa Inquisición medieval.

México es parte de la OEA, el departamento de colonias del imperialismo. La OEA patrocina a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de limitadas facultades reducida a recomendaciones que los gobiernos pueden acatar o no. La CIDH tiene un Grupo Interdisciplinario de Investigadores Independientes (GIEI) para investigar casos que se le solicitan.

En el razonamiento cuadrado del gobierno qué mejor que viniera el GIEI a avalarlos. Pero le resultó lo contrario. Intentaron comprarlos para apoyar la versión oficial y he allí que les salió al revés. La versión del gobierno es tan fantasiosa, no sustentada en evidencias ni pruebas, que el GIEI se negó a ser corrompido. Más aún, informó que su versión de los hechos es contraria a la del gobierno.

Este tomó al informe del GIEI como una severa ofensa y no pudiendo esgrimir razones procedió a la guerra sucia. La secretaría de gobernación y la PGR procedieron a filtrar especies policíacas a los medios mercenarios y estos los divulgaron ampliamente. Han sido intensos ataques de lodo, con toda la miseria y mala fe que acostumbra el gobierno. Ahora ya logró el objetivo deseado. El GIEI saldrá del país y dejará el caso y a las víctimas en manos de sus propios verdugos.

"Debido a que han sido sometidos a una campaña sistemática de acoso, evasivas e intimidación, los integrantes del GIEI consideraron que no pueden dar una conclusión al caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos (en La Jornada, 24 abril 2016, p.3).

En entrevista al diario estadunidense The New York Times, "señalaron que han sufrido ataques cuidadosamente orquestados por los medios de comunicación mexicanos, el rechazo del gobierno a entregar documentos o conceder entrevistas con figuras esenciales.

"Claudia Paz y Paz, afirmó que no existen las condiciones para realizar nuestro trabajo, y destacó que la prueba es que el gobierno se opuso a la extensión de nuestro mandato.

"Francisco Cox, integrante del grupo y abogado chileno experto en derechos humanos, aseguró que esto es algo que quizá nos perseguirá por mucho tiempo, pero no tiene sentido quedarse aquí porque, de cierta manera, es darle legitimidad a algo que no es correcto.

"Carlos Beristáin, otro de los expertos, consideró que estaba claro en la investigación del gobierno y en la versión oficial que existe la intención de mantener este caso a nivel municipal, en términos de responsabilidad.

"Sin embargo, agregó, se reveló la presencia de agentes estatales y federales en las escenas del crimen, y su participación implica responsabilidad".

"Cox señaló que después de que en septiembre pasado dieron a conocer su informe, en el que se contradice la versión del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, quedó claro que la relación (con la administración federal) había cambiado. Apuntó que ellos (las autoridades) pensaban que íbamos a respaldar su versión de lo que había sucedido.

"Los expertos indicaron a The New York Times que las respuestas a las solicitudes de información al gobierno tardaron meses, además de que se ignoraron sus sugerencias para agilizar la investigación y comenzó una campaña mediática de difamación.

"Beristáin destacó que el mensaje era claro: “Hay sectores dentro del gobierno que no quieren ser interrogados y por tanto es un intento de reforzar la ‘verdad histórica’ sin tomar en cuenta los nuevos elementos que hemos ido descubriendo”.

"Consideró que estos sectores dentro del gobierno nos ven como una amenaza y endurecieron sus medidas contra nosotros, lo que refuerza la impunidad que impide que las cosas cambien en este país.

"Ángela Buitrago fue una de las integrantes del GIEI contra quien, destaca el diario estadunidense, se centraron los ataques mediáticos. Señaló que era inimaginable el propósito de todo eso, que era deslegitimar la investigación, desacreditarnos y distraernos".

A punto de que el GIEI concluya sus funciones y presente su informe final, el gobierno de Peña siguió con el mismo tono miserable que lo caracteriza, fingiendo una cosa y haciendo lo contrario.

"El grupo ha trabajado de manera seria y confiamos en que tendremos un capítulo de recomendaciones con una visión propositiva. Habrá también un diagnóstico duro en algunos puntos, pero para nosotros lo más importante del informe serán las recomendaciones, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián (Martínez F., en La Jornada, 24 abril 2016, p.4).

"Indicó que en el trabajo del GIEI hay coincidencias importantes con la investigación de la PGR, y las diferencias han obligado a profundizar aspectos de la propia indagatoria".

¿Si el GIEI ha trabajado de una manera seria, porqué los expulsa el gobierno? ¿De que servirán las recomendaciones si no las respetará? ¿Cuáles coincidencias con la PGR? Es al revés. Campa miente descaradamente.


Ref.: 2016, elektron 16 (115) 1-2, 25 abril 2016, FTE de México.

¡Fue el Estado! ¡Fuera Peña!

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