En el Estado de México los diputados locales aprueban la licencia para matar. La policía podrá disparar y matar, así como, disolver reuniones o asambleas, y decidirá cuando estas son legales o ilegales. Esta ley, aprobada por todos los partidos políticos (excepto Morena) está por sobre la Constitución. Ahora será la policía la que decida cuando respetar o no las garantías sociales. La ley es propia de las dictaduras militares y debe ser abrogada en su totalidad, mediante la lucha social organizada.

El grupo Atlacomulco no solo atraca a la nación, despojándola de su patrimonio energético. En previsión de la protesta social contra las transnacionales prepara la represión en alta escala. Mediante leyes de corte fascistoide, justificará que "respeta la ley y la aplica". Lo mismo dice respecto a la desnacionalización y privatización energética. Peña Nieto modificó regresivamente a la Constitución y ahora dice que esta le mandata entregar a México al capital imperialista.

Lo que se acaba de aprobar por los diputados locales en el Estado de México, desgobernado por el grupo a través de Eruviel Ávila, no solo es excesivo sino grotesco.

Ahora será la policía, fuertemente armada, la que decidirá las garantías y derechos constitucionales. El virrey Ávila quiere mantener a la indiada como esclavos de la Santa inquisición. El objetivo: preservar la impunidad ante los crímenes del gobierno contra la nación.

En el Edomex (junto con Nuevo León) hace mucho existe la pena de muerte. Ahora, se legalizará el estado de sitio permanente, propio de una dictadura militar.

La ley aprobada debe ser revocada en todos sus términos y los partidos políticos que la aprobaron (excepto Morena) deben ser repudiados y proscritos por perniciosos.

En La Jornada, el corresponsal local en Toluca informó con toda claridad.

"El Congreso del estado de México aprobó la Ley para Regular el Uso de la Fuerza Pública, que estipula los supuestos en que los cuerpos de seguridad podrán emplear armas letales e incluso disolver reuniones o asambleas ilegales (en La Jornada, 18 marzo 2016, p.31).

"Ahora los agentes de seguridad púbica podrán usar la fuerza en legítima defensa del elemento o de terceros; por cumplimiento del deber al salvaguardar los derechos, bienes y libertad de las personas, el orden y la paz pública, o para prevenir delitos, cuando sea necesario para salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de algún peligro.

"También se prevé que cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de otras personas o del elemento, éste podría hacer uso intencional de armas letales, pero sólo en defensa propia o de terceros en caso de peligro inminente de muerte, hayan sido insuficientes".

En la publicidad pagada del gobierno federal se dice: "La Constitución protege tus derechos y nosotros protegemos a la Constitución", en referencia a los ministros de la Suprema Corte, los mismos que avalan todo lo que al gobierno se le ocurra. A este y al Estado son los que defienden, es decir, a los intereses aviesos contra la nación.

Ahora, en el caso de la ley represiva del Edomex se dice que respetarán derechos constitucionales. Esa palabrería se contradice de inmediato. De hecho, esta ley se erige por encima de la propia Constitución política del país.

La ley garantiza el derecho a la libre manifestación, reunión o asambleas. El artículo 14 detalla que los agentes “podrán emplear la fuerza en el control de multitudes y disturbios públicos para restablecer el orden y la paz social con el fin de evitar actos de violencia, daños a terceros, propiedades y la integridad física de las personas. Se respetará el ejercicio del derecho de asociación y reunión de personas siempre que éste se efectúe en los términos previstos por el artículo 9 constitucional".

¿Quién decidirá, unilateralmente, que se aplique o no ese artículo 9? ¡La policía!

El PRI, PAN, PVEM, Panal y PRD aprobaron la mencionada ley. Solo Morena se opuso y señaló que la iniciativa pretende "legalizar actos represivos y criminalizar la movilización social".

"Uno de los aspectos que más cuestionó Morena fue que se otorga al mando de la policía la facultad discrecional de determinar cuándo una asamblea, manifestación o reunión es ilegal y se le faculta para dispersarla.

"El artículo 15 del ordenamiento señala que una asamblea o reunión es ilegal cuando el grupo de personas se reúna con un fin ilícito, se encuentren armadas o cuando, en la petición o protesta que hagan ante la autoridad, expresen amenazas para intimidarlas u obligar a resolver en el sentido que desean".

Eso decidirá la policía arbitrariamente. Cuidado con decir algo que le parezca feo a su Alteza Serenísima del gobierno porque la respuesta inmediatamente será la represión. Así ya no habrá siquiera el derecho de petición, ni de manifestación ni de libre expresión.

"El artículo 16 señala que la responsabilidad de ordenar el uso de la fuerza pública es exclusiva del mando al cargo de la operación, quien deberá informar de la decisión a su superior. Lo anterior, consideró Morena, pretende eximir de toda responsabilidad a funcionarios de alto nivel en la toma de estas decisiones.

"La ley también regula las detenciones en flagrancia y de personas armadas y especifica cómo deben proceder los policías; asimismo, señala cómo se aplicará la fuerza en cárceles y en caso de desastres naturales.

"Asimismo se tipifican conductas como actos crueles, abusos y tortura y se fijan procedimientos para castigar estos abusos de los agentes, además de que se garantiza la reparación del daño".

Ni siquiera se ha declarado y en el Edomex ya se quiere ejercer cotidianamente. Una vez dijo el escritor Carlos Fuentes que en México siempre había alguien dispuesto a hacerle un favor al presidente y, para ello, se podía cometer cualquier crimen. Uno de esos es Eruviel.

Mientras, el Edomex es uno de los estados más violentos del país, donde se protege a los criminales, se practica la tortura, la crueldad y el asesinato. Decir que esto último se regulará es una falacia y una contradicción. ¿Cómo sería si la propia ley autoriza a la policía matar a discreción por decisión de cualquier mando menor, violentar los derechos constitucionales y reprimir a discreción a la población?

La ley de Eruviel debe ser repudiada. Los diputados locales elevaron a la categoría de ley el crimen de Tlatlaya, donde el asesinato de civiles, a cargo de soldados del ejército, fue evidente.


Ref.: 2016, elektron 16 (88) 1-2, 28 marzo 2016, FTE de México.

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