El GIEI termina sus funciones en abril y no habrá prórroga, anunció Osorio Chong. El grupo no ha concluido sus investigaciones, pero ya echó por tierra la versión oficial de la "mentira histórica". En respuesta, el gobierno instrumentó una sucia campaña mediática contra el GIEI. También rechazó la visita de un relator de la ONU sobre la tortura. Se confirman las aviesas intenciones. El gobierno oculta a los crímenes y toma venganza contra el GIEI. Cada vez se confirma más que el Estado está metido hasta el cuello y quiere borrar las huellas del crimen por decreto, protegiendo a los criminales.

Ya se veía venir el manotazo. Para el gobierno fue insoportable que el GIEI de la CIDH, en su informe de septiembre de 2015, haya tirado al suelo la versión oficial de la PGR, según la cual, sin presentar pruebas se inventó que los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.

El GIEI señaló, apoyado en imágenes satelitales oficiales, que en ese lugar ni siquiera hubo ningún incendio. Con anterioridad, investigadores universitarios de la UNAM y UAM demostraron que en Cocula no se reunieron las condiciones técnicas apropiadas para la incineración de 43 cuerpos humanos. Como el gobierno no ha podido refutar al GIEI ni a los universitarios, decidió realizar un tercer peritaje con la intención de desempatar el caso en favor del gobierno.

La situación es muy burda y, para reforzarla, se instrumentó una sucia campaña de descalificación, desprestigio y calumnias contra el GIEI, a través de grupos e individuos fantasmas, hasta la propia PGR acusó al presidente de la CIDH de un fraude no probado. ¿Quién filtró las sucias especies a los medios? La policía, como siempre ha ocurrido, por instrucciones de la secretaría de gobernación. Para ello, contó con la ayuda de periodistas mercenarios a sueldo. Nada de esto es nuevo sino una vieja costumbre oficial.

"De manera visible Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y el abogado José Antonio Ortega, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, en cuyo blog concentra estas expresiones (Román J. A., en La Jornada, 27 marzo 2016, p.4).

"En días recientes, este último personaje interpuso ante la PGR una denuncia penal en contra del secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, por el delito de fraude.

"Los ataques al GIEI se han centrado principalmente contra la guatemalteca Claudia Paz y la colombiana Ángela Buitrago, las dos mujeres integrantes. Incluso, la CIDH se vio obligada a expresar públicamente su respaldo total, absoluto e incondicional al grupo de expertos, ante el silencio del gobierno mexicano.

"Pero los ataques han alcanzado también a activistas nacionales. Miranda de Wallace acusó al relator de la ONU Juan Méndez de encabezar una red de corrupción que se beneficia de las víctimas.

"En la cuenta de Twitter de la señora Miranda de Wallace circularon infografías que supuestamente establecen conexiones entre organizaciones de activistas en un supuesto complot para apoyar a delincuentes. Entre las personas señaladas figuran reconocidos defensores de derechos humanos en México, como Marieclaire Acosta, Juan Carlos Gutiérrez, José Antonio Guevara y Miguel Sarre".

El relator especial contra la tortura, Juan Méndez, fue calificado de poco profesional y poco ético por el gobierno mexicano, debido a que en su último informe señaló que la tortura es una práctica generalizada en el país".

Se veía que esa campañita tenía como objetivo evitar que el GIEI continuara en México sus investigaciones. Eso, por ningún motivo, conviene al gobierno. ¿Por qué? Pues, porque afecta sus intereses. ¿Acaso el propio gobierno es coautor de los crímenes? Así parece. Nosotros no participamos de ninguna investigación ni tenemos prueba alguna pero los hechos que el propio gobierno realiza lo evidencia.

A los 18 meses de la infausta noche de Iguala, los padres de los 43 exigieron al gobierno que se renueve el mandato del GIEI. También rechazaron la propuesta de la PGR para "reparar el daño" a los familiares. Esa propuesta, además de imposible y errónea, estaba envenenada. El gobierno quiere dar carpetazo al caso, dijeron, y pidieron el apoyo de la sociedad para que continuara el GIEI.

Mientras, arreció la sucia campaña mediática contra el GIEI.

Se trata de desgastar la figura, desprestigiar y dañar la calidad moral que tienen los integrantes del GIEI, de cara a la investigación que están realizando, con el propósito de debilitarlos, para hacer ver que no es importante su presencia en el país.

Se propaga la idea de que son una carga y ante eso el gobierno ha sido omiso, no se ha posicionado, no ha respondido como debiera ante el grupo de expertos que él mismo pidió como asistencia técnica.

El objetivo es utilizar esa sucia campaña para no prorrogar el mandato al GIEI, cancelando el único canal de comunicación del gobierno con los familiares de los 43. Se trata de una represión cantada.

"El subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, aseguró que el gobierno pidió al relator contra la tortura de la ONU, Juan Méndez, que nos diera tiempo y que no realizara la visita de seguimiento al informe sobre México en la materia hasta que se aprobara en el Congreso de la Unión la ley respectiva (Ballinas V., en La Jornada, 29 marzo 2016, p.5).

"El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que México mantiene su política de total apertura a los observadores internacionales de la ONU y de la CIDH".

¡Qué falsos! Dicen que mantiene una política "de total" apertura a los organismos internacionales y, en los hechos, están contra los mismos, los obstaculizan y difaman.

"México es un país totalmente abierto, la apertura está ahí, es permanente. Vamos a recibir al Subcomité de la ONU para la Prevención contra la Tortura, entre noviembre y diciembre próximos.

"El informe del relator Juan Méndez, quien el año pasado sostuvo que la tortura en el país es generalizada, fue descalificado por el gobierno del presidente Enrique Peña.

"Al subsecretario también se le preguntó sobre el boicot al trabajo del GIEI, según acusaciones de organismos no gubernamentales.

"De ninguna manera: el gobierno invitó al GIEI a venir a México, y le ha dado todo su apoyo, respondió".

¿Cinismo? ¿Patología gruesa? ¿Burla? El gobierno ha hecho lo contrario de lo que declara.

"En marzo del año pasado el relator especial de la ONU presentó el informe sobre el tema –producto de una visita que realizó al país en 2014–, en el que se concluyó que la tortura en México es generalizada y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento. De inmediato, el gobierno federal negó dichas afirmaciones y desestimó el documento (Olivares E., en La Jornada, 29 marzo 2016, p.5).

"El entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, calificó a Méndez de irresponsable y poco ético. Todo ello generó un conflicto diplomático.

“En el conflicto del año pasado hubo aseveraciones muy fuertes y directas de funcionarios mexicanos contra el relator, a quien incluso se acusó de falta de profesionalismo. Por ello, que se le niegue una nueva visita es muy grave. Méndez quería dar seguimiento a esa visita y a su informe, al verificar el avance en el cumplimiento de sus recomendaciones".

"La CIDH rechazó de manera categórica la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra el GIEI, que trabaja en el caso Ayotzinapa, y contra el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria –investigado por la PGR por presunto fraude en perjuicio del Estado mexicano–; confió en la probidad del funcionario y calificó la denuncia en su contra de infundada y temeraria (Olivares E., en La Jornada, 30 marzo 2016, p.6).

"También dio apoyo total a Álvarez Icaza, denunciado ante la PGR por José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, por presunto fraude en perjuicio de la Federación por casi 2 millones de dólares, dinero que se destinó a la investigación del caso Ayotzinapa.

"En este punto, la CIDH expresó su absoluta confianza en la probidad de Álvarez Icaza, pues el recurso fue depositado directamente en las cuentas de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos por medio de la secretaría de administración y finanzas. La CIDH no administró esos recursos; por tanto, tampoco lo hizo el secretario ejecutivo.

"Destacó que al firmar el acuerdo de cooperación con México –suscrito por autoridades gubernamentales y representantes de las víctimas–, Álvarez Icaza actuó en representación de la secretaría general de la OEA".

"El GIEI para el caso Ayotzinapa concluye su mandato en abril próximo y no habrá una nueva prórroga a esta labor, señaló el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (Martínez F., en La Jornada, 30 marzo 2016, p.5).

"El gobierno mexicano –subrayó– espera las conclusiones del trabajo que realizan los especialistas. "No encontramos una línea diferente a la que se ha estudiado por parte de la PGR".

¿No hay línea diferente? La PGR mal sustenta la "verdad histórica", el GIEI la niega. ¿Eso le parece poco a Osorio (presidenciable por el PRI según el análisis maniqueo de Ciro)?

"Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, comentó que se trata de un plazo fijado por el propio Grupo de Expertos".

Solo falta que digan que el GIEI se expulsó solo.

"El secretario Osorio aseveró que el gobierno mexicano ha dado al GIEI ‘‘absolutamente todas las facilidades’’ para la realización de su labor, tanto a nivel de personal (agentes del Ministerio Público) como equipo para abordar las líneas de investigación que conduzcan al paradero de los 43 jóvenes desaparecidos".

¿De veras? ¿Ya permitieron que el GIEI entreviste a los militares? ¿"Facilidades" son las sucias campañas y filtraciones de la policía política a los medios contra el GIEI?

A la pregunta sobre si habrá prórroga, Chong dijo:

"–No, lo digo con toda claridad; estamos dentro del tiempo otorgado; estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que vienen realizando. En abril terminan".

En su más reciente informe, el GIEI alertó de obstáculos para la investigación, como la fragmentación del caso en diferentes averiguaciones previas, la falta de acceso a la información del 27 batallón de infantería (ubicado en el lugar de los hechos, Iguala, Guerrero), así como la revictimización del estudiante asesinado Julio César Mondragón, entre otros factores.

"Las declaraciones del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, de que no habrá prórroga al trabajo en México del GIEI para el caso Ayotzinapa, se dan en el contexto de un proceso de descalificación y de obstáculos legales contra los miembros de ese grupo, alentado por la ultraderecha y permitido por el gobierno federal (Olivares E., en La Jornada, 30 marzo 2016, p.5).

"Manifestó lo anterior Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien agregó que sólo se trata de una posición política del secretario, pues el mandato del GIEI y una posible prórroga tienen que acordarse entre la CIDH, el gobierno federal y los representantes de las víctimas.

"En estos momentos no corresponde que el Estado mexicano, de manera unilateral, asegure que no se prorrogará la presencia del GIEI; eso debe ser discutido entre las tres partes, incluyéndonos a nosotros y a la Comisión Interamericana".


Ref.: 2016, elektron 16 (93) 1-4, 3 abril 2016, FTE de México.

El GIEI de la CIDH. FOTO: M. Peláez

Marcha del 26 marzo 2016, ciudad de México. FOTO: Y. Ortega

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