A partir de un estudio sicosocial, el gobierno ofrecería la reparación del daño a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Los padres rechazan la propuesta. Se niegan a vender a sus hijos, los quieren vivos. No es la primera vez que se pretende comprarlos para dar carpetazo al asunto. A 18 meses de los hechos, piden apoyo a la sociedad para que cese la sucia campaña mediática y continúe en México el grupo de expertos del GIEI de la CIDH.

Este 26 de marzo se cumplieron 18 meses de los trágicos sucesos en Iguala cuando 6 estudiantes normalistas fueron asesinados, otros heridos y 43 desaparecidos. Ha sido año y medio de declaraciones, supuestas investigaciones del gobierno y cero (0) resultados. Más aún, la versión oficial que llamó "verdad histórica" se cayó ante el cuestionamiento severo de expertos universitarios, antropólogos forenses argentinos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El gobierno parece el más interesado en desaparecer el caso, dejándolo en completa opacidad, como si nada hubiese pasado. Da la impresión que protege a los criminales, que estos lo rebasaron o que co-gobierna con los mismos. Los hechos lo dicen todo: NO hay resultados.

Como acostumbran los regímenes priístas y panistas, una de sus vías muy ensayadas consiste en corromper a las víctimas, comprando su silencio y sumisión con unos cuantos pesos. El gobierno dice que no, que la reparación del daño sería integral y que fue recomendada por el GIEI. Esa es otra de sus especialidades: torcer los hechos.

Roberto Campa, operador político de Elba Esther Gordillo y actual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que se trata solo de "un estudio sicosocial" (Martínez F., en La Jornada, 24 marzo 2016, p.7).

Ese estudio sería previo a un programa de reparación integral del daño. A leguas se nota la mala intención del gobierno. Lo que pretende es dividir a los familiares de los 43 haciendo distinciones arbitrarias y que olviden el asunto a cambio de dinero. Desde noviembre de 2014, el gobierno habló de una "compensación".

Para responder a esta pregunta no se necesita ningún estudio sicosocial. Por muy cuantiosa que fuera esa reparación "integral", eso ¿"compensaría" la pérdida de 43 vidas? No, eso solo serviría para seguir solapando a los autores intelectuales y materiales de los crímenes. Al gobierno, por supuesto, le saldría barato. Para este, la vida es monetarizable, como cualquier mercancía. Pero, ¿cuánto vale la vida?

Campa argumentó con demagogia. Entre los factores a considerar de la "reparación" es "que no se vuelva a repetir". Se trata de una burla. Los supuestos asesinados no pueden volver a ser "asesinados". Además, el hecho se sigue repitiendo, van más de 27 mil desapariciones forzadas y ninguno aparece. En Veracruz han desaparecido recientemente otros estudiantes y nadie sabe nada.

La propuesta del gobierno es burda e inaceptable. "No vamos a vender a nuestros hijos", dijeron los familiares (Martínez F., Ocampo S., en La Jornada, 25 marzo 2016, p.5).

La posición de los familiares de los 43 es muy digna. En todo caso, insisten en que cese la campaña mediática promovida por el gobierno, a través de grupos de derecha y ultraderecha, así como, del periodismo mercenario. En una marcha realizada en Chilpancingo, en referencia a los actos litúrgicos de la Pascua dijeron que, "en este Viacrucis, nos han dado varios azotes".

En la ciudad de México se realizó un mitin en el Hemiciclo a Juárez (Sánchez A., en La Jornada, 27 marzo 2016, p.3). Allí reiteran su rechazo a una indemnización por sus hijos y pidieron que el GIEI continúa su labor, Dijeron que Osorio Chong, secretario de gobernación, había dicho que continuaría en caso de no haber resultados. No los ha habido y le pidieron que cumpla su palabra.

El pequeño problema es que Osorio no tiene palabra, tiene intereses aviesos. La campaña mediática de ataques contra el GIEI no salió de la nada ni a iniciativa de individuos aislados. Eso siempre se ha instrumentado desde Bucareli, mediante la manipulación de personeros, previamente inventados y comprados, y filtraciones de la policía entre el mal periodismo.

Esa campaña de descalificación incluye al GIEI, a funcionarios de la ONU y al secretario ejecutivo de la CIDH. La propia PGR interpuso una denuncia contra Emilio Álvarez Icaza por un supuesto "fraude". Tal campaña podría ser usada para impedir que continúa el GIEI. Este le estorba al gobierno, por haberle echado abajo su mentira "histórica". La participación directa del gobierno en la campañita es muy evidente.


Ref.: 2016, elektron 16 (87) 1-2, 27 marzo 2016, FTE de México.

Mitin en el Hemiciclo a Juárez, ciudad de México, 26 marzo 2016.
FOTO: Y. Ortega

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