Eso fue lo que ocurrió aquel 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando fueron asesinados, heridos y desaparecidos varios estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La "verdad histórica" del gobierno fue tirada por los expertos de la CIDH. Consecuentemente, el gobierno lleva a cabo una sucia campaña para desacreditar a esos expertos. La PGR insiste en un tercer peritaje en el basurero de Cocula. Los familiares de los 43 lo rechazan. El GIEI de la CIDH pronto concluirá su estancia, podría no continuar.

Presentes en Guadalajara, "familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos no aceptarán un tercer peritaje en el basurero de Cocula; al contrario, exigieron a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, que finque responsabilidades al ex procurador Jesús Murillo Karam por haber falseado la información para construir su verdad histórica" (Partida J. C., en La Jornada, 15 marzo 2016, p.7).

"Insistieron en que no admitirán un tercer peritaje en busca de vestigios de personas incineradas, pues también al principio la PGR tomó muestras de sangre a los familiares sin el rigor científico necesario, según se confirmó en un examen de ADN posterior hecho por forenses argentinos".

Son ya casi 18 meses de los trágicos sucesos ocurridos en Iguala y el gobierno federal "no tiene" información al respecto. Todo lo que ha emitido han sido superficialidades y falsedades. El Estado en su conjunto ha sido incapaz de aclarar la situación. Cada día que pasa se confirma que el gobierno tiene un señalado interés en proteger a los autores materiales e intelectuales de los crímenes.

No obstante, todas sus maniobras han fracasado. Quiso dar carpetazo y no pudo, ahora quiere que se olvide el caso, pero no podrá. Mientras, apuesta al desgaste de familiares y estudiantes de Ayotzinapa.

Sin embargo, ambos se han manifestado incansables. Nunca un caso como este había tenido tanto impacto solidario, en México y en el mundo. La solidaridad puede, y debe, ser mayor pero lo expresado hasta ahora se mantiene. El gobierno, simplemente, se ha visto mal asumiendo responsabilidad, sea por omisión, por tolerar al crimen, por haber sido rebasado, o por cogobernar con el mismo.

Los varios intentos del gobierno por "comprar" a los familiares, por ofrecerles dinero para que se calmen, han fracasado. Se ha llegado a ridiculeces. ¿Cuánto vale la vida de un hijo desaparecido? ¿Para eso se auspiciaron los crímenes, para monetarizarlos y dejarlos en la total impunidad?

Muy pronto, el gobierno de Peña Nieto promovió lo que el exprocurador Murillo Karam llamó la "verdad histórica" según la cual los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero. Esa versión resultó ser falsa. Los investigadores universitarios Montemayor (UNAM) y Ugalde (UAM) demostraron la imposibilidad técnica de la versión oficial.

El equipo argentino de antropólogos forenses (EAAF) llegó a la misma conclusión. Pero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio la puntilla al invento, demostrando que en Cocula, simplemente, no hubo ninguna incineración. Entre otras pruebas, lo muestran las imágenes de satélite que no registraron ni siquiera humo.

Como la versión expresada por Murillo había recibido serias críticas, Peña Nieto optó por retirarlo y, en su lugar, nombrar a una inexperta pero incondicional.

En cuanto el GIEI presentó su informe el gobierno se encargó de negarlo. Para el gobierno todo lo que esté en contra de su política está mal. Esta negativa ha sido acompañada por una amplia política de fango tendiente a desacreditar al GIEI y descalificarlo. Para ello, se instrumentó una sucia campaña de medios que ha contado con el apoyo del mal periodismo y supuestos periodistas que más bien son mercenarios al servicio pagado del poder.

En vez de investigar a los autores de los probables crímenes han desviado los esfuerzos para acusar al GIEI. El ambiente ha sido muy grosero basado en insultos. Se ha publicado que los expertos no lo son, que sus conclusiones son falsas, que son activistas y que pretenden desprestigiar al gobierno.

Al mismo tiempo, se habló de un tercer peritaje en Cocula, con expertos internacionales que sí lo son, según el gobierno. A la fecha han pasado otros seis meses y ni siquiera se sabe quiénes son esos "expertos". Eso sí, al GIEI se le ha obstaculizado una y otra vez. No los han excluido totalmente pero tampoco han permitido su libre intervención, manteniendo las indagatorias bajo un férreo control de la información.

¿Por qué este trato con el GIEI? ¿Qué trata de ocultar el gobierno? Cualesquiera sean las hipótesis al respecto, es evidente que al gobierno le molesta la presencia del GIEI porque insiste en ocultar los crímenes y hacerlos aparecer como crímenes perfectos que no dejaron huellas. ¿Para qué? Para mantener a la sociedad en su conjunto en la zozobra, bajo control y amenazada.


Ref.: 2016, elektron 16 (75) 1-2, 15 marzo 2016, FTE de México.

Protesta en Iguala, 24 febrero 2016. FOTO: A. de P. Palma

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