Bajo el argumento de que Gustavo Castro es el único testigo presencial del asesinato de la hondureña Berta Cáceres, el gobierno de Honduras emitió una "alerta migratoria" y mantiene retenido en Tegucigalpa al mexicano. La policía no tiene ninguna hipótesis sobre el crimen, es evidente que protege a transnacionales y criminales. Hasta ahora se ha dedicado a investigar a los compañeros de lucha de Cáceres. Gustavo debe ser liberado inmediatamente. En un país de múltiples asesinatos, corre peligro.

Gustavo Castro, Otros Mundos / Chiapas

La "alerta migratoria" de 30 días decretada por el gobierno hondureño le impide a Gustavo Castro abandonar el país. Está en calidad de "testigo protegido" (Román J. A., en La Jornada en línea, 9 marzo 2016).

Al momento, la policía hondureña no ha esclarecido nada. Siguen pasando los días y ni siquiera tiene alguna hipótesis. La situación es harto desconfiable.

Diversas organizaciones mexicanas solidarias han expresado el temor de que el status legal de Gustavo pudiera ser modificado por la "debilidad institucional" y las "graves fallas" cometidas en las investigaciones.

Este temor está muy bien justificado. El gobierno hondureño es golpista, al servicio del imperio y sus transnacionales. Por lo mismo, le rinde culto a la propiedad privada, los empresarios son su prioridad y debe garantizarles sus negocios y ganancias. El despojo de tierras y aguas a las comunidades y pueblos no le importa.

Ese aparato no gobierna para el pueblo. Surgido del golpe de Estado de 2009, sin ningún consenso, con el apoyo empresarial e imperialista, carece de voluntad propia, las instituciones nacionales son muy endebles.

Por ello las irregularidades de las investigaciones. Tal parece que hay intención de ocultar el crimen, dejarlo impune y tergiversar los hechos para terminar imputándolos a los propios compañeros de lucha de la dirigente indígena Berta Cáceres.

No se ha detenido a nadie de los autores materiales e intelectuales del crimen. Por el contrario, está retenido Gustavo Castro, quien es víctima y sobreviviente del atentado. ¿Cuáles son las intenciones subyacentes? ¿Acaso inculparlo?

Desde Ginebra, Suiza, la representación para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al gobierno hondureño "que proteja de forma inmediata al activista mexicano Gustavo Castro Soto, que fue testigo del asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, y se le permita regresar a su país (Dpa, en La Jornada en línea, 10 marzo 2016).

"El relator especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Michel Forst, pidió a las autoridades hondureñas "garantizar que la vida de Castro Soto no corra más riesgos".

Este tipo de llamados es importante a pesar de que no obligan a nadie. De hecho, la ONU hace mucho tiempo que devino en un aparato inútil. Pero la situación se agrava con un gobierno fuera de toda ley.

Dice el relator Forst que el asesinato de Cáceres "es una trágica llamada de atención al Estado hondureño para que prevenga actos de violencia y proteja los derechos humanos llevando a los responsables ante la justicia".

Eso es cierto pero tal gobierno no hace caso ni respeta los derechos humanos ni sociales de la población. ¿A quién va a llevar ante la justicia? si los protege. ¿Qué justicia puede haber en esas condiciones? ¿Qué es esa justicia? ¿Revivirán a Berta Cáceres y a los cientos de asesinatos que ha habido?

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México pidió que el gobierno hondureño emita medidas cautelares para la protección de Gustavo. Previamente, declaró que pediría a la diplomacia mexicana que le informe respecto a las acciones que se llevan a cabo.

¡Pura pantalla! Berta Cáceres también estaba bajo medidas cautelares y ¿qué pasó? Eso de pedirle al gobierno mexicano que le informe lo que hace es ingenuo e ilusorio. Parece que la CNDH es solo un aparatito burocrático dedicado a cubrir el expediente y no más.

Por su parte, Forst instó al gobierno de Honduras a investigar de forma "inmediata, independiente e imparcial" el asesinato de la dirigente indígena.

Lástima que el gobierno hace, exactamente, lo contrario. He allí las limitaciones de los organismos de derechos humanos.

"La vida del testigo clave del asesinato de la reconocida activista Berta Cáceres corre peligro mientras permanezca en Honduras, alertaron organizaciones locales e internacionales, exigiendo a las autoridades que permitan su salida del país centroamericano (Reuters, en La Jornada en línea, 10 marzo 2016).

"Está en serio peligro", dijo a Reuters Marcia Aguiluz, del Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para América Central y México. "Los intereses de los que mataron y mandaron a matar a Berta Cáceres son extremos y podrían atentar en su contra", agregó.

Esa apreciación está fundada. En vez de esclarecer los hechos la policía los encubre y tergiversa. Es la hora que no hay ninguna versión oficial. Pero sí hay una fuerte campaña mediática local, sucia, borrosa y perniciosa.

Se habla del crimen perpetrado por dos desconocidos. Gustavo ha declarado que vio solo a uno y lo podía reconocer, pero no le han presentado a ningún sospechoso, los "sospechosos" son los compañeros de Cáceres y el propio Gustavo.

Gustavo está "resguardado" en la residencia de la embajadora de México en Tegucigalpa. ¡Qué bueno! pero está bajo la custodia de la policía hondureña que no protege sino a los criminales.

Que hasta ahora no haya ninguna hipótesis oficial de la policía hondureña sobre el crimen revela la ineptitud, negligencia y encubrimiento del caso.

Hasta el momento, además de Castro tan solo han declarado un ex compañero sentimental de Cáceres, que también trabaja en el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), y el vigilante del condominio donde se ejecutó el homicidio".


Ref.: 2016, elektron 16 (70) 1-2, 10 marzo 2016, FTE de México.

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