Es una denuncia de Gustavo Castro, herido y testigo del asesinato de Berta Cáceres, dirigente indígena de Honduras. Los hechos son graves y exhiben a un gobierno como cómplice del crimen perpetrado por el capital privado. Hay un evidente crimen de Estado. La embajada mexicana en Tegucigalpa también incurre en responsabilidad pues se ha manifestado tardía e inútil. La retención de Gustavo es injustificada y excesiva. El Estado y gobierno hondureño "no saben nada" de nada.

Gustavo Castro, Otros Mundos / Chiapas

Las autoridades de Honduras alteraron la escena del crimen, difundió la agencia Afp (en La Jornada en línea, 8 marzo 2016), en referencia a una carta escrita por Gustavo Castro, testigo del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), actualmente detenido arbitrariamente en el país catracho.

"No escuché carros llegar ni irse cuando el asesinato. El escenario del crimen fue modificado y alterado", aseguró el mexicano en su escrito, que no revela muchos detalles del momento del crimen.

"Vi morir a Berta en mis brazos pero también vi su corazón sembrado en cada lucha que el Copinh ha realizado", añadió en la nota titulada: "Desde el corazón de Berta".

Castro Soto acusó que "el gobierno sigue preparando sus argucias para presentar ante la opinión pública que el asesinato de Berta se debió a conflictos internos, cuando hay demandas contra quienes la habían querido asesinar, vinculando a la empresa hidroeléctrica protegida por el Estado".

Con el argumento de que tenía que rendir declaraciones en el tribunal de Intibucá, el mexicano fue retenido por autoridades migratorias hondureñas la mañana del sábado cuando pretendía regresar a su país.

Castro Soto afirmó en su carta que ya había ido "al juzgado a declarar como testigo protegido, vestido con una túnica negra hasta los talones y con una capucha negra" y confesó sentir temor porque "los sicarios ya saben que no morí y seguro estarán dispuestos a cumplir con su tarea".

Alegó que las amenazas son "cosa que el gobierno hondureño no quiere ver intentando todavía hasta el día de hoy retenerme para controlar la información de mis declaraciones" y afirmó que fue una familia solidaria que le dio atención médica por las heridas.

En su carta Castro Soto sostuvo que policías investigadores "llegaron para que viera fotos y videos e identificar a los asesinos (...) pero lamenté que todos los videos y fotografías eran de las marchas del Copinh" para que señale quién de ellos había sido el asesino, expuso.

"Pero no me han mostrado las caras de los dueños de las empresas o sus sicarios", denunció.

"Los sicarios que han asesinado a Berta y que intentaron asesinarme siguen en la impunidad, mientras el gobierno pretende socavar la memoria de Berta y el honor y la lucha magnifica que el Copinh ha hecho por tantos años en la defensa de la vida, los territorios y de los derechos humanos", agregó en su mensaje que fue escrito el día del sepelio del cuerpo de la ambientalista.

El gobierno hondureño se comporta de manera deleznable. Para ocultar el crimen desvía las averiguaciones, buscando a los culpables al interior del movimiento, como si los propios compañeros de Berta la hubieran asesinado.

Eso de mostrarle a Gustavo videos de las marchas opositoras es con el propósito pedestre de que identifique a los asesinos entre las víctimas.

En su afán protector del capital, el Estado recurre a la perversidad.

Los gobiernos de México y Honduras son responsables de la integridad física y mental de Gustavo, pero la eluden. Siguen pasando los días y no existe ninguna información oficial tendiente a esclarecer el asesinato y fincar responsabilidades y sanciones contra los autores. Por el contrario, pareciera que el "sospechoso" del gobierno es Gustavo, quien es víctima.

En todo caso, el sospechoso es el gobierno de Honduras, cuyos funcionarios son todos policías. Por eso han llegado a la humillación con Gustavo, vistiéndolo con túnica y capucha, parece que está compareciendo ante el Santo Oficio medieval.

Con sus hechos el Estado y gobierno hondureño muestra que es cómplice de las transnacionales y sus socios. En Honduras también hay un sicariato gubernamental y jurídico.

El gobierno mexicano sabe de esa situación. Sin embargo, no hace prácticamente nada, viéndose inútil ante la agresión. Es evidente que sirve a los mismos intereses, a su mismo dios, al capital privado y sus excesos. Por eso asiste, pasivamente, a los atropellos. Lo que ha hecho es apenas elemental para cubrir las apariencias.

De hecho, las embajadas mexicanas en cualquier parte del mundo sirven para dos cosas. Una, estar en contra de los mexicanos, a los que jamás ayudan, salvo para asistirlos en la cárcel cuando los detiene la policía por andar en el narcomenudeo o escandalizando borrachos en la calle. Dos, dedicarse al protocolo frívolo y al turismo personal.

Esta vez el gobierno mexicano muestra desinterés porque la acción opositora de los pueblos, sea en Honduras o en México, le molesta. Aquí, Peña Nieto es vulgar empleado del imperio y hay tantos crímenes o más que en Honduras.

Gustavo debe ser liberado inmediatamente. No hay justificación de ningún tipo para que la burocracia hondureña lo mantenga retenido. Gustavo está herido, necesita atención médica y, ante todo, protección. En Honduras domina la inseguridad total ante tanta red de complicidades.

La presencia de Gustavo en Honduras no es necesaria, ya declaró lo que le consta. O, ¿qué, quieren que detenga a los criminales y se los lleve de las orejas al juzgado menor para que este los libere? La ineptitud del Estado hondureño no es responsabilidad de Gustavo.

El gobierno de México debe cumplir con sus deberes elementales para con el connacional. No se le están pidiendo favores sino elemental decoro.


Ref.: 2016, elektron 16 (68) 1-2, 8 marzo 2016, FTE de México.

¡Exigimos la liberación de Gustavo Castro,
retenido arbitrariamente en Honduras!

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