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Fue retenido por el gobierno de Honduras y su vida está en peligro. El gobierno de Honduras no es confiable ni respeta ninguna ley, pues, es partícipe del terrorismo de Estado. Salió de la embajada de México en Tegucigalpa ante la ineptitud del gobierno mexicano. Trasladar a Gustavo a la comunidad La Esperanza es de alto riesgo, denuncia Otros Mundos /Chiapas. El mexicano está herido, requiere atención apropiada y condiciones de seguridad. Exigimos la liberación de Gustavo y su regreso inmediato a México. 
Gustavo Castro, Otros Mundos Chiapas
Gustavo Castro Soto, integrante de la organización
Otros Mundos Chiapas / Amigos de la Tierra México, de la Red Mexicana de
Afectados por la Minería (Rema) y del Movimiento Mesoamericano contra el
Modelo Extractivo Minero (M4) está virtualmente detenido en
Honduras.
En el aeropuerto internacional de Tegucigalpa y en presencia de la representación mexicana en ese país, Gustavo Castro, fue impedido por las autoridades migratorias hondureñas para abandonar el país. La acción fue precedida por el requerimiento de un juzgado menor que supuestamente investiga el asesinato de Berta Cáceres, dirigente indigenista, en cuyo crimen Gustavo fue testigo presencial. Esta situación entraña un alto riesgo porque los asesinos de Berta Cáceres andan sueltos. Esos sicarios intentaron asesinar también a Gustavo. ¿Qué garantías hay para salvaguardar su integridad física y mental? El tiempo está pasando, pero el gobierno hondureño NO ha detenido a nadie, ni siquiera tiene pistas. Oficialmente, se habla de la detención de dos sospechosos que nadie conoce, pudieran ser inexistentes. La jueza del montón, del departamento de Intibucá, que ordenó la retención de Gustavo para que siga declarando en la comunidad La Esperanza es una inconciente, por decir menos. En esa comunidad no hay garantías de nada, más parece que se pretende poner de blanco a Gustavo para continuar un atentado que fue frustrado. Eso es sumamente grave. La jueza del montón está implicada en calidad de cómplice al servicio de las transnacionales. El Estado y gobierno hondureño, también, ambos al servicio del capital hondureño. Que todavía no haya ningún avance en las investigaciones es porque Honduras sigue siendo una república bananera en manos de sátrapas. Crimen de Estado Es posible que nunca se sepa quiénes fueron los
autores materiales e intelectuales del crimen. No conviene, ni al Estado, ni al
gobierno ni a las transnacionales. Todos están coludidos.
El actual gobierno fue impuesto por el capital después del "golpe" de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya. Se trata de un gobierno golpista. El crimen es de Estado porque en la lucha opositora contra las transnacionales se afectan los intereses del Estado y este tolera y solapa el crimen asociado al despojo que hacen las transnacionales. El gobierno pelele no tiene autonomía ni independencia es un simple servil del capital. Y, en este contexto, las facultades de la jueza del montón son inexistentes. Los mismos engaños de siempre Los hechos ocurridos en Honduras son
iguales a los muchos acaecidos en México. Promesas, engaños a la
población y corruptelas dividieron al pueblo.
En La Esperanza, las primeras protestas fueron contra una compañía china que terminó desistiendo del proyecto, pero recientemente llegó una de capital hondureño, DESA (Desarrollos Eléctricos Sociedad Anónima). La población en general se opone a ese proyecto porque la constructora está desviando el cauce del río Gualcarque y eso afecta a la comunidad. Pero hay "apoyadores" que vendieron sus tierras o recibieron dinero de la compañía y apoyan a los militares, policías y guardias desplegados por la empresa y el gobierno (Afp, Xinhua, en La Jornada, 7 marzo 2016, p.22). Alto riesgo para Gustavo La organización civil Otros Mundos
afirmó que el traslado del ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto a
La Esperanza, departamento del Intibucá, en el sur-occidente de Honduras
para que amplíe su declaración en torno al intento de homicidio en
su contra y del asesinato de la defensora indígena lenca Berta
Cáceres, “representa un alto riesgo” para su seguridad
(Enríquez E., en La Jornada en línea, 7 marzo
2016)
“Estamos en alerta máxima porque su salida de la embajada de México en Honduras, el traslado y su presencia en la comunidad representa un alto riesgo para su integridad física y sicológica”, añadió el grupo en un documento dirigido a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización de Honduras, y a las autoridades de Relaciones Exteriores de Honduras y de México. “A pesar de todas las solicitudes a las distintas instancias para que esta nueva declaración se hiciera en las mejores condiciones para su seguridad física y sicológica dentro de la embajada de México o en Tegucigalpa, la Fiscalía General de Honduras decidió que se tenía que hacer en La Esperanza, lo que representa un alto riesgo para su integridad física y sicológica”. La agrupación, que coordina Castro Soto y cuya sede está en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, exigió al gobierno de Honduras que “cumpla con su promesa de levantar la alerta migratoria” para que el ambientalista mexicano “pueda salir inmediatamente de Honduras terminado este último proceso judicial requerido sin que haya ningún otro motivo ni acción que se lo impida”. El FTE exige el retorno de Gustavo Los gobiernos de México y Honduras
están obligados a preservar la seguridad de Gustavo. Exigimos el
cumplimiento de las normas internacionales para garantizar la vida y estado de
salud de Gustavo. ¡Liberen a Gustavo, ya!
Ref.: 2016, elektron 16 (67) 1-2, 7 marzo 2016, FTE de México. Esta página es construida por trabajadores del sector energía.
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