FTE 
MEXICO
 e n e r g i a 
PERIODICO DEL FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA DE MEXICO
 Vol. 2, No.33         Diciembre 13 de 2002
Contra Reforma Eléctrica de Fox

Rechazar la iniciativa de Fox que plantea modificar la Constitución para privatizar la industria eléctrica, indica el dictamen preparado por la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. ¡Loable dictamen! El senador Bartlett presenta la propuesta ante los senadores del PRI, la mayoría lo acepta. Aumentan las presiones y vacilaciones, nada hay definitivo aún.

 

En reunión con los senadores de su partido (PRI), el senador Manuel Bartlett presentó el dictamen que se ha preparado con relación a las iniciativas presentadas por Fox en agosto pasado. El proyecto de dictamen, a cargo de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside Bartlett es contundente: se rechaza la pretensión de Fox relacionada con la primera de sus iniciativas, esto es, la modificación al párrafo sexto del artículo 27 constitucional.

En amplia argumentación se discuten los argumentos de Fox y se rechazan (Becerril A, en La Jornada 211102).

Uno de los aspectos centrales del discurso foxista es la dificultad financiera del sector. Sin embargo, en el dictamen se indica que el sector opera con superávit y genera suficientes recursos para su expansión y modernización.

Muchas voces lo hemos señalado. Los propios números lo indican, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) opera con utilidades, a pesar de tantos problemas fiscales, deudas, corrupción y charrismo sindical. Además, las propuestas de Fox no señalan ni fechas, y sus estimaciones financieras son de entrada cuestionables. Los senadores, seguramente cuentan con buenas fuentes de información.

Al parecer, la misma CFE ha proporcionado datos que indican suficiente capacidad financiera de la misma. Esos datos contradicen a las afirmaciones de Fox. Además, se indica que solamente en cogeneración eléctrica con Pemex se podrían producir 9 mil megawatts lo cual sería sumamente importante.

Uno de los aspectos centrales que hemos cuestionado en las iniciativas de Fox es la reducción, y prácticamente destrucción, del concepto de servicio público. En el dictamen de los senadores del PRI se dice que, tal servicio se reduciría a su vertiente asistencial, “lo que llevaría a que sólo fuera un negocio”. Es decir, el concepto se reduciría al consumo doméstico, agrícola y de servicios; la parte industrial y comercial, quedaría a cargo de las empresas privadas.

Respecto a que las reformas de 1992 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), las mismas que han servido para llevar a la práctica la privatización furtiva, "no lograron atraer la inversión requerida”, el proyecto Bartlett señala que, el capital privado ha sido cuantioso, a tal grado que el sistema eléctrico nacional se está privatizando y extranjerizando con rapidez. "Concretamente la producción independiente ha reemplazado a la CFE en la construcción de centrales y el autoabastecimiento es utilizado para ofrecer servicio público en forma encubierta".

Esos razonamientos del senador Bartlett y otros senadores priístas son, indudablemente, correctos. Los propios datos de la Comisión Reguladora de Energía así lo indican. En reiteradas denuncias, el FTE ha señalado la penetración de las transnacionales en las actividades reservadas de manera exclusiva al Estado, según se indica en la Constitución; la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación lo indicó en su dictamen de abril de 2002. Sin embargo, nada se ha hecho al respecto para impedir esa privatización furtiva.

Según la información de la prensa, la mayoría de senadores priístas se mantienen firmes. La excepciones son Genaro Borrego, Alejandro Gutiérrez y Marco Antonio Fernández, éste último seudolíder del SUTERM y Gutiérrez empresario privatizador quien ha dicho que tiene una propuesta alternativa de reforma eléctrica. En una supuesta oposición, defienden sus particulares intereses como empresarios y/o charros sindicales tratando aparecer más foxistas que Fox.

En el dictamen se critica fuertemente a las empresas privatizadoras, las mismas que Fox considera como empresas de clase mundial. Según lo expresado por Bartlett, “No pocas de las empresas extranjeras que buscan hacer negocios en la industria eléctrica nacional están siendo perseguidas en los tribunales por prácticas fraudulentas en los mercados eléctricos, lo cual desmiente el argumento según el cual mediante esa iniciativa el fluido eléctrico será generado, conducido, transformado, distribuido y abastecido por empresas de calidad mundial".

Al siguiente día se publicó que la propuesta del senador Bartlett provocó polémica (Saldierna G, Becerril A, en La Jornada 221102).

De hecho, la mayoría de priístas se han mostrado consistente en los últimos tres meses, y quienes se oponen, también, distinguiéndose claramente dos sectores, uno que rechaza la privatización y, otro, que no la descarta. Estos últimos basan su argumentación en números, cuidando los centavos y olvidando los pesos, actúan como mercaderes y “cuenta chiles” pretendiendo monetarizar a la Constitución y a la Nación. Su argumentación política es muy endeble.

Lo más grave fue la declaración del senador Demetrio Sodi (PRD), el mismo que supuestamente abandera la iniciativa de su partido y repetidamente ha dicho que está en contra de la privatización. Sodi dijo que no apoya la propuesta de Bartlett, más aún, no descartó una reforma constitucional “alterna y de consenso”.

Sodi agregó, con un lenguaje muy al gusto de Fox, que "el PRD no ha llegado a ningún acuerdo con el PRI y no va llegar a ningún acuerdo que margine al PAN y al gobierno. Acabo de hablar con los panistas para lograr una reforma que convenga al país. Algunos priístas están en la misma idea, lo que pasa es que un sector quiere llegar al choque".

También en plan de “cuenta chiles” se dice que, habló con Borrego "para ver cómo coincidimos en cifras, de cuánto se requiere de energía, de inversión, cuál es la capacidad financiera de la CFE, del gobierno y si se requiere o no la apertura y qué esquema jurídico conviene".

A pesar de todo, Bartlett declaró que, "debe desecharse la iniciativa de Fox porque es contraria a los intereses nacionales, al destruir el concepto de servicio público y dejar a los mexicanos de menores recursos sin ninguna protección frente a las trasnacionales".

La propuesta del senador Bartlett es correcta en lo referente a las propuestas de Fox. Se deben rechazar no una, sino las cinco iniciativas foxistas presentadas ante el Senado. De ocurrir esto, la Nación lograría el respeto que se merece. No hacerlo así, significaría proceder en complicidad con Fox, Banco Mundial y trasnacionales. Sin embargo, es preciso reiterar que las propuestas del PRI y PRD sobre legislación secundaria, también son privatizadoras e inaceptables. A pesar del discurso, a la fecha, no se sabe que los legisladores y/o sus asesores hayan hecho alguna corrección, al contrario insisten neciamente en lo indefendible.

Muy bien por los senadores que proponen el rechazo a la privatización foxista, pero deseamos insistir que sería congruente la revisión de sus propias iniciativas antes de dictaminar sobre las mismas.

La posición de los senadores priístas opositores es lamentable, privilegian sus intereses particulares por sobre los de la Nación. La posición política expresada por Sodi (PRD) es vergonzosa por chaquetera y corrupta.

La propuesta “alternativa”

La supuesta propuesta “Alternativa” del empresario-senador Alejandro Gutiérrez (PRI) plantea “que no haya una desincorporación de las empresas eléctricas del Estado, por tanto CFE y Luz y Fuerza del Centro, quedarán en manos del Estado, aunque con autonomía financiera y de gestión” (Carriles L, 301102 en www.milenio.com).

"Sin embargo, se abre al capital privado el segmento de generación, cogeneración y autoabastecimiento por lo que el nuevo esquema consiste en:

“Una separación de las actividades de la industria, y en la parte de generación permitir la existencia de productores independientes, la creación de un Operador Central de la Red y de un mercado de contratos bilaterales entre productores independientes y usuarios calificados, con contratos a largo plazo a precios fijados entre ellos y no por alguna autoridad”.

En pocas palabras, la misma propuesta de Fox, en voz de priístas vendepatrias.

Algunas consideraciones del dictamen

En el sector eléctrico “no se necesita crear un mercado paralelo para su modernización porque el sistema nacional es superavitario desde hace siete años, y porque la propuesta foxista obedece más a presiones de organismos financieros internacionales que al objetivo del desarrollo nacional”.

“La propia Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconoció –por primera vez– que se calcula que su déficit ascienda a unos once mil millones de dólares, pero hasta el año 2008, no ahora. La Comisión también prevé que Pemex, en estos momentos, podría cogenerar por sí solo nueve mil megawatts”.

“De acuerdo al área financiera de la CFE, la comisión tendrá un déficit de once mil millones de dólares en 2008 y durante este lapso será capaz de generar cuarenta mil millones de dólares”.

La iniciativa foxista que propone abrir la inversión privada a la generación “quiere reducir el servicio público a su vertiente asistencial y eso no es servicio público”.

Se indica que, “el Poder Ejecutivo ha sobrestimado el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, las necesidades de capacidad, así como los requerimientos de inversión y la obsolescencia del parque de generación”.

Bajo el esquema actual, “la inversión privada ha sido cuantiosa a tal grado que el sistema eléctrico nacional “se está privatizando y extranjerizando rápidamente, lo cual no fue la idea original de 1992. Concretamente la producción independiente ha reemplazado a la Comisión Federal de Electricidad en la construcción de centrales y el autoabastecimiento está siendo utilizado para ofrecer servicio público en forma encubierta”. Señalaron los priístas que, “tan sólo en Monterrey ya cuarenta y cuatro empresas operan bajo este esquema, sin requerir energía de la CFE”.

Además, “la exportación de electricidad plantea problemas económicos, ambientales y de seguridad nacional por la forma en que se está desarrollando”.

Se concluye que “no se necesita crear un mercado eléctrico para que el gobierno haga la tarea. Ello sin contar que en un mercado eléctrico nadie garantiza la existencia de dicha reserva”.

“La electricidad debe ser un servicio público, como dice la Constitución, no un negocio como desean los inversionistas privados.

Asimismo, “se subraya el hecho de que la propuesta de reforma se hace bajo las presiones de organismos financieros internacionales, los centros financieros mundiales y las grandes organizaciones económicas”, al argumentar que en otros países la desregulación en una industria con fuertes especifidades ha dado origen a fenómenos perversos. (Mercado A, en Milenio Diario 211102, www.milenio.com).

Según la información publicada en Milenio Diario, los senadores del PRI alertan que “la iniciativa presidencial puede llevar a la destrucción del margen de reserva, aparición y prácticas de poder de mercado, arreglos comerciales ineficaces, precios altos y volátiles, racionamientos y disminución de la calidad del suministro, segregación de usuarios y pocos cambios de suministrador, inversión ineficiente, reintegración vertical y poca transparencia”.

“También hay que agregar regulación creciente, costosa e ineficaz; mayor interés del regulador en preservar el interés particular que el colectivo; concentración de capital y desnacionalización”.

Por lo que, se concluye, el Ejecutivo Federal busca dar certidumbre jurídica con rango constitucional a los inversionistas privados, pero no a los organismos públicos del sector y, por ello, “no es de aprobarse la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para reformar los artículos 27 y 28 constitucionales en materia de energía eléctrica”.

Por supuesto, el dictamen es correcto tratándose de la propuesta de reformas constitucionales. Con esa propuesta, estamos de acuerdo. Debe rechazarse plenamente la iniciativa privatizadora de Fox; también las demás iniciativas que se derivan sobre la legislación secundaria. ¡Así lo reclama la Nación!

Para los trabajadores de la energía, la Constitución es intocable tratándose del petróleo, electricidad y energía nuclear. Más importante aún, la nacionalización y lo dispuesto al respecto por la Constitución, es algo IRREVOCABLE.


 C O N T A C T O 

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