Todo está en favor de las corporaciones transnacionales para garantizar sus inversiones, ganancias y apropiación privada. Será el tratado de libre comercio más grande del mundo. Las controversias serán dirimidas en cortes internacionales privadas. La iniciativa norteamericana somete a los demás países firmantes. Durante ocho años se mantuvo en secreto un tratado pernicioso a la nación.

Protesta en Atlanta contra el ATP (TTP). FOTO: Reuters

Que el ATP puede crear un desempleo más alto que el TLCAN es tan solo una parte. El ATP es más amplio que el TLCAN, generaliza las reglas neoliberales de comercio entre los países signantes y los obliga a someterse a los dictados del imperio. Es una iniciativa norteamericana, por lo mismo, su objetivo es favorecer al capital para garantizarle mayor acumulación y ganancias.

Fueron 8 años de negociaciones secretas y, en secreto, se firmó. Con posterioridad fue dado a conocer y lo que se temía ocurrió. El ATP es favorable para la economía norteamericana, acaso la japonesa, para los demás es pernicioso.

No puede ser de otra manera, todas las disposiciones son en favor de las corporaciones transnacionales.

Con el dogma neoliberal por delante, los demás países aceptan la sujeción a la estrategia de política económica del imperio. La soberanía nacional desaparece, ahora prevalece el derecho neoliberal, es decir, el del capital. Las naciones pasan a ser simples territorios feudales de las corporaciones.

No por casualidad el ATP se mantuvo secreto aún después de ser firmado. En el caso de México, sus recetas se venían aplicando con anterioridad. Desde la entrada en vigor del TLCAN (1994), también previamente en secreto, la Constitución política y leyes secundarias se adecuaron al tratado, incluso, desde antes.

Fue el caso petrolero, petroquímico, eléctrico y de telecomunicaciones. El gobierno en turno empezó con reformas a la legislación secundaria, la que hizo valer por sobre la Constitución. Con ello, se iniciaron procesos de privatización furtiva, inconstitucionales e ilegales caracterizados por el cambio en el régimen de propiedad.

Fue así que la nación fue afectada en sus grandes conquistas para terminar perdiendo las tierras, las aguas y las industrias petrolera, petroquímica, eléctrica y de telecomunicaciones.

Con Peña Nieto esa pérdida quedó sellada al reformar regresivamente a la Constitución. Hoy las actividades estratégicas a cargo exclusivo del Estado son supermínimas, con ello, el régimen de propiedad, de ser nacional pasó a ser nuevamente privado.

Con el TLCAN se había acordado favorecer en todo al capital privado, incluyendo, someter las diferencias ante tribunales internacionales de la elección de las corporaciones, especialmente, eléctricas. Con Peña, esto se generalizó a la industria petrolera.

Hoy en México las reglas las ponen las transnacionales, el gobierno solo las presenta para darles formalidad. Gobierno de la nación NO existe, lo que hay es un gobierno de y para el capital. Los derechos sociales se suprimen cada vez más, el empobrecimiento es mayor, la acumulación de capital es creciente, el desempleo y subempleo aumentan, la seguridad social tiende a extinguirse, la inseguridad, el crimen y la impunidad parecen no tener límite, el cinismo político ha tomado carta de naturalidad.

Todo esto es pernicioso para la nación, pero se venía aplicando antes del ATP. Con este, la situación se pondrá peor.

No obstante, siempre está presente una opción optimista. La pesadilla no será por siempre, no mientras exista la lucha de clases. Por el momento, la relación política de fuerzas es altamente desfavorable a la mayoría de la nación viviente. Esto tampoco será una desgracia infinita, a condición de tener la fuerza de la energía, la política e independencia de clase.

Estas son las grandes tareas políticas de nuestra época. En la medida en que no las hemos concretado es que el imperio y gobiernos peleles hacen las barbaridades que quieren. Es el caso del TLCAN y ahora del ATP que traerá severas afectaciones a los mexicanos.

"El controvertido Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP), cuyas negociaciones duraron ocho años, de los cuales México participó más de un trienio en medio de encuentros secretos criticados por diversos sectores, comenzó a ser difundido en los portales de los gobiernos de los 12 países firmantes (González S., en La Jornada, p.29, 6 noviembre 2015).

"Conformado por 30 capítulos que van desde el acceso de bienes a los mercados, medidas sanitarias y aduaneras, y reglas de origen hasta temas de inversión, empresas estatales, propiedad intelectual, medio ambiente, transparencia y anticorrupción, telecomunicaciones, entre otros, el acuerdo con el que se pretende crear la zona de libre comercio más grande del mundo sólo fue divulgado en inglés, idioma en el que se negoció.

"En el apartado sobre la propiedad intelectual, uno de los que mayor controversia suscitaron, se define que para impedir la transmisión y almacenamiento de materiales por Internet que carezcan de derechos de autor o el permiso de sus autores, los países firmantes del ATP se comprometieron a proporcionar incentivos legales a los proveedores de servicios de Internet, así como limitaciones en sus legislaciones. Si los proveedores tienen conocimiento de que un material atenta contra los derechos de autor, deben eliminarlo de manera expedita o deshabilitar su acceso en sus redes, señala".

"Estados Unidos, Japón y 10 países más de la cuenca del Pacífico firmaron el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP, en inglés), el mayor tratado de libre comercio en dos décadas, que abarca 40 por ciento de la economía mundial (Chandra Mohan N., IPS, en Cubadebate, 9 noviembre 2015).

"Este pacto pone una enorme presión sobre la Unión Europea para que celebre su Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión con Estados Unidos. China también buscará acelerar el Partenariado Económico Comprehensivo Regional.

"Pero el TPP tiene que ver menos con el comercio que con los derechos de propiedad intelectual, las normas laborales y ambientales y la solución de controversias entre los inversores y el Estado.

"Su régimen de derechos de propiedad intelectual lo impulsan las grandes empresas farmacéuticas, con disposiciones que perjudican la disponibilidad de medicamentos a bajo costo en el mundo en desarrollo

"En la letra pequeña del artículo QQ.E.20, los intereses farmacéuticos se aseguraron de la exclusividad del mercado para los productos biológicos al menos durante ocho años de protección de los datos, o durante cinco años de protección con otras medidas para “ofrecer un resultado comparable en el mercado”.

"En aras de liberar más el comercio y la inversión, el gobierno de México se comprometió con sus similares de los 11 países con los que negoció el ATP a establecer un marco legal que otorgue facilidades para el desarrollo de ambos factores, pese a que todos los involucrados reconocen sus diferencias de desarrollo y diversidad de economías, según los textos preliminares del acuerdo (González S., en La Jornada, p.20, 8 noviembre 2015).

"Temas ambientales, laborales, de salud pública, seguridad, estabilidad financiera e incluso de moral pública e identidad cultural están incluidos en los 30 capítulos del ATP y aunque las 12 naciones negociadoras ponderan los derechos inherentes que cada una tiene para regularlos y estipular políticas públicas, decenas de artículos, numerales e incisos perfilan acotaciones y excepciones para cada caso, así como plazos diferenciados para su entrada en vigor una vez que el acuerdo sea firmado por los mandatarios y aprobado por los congresos.

"La creación de la zona de libre comercio más grande del mundo, objetivo del ATP que presumen las autoridades, implica que México fije reglas para que las empresas privadas sean tratadas igual que las estatales, procedimientos aduaneros que reduzcan costos y compromisos en materia de propiedad intelectual, pero también que permita la colaboración y asistencia técnica de otros países para medir estándares laborales, que fije incentivos legales para los proveedores de Internet a fin de que no difundan materiales que no cuenten con la autorización de sus autores e incluya derechos de variedades vegetales y de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos en los sistemas de propiedad intelectual.

"En el acuerdo se afirma que las empresas del Estado pueden jugar un rol legítimo en las diversas economías de las partes, pero enseguida acusa que la prestación de ventajas injustas para las mismas menoscaban las inversiones y el comercio. Así que los países asociados se disponen a establecer reglas para que compitan en igualdad de condiciones con las empresas privadas, además de regular los subsidios y apoyos gubernamentales. También en materia de inversiones, se concede a los inversionistas extranjeros un trato justo y equitativo, el mismo que a los nacionales, con reserva o límites de participación en algunos sectores".

El ATP fue firmado el 8 de octubre por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam.

Dos aspectos importantes son la Propiedad intelectual y la Coherencia regulatoria o Solución de diferencias, cuyas legislaciones nacionales serán ajustadas al ATP.

Los términos de este tratado se mantuvieron secretos, pero como hechos consumados. Su contenido es lesivo a la mayoría de las poblaciones de los países firmantes.

Uno de los aspectos es la "Propiedad intelectual, cuyas cláusulas limitan la comercialización de medicamentos genéricos a petición de las firmas farmacéuticas poseedoras de las patentes, lo que en los hechos cancelaría el acceso a medicamentos de bajo costo y mermaría el abasto a las instituciones de salud pública, pues las propias autoridades reconocen que las medicinas genéricas constituyen uno de sus principales insumos (Wikileaks en La Jornada, 8 noviembre 2015).

"Otro es la referente a la solución de diferencias, por las graves concesiones que conllevaría en materia de soberanía. Si el Senado ratifica lo ya firmado por el gobierno mexicano, los conflictos entre éste y las compañías extranjeras serán dirimidos en cortes privadas, cuya autoridad quedará por encima de la legislación mexicana. Además, dichos tribunales podrían imponer a los países firmantes pagos potencialmente ilimitados a los inversionistas extranjeros que se consideren afectados por cualquier decisión de los gobiernos".


Ref.: 2015, elektron 15 (309) 1-3, 9 noviembre 2015, FTE de México.

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