En el Senado está una iniciativa de reforma constitucional para certificar a profesionales con estudios de educación superior. Agencias certificadoras privadas se encargarían de calificarlos. Pueden surgir mafias, dice un senador panista privatizador. Esas mafias ya existen a todos los niveles. La corrupción y carencia de ética dominan. Esta certificación es parte de la reforma educativa de Peña Nieto a nivel superior. El problema es estructural y político, no se resuelve con otra evaluación punitiva.

"Con un certificado expedido por expertos, los consumidores podrían tener la certeza de que los profesionales que se encargan de salud, libertad, vida, seguridad o patrimonio, entre otras, realmente saben lo que hacen y están actualizados. El Senado está por discutir una iniciativa que modificaría la Constitución y podría hacer que la certificación periódica se volviera obligatoria para los que se gradúan en la educación superior" (Sánchez A., en La Jornada, p.32, 8 septiembre 2015).

¿Quiénes serían esos expertos en todo? Vulgares agencias privadas. ¿Cómo lo determinarían? Seguramente, mediante un examen y la emisión de un documento simple que llamarían "certificado" Este "papelito" sustituiría a un Título universitario y valdría más, pudiendo anular al primero. Lo importante no serían los exámenes universitarios ni los Títulos, sino el examen de los evaluadores, tipo el Ceneval ya entrometido en muchas universidades.

La propuesta es ridícula, por decir menos. Forma parte de la política diseñada por los organismos financieros del imperialismo, de los cuales, el gobierno de Peña Nieto es un simple gato.

Los organismos empresariales consideran a la población como "consumidores", clientes a los que supuestamente desean otorgar certeza al contratar los servicios de ciertos profesionales. Esa certeza implicaría que tales profesionales, mediante una evaluación privada, demostrarían que saben lo que dicen y que están actualizados.

En una lectura preliminar, hasta podría aplaudirse la iniciativa. La corrupción en México es tan amplia que ser abogado, médico, ingeniero o arquitecto, es sinónimo de ratero. No se necesita calificar a nadie para comprobarlo, es una práctica cotidiana, sobre todo, con los médicos privados. Estos, en vez de seguir el camino de Hipócrates siguen el de Hipócritas, son verdaderos traficantes con la salud humana. No son todos, hay excepciones, pero son muy pocos.

En los casos de extrema corrupción y carencia de ética, no bastaría una evaluación externa (de quien fuera) para resolver el problema. Son ya muchas las generaciones dañadas que se limitan a repetir lo que oyeron de pésimos maestros y llevan a cabo una práctica médica infame.

Los médicos privados no son el único caso, pero es el más degradado. A este tipo de profesionales lo que les importa es solo el dinero fácil, rápido y en abundancia, curar no les interesa. Tratar de corregir la situación, implicaría desparecer a todas las escuelas y facultades de medicina vulgar y volverlas a construir bajo nuevas bases.

Lo mismo habría que hacer con los abogados. cuyas excepciones son contadas. La crisis atañe a los profesionales privados y a los que laboran en instituciones públicas.

¿Cómo pedirles a los actuales profesionales que tengan un comportamiento diferente si jamás estudiaron nada de ética, ni de epistemología, ni de historia y menos filosofía?

El problema no es solo de estos profesionales corruptos. Se trata de todo el sistema educativo nacional y, más aún, del país mismo debido a una política económica nociva.

¿Para qué estudiar si no hay trabajo? Todos se encargan de negarlo. No hay plazas, dicen, pero para los cuates si las hay. No importa el nivel de estudios, sean universitarios o avanzados. Muchos profesionales, incluyendo investigadores, laboran fuera de sus áreas de conocimiento, o están en el subempleo y desempleo.

En todos los casos, se han tenido que presentar exámenes a cada rato, cada vez más difíciles, hasta llegar a los exámenes doctorales sumamente difíciles. Son muchos años los dedicados a obtener las calificaciones aprobatorias, de acuerdo a supuestos programas de excelencia, para merecer un grado académico, de licenciatura o posgrado.

Ahora, ¿de qué servirá graduarse, así sea en una universidad extranjera, si al siguiente día el egresado deberá ser certificado por un grupo de burócratas descalificados y sindicatos charros? ¿Quién calificará a los evaluadores y charros para certificar a un investigador que recientemente ha obtenido un grado doctoral, de veras, previa aprobación de los exámenes doctorales de estado?

Se debe distinguir entre las universidades públicas y las privadas. En estas últimas, el nivel educativo es significativamente inferior. También debe distinguirse entre la Universidad Nacional y las de provincia, estás de menor nivel por la carencia de recursos. Asimismo, son diferentes las universidades nacionales de las extranjeras, estas más rigurosas que las primeras. Igual, debe distinguirse entre grados verdaderos y los doctorados de fin de semana u obtenidos en vacaciones. Esto, por supuesto, los diputados, senadores y ministros no lo tomarán en cuenta.

Pero con la certificación que tienen en sus manos los senadores sátrapas, todos los profesionales tendrán que ser certificados, sin considerar para nada los antecedentes. Si ahora, muchísimos universitarios están ya en el ejército de reserva y en grandes cantidades han tenido que emigrar hacia el norte, con la certificación que los descalificará, irán directamente al ejército de desecho. Esto es, a la falta de trabajo se adicionará la descalificación del mismo. Los profesionales que no sean certificados no cabrán ni en las filas de espera, simplemente, serán desechados.

Agremiarse en asociaciones o colegios profesionales es una salida falsa, habida cuenta que son clubes sociales para el disfrute de las mafias. Aún instancias oficiales, otrora glorificadas, como el llamado Sistema Nacional de Investigadores (SNI) están en la degradación. Las mafias, llamadas comisiones dictaminadoras, no aceptan a nadie si no cumplen el primer requisito: estar contratados por una institución. Estas se niegan a contratar a alguien si no está en el SNI. Este círculo viciado es cotidiano, son las reglas vigentes. Pero, los cuates sí son contratados y aceptados por el SNI y viceversa.

Esto es, las mafias ya están aquí e incluyen a las universidades que se dicen autónomas. La autonomía de que disfrutan es solo para las mafias enquistadas en pesadas burocracias.

Con la evaluación o certificación predominará el carácter punitivo, agravando más la crisis educativa, ahora a nivel superior. Bajo criterios puramente empresariales y falsos conceptos de competencia y calidad, se pervertirá más al sistema educativo.

Estas políticas contradicen al discurso de los políticos pro imperialistas. Todos repiten que la solución a los problemas nacionales reside en la educación. Se trata de vulgar demagogia. Peña Nieto llama a su reforma "educativa" antilaboral como la más importante y de gran calado. Esa "estrategia" es demagógica y falsa. Los intelectualosos y medios gustan mucho de lamentarse por la fuga de cerebros sin preocuparse por contratar a los existentes en el país.

Lo que hay que cambiar, en lo inmediato, es la política educativa oficial que considera a la educación como simple mercancía chatarra que, en vez de preparar profesionales críticos, independientes y autónomos, solo acepta a quienes son sumisos, apáticos y/o corruptos.

México NO necesita ninguna certificación. Lo que hace falta es una Política Educativa Independiente, misma que deben formular, concretar y evaluar, los profesores, investigadores y graduados universitarios concientes. Esta política independiente plantea la transformación de los contenidos, nuevos programas de estudio y la democratización de la enseñanza.

Los partidos políticos deben abstenerse de seguir legislando ocurrencias patronales. Hay que detenerlos ahora, después sería tarde. ¿Cómo hacerle? Movilizándonos en todas las formas al alcance, empezando por pronunciarnos.

Hasta el momento, la discusión está solo entre legisladores, rectores y académicos de escuelas pertenecientes a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones y de Educación Superior (Anuies), es decir, los mismos responsables de la degradación y crisis educativa nacional.

En el Senado, el panista Juan Carlos Romero Hicks, quien se encargó de dictaminar la reforma constitucional de Peña Nieto en materia de educación básica, es el mismo pillo que ahora aborda la certificación a nivel superior.

En un desmentido inconciente, Romero ha dicho que la certificación dejaría en manos de las mafias otorgar las calificaciones a conveniencia. Omite decir que él mismo es parte de esas mafias, las mismas que lo sostienen como profesor de tiempo completo, sin dar ninguna clase, estando en funciones como gobernador y, actualmente, senador por Guanajuato.

Por supuesto, Romero está de acuerdo en que se legisle sobre la certificación, solo pide que lo haga un organismo externo (¿tipo Ceneval?) con representación del gobierno, academia y gremios profesionales, es decir, las mismas mafias.

De entrada, los profesionales y universitarios tenemos el deber de sumarnos al movimiento magisterial democrático en lucha. La ofensiva neoliberal contra la educación superior ya llegó y la certificación es solo una parte.


Ref.: 2015, elektron 15 (253) 1-3, 13 septiembre 2015, FTE de México.

Marcha magisterial, en la ciudad de México 15 mayo 2015. FOTO: J. Ríos

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