La comisión de expertos de la CIDH echó por tierra la llamada "verdad histórica" del gobierno sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. NO los incineraron en el basurero de Cocula, lo demostraron técnicamente. Además, hay numerosas contradicciones e inconsistencias en la versión oficial. Peña Nieto y su gobierno mienten coludidos con el crimen.

¡Fue el Estado! ¡Fuera Peña Nieto!, fueron dos consignas tempranas luego de los hechos ocurridos en Iguala, aquel 26 de septiembre de 2014. Ante la protesta social, el gobierno concluyó que los 43 desaparecidos habían sido incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero. "Verdad histórica" le llamó a la versión oficial el extitular de la Procuraduría General de la República (PGR). Esa hipótesis nunca tuvo ningún sustento probatorio.

"Ya supérenlo", dijo Peña Nieto a los familiares. La PGR le dio carpetazo al asunto. Pero los padres y madres de familia, estudiantes de Ayotzinapa y organizaciones solidarias jamás creyeron la versión oficial.

Casi un año ha transcurrido desde los aciagos sucesos. Durante este lapso, ha sido destacada la lucha de los familiares y compañeros de los 43. Incansables, han realizado múltiples movilizaciones en México, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica y Europa, denunciando la grave situación de inseguridad, crimen e impunidad que se vive en México y exigiendo la presentación con vida de los desaparecidos. La solidaridad nacional e internacional recibida por distintas organizaciones y países ha sido importante.

Ha sido una demanda reiterada que se investigue al ejército federal, que se abran los cuarteles y se aclare la probable participación militar. El gobierno se ha encargado de encubrir, a priori, al ejército. Simplemente, se ha negado a cualquier posible involucramiento, provocando cada vez mayor desconfianza.

Más aún, el gobierno no ha explicado quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de los probables crímenes. Solo ha señalado vagamente al "crimen organizado", creyendo sin comprobar los "dichos" de algunos detenidos. Tampoco ha explicado por qué ocurrió el crimen, aparenta que no sabe.

Se ha hablado de cientos de exploraciones militares y policíacas, con el uso de equipo terrestre, anfibio y aéreo, satelital y automatizado, sin encontrar ningún rastro. Nadie de los capos implicados que operan en Guerrero ha sido detenido. Ellos mismos han replicado al gobierno que no fueron los que desaparecieron a los 43. El crimen ha rebasado al Estado y gobierno en turno, o bien, que gobierno y narcos son una y la misma cosa, al menos cohabitan en el poder.

El Estado en su conjunto ha sido incapaz de ofrecer seguridad y confiabilidad a la nación. El encubrimiento al ejército es motivo de desconfianza, habida cuenta que es el que más experiencia tiene en la desaparición de personas en México, habiendo incurrido en negros episodios, como la guerra sucia, especialmente, en el estado de Guerrero.

En su momento, investigadores de la UNAM y UAM demostraron que la versión oficial no era creíble ni técnicamente correcta. NO hubo incineración en el basurero de Cocula. Allí jamás se lograron los niveles de temperatura necesarios para incinerar a 43 personas previamente asesinadas. El gobierno nunca refutó la crítica, simplemente, la omitió.

Ahora los expertos de la CIDH, al presentar su informe sobre Ayotzinapa, luego de seis meses de investigación, llegaron a una contundente conclusión. Los 43 NO fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Esta conclusión tira al suelo la versión oficial, deja al gobierno de Peña Nieto en calidad de mentiroso y lo obliga a replantear la investigación.

Se está ante un evidente caso de desaparición forzada que se suma a las decenas de miles registrados por el propio gobierno. Con anterioridad, el gobierno refutó al Papa Francisco cuando se refirió a la situación de horror que se vive en México. También refutó a la ONU cuando sus expertos afirmaron que la tortura en el país está generalizada y las desapariciones forzadas siguen impunes.

Esta vez, ante las evidencias mostradas por el grupo de la CIDH, Peña no pudo refutarlos. Lo que los expertos informaron es irrefutable. En La Jornada, los reporteros Petrich y Olivares refirieron muy bien los hechos, de los cuales referimos algunos fragmentos.

"El informe con la investigación alternativa que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el Caso Ayotzinapa –43 desapariciones forzadas, seis asesinatos y más de 20 heridos– fue entregado ayer a mediodía a los tres subsecretarios que firmaron en Washington el convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la formación de este mecanismo (Petrich B., Olivares E., en La Jornada, p.2, 7 septiembre 2015).

"Ante la mirada severa de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, los muertos y los heridos del 26 de septiembre en Iguala, los subsecretarios de Gobernación Roberto Campa y de Asuntos Multilaterales de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, y el subprocurador Eber Betanzos subieron al estrado a recibir sus copias del Informe Ayotzinapa: un tomo negro que luce en la portada el diseño de una tortuga verde, símbolo de la Escuela Normal Rural; más de 500 hojas en las que se narran los hechos y la causa posible de una agresión que fue masiva, en ascenso, desproporcionada y sin sentido.

"En el Informe Ayotzinapa, no se determina el posible paradero de los 43 jóvenes. Es por ello, expresaron los cinco expertos que integran el GIEI, que es necesario replantear la investigación y reorientar la búsqueda. Carlos Beristáin, por su parte, dijo: La nuestra es una propuesta; pretendemos que nuestro informe sea un mensaje de transformación.

"Los cinco expertos –Claudia Paz y Paz, de Guatemala; Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, de Colombia; Francisco Cox, de Chile, y Carlos Beristáin, de España– tomaron la palabra por turnos. En la presentación cada uno expuso diversas inconsistencias, falencias, omisiones y ocultamiento de evidencias en la mayor parte de las actuaciones de las policías y las procuradurías involucradas en la averiguación del caso.

"Demostraron que en los expedientes se prescindió de consignar hechos y elementos probatorios y se insistió en la necesidad de abrir una línea de investigación sobre el trasiego de drogas que se realiza desde Iguala en autobuses modificados y cargados, en posible colusión con las policías de los niveles municipal, estatal y federal. Como hipótesis del móvil señalaron el intento de las corporaciones que atacaron a la comitiva de estudiantes de impedir a toda costa que los autobuses tomados salieran de la ciudad.

"Demostraron que en distintos momentos del operativo estuvieron presentes soldados y agentes de inteligencia militar.

"Con nuevos peritajes que allegaron los investigadores internacionales se descartó la pieza central de lo que el ex procurador Jesús Murillo Karam había defendido como verdad histórica: que no había quedado ni rastro de los 43 desaparecidos ni posibilidad de encontrar sus restos, porque habrían sido ejecutados y después incinerados en una enorme pira humana encendida por sicarios de Guerreros Unidos en el basurero de Cocula. Tenemos la convicción de que no fueron incinerados en ese basurero, expresó Francisco Cox, uno de los expertos.

"En sus conclusiones, el GIEI descartó tajantemente la versión de cinco de los perpetradores encarcelados de que los 43 muchachos fueron incinerados en una hoguera hasta quedar totalmente calcinados. Se trata de una conclusión a la que se llegó gracias al peritaje llamado de dinámica de fuego, realizado por el experto peruano en ciencias del fuego José Torero, quien acudió al basurero de Cocula el 12 de julio de 2015. Francisco Cox, chileno, aseguró: Ese evento, tal como ha sido descrito, no pasó.

"Torero, el perito peruano, concluyó que esa acción es científicamente imposible. Su dictamen partió de que la intemperie es el ambiente más ineficiente para cremar un cuerpo, ya que 30 por ciento del calor de la hoguera se irradia hacia los lados, el resto sube al aire y sólo uno por ciento se dirige al consumo del objeto a quemar. Según su cálculo, para quemar un cuerpo se requerirían 700 kilos de madera o 310 kilos de neumáticos a lo largo de 12 horas. Incinerar 43 cuerpos requeriría 30 mil 100 kilos de madera o 13 mil 300 llantas durante 60 horas. Según las versiones obtenidas por la PGR, el fuego en Cocula duró seis horas.

"Otro cálculo de Torero demostró que se necesita un espacio de 12 por 2.5 metros para incinerar 43 cuerpos y produciría una llama de al menos siete metros, con un penacho de humo de más de 300 metros. Los habitantes de Cocula habrían visto una columna de humo de 280 metros.

"En su análisis el investigador de la Universidad de Queensland, Australia, señala que la radiación de la hoguera hubiera alcanzado 15 metros de distancia del núcleo de la fuente de calor. Una persona no hubiera podido acercarse a menos de esos 15 metros. Los presuntos implicados dijeron que después de seis horas bajaron a echar más combustible.

"Finalmente, al analizar la vegetación y la cantidad de basura circundante y la ubicación de la posible hoguera respecto dentro de la hondonada del basurero, dictaminó que, de haber existido, la pira hubiera generado un incendio forestal".

Si bien el informe de los expertos de la CIDH coincide con los investigadores universitarios mexicanos y la percepción de los padres de los 43 y otras organizaciones, la investigación no ha concluido. Faltan muchas cosas por aclarar. Por lo pronto, la credibilidad de Peña Nieto es nula.

No se sabe todavía dónde están los 43. Peña pidió que el informe se anexe a las pesquisas de la PGR. Esta dijo que habrá un nuevo peritaje, con expertos internacionales, sobre la incineración en el basurero de Cocula. El gobierno no puede refutar a CIDH, pero tampoco le cree ni la toma en serio.

Hay mucha información que el gobierno se guarda. Por ahora no se sabe, pero se sabrá.


Ref. 2015, elektron 15 (248) 1-3, 8 septiembre 2015, FTE de México.

Retrato hablado

Hernández, en La Jornada, 8 septiembre 201

¡Abajo el mal gobierno! ¡Fuera Peña!

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