Lo que posibilita tener en nuestro país bajas tarifas eléctricas es la economía de escala que las empresas públicas (CFE y LyFC) han logrado consolidar, reduciendo costos de operación que permiten ofrecer las tarifas entre las más bajas a nivel mundial. A partir de la nacionalización de la IE, se inició un proceso de integración industrial, con la unificación de frecuencia y la interconexión del sistema eléctrico nacional, que permite el despacho económico de carga, es decir, el control centralizado de la generación, en base a la satisfacción de la demanda NACIONAL al más bajo costo posible, inclusive para los grandes industriales, interesados en apoyar la apertura del sector eléctrico. Ninguna planta se despacha por compromisos preestablecidos, sino en función de obtener los costos más bajos.

Por ello, para iniciar el experimento del mercado eléctrico, se plantea que es indispensable fraccionar primero el servicio público separando el bloque que agrupa a los grandes usuarios de energía eléctrica. El problema es que este mismo bloque no desarrolla su demanda con la estabilidad suficiente para programar su cobertura eficientemente, ni siquiera bajo perspectivas de riesgo aceptables. Su demanda tiende a ser impredecible, porque depende de las fluctuaciones económicas, nacionales e internacionales. El segundo bloque en cambio, tiene hábitos de consumo muy estables y tazas de crecimiento previsibles, y por tanto programables. Históricamente, la IEM ha demostrado que si se mantienen juntos ambos bloques de usuarios, es posible planear y programar la expansión del sistema eléctrico sin ningún problema, amortiguando la incertidumbre implícita en la evolución de la demanda industrial de electricidad.

Si se fragmenta el "mercado", ambos bloques perderían ventaja complementaria, en detrimento de la pequeña y mediana industria (aun de aquella “calificada” como candidato al mercado), de los servicios públicos y, por supuesto, de los usuarios domésticos. Los grandes usuarios (coludidos con los generadores privados) han negociado ya jugosos contratos de suministro de largo plazo que les garantizan no solamente la compra-venta de electricidad (entre particulares), sino el uso de las redes de transmisión y distribución nacionales, así como el suministro de los combustibles a precios preferenciales. En el último de los casos, “los grandes capitales” siempre podrán ejercer la amenaza de cerrar sus plantas o exigir que se les rescate financieramente si fallan sus cálculos (un Focoproa).

Al fraccionarse el servicio público, CFE y LyFC deberán desintegrarse para cumplir sus nuevos objetivos de competitividad, lo cuál limitará su capacidad para proporcionar el servicio público bajo los principios fundamentales que lo caracterizan: universalidad, igualdad, equidad, solidaridad, continuidad, calidad, eficiencia, competitividad, adaptabilidad, transparencia, cuidado ambiental y compatibilidad social.

Al pasar al control del sector privado las principales actividades productivas del proceso eléctrico, las empresas públicas reducirán su participación exclusivamente al ámbito social (electrificación rural y urbana, principalmente de zonas marginales) y de servicios (alumbrado y bombeo de aguas, aunque la distribución de ésta última sea un servicio también en vías de privatizarse), manteniendo al mismo tiempo la responsabilidad de la red eléctrica nacional, la industria eléctrica nacionalizada no generará los recursos suficientes para su expansión.

Obviamente, las empresas públicas no podrían conjugar su papel social con el de empresas productivas, sin fallar en uno de los dos terrenos, con lo cuál, su desaparición sería cosa de tiempo.