La instrucción militar dice "abatir en la oscuridad". Grave denuncia del Centro Pro. No se ordenó matar delincuentes, contesta la Segob. Fue para proteger a las tropas y civiles, dijo la Sedena. Abatir no significa matar, agrega la Segob. En nueva réplica, el Centro pide no reducir el asunto a un debate lingüístico. Ordenes se apegaron a derechos Humanos, replica a su vez la Sedena. El Pro vuelve a precisar, la instrucción fue abatir, los derechos humanos están en un anexo. El hecho es abominable.

El caso Tlatlaya, como el de Ayotzinapa, es bochornoso por la hipocresía y cinismo con que se conduce el Estado, principalmente, el gobierno federal y el ejército.

Los militares están ampliamente implicados en ambos casos pero el gobierno los solapa. No es para menos, los militares son el pilar del Estado y gobierno en turno, encargados de aplicar la violencia contra la sociedad.

Por supuesto, ejército y gobierno lo niegan. Ahora están, nuevamente, contra la pared. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Pro) dio a conocer un documento oficial del ejército, el cual, indica las órdenes militares en el caso Tlatlaya, señalando específicamente, que se debe "abatir" a los delincuentes en la "oscuridad".

Inicialmente, los militares habían dicho que no acudieron oportunamente al lugar de los hechos porque era de madrugada y todavía estaba oscuro. Luego, recibieron órdenes para matar en lo oscurito. Pero, contraviniendo sus propias órdenes, procedieron a la luz del día.

De acuerdo al diccionario que se consulte, impreso o digital, "abatir" tiene diversas acepciones. Pero, en este caso, no hay lugar a dudas, significa "matar", el diccionario dice "poner horizontal lo que estaba vertical". Eso es lo que hicieron los soldados, a las 22 víctimas las pusieron en esa posición pero, para siempre, privándolas de la vida. A 12, simplemente, los fusilaron, según informaron los peritos de la propia PGR y CNDH.

Ante la seria denuncia, la secretaría de gobernación (Segob) contestó inmediatamente para decir que "no se ordenó" matar delincuentes. ¡Cínicos! ¿Qué fue, entonces, lo que hicieron? ¿Soldados y víctimas estaban jugando, practicando algún deporte?

La secretaría de la defensa nacional (Sedena) estuvo peor, dijo que las órdenes fueron para proteger a las tropas y a la población. ¡Qué manera de hacerlo! ¿Matando a civiles?

La Segob volvió para decir que "abatir" no quiere decir "matar". No, seguramente, ha de significar meter un gol en la portería contraria, según los comentaristas televisos. La Sedena estuvo patética, ahora dijo que en Tlatlaya, se respetaron los derechos humanos. ¡Qué manera de hacerlo, fusilando a civiles rendidos y desarmados! ¿Eso es respetar los derechos humanos?

¡Todo esto provoca náuseas!

La denuncia del Centro Pro puso al descubierto, con documentos oficiales en la mano, la evidente responsabilidad del ejército en la matanza de Tlatlaya. Los 12 fusilamientos pudieron ser más, pues, las órdenes a los soldados fueron tirar a matar. "Operar de noche" fueron las instrucciones y "abatir en la oscuridad". Todo sin seguir ningún inservible protocolo, ni distinguir entre delincuentes o no. Esas instrucciones, el ejército las toma como "permiso para matar".

No es la primera vez que el ejército carrancista procede de esa manera, lo mismo ha hecho desde hace 100 años. Los sucesores del carnicero Pablo González ahora están al mando. Este hecho, descalifica aún más al ejército y lo hace innecesario, lo mismo que la marina, fuerza aérea, policías y al Estado mismo.

"Los militares que participaron en el caso Tlatlaya, donde murieron 22 civiles, tenían la orden expresa y por escrito de ‘‘abatir a delincuentes en horas de oscuridad’’, reveló el Centro Pro de Derechos Humanos, quien ayer hizo pública la orden de relevo y designación del teniente que iba al mando del grupo castrense (Román J. A., en La Jornada, p.5, 3 julio 2015).

"Al presentar el informe Tlatlaya a un año: la orden fue abatir, se señala la necesidad de investigar la responsabilidad institucional del Ejército en estos hechos, que se inicia con los militares directamente involucrados en las ejecuciones extrajudiciales, pero que llega al mismo titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos.

"El informe del Centro Pro contiene la carátula de la orden recibida por el teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien iba al frente del grupo militar, y en cuyo inciso VII se lee: ‘‘Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de ilícitos se comete en ese horario’’.

"Mario Patrón Sánchez, director del Centro Pro, informó que este documento, dirigido al 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar, junto con otros, fue obtenido de manera legal mediante un proceso jurisdiccional iniciado contra la opacidad castrense, y obliga a que se investigue la responsabilidad de los superiores jerárquicos en los hechos, en razón de la cadena de mando presente en la institución castrense.

"Sobre todo, añadió, porque en el propio expediente el término ‘‘abatir’’ es empleado de manera unívoca para aludir a la privación de la vida. ‘‘Por ello, el esclarecimiento de Tlatlaya demanda que por primera vez se investigue en México con eficacia y debida diligencia la cadena militar de mando hasta sus últimas consecuencias’’.

Pero, otra vez, el gobierno federal trata de "olvidar el problema ofreciendo dinero, como si la corrupción sirviera para aclarar los hechos y/o reparar los daños. A una testigo, el gobierno la ha difamado poniendo en riesgo su integridad física.

"En la conferencia de prensa convocada para dar a conocer dicho informe, también se presentó por primera vez en público la señora Clara Gómez González, testigo sobreviviente conocida hasta ahora solamente como Julia, cuyo testimonio fue crucial para conocer la masacre cometida en la bodega de El Limón, en el municipio mexiquense de Tlatlaya.

"En su intervención, la señora Clara Gómez denunció un ‘‘manejo irresponsable’’ en torno a la información que se ha dado por las dependencias oficiales –como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas–, que la ubican como una de las personas que han recibido una ‘‘indemnización millonaria’’, lo cual desmintió.

"Responsabilizó al gobierno mexicano de cualquier daño a su integridad, pues la colocan en un estado de mayor vulnerabilidad. Asimismo, esta persona, identificada hasta ahora solamente como la testigo Julia, reivindicó la memoria de su hija Erika, adolescente de 15 años de edad que fue privada de la vida en los hechos de Tlatlaya, quien no ha sido considerada víctima pese a que hay indicios de que el cuerpo y evidencias fueron manipulados".

"La Segob rechazó que la orden del mando militar, en el caso Tlatlaya, haya sido asesinar a presuntos delincuentes. Pidió hacer una lectura integral del documento presentado ayer por el Centro Pro y aseveró que la palabra abatir no se refiere a privar de la vida (Martínez F., en La Jornada, p.5, 3 julio 2015).

“No hay ningún fundamento en ninguna disposición que permita la interpretación de privar de la vida a mexicanos’’, dijo Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos.

"Señaló que cada una de las 37 instrucciones emitidas por el mando se sujetan al mandato de hacer que prevalezca en todo momento el respeto a las garantías básicas de los involucrados.

"El término abatir tiene 10 acepciones distintas en el diccionario; ninguna es privar de la vida sino desarmar, descomponer, incriminar, derribar, hacer que algo caiga o descienda’’, afirmó.

¡Pobre Roberto Campa, es un vulgar mercenario! Antes operador político de Elba Esther Gordillo, ahora sigue las órdenes de Osorio Chong, mintiendo y manipulando los hechos.

Si las instrucciones, como dice Campa, eran hacer prevalecer "en todo momento", el respeto a las garantías básicas de los involucrados, ¿por qué fusilaron a 12? ¿En eso consiste "respetar" las garantías básicas, p.e., la vida? Hay evidente responsabilidad militar, no solo de los soldados que dispararon sino en quiénes dieron las órdenes e, igualmente, con los encubridores como Campa.

"Amnistía Internacional (AI) y el titular de la Relatoría Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, urgieron al gobierno mexicano a investigar la orden dirigida al 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar de abatir a delincuentes en horas de oscuridad, y que pudo haber provocado la masacre de Tlatlaya (Muñoz A. E., en La Jornada, p.2, 4 julio 2015).

"No cabe duda que abatir significa matar, ya que el término se emplea con ese significado preciso en varios documentos militares; además, hay motivos fundados para pensar que la orden militar alentó las ejecuciones extrajudiciales, sostuvo Amnistía Internacional.

"Mientras, el relator de la ONU señaló que a un año de los sucesos, los avances en la investigación resultan insuficientes y las autoridades mexicanas tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida.

"AI precisó que las investigaciones deben incluir a cualquier jefe militar u otra persona con responsabilidad en la cadena de mando que supiera, o debiera haber sabido, que las fuerzas militares estaban cometiendo o iban a cometer tales crímenes, y que no hizo nada para impedirlos o reprimirlos, ni para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento".

"La Sedena respondió al informe del Centro Pro. Señaló que hubo un documento –el cual no sé difundió en su totalidad– con instrucciones a los militares que participaron en el llamado caso Tlatlaya, que buscaba a proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas (La Jornada, p.3, 4 julio 2015).

"En un comunicado, que hizo llegar a los medios cerca de las 11 de la noche, la Sedena informó que el documento aludido por el Centro Pro contiene en total 38 indicaciones, que no menciona en su totalidad, de cuyo análisis se desprende que su propósito es que las operaciones del personal castrense se ajusten al marco jurídico vigente que contempla el respeto irrestricto de los derechos humanos.

"La dependencia, recalcó que la indicación central a los soldados y oficiales que participaron en el operativo en Tlatlaya, estado de México, fue privilegiar el respeto a los derechos humanos, lo que se acredita en varias párrafos del documento".

¡Suena re´bonito! Pero, ¿cómo explica el ejército ese "respeto a los derechos humanos" de las 22 víctimas, de las cuales, 12 fueron fusiladas, incluyendo a jóvenes inocentes?

"El Centro Pro cuestionó que el gobierno federal pretenda llevar la discusión sobre la existencia de la orden militar del 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar de abatir a delincuentes en horas de oscuridad, que pudo haber propiciado la masacre de Tlatlaya, a un debate lingüístico en vez de abocarse al deslinde de responsabilidades (Muñoz A. E., en La Jornada, p.3, 4 julio 2015).

"Resaltó que el término abatir genera preocupación, dado el sentido conforme al cual es empleado en el caso Tlatlaya por diversos elementos del Ejército. No existe duda de que en este caso, la noción de abatir delincuentes tiene un significado unívoco, contrario a los derechos a la vida y a la presunción de inocencia, por lo que su inclusión en una orden castrense es propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos, sostuvo.

"Apuntó que contrario a lo establecido por el gobierno federal, de que la orden contiene salvaguardas en la materia, incluye el lenguaje de derechos humanos de manera accesoria, siempre como un añadido, generando una situación que como mínimo debe calificarse de ambivalente.

"Las órdenes, añadió, son ilegales, “pues instruyen expresamente a ‘abatir delincuentes’, lo que implica la suspensión de facto de nuestro marco legal en la medida en que éste sólo permite a las fuerzas armadas detener a civiles cuando éstos se encuentran en flagrancia delictiva, supuesto en el que deben ser presentados ante autoridad competente”.

"Más aún, sostuvo, la orden suspende el derecho humano a la presunción de inocencia, pues la convicción de que una persona es responsable de un delito sólo puede derivar de sentencia judicial y no de la apreciación subjetiva de una unidad castrense.

"El Centro recordó que el término abatir se ha utilizado en al menos 20 ocasiones por las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para aludir a la muerte de personas identificadas como presuntos delincuentes en enfrentamientos con las fuerzas armadas".

"La Sedena sostuvo que en las órdenes operativas que se giraron a los militares que participaron en el incidente de Tlatlaya, en junio de 2014, en todo momento se privilegió que el personal castrense actuara con apego al marco jurídico vigente que contempla el respeto irrestricto a los derechos humanos (Otero S., en El Universal, 4 julio 2015).

"La Sedena destacó que “el documento en cuestión contiene una serie de instrucciones operativas para el relevo de la base de operaciones de San Antonio del Rosario, Estado de México, que contiene 38 indicaciones, que buscan proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas y privilegiar el respeto a los derechos humanos, lo que se acredita en varios párrafos del documento”.

"Expuso que en la orden girada a las tropas se estableció que debían actuar “en forma contundente y conforme a derecho, prevaleciendo en todo momento el respeto a los derechos humanos y a la observancia de la ley para prevenir y sancionar la tortura (...) la prioridad durante las operaciones será garantizar la seguridad de las personas inocentes, evitándose generar víctimas colaterales.

"Asimismo contenía la instrucción de apegarse a lo establecido en la “directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo de las autoridades civiles”. Concluyó que “del análisis de la totalidad del documento, se desprende que su propósito es que las operaciones del personal castrense ajusten al marco jurídico vigente que contempla el respeto irrestricto a los derechos humanos".

Y, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Los soldados se ajustaron al "marco jurídico"? ¡En ningún momento! Como lo señaló el Centro Pro, las propias instrucciones son ilegales, el ejército procede unilateralmente, al margen de toda legalidad.

Que los "abatidos" hayan sido "delincuentes" debe probarse. Pero ese argumento NO puede sostenerse en todos los casos, ni de las víctimas ni de los sobrevivientes.

De hecho, el proceder unilateral de los militares es atávico. No respetan ninguna ley ni las reglas para "el uso legítimo de la fuerza". Esa legitimidad ni siquiera existe, surgió del apropiamiento que hizo Carranza del derecho del Estado para administrar y aplicar la violencia. Eso es típico de cualquier tiranía y Estado.

En México se está, nuevamente, en un escenario de abusos políticos y militares. Peña Nieto está incapacitado para gobernar, por ello, recurre a la violencia. Ese individuo debe ser arrojado del gobierno y del país. Sigue faltando, sin embargo, la fuerza social organizada y conciente que lo haga posible.


Ref.: 2015, elektron 15 (185) 1-4, 5 julio 2015, FTE de México.

¡Alto a la impunidad!

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