Los enfrentamientos en Tlatlaya fueron solo entre grupos delictivos, informó la Sedena. No hubo violaciones graves a los derechos humanos, insiste. No, solamente los privaron de la vida. De las 22 víctimas ultimadas por el ejército, 11 fueron fusiladas, dicen los peritajes de las procuradurías General y del Edomex, que antes habían encubierto la matanza. Hasta la oficialista CNDH confirma que sí hubo fusilamientos. La impunidad militar es abominable, las mentiras canallescas, los crímenes evidentes.

Después de las contradicciones entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría de Justicia del Estados de México (PGJEM) y Procuraduría General de la República (PGR), respecto a la irresponsabilidad en que incurrieron al no atender oportunamente el caso Tlatlaya, la Sedena informó que, los enfrentamientos fueron solo entre grupos delictivos.

"Como parte de su respuesta a una solicitud de información relacionada con el desempeño del Ejército Mexicano en el municipio de Tlatlaya, estado de México, entre enero de 2014 y el primer mes de este año, la Sedena, asegura que sus elementos no participan en enfrentamientos, los cuales son acciones de violencia realizadas exclusivamente entre grupos delictivos mediante la utilización de armas de fuego para preservar zonas estratégicas para el trasiego o venta de drogas" (Urrutia A., en La Jornada, p.9, 11 mayo 2015).

Esta respuesta es parte de la serie de mentiras que la Sedena ha manejado, ante los medios y el propio Instituto Nacional de Acceso a la información (Inai). El objetivo es muy claro: oscurecer su responsabilidad en los hechos.

"Tlatlaya surgió en el panorama internacional cuando el 30 de junio de 2014, 22 civiles murieron presuntamente en un enfrentamiento entre el Ejército y personas armadas. Sin embargo, investigaciones posteriores derivaron en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que: después de utilizar la fuerza pública para contrarrestar la agresión armada, y una vez estando rendidos los civiles, los elementos militares ingresaron a una bodega y a partir de una acción arbitraria, desproporcional, innecesaria, y desapegada al sistema de derechos humanos, privaron de la vida a 12 personas que se encontraban ahí, vivas, rendidas o heridas".

Con la primera versión, el gobierno se olvidó de toda posible justicia. Para el gobierno resarcir el daño es muy simplista, ofrece dinero.

"Con un fondo inicial de 50 millones de pesos, el gobierno federal inició las acciones de ‘‘reparación integral’’ a las personas afectadas por los hechos en Tlatlaya (Román J. A., en La Jornada, p.4, 15 mayo 2015).

"En un comunicado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que no fue remitido a los medios sino solamente subido a su página web, se señala que la compensación se otorga ‘‘por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables, que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos".

¿Así que la violación grave a los derechos humanos, en este caso nada menos que la vida, se compensa monetarizando el caso al criterio y gusto del gobierno?

A cambio, se mantiene el caso en profunda opacidad. Tuvo que pasar casi un año de los hechos para que el gobierno otorgara la mencionada indemnización. ¿Aclaración de la masacre? ¡Nada! Todo ha sido encubrimiento oficial al ejército, no solo respecto a los soldados, autores materiales de la matanza, sino de sus jefes.

¿Esto quiere decir que el ejército tiene licencia para matar? Así parece y, si son civiles desarmados, mejor.

"Once meses después de que efectivos del Ejército Mexicano abatieran a 22 presuntos delincuentes dentro de una bodega en el municipio de Tlatlaya, estado de México, la Sedena informó que las investigaciones del caso están integradas a la causa penal 338/2014, radicada en el juzgado sexto militar, cuyo procedimiento se encuentra en etapa de instrucción por delitos de orden militar, los cuales no constituyen violaciones graves a los derechos humanos (Castillo G., en La Jornada, p.16, 3 junio 2015).

Eso informó la Sedena al Inai, reservándose por 12 años el contenido de la averiguación militar que se realiza.

"Mediante el oficio 4354, la Sedena informó que la investigación del llamado caso Tlatlaya se encuentra en desahogo en los tribunales militares por lo que respecta a las violaciones que sus ocho elementos cometieron a sus deberes castrenses, ya que independientemente de esta acusación, cuatro de ellos enfrentan cargos en el ámbito civil federal: tres por homicidio calificado y uno por encubrimiento.

"En octubre de 2014, Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República, dio a conocer que los cargos fueron por el asesinato de ocho de las 22 personas. Dijo que la mayoría de los presuntos delincuentes murieron en enfrentamiento con los militares y ocho quedaron con vida, y un sargento y dos soldados utilizaron las armas de los abatidos para ejecutar a sus compañeros.

"Sin embargo, la CNDH indicó que no fueron ocho, sino 12 los ejecutados por los soldados, nueve ya se habían rendido y estaban sin armas, y otros tres estaban inertes, dos ellos tenían entre 15 y 17 años.

"El lugar de los hechos se alteró y los militares impidieron que las autoridades de la PGJE arribaran pronto al poblado, que se localiza a más de tres horas de Toluca".

La primera versión de la Sedena y del gobierno, se cayó. Ahora, la PGJEM y la PGR indican que en Tlatlaya hubo fusilamientos. Con ello, la situación se torna más grave. En principio, queda demostrado que el ejército mintió.

"Los peritajes de la propia PGJEM y de la PGR “revelan que de las 22 personas que fueron abatidas por elementos del 11 fueron prácticamente fusiladas, otras cinco murieron realizando ‘‘maniobras instintivas de defensa’’ y del resto no se menciona que hubieran disparado contra los militares (Castillo G., en La Jornada, p.3, 23 junio 2015).

"En los documentos se da cuenta de que estaban descargadas (desabastecidas) las armas de tres víctimas, a las que en las primeras investigaciones se les señalaba como participantes en el enfrentamiento con los integrantes de la Sedena.

"Los estudios forenses –con los cuales la PGR sustentó las acusaciones de homicidio en contra de tres soldados en agravio de nueve de las 22 víctimas– indican que los militares también utilizaron en estos hechos un fusil al que le borraron la matrícula y otra arma de la cual no se precisó su origen.

"Los militares –siempre con base en los estudios– realizaron al menos 160 disparos y las víctimas 12. Los soldados impactaron 60 balas, todas en la zona torácica de los presuntos delincuentes. El reporte refiere que tres balas lesionaron a un miembro del Ejército, y para el estudio forense se analizaron las huellas de los impactos en un chaleco antibalas".

La situación es intolerable. Según reportó La Jornada, en los peritajes "se documenta que algunos militares dispararon a corta distancia a varias de las víctimas y los casquillos de los cartuchos percutidos quedaron a escasos 70 centímetros de los cadáveres, lo que confirmaría las versiones que aparecieron después en ese sentido y la descripción que peritos dieron de las fotografías que se publicaron en este diario el 26 de septiembre de 2014.

"El año pasado, una de las tres mujeres que sobrevivieron a lo sucedido en la bodega reveló que sólo uno de los hombres fue abatido en enfrentamiento y los demás se entregaron, fueron interrogados y luego privados de la vida. Hoy, las tres mujeres son testigos protegidos. Los resultados forenses difieren diametralmente de la versión que el día de los hechos difundió la Sedena por medio de un comunicado de prensa y que a la letra menciona:

"‘A las 05:30 horas del 30 de junio de 2014, personal militar perteneciente al 102/o. Batallón de Infantería adscrito a la 22/a. Zona Militar, al realizar reconocimientos terrestres, a inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, México, ubicó una bodega que se encontraba custodiada por personas armadas, mismas que al percatarse de la presencia de las tropas abrieron fuego, por lo que el personal castrense repelió dicha agresión.

"Con motivo de estos hechos, resultó herido un soldado y fallecieron 22 presuntos agresores (21 hombres y una mujer), se aseguraron en el lugar 25 armas largas (16 fusiles Ak-47 calibre 7.62X39 mm., 6 fusiles AR-15 calibre 0.223, un fusil marca Calico y dos escopetas calibres 12 y 0.22); 13 armas cortas (cuatro calibre 9 mm., tres calibre 0.45, cuatro calibre 0.38 súper, una calibre 0.22 y un revólver calibre 0.38 especial); una granada de fragmentación, 112 cargadores, así como cartuchos de diversos calibres.

"En este evento se liberaron a tres mujeres, quienes manifestaron estar secuestradas; las cuales fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes en calidad de presentadas; asimismo, quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación el armamento y municiones aseguradas".

"También contradicen lo dicho el 17 de julio de 2014 por el procurador mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, sobre que ‘‘en las diligencias practicadas, no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o posible fusilamiento al que se ha hecho referencia en algunos medios de comunicación".

"Los resultados de los peritajes determinaron que las lesiones que provocaron el fallecimiento a las víctimas, cuyos cuerpos fueron marcados con los números 1, 2, 5, 11 y 17, les fueron inferidas "al momento de realizar maniobras instintivas de defensa", sin realizar ninguna otra acción.

"La conjunción de los peritajes entregados por la PGR en días pasados, y las fotografías obtenidas en septiembre de 2014, muestran que las víctimas identificadas con los números 3, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20 y 21 prácticamente fueron fusiladas.

"Otros cinco fueron abatidos cuando "‘trataban de realizar maniobras instintivas de defensa"’, es decir, cubrirse con manos y piernas de los disparos. El resto, según los peritajes, fueron blanco de los tiros de los soldados porque no estaban totalmente ocultos.

"En las conclusiones de los estudios de criminología de la PGR se determina que las víctimas que fueron abatidas por los militares, sin que mediara enfrentamiento, fueron las identificadas con los números 1, 3, 7, 10, 16, 17, 18, 21 y 22.

La PGR y PGJEM, al igual que el ejército, son cuerpos de coerción del Estado, tan criminales unas como el otro. Hasta resulta extraño lo informado por los peritajes de la PGR y PGJEM, que contradicen sus propias versiones anteriores. En la nueva, la participación y culpabilidad del ejército es evidente.

"Los peritajes contradicen los señalamientos del procurador mexiquense de Justicia en cuanto a que ‘‘el intercambio de disparos resultó proporcional’’ entre los militares y las víctimas que fueron señaladas como presuntas integrantes de un grupo delictivo.

"Los estudios forenses realizados por la PGJEM dan cuenta de que en la parte externa de la bodega se localizaron 41 cartuchos, todos ‘‘del calibre 7.62, de la marca ‘FC’, de latón”, que, según los documentos, corresponden a los disparados por los militares.

"Dentro de la bodega donde se encontraban los presuntos delincuentes, los peritos recogieron 16 casquillos, cuatro de ellos calibre 7.62, con la marca ‘FC’ con la que identificaron los cartuchos utilizados por los militares. Otros 12 presuntamente correspondían a las armas que poseían las víctimas.

"En los cuerpos de los occisos había 60 orificios de entrada. La camioneta que utilizaban los soldados presentaba 20 impactos. En los vehículos estacionados dentro de la bodega, que supuestamente estaban en poder de las víctimas, impactaron 55 tiros. En las paredes de la bodega, 48. Sin embargo, en toda el área donde se supone que se dio un enfrentamiento, solamente se recogieron 57 cartuchos (fundas de bala), 45 con la marca ‘FC’, 12 con otras leyendas".

Para justificar el tal "enfrentamiento", el ejército y el gobierno recurrieron a mentiras y a la alteración de los hechos.

"Los peritos del estado de México trataron de cuadrar las versiones oficiales que ofreció la Sedena de lo que sucedió en la bodega de Tlatlaya. Sostuvieron que la muerte de 22 personas fue producto de un enfrentamiento. En las primeras diligencias omitieron precisar en actas que la escena fue alterada y que el lugar se limpió antes de que iniciaran los estudios forenses (Castillo G., en La Jornada, p.7, 24 junio 2015).

"Dieron por hecho que lo ocurrido en el sitio fue un tiroteo por fuego cruzado. Sin embargo, las investigaciones federales, realizadas por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, descubrieron que el lugar fue manipulado de tal manera que no se puede precisar realmente dónde cayó cada cuerpo, las horas de la muerte y la posición original de los objetos decomisados (armas, cartuchos, vehículos y cargadores).

"Son numerosas las contradicciones entre los resultados de los peritos mexiquenses y los especialistas federales. Los primeros sostuvieron que el lugar fue conservado por militares. Sin embargo, desde el 8 de octubre los peritos forenses de la PGR determinaron en el dictamen en materia de criminalística de campo, folio 71221, que se modificó el lugar de los hechos".

Para hacer lo anterior, los soldados, movieron los cadáveres, los peritos del Edomex midieron la temperatura de los cuerpos con la mano (sic), y avalaron la versión del fuego cruzado.

¡Qué fácil! La responsabilidad, como se ve, no es solamente del ejército sino de la PGJEM e, incluso, de la PGR.

En Tlatlaya, hubo ejecuciones extrajudiciales. Aún así, gobierno y ejército siguen insistiendo en la primera versión falsa. Evidentemente, el caso no ha sido esclarecido. Un año después, la PGR. PGJEM y la CNDH confirma lo sabido: en Tlatlaya hubo fusilamientos a manos del ejército. Pero, estos graves hechos siguen impunes, como Ayotzinapa y Apatzingán.

"La CNDH, en su primera recomendación del 20 de octubre de 2014 "sobre las ejecuciones sumarias ocurridas en Tlatlaya, incluye testimonios desgarradores de las tres mujeres que fueron testigos de los hechos, quienes aseguraron que tres de los militares que participaron en la irrupción en la bodega donde 22 presuntos secuestradores murieron el 30 de junio de ese año, fueron los que fusilaron al menos a 12 (Méndez A., en La Jornada, p.10, 25 junio 2015).

"Las tres sobrevivientes estaban en el interior de la bodega y declararon que, en la oscuridad, vieron a tres soldados llevar a cabo la ejecución de varios de los presuntos delincuentes, entre ellos una mujer de 15 años de edad.

"Los pusieron formados del lado izquierdo de la bodega y un soldado nos dijo que no volteáramos a ver, en ese momento los tres militares que habían entrado a la bodega volvieron a disparar contra las personas, declaró una de las mujeres.

"Las tres víctimas afirmaron que los militares entraron a rematar a los moribundos y a ejecutar a por lo menos 12 personas que habían salido ilesas del enfrentamiento y entregado las armas".


Ref.: 2015, elektron 15 (182) 1-4, 2 julio 2015, FTE de México.

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