Escamotean el salario a los jornaleros agrícolas de San Quintín. Leyeron un acuerdo y escribieron otro. En el primero, se habló de salario básico, en el segundo de salario integral. El poco aumento conseguido queda diluido. ¿Quién cambió los papeles? Los acuerdo fueron con el gobierno, éste los manipuló y tergiversó en beneficio de los patrones. La maniobra es muy burda. Navarrete Prida dice que no hay contratos de protección. El mismo, en el caso de San Quintín, acaba de registrar esos contratos con gángters sindicales. Son contratos de infamia, Peña y Navarrete Prida son vulgares malandrines.

Gobierno de sinvergüenzas, malandrines, ruines, y nos quedamos cortos. El gobierno de Peña Nieto es de mentirosos y manipuladores.

A las penurias semiesclavas de los jornaleros del valle de San Quintín, B.C., se adicionan ahora los engaños del gobierno.

"Jornaleros de San Quintín, apoyados por la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, denunciaron en conferencia de prensa que las secretarías de Gobernación, así como del Trabajo y Previsión Social, no han cumplido los acuerdos laborales, sociales y políticos que firmaron con ellos el 4 de junio pasado (La Jornada de Baja California, en La Jornada, p.30, 21 junio 2015).

"Señalaron que funcionarios de los gobiernos federal y estatal manipularon la minuta de acuerdos para beneficiar a los agricultores, cuando cambiaron aparentemente de forma dolosa, una palabra en la forma de cómo se dará el aumento salarial a los jornaleros.

"Pusieron salario integrado en lugar de salario básico, lo cual es una violación a los derechos laborales, dijo Lucía Hernández, vocera de la organización social.

“Firmamos sin darnos cuenta de la traición que nos hicieron, ya que antes de redactar el contenido de la minuta nos lo leyeron, y ahí claramente se dijo ‘salario base’, no integrado, como lo cambiaron”, indicó Fermín Salazar.

El salario básico se refiere al salario por cuota diaria, el cual sería incrementado nominalmente, es decir, con más centavos. La cantidad es relativa porque implica a una minoría de los jornaleros, con aumentos diferenciados. Esto de suyo es ILEGAL porque en la propia ley del gobierno, NO existen trabajadores de primera, segunda o tercera categoría. Es, además, un hecho DISCRIMINATORIO. La misma Ley Federal del Trabajo indica que "a trabajo igual salario igual".

El llamado salario base es el que sirve para calcular las prestaciones económicas. Cuando esto ocurre, se habla de salario integral. Consecuentemente, este es mayor al primero. Si el aumento se aplica al salario integral, el salario nominal se reduce a la mitad o menos.

Entre las prestaciones económicas están la prima de vacaciones, el aguinaldo y otras, como la ayuda de despensa o el fondo de ahorro.

Evidentemente, NINGUNA de estas prestaciones existen. Los acuerdos con el gobierno incluirían algunos aspectos pero hasta ahora son solo promesas.

Peor aún, cualquier prestación, lo mismo que los salarios, se establecen en los Contratos Colectivos de Trabajo (CCTs), que fueron registrados por el gobierno con los charros, pero los jornaleros NO los conocen. Tampoco los conocerán porque, al estar en manos de los charros sindicales JAMAS los darán a conocer.

Esa fue la parte principal y sucia maniobra de patrones y gobiernos para quebrar la huelga.

No es necesario ir más lejos. Ni siquiera el magro y minoritario aumento se ha podido hacer válido. Los jornaleros acaban de darse cuenta. El gobierno manipuló la minuta de acuerdos y, donde decía salario básico, puso salario integral.

La intención es obvia. Se trata de escamotearles a los jornaleros los pocos pesos más que recibirían.

Esa manipulación es atribuible al gobierno (federal y local) pues, "el acuerdo" NO fue firmado por los patrones, quienes ni siquiera estuvieron presentes, el gobierno operó en su nombre.

El gobierno sigue diciendo que no tiene facultades para imponer aumentos salariales a los patrones. ¿Por qué, entonces, "firma" esos acuerdos con los jornaleros? Para engañarlos. El FTE lo dijo oportunamente.

Hoy, se confirma. El gobierno trata a los jornaleros como menores de edad, abusa de su ignorancia y se burla. Los jornaleros, por su parte, están muy atrás de sus deberes de clase. Ni siquiera leyeron la minuta que firmaron. Ahora le pedirán de rodillas al gobierno "que corrija". Es el resultado de seguir "los consejos" de falsos asesores, malandrines aliados al gobierno.

El FTE también dijo que levantada la huelga ni gobierno ni patrones cumpliría y, peor aún, desatarían la represión. Esto está ocurriendo. La represión es incruenta, por la vía de despedir jornaleros. Es represión con dos propósitos: uno, obligar a los jornaleros a aceptar las condiciones infames, ahora oficialmente reconocidas y, dos, someter a los jornaleros a mayores penurias.

Ante esto, por supuesto, debe haber respuesta política. Falta que los jornaleros se decidan. Por lo pronto, nada se ha cumplido, todo está pendiente.

"Explicaron que ni Gobernación ni Trabajo y Previsión Social han convocado a formar la comisión encargada de categorizar a las empresas del Valle de San Quintín para aplicar los pagos de 150, 165 y 180 pesos por jornada, de acuerdo con la categoría que se fije para cada agroempresa.

"Tampoco se integró la comisión especial para verificar el registro de los trabajadores del campo al IMSS en las empresas que forman el Consejo Agrícola de Baja California, explicaron.

"Bonifacio Martínez aseveró que la situación de violación a los derechos de los trabajadores y la explotación de los jornaleros sigue presente.

“Compañeros de Vicente Guerrero nos informaron que en el rancho Santo Domingo, de la empresa Moramex –filial de Driscoll’s, principal exportadora de fresas mexicanas a Estados Unidos y una de las tres principales comercializadoras extranjeras de moras y arándanos con asiento en San Quintín– están despidiendo a todo aquel jornalero que no acepte los salarios y condiciones de trabajo”.

"Luego del acuerdo salarial del 4 de junio, el Rancho Santo Domingo también elevó de 8 a 20 el número de surcos que a cada trabajador agrícola toca como tarea en la quita de plásticos usados en el cultivo de fresa, aunque paga el mismo salario, denunció Juan Hernández".

Esta situación es de infamia, era previsible y se dejó crecer. ¡Esos son, precisamente, los falsos e ilegales "contratos de protección"!

"El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo que mienten las voces que en el ámbito internacional difunden que en México hay contratos de protección. Su intención, dijo, es impedir que el país firme el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CATP), el cual representa una oportunidad de desarrollo (Pérez M., en La Jornada, p.14, 23 junio 2015).

"En conferencia de prensa, dio a conocer el pronunciamiento conjunto firmado por los secretarios de Trabajo y responsables de las áreas laborales de los gobiernos de los estados, en el que rechazaron la práctica de dicho tipo de contratos. Una queja que se presentó recientemente en Ginebra, Suiza, en el contexto de la reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene datos inexactos que no corresponden a la realidad del país.

"La postura emitida en la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasentra) –que se llevó a cabo en Saltillo, Coahuila– es una respuesta del gobierno a una serie de cuestionamientos que no son bien sustentados y que han tenido intereses específicos, dijo.

"Las críticas en torno a los contratos de protección estaban dirigidas a los secretarios de Trabajo de los estados. México no quiere ese tipo de contratos, por eso se llevó a cabo una reforma laboral, pero seguramente habrá más críticas, aseveró.

"Aseguró que los responsables de la política laboral se comprometieron a intensificar la promoción y vigilancia en transparencia sindical, a proteger el derecho a la sindicación y contratación colectiva, así como hacer un frente común contra cualquier práctica que restrinja la libertad de cualquier trabajador a decidir quiénes lo representen.

"En la reunión, agregó, se acordó poner a consideración de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos la fijación de un salario profesional para jornaleros agrícolas, entre otros aspectos".

Navarrete Prida es de la misma calaña y mafia que Peña Nieto, Miranda Nava y Chuayffet. Todo lo que les critican es falso, dicen; la "única" verdad es la de ellos. Son vulgares embusteros.

En México SÍ existen los contratos de protección, SON MILES. El gobierno lo sabe, porque los tolera e, incluso, los registra. TODOS esos contratos son falsos en manos de sindicatos también falsos.

Los datos "inexactos" que alega Prida, la dependencia de la que es titular los conoce bien pero no informan a nadie, todo lo mantienen en secreto, como mafias que son.

¿Cuáles son las condiciones laborales que la STPS tiene registradas? Los trabajadores NO lo saben. ¿Qué sindicatos son los titulares? Solo lo saben la STPS, los patrones y el gobierno.

¿Por qué, Navarrete Prida dice que en México no hay contratos de protección? ¡Por cínico! La CTM, la CROC y la CROM regentean a esos "contratos", en connivencia con despachos de abogados venales. Si hay alguna duda, la propia STPS acaba de reconocer a los contratos de protección, precisamente, en San Quintín.

La AFL-CIO sigue interviniendo, fue la que promovió en Ginebra, Suiza, la denuncia sobre los tales contratos. Eso pareciera que sirve, al menos como denuncia. Pero es engañoso. La OIT no tiene facultades de nada, todo se limita a un rollo de 5 minutos, después, cena con las cúpulas.

La OIT está presidida por un exsecretario general de la actual Confederación Sindical Internacional (CIS, antes CIOSL), de la cual es pilar la AFL-CIO. Estos aparatos son los responsables directos de la destrucción del sindicalismo mexicano desde hace más de 100 años. Son los patrocinadores del charrismo sindical, especialmente, de la CTM, CROC, CROM y UNT, afiliadas a la CIS y a su brazo regional la Confederación Sindical de las Américas (CSA, antes ORIT).

Lo que ahora pretende la AFL-CIO es destruir también a los jornaleros. Habla mucho, promete, pero no cumple más que en contra de los trabajadores. Así lo ha hecho siempre. ¿Qué confianza se puede tener en un aparato que es brazo sindical de la CIA norteamericana? ¡Ninguna!

"La Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) y la Central Campesina Cardenista (CCC) demandaron al gobierno federal y al de Baja California cumplir con los compromisos pactados con los jornaleros agrícolas de San Quintín en torno a los salarios mínimos y a los beneficios sociales, como estar afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pérez M., en La Jornada, p.16, 23 junio 2015).

"Max Correa Hernández, dirigente de la CCC, y Lorraine Clewer, representante en México de la AFL-CIO, comentaron que han transcurrido poco más de dos semanas desde la firma del acuerdo y aún no se categoriza a las empresas –grandes, medianas y pequeñas– para definir el monto del salario que les corresponde cubrir; el acuerdo indica que habrá tres sueldos base: de 150, 165 y 180 pesos diarios.

"Agregaron que tampoco el IMSS ha verificado si los trabajadores agrícolas ya están afiliados ni se ha liberado a los 14 jornaleros detenidos. Las autoridades se habían comprometido a procurar su liberación, así como a garantizar el respeto de la libertad y autonomía sindical de los trabajadores agrícolas de San Quintín.

"Clewer sostuvo que la AFL-CIO mantiene una estrecha comunicación con la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la Justicia Social y la respalda en sus decisiones. Los jornaleros agrícolas trabajan en condiciones infrahumanas, por eso el pacto para llevar a cabo cambios sustanciales en el sector, pero hasta la fecha no se han concretado. Por ello urgimos a las autoridades a que cumplan lo pactado de forma transparente y global.

"La organización internacional –que cuenta con 12 millones de afiliados– ha sostenido que impulsará un boicot para impedir que cadenas como Walmart y Costco adquieran productos agrícolas del valle de San Quintín en caso de que agroempresarios y autoridades no cumplan con los compromisos del pasado 4 de junio. Además, convocaría a integrantes de agrupaciones religiosas y de otras organizaciones a defender la justicia como principio social".

La CCC parece que no conoce a la AFL-CIO o "se hace". Por lo menos, están confusos, el drama de San Quintín NO es de campesinos sino de trabajadores agrícolas. ¡No son lo mismo!

Respecto a la denuncia de incumplimiento que hicieron los jornaleros, Prida dijo que no tenía facultades jurídicas para fijar el salario, "lo que hacemos es velar para que no se violen los derechos laborales; corresponde a las autoridades laborales locales atender el asunto". ¿Por qué, reiteramos, firmó unos acuerdos falsos y "sin facultades"?

También dijo que la STPS respaldará a los jornaleros en la toma de nota del sindicato que pretenden formar. ¡Burdas e hipócritas declaraciones! El gobierno ya se decidió a favor de los patrones y los charros.

La atención a los jornaleros no debiera reducirse al salario, sino a resolver los problemas que generan pobreza, dijo Jaime Martínez Veloz, político expriísta y ahora comisionado para los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación. Veloz sabe de las enormes carencias sobre salud, educación, vivienda y desarrollo de los jornaleros.

La situación es terrible pero lo que propone es muy simple. El gobierno también lo sabe y no hará nada, ni siquiera respeta sus propios acuerdos.

"En materia de vivienda, 12 por ciento de los pobladores no cuenta con agua entubada (3 mil 693 casas habitación), mil 73 viviendas no disponen de energía eléctrica; no existe drenaje sanitario rural, pues únicamente disponen de fosas sépticas y pozos de absorción en las viviendas de clase media y alta, así como en los comercios de la región; la mayor cantidad de pequeñas casas donde habitan los indígenas cuentan con letrinas; también, 19.23 por ciento de las casas tienen un sólo cuarto, y 5 por ciento tiene pisos de madera.

"Los datos oficiales, que tienen como referencia el censo de población y vivienda 2010, advierten que en el ámbito de la salud, 38.4 por ciento de los habitantes de la región de San Quintín carece de algún servicio en la materia.

"Así, en el terreno de la educación, los datos son alarmantes. El 6.5 por ciento de la población infantil de seis a 11 años de edad, y otro segmento de jóvenes de 12 a 14 años no asiste a la escuela. Del total de la población con 15 años o más, 13 por ciento a resultado analfabeta y 14 por ciento no tiene ningún grado de educación. Por lo que el grado promedio de escolaridad es de sólo 6.4 años, equivalente a la primaria.

"El análisis que fue hecho llegar al titular de la Secretaría de Gobernación por Martínez Veloz advierte que el impulso en la presencia de los programas de la administración federal, por conducto del Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas, podría significar el mejoramiento de las condiciones de vida de miles de familias, de las condiciones de la región y de la población en general.

"Hasta a la fecha, el citado programa sólo atiende en San Quintín a uno por ciento de la población total; el programa de estancias infantiles sólo apoya a 147 madres trabajadoras, lo que equivale a 0.2 por ciento de la población, y el programa 3 x 1 para migrantes no apoya a uno solo de los habitantes de San Quintín. En el caso del resto de las dependencias se puede afirmar que prácticamente no tienen presencia en la región".


Ref.: 2015, elektron 15 (174) 1-5, 24 junio 2015, FTE de México.

Jornaleros agrícolas de San Quintín, B.C. FOTO: R. Armocida

Jornaleros. La política se comprueba y concreta en la práctica.
FOTO: E. Lima

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