En ningún momento han estado presentes en las pláticas. El gobierno habló en su nombre, los patrones se niegan a cumplir y el gobierno los respalda. Nada está firmado entre las partes contratantes. Los patrones y charros sindicales sí firmaron los contratos de protección y el gobierno reconoció a los charros. Los "acuerdos" del gobierno con jornaleros son mínimos. Los jornaleros regresaron al trabajo, el estado de huelga ya no existe, con anterioridad había sido quebrada por la troika.

Se pusieron a hacer promesas en nombre de los patrones, parecía que habían cabildeado previamente, luego festejaron el fin del conflicto. El gobernador (PRI) de Baja California y los funcionarios menores del gobierno federal (PRI) creyeron que habían resuelto el caso. A los jornaleros los chantajearon para luego chamaquearlos. No es cualquier cosa. El hecho es que, apenas 24 horas después, los mismos patrones agrícolas se encargaron de tirar los acuerdos del gobierno con los jornaleros.

La incertidumbre estuvo presente todo el tiempo. Los patrones jamás se comprometieron a nada. De hecho, nunca estuvieron presentes en las pláticas, a estas asistió su abogado, en calidad de "convidado de piedra", como simple "oreja", dedicado a observar e informar, sin ninguna facultad para acordar nada.

El gobierno, federal y local, siempre se vio incapaz de sentar a los patrones a la mesa de diálogo. NUNCA lo hicieron. En cambio, el gobierno se apresuró a protocolizar los contratos de protección firmados por patrones y charros sindicales de la CTM, CROC y CROM, sin poner absolutamente ningún "pero" a la ilegalidad y fraude. Con ello, gobierno, patrones y charros "quebraron" la huelga de los jornaleros, pues la gran mayoría regresó a laborar, "legalizando" las condiciones laborales de semi esclavitud.

Con esa turbia maniobra en medio, el gobierno quiso "pasarse de listo" y ofreció a los jornaleros una serie de promesas, a sabiendas que no las podría cumplir y firmaron varios acuerdos SIN la presencia de los patrones. Estos son funcionarios y exfuncionarios gubernamentales, y aunque económicamente pueden satisfacer todas las demandas de este tipo, su voracidad es superior.

Tan es así que, apenas a las 24 horas de los "acuerdos", simplemente, los desconocieron, pasando por sobre el gobierno estatal y el federal, especialmente, con relación a los salarios. Por primera vez aparecieron públicamente y desmintieron a todos, haciendo valer su poder real.

"Los propietarios de los campos agrícolas del valle de San Quintín desconocieron el compromiso más importante que Francisco Vega de Lamadrid asumió con los jornaleros movilizados en demanda de un salario mínimo de 200 pesos diarios. Veinticuatro horas después de que el mandatario y autoridades federales festejaron lo que parecía el fin de un conflicto que tiene semiparalizado el sur del estado, reiteraron que sólo darán el 15 por ciento de aumento salarial que habían ofrecido desde que inició el paro, aclarando que no participaron en la mesa de diálogo donde se signaron los 13 acuerdos que parecía dejaban contentas a las partes (Hers A., Aragón O., en La Jornada, p.13, 16 mayo 2015).

"Así, los patrones –varios de ellos funcionarios y ex funcionarios de las administraciones estatales panistas– entramparon al gobernador del estado, quien se había comprometido a procurar que la propuesta (de incremento salarial de los empresarios) se traduzca en un incremento lo más cercano posible a la demanda de la Alianza (200 pesos) y que sea retroactivo al 24 de mayo, en un contexto donde el gobierno federal ofreció formar un fideicomiso para aportar la diferencia que no acepten pagar los agroindustriales".

El aumento de los salarios a 200 pesos diarios ha sido la principal demanda de los jornaleros. Esta petición NUNCA la aceptaron los patrones pero el gobierno la ofreció a los jornaleros, que regresaron a laborar. Entonces, todo queda en el acuerdo anterior: aumento salarial de 15%, no más.

Por supuesto, eso NO resuelve pero ya no existe estado de huelga. Los demás acuerdos quedan en el aire. El gobierno podrá cumplir solamente lo que no hace, aún estando dispuesto en las leyes vigentes, pero hasta allí.

"Durante una conferencia de prensa en la que por primera vez los grandes productores hablaron a nombre propio –siempre usaron al gobierno del estado para que llevará sus propuestas a la mesa– el vocero del Consejo Agrícola de Baja California, Marco Estudillo Bernal, reiteró que los agricultores no pagarán más de 15 por ciento de aumento salarial que concedieron desde el pasado 27 de marzo, y que Alberto Muñoz, representante legal de su organización en la mesa del diálogo –presidida durante 14 horas por David Garay Maldonado, jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación– asistió únicamente para conocer lo que ahí se trataba, pero sin facultades para acordar o negociar.

"Formalmente, acotó, ellos no han participado en las mesas de diálogo, y no habrá variación en esa postura ni en el porcentaje. De manera contradictoria, en un desplegado publicado el viernes dicen que sí participaron en la mesa del diálogo, y que ahí se reconoció el histórico esfuerzo de los agricultores de la zona costa de Baja California para, a partir del 27 de marzo de 2015, aumentar 15 por ciento el salario directo, que fue otorgado en dos modalidades: a) por salario mínimo diario y b) por destajo.

"En relación al punto 13 de los acuerdos, dicen en su desplegado: estamos a la espera de que el Gobierno Federal nos indique los mecanismos de operación por el cual aportará los recursos adicionales para cubrir el diferencial y responder con el salario señalado".

Lo dicho es obvio, el gobierno prometió "pagar" la diferencia para completar los 200 pesos diarios. Para los patrones, el gobierno puede ofrecer 200, 300 o 400 pesos diarios y, como el Partido Verde (PVEM), "que el gobierno pague". Por eso piden que éste indique los mecanismos "por los cuales aportará" los recursos. Ningún patrón da "paso sin huarache". Sabido es que los salarios (nominales) representan la menor parte en los llamados costos de producción pero los patrones quieren que su ganancia siempre sea la máxima posible y jamás les importa devaluar la fuerza de trabajo que compran.

¿Ahora, qué? ¿El gobernador cumplirá? ¿Lo hará el gobierno federal? ¡Nadie, ni el uno ni el otro! En consecuencia, esos 200 pesos diarios están en un nivel incierto.

El gobierno puede IMPONER los topes salariales, actualmente de 4.3% al salario y 1.5% en prestaciones, pero NO PUEDE obligar a ningún patrón a otorgar mayores aumentos, al contrario, lo que sí puede es avalar que paguen menos. ¿Por qué, entonces, hicieron esas promesas? ¡Por gandallas, mentirosos y falsos!

"El punto 13 de los acuerdos firmados la madrugada del 14 de mayo por el gobernador, los jornaleros y el gobierno federal dice: El tema del salario base será pactado en la siguiente sesión a realizarse el próximo 4 de junio en San Quintín.

"Aunque el acuerdo, de algún modo abrió un receso hasta el próximo 4 de junio, el ambiente en la reunión fue de concordia. El gobernador, que siempre adoptó la postura de los agroindustriales en la mesa de negociación, dio la impresión de que conseguiría algo más que el 15 por ciento de aumento salarial de sus amigos. Tanto, que hubo abrazos, se acordó liberar a los presos que había a raíz del conflicto, y todos se fueron a su casa cansados pero contentos".

La próxima reunión ya se cayó, hay que volver a reformularla, pero el compromiso para cumplir el acuerdo 13 NO existe, a menos que los patrones acudan para "pactarlo". No lo harán, ya pactaron con los charros el 15%, si hubiera un aumento diferente lo volverán a pactar con los mismos charros, ahora titulares de los contratos colectivos de trabajo (CCT´s).

En cualquier caso, la única forma de que los patrones acepten los 200 pesos es que el gobierno los pague. ¿Lo hará el tal Kiko Vega (gobernador), Garay (Segob) o Avante (STPS)? ¿Lo harán el PRI o el PAN?

Uno de los "acuerdos", el referido a los detenidos fue resuelto parcialmente, cuatro jornaleros fueron liberados, los demás siguen prisioneros. A los liberados se les había impuesto una fianza de 7.8 millones de pesos a cada uno. Finalmente, fueron 17 mil pesos.

"Con paso lento, los cuatro jornaleros de San Quintín abandonaron la prisión de Ensenada, donde permanecieron desde el pasado sábado cuando fueron detenidos por la la Policía Estatal Preventiva (PEP) durante los disturbios ocurridos ese día (Heras A., en La Jornada, p.13, 16 mayo 2015).

"La salida de estos jornaleros fue posible luego que el gobierno de Baja California otorgó el perdón por los daños provocados a dos patrullas y un vehículo de asalto de la Policía Estatal Preventiva (PEP), por lo que los trabajadores quedaron en libertad durante la tarde de este viernes al anularse la querella por la reparación, estimada en 26 millones de pesos.

"Un agente del Sistema Penitenciario de Baja California los condujo hasta la puerta del penal, donde los esperaba una camioneta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que se hizo cargo del pago de las fianzas.

"El desistimiento de la reparación de los daños fue uno de los 13 acuerdos adoptados en una reunión en la que participaron representantes de la Secretaría de Gobernación, del gobierno estatal, de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social y legisladores federales".

A la postura de los patrones, que desconocieron los acuerdos con los jornaleros, se sumó de inmediato el gobierno federal. A este se le olvidó lo que había prometido y, simplemente, reculó. Dijo que carecía de facultades para imponer algún aumento salarial. Reconoció que NO son autoridad para ello. Eso era sabido. ¿Por qué, entonces, prometieron lo que no podían cumplir? ¿Ahora, repararán el daño? ¡Ni en sueños! El gobierno procedió como acostumbra, solo es bueno para carrancear, lo ha dicho el FTE con toda oportunidad.

"La autoridad laboral no tiene atribuciones para fomentar o imponer aumentos salariales, aseguró el subsecretario del Trabajo a escala federal, Rafael Avante (Martínez F., en La Jornada, p.5, 17 mayo 2015).

"A pregunta expresa sobre el conflicto laboral de los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín, en Baja California, el funcionario aclaró que no pueden intervenir para fijar salarios, ni con los campesinos ni en ningún otro sector.

"Se le preguntó al subsecretario Avante respecto de las atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la definición de posibles aumentos salariales, y señaló que “la autoridad laboral carece de cualquier atribución para fomentar o propiciar ningún tipo de incremento salarial.

"Se acompaña a las partes, se busca que en un proceso de diálogo y negociación se logren y se alcancen objetivos, pero no somos una autoridad que pueda imponer ningún tipo de condición de salario, precisó".

Lo señalado era sabido. La STPS es simple cómplice de la patronal. El "acompañamiento", del que habla el funcionario menor, se limita a la llamada "conciliación" entre las Partes. ¿Cuál conciliación ha habido? Esta vez, la ineptitud oficial ha llegado a un nivel tal que, NI SIQUIERA ha podido lograr que los patrones asistan a una sola reunión, menos que acuerden con su contraparte.

La STPS carece de facultades para fijar salarios pero lo hace, siempre y cuando los patrones acepten. No es el caso. A la incapacidad suman la ineptitud.

Uno de los charros, el de la vieja CROM surgida en 1918 bajo los auspicios y patrocinio de Obregón y de la AFL-CIO, habló del conflicto en San Quintín. Poseedor de contratos de protección, sin saber cuáles ni cuántos, afirmó que están dispuestos para la disputa contractual. ¿Cómo? Con los métodos típicos: la violencia, los balazos y heridos. Lo que declaró es una amenaza a los jornaleros. Dijo que, en "las negociaciones" están la CTM, CROC y CROM. ¿Cuáles negociaciones y con quién? Seguramente se refieren a los acuerdos "en lo oscurito" con patrones y gobierno porque NO han asistido a ninguna de las pláticas con los jornaleros, a menos que hayan asistido de incógnitos y orejas.

"El líder nacional de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Rodolfo González Guzmán, aseguró que si alguna otra organización les disputa contratos colectivos en la zona agrícola del valle de San Quintín, en Baja California, participarán en el proceso (Martínez F., en La Jornada, p.5, 17 mayo 2015).

"No nos opondremos a que se forme un nuevo gremio, porque hacerlo significaría estar en contra del sindicalismo; sería paradójico que defendamos los derechos de los trabajadores y por otro combatiéramos el nacimiento de un sindicato, precisó.

"González Guzmán no pudo precisar cuántos contratos tiene la central que encabeza en la región productora de San Quintín. Pueden ser 50 o 60 contratos. No lo sé, lo estamos checando, expresó.

"A su lado estaba un delegado de Baja California, quien le precisó el nombre completo del representante del gremio en San Quintín: Arnulfo Quintanilla Magallanes, quien no acudió a la convención, realizada en un hotel de Paseo de la Reforma.

"Se dijo que participa en la mesa de negociación, encabezada por los jornaleros y funcionarios de los gobiernos estatal y federal.

"En San Quintín ¿cuántos jornaleros hay? ¿30 mil, 50 mil? ¿Hay clínicas suficientes del Seguro Social para atenderlos? Es muy complicado. Por otra parte, veamos el factor sociológico: son personas que se desplazan de Chiapas, Oaxaca o Campeche hacia el norte con todo y familia.

"Entonces, agregó, los mismos empresarios de San Quintín están haciendo un tabulador de salarios para mantener la equidad (contención salarial) y que la gente no se vaya a trabajar a otro lado". Los charros no saben ni de qué hablan.

Decir que el gobierno tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de los derechos laborales es ocioso, no es su función ni lo hace. Esa vigilancia corresponde a los propios trabajadores debidamente organizados.

Que el gobierno debe “garantizar que los patrones cumplan" es un decir inútil, el gobierno y patrones están coludidos y son aliados.

Que "los acuerdos" impactarán "favorablemente" a los demás jornaleros requiere precisarse. La experiencia ha sido importante no así los resultados.

Que la lucha de los jornales "constituye un logro parcial" y lo bueno está por venir, que lograron visibilidad, exhibieron a patrones y gobierno, es más prudente si bien los logros son todavía inciertos, pocos y mínimos.

Pero lo que no se debe hacer, es echar las campanas a vuelo. No se puede hablar de "victoria de los jornaleros", cuando ni siquiera se ha obtenido "el salario mínimo garantizado por el Estado". Creer que el gobierno "va a cumplir" y "resolverles" a los jornaleros es un error político.


Ref.: 2015, elektron 15 (137) 1-4, 17 mayo 2015, FTE de México.

Jornaleros volvieron a los campos agrícolas. FOTO: E. Garrido /Reuters

¡Solidaridad con jornaleros agrícolas!