Luego de la represión a cargo de la policía estatal de Baja California, los jornaleros exigieron la renuncia del gobernador Francisco Vega (PAN). En respuesta, un juez local impuso una ridícula fianza de 7 millones 815 mil pesos a tres jornaleros detenidos. Enrique Miranda, subsecretario de gobernación se reportó enfermo, en su lugar asistió un policía. La reunión se realizó en Ensenada. Sin la presencia de los patrones, el enviado del gobierno federal y el gobernador estatal acordaron con los jornaleros algunos aspectos para poner fin al conflicto, unos obvios, varios por concretarse, otros vagos, unos más tramposos.

Luego que los jornaleros fueron reprimidos por la policía estatal de Baja California, cometiendo lo que, eufemísticamente, llaman "uso excesivo de la fuerza", con abusos flagrantes al allanar moradas, golpear a diestra y siniestra, detener arbitrariamente a personas en las casas y las calle y encarcelarlas, la primera reacción de los jornaleros agredidos fue pedir la renuncia de Francisco Vega (PAN), gobernador del estado.

"Los jornaleros agrícolas de San Quintín, en voz de los dirigentes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, exigieron la inmediata renuncia del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a quien responsabilizan del provocador e ilegal operativo contra familias de cuatro colonias de la delegación Vicente Guerrero, agredidas por elementos de la Policía Estatal Preventiva que irrumpieron en sus hogares entre las cinco y seis de la mañana del sábado pasado, con un saldo de 70 personas heridas de balas de goma, toletazos y golpizas brutales (Aragón O., Cruz J., Heras A./La Jornada Baja California, en La Jornada, p.13, 11 mayo 2015).

"Esta es la segunda ocasión que el gobernador responde con balas, granadas de gases lacrimógenos, toletazos y golpizas a nuestra legítima lucha por un salario justo y la defensa de nuestros derechos laborales, dijo Fidel Sánchez, tras informar que ya solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Senado para que promueva el proceso de destitución de Francisco Vega, como lo hizo en el caso del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre.

"La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Baja California negó el uso excesivo de la fuerza de agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), disparos con arma de fuego o acoso directo contra residentes de San Quintín y que sus agentes hayan ingresado a domicilios".

La contestación del gobierno estatal y de la PEP fueron las esperadas. Según dijeron, "la encomienda de la corporación es salvaguardar la integridad y patrimonio de los ciudadanos; cumplir la ley con total y estricto respeto a los derechos humanos, además de dar protección a las familias que solicitan la presencia de la autoridad para evitar disturbios que pongan en riesgo a la población".

Volvieron a repetir que "la instrucción a la PEP es garantizar la paz social y respetar cualquier manifestación pacífica, pero no se tolerarán actos que atenten contra la legalidad ni se permitirá que personas ajenas a la situación intenten desestabilizar el orden y pongan en riesgo a la ciudadanía".

Lo último es parte de la coartada oficial: culpar a "personas ajenas" (en general) que atenten contra la "legalidad". Eso son, precisamente, los provocadores al servicio de los patrones y charros sindicales, mismos que la misma policía protege. Pero eso le sirve de pretexto para acusar a "infiltrados", no identificados, en el movimiento.

¡Ah! la policía NO hizo nada en contra de los jornaleros, al contrario, fue "un favor" que debía agradecérseles. Es el cinismo típico de los tiranos.

Los jornaleros reanudaron el "diálogo" con el gobierno estatal para exigir la libertad de los detenidos. El gobierno local volvió a justificarse y negar todos los cargos imputados a la fuerza pública. Volvieron a repetir el infundio de Ruiz Esparza, ranchero al que le creyeron a ciegas para desatar la represión. A los provocadores los identificó como "líderes sociales" que "no representan a los jornaleros". Fue un desmentido periodístico, esos provocadores fueron los grupos de choque de los charros sindicales de la CTM y de la CROC.

En el mismo desmentido se habló de 23 mil jornaleros (estos dicen que son 80 mil) y, de esa cifra, el 95% "están laborando", los que serían 21 mil 830. El gobierno aseguró que 18 mil "son ajenos" a la Alianza de jornaleros y que, el contrato colectivo de trabajo "corresponda otras organizaciones".

El desmentido consiste en afirmar que la mayoría de los jornaleros regresó al trabajo, esto es, la huelga fue reventada hace días. Más aún, entraron en vigencia los CCT´s con los charros de la CTM, CROC y CROM, que ya fueron legalizados por la secretaria del trabajo (STPS) a nivel local.

Esas afirmaciones de parte del gobierno local DEMUESTRAN que siguen al pie de la letra el guión de la coartada y, para el gobierno (federal y local) el conflicto ya fue resuelto. Eso es lo esencial, lo demás es desgaste, según el gobierno solo la minoría, 1 mil 150 jornaleros siguen en huelga. Los números pueden ser diferentes, lo cierto es que la mayoría está laborando. Por ello, el cinismo de Vega y socios. También culpó a Miranda Nava y le echó la bolita.

"La Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal y la autoridad estatal acordaron varios puntos: retirar el bloqueo al acceso a las colonias en donde ocurrió el enfrentamiento; la instalación de una agencia del Ministerio Público del Fuero Común en el Centro de Salud de Vicente Guerrero, donde la alianza podrá llevar a los lesionados (Cruz J., en La Jornada, p.13, 11 mayo 2015).

"También pactaron la liberación de 11 personas detenidas el 9 de mayo, de las cuales tres menores salieron libres luego que la Comisión para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CDI) pagó la fianza que les fijó el juez especializado en menores infractores de la ciudad de Ensenada.

"El gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid y el secretario de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, aseguraron que no hubo allanamiento de morada por agentes de la policía estatal preventiva durante el operativo realizado en el valle de San Quintín, que derivó en una serie de manifestaciones y bloqueos a la carretera Transpeninsular, y señalaron que se actuó con apego a la legalidad (Heras A., en La Jornada, p.7, 12 mayo 2015).

"Vega de Lamadrid reiteró que la presencia policial en la zona fue por el llamado de un empresario agrícola que denunció la presencia de un grupo de personas que amagaban con incendiar su finca, denominada Rancho Seco

"Mencionó que el descontento de los campesinos empezó cuando el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava no cumplió su compromiso de reunirse con los jornaleros el viernes, en San Quintín

"Por su parte, Francisco Rueda Gómez, secretario de gobierno estatal, advirtió que el movimiento del pasado fin de semana es encabezado por líderes sociales que no representan a los jornaleros de San Quintín, pues, dijo, 95 por ciento de los 23 mil trabajadores están laborando en los campos.

"Aseguró que de esos 23 mil, 18 mil forman parte de organizaciones ajenas a la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, cuyo contrato colectivo corresponde a otras agrupaciones

"Rueda Gómez indicó que no se tolerará que agentes externos desestabilicen la paz social de la entidad, ya que se ha detectado la presencia de infiltrados de la sección 22 pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación".

La provocación montada contra los jornaleros fue instrumentada desde el mismo gobierno para que la realizaran los charros sindicales con el apoyo de la policía. Como en otras ocasiones, la fuerza pública procedió a detener arbitrariamente. Acto seguido, en unas cuantas horas, un juzgado determinó una fianza "imposible" por cada jornalero detenido para evitar la salida bajo fianza. El objetivo: replegar al movimiento Si a la represión le llaman "uso excesivo de la fuerza", a la justicia se le debe llamar "uso excesivo del poder contra el pueblo". Lo que resolvió el juez es RIDICULO:

"El juzgado primero de lo penal en el estado, con sede en San Quintín, fijó una fianza de 7 millones 815 mil pesos a cada uno de los tres jornaleros acusados de delitos de lesiones dolosas y daños en propiedad ajena por su presunta participación en los disturbios ocurridos en la colonia triqui de esta región del sur de Ensenada. A un cuarto implicado se le determinó una fianza de 542 mil pesos (Heras A., en La Jornada, p.12, 13 mayo 2015).

"Los detenidos –cuya fianza total es de 24 millones de pesos– se encuentran en el penal de Ensenada y enfrentan cargos por daño a patrullas, a una tanqueta blindada y por lesionar a dos agentes de la policía estatal preventiva la mañana del sábado pasado, durante un operativo policiaco en esta comunidad.

"El gobernador Francisco Vega rechazó que los policías hayan ingresado a los domicilios de esa colonia, e instó a que presenten denuncias quienes tengan pruebas, mientras que el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda, insistió en que no tolerarán que personas externas al conflicto, a quienes no identificó, desestabilicen la paz social".

"En San Diego, California, el Frente Indígena de Organizaciones Binacional (FIOB) protestó frente al consulado de México para acusar a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Francisco Vega de desatender las demandas de los jornaleros del valle de San Quintín y después responder con represión.

"José González, dirigente local del FIOB, advirtió que en caso de que la mesa de diálogo, a reanudarse en San Quintín, represente una treta para desesperar a los jornaleros, ellos promoverán un boicot contra empresas que importan productos agrícolas de ese poblado".

Como en la ocasión anterior, el subsecretario de gobernación faltó nuevamente a la cita, esta vez, se reportó enfermo. En principio, los jornaleros se negaron a reunirse con Garay pero, luego lo hicieron creyendo el chantaje infantil de un diputado del PRD. Pronto se estancaron las pláticas cuando los jornaleros demandaron la libertad de los detenidos.

"Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), no acudió de nuevo a la mesa de negociación para resolver las demandas de miles de jornaleros agrícolas de San Quintín (Aragón O. L., Cruz J., en La Jornada, p.3, 14 mayo 2015).

"Desde la noche anterior, el subsecretario Miranda solicitó a los dirigentes Fidel Sánchez, Justino Herrera, Bonifacio Martínez, Fermín Espinoza y Juan Hernández que se trasladaran a Ensenada, 200 kilómetros al norte de Vicente Guerrero, para reiniciar el diálogo con funcionarios encabezados por David Garay, jefe de la Unidad del Ministerio Público Federal.

"Los aliancistas no accedieron a la petición del funcionario hasta las 10:30 horas, cuando el senador perredista por Morelos, Fidel de Medicis les hizo ver que si no asistían a la reunión en Ensenada permitirían a los sindicatos oficialistas (CTM, CROM y CROC) firmar la minuta de acuerdos que se tomaran sin su presencia. El cambio de sede retrasó la negociación.

"La comitiva partió de San Juan Copala a las 11:45 de la mañana y llegó a Ensenada a las 15:15 horas. Treinta minutos después comenzó la mesa de diálogo en las instalaciones de la Administradora Portuaria Integral de Ensenada. Las pláticas fueron a puerta cerrada.

"A las 18:30 horas, sin embargo, las negociaciones se estancaron debido a la demanda del movimiento social de liberar a cuatro jornaleros acusados por el gobierno del estado de ‘‘daños a propiedad pública y privada’’, durante la incursión policíaca del pasado 9 de mayo, por lo que la juez penal de San Quintín, Martha Flores Trejo, les fijó el martes fianzas de 7.5 millones de pesos en promedio a cada uno. Entonces se acordó un receso, porque los jornaleros no cedieron en ese primer punto".

Entre tanto, reapareció nuevamente la AFL-CIO, central sindical del imperialismo yanki, vinculada directa, política y financieramente a la CIA norteamericana. Junto con su socia local (la UNT) anunció que impulsaría un sindicato de jornaleros en San Quintín. Se trata del oportunismo con hipocresía a alta escala. La AFL-CIO es la responsable de haber destruido al sindicalismo mexicano desde hace más de 100 años, junto con la actual Confederación Sindical Internacional (CSI; antes CIOSL). A esta confederación están afiliadas las otras socias de la AFL-CIO en México: la CTM y la CROC, responsables de los contratos de protección semiesclavos y de la represión violenta contra los jornaleros de San Quintín. Con motivo del movimiento, la AFL-CIO y socios se han descubierto para seguir oprimiendo a los trabajadores mexicanos. Hernández Juárez, como Agustín Rodríguez (también Martín Esparza) son muy amigos de Lorraine Cleaver, funcionaria sindical al servicio del imperio.

"Diversas centrales obreras, de derechos humanos y campesinas impulsan un proyecto de sindicalización de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, y de otros estados de la frontera, en una organización que incluya a trabajadores del campo de México y Estados Unidos e incluso a migrantes (Muñoz P., en La Jornada, p.3, 14 mayo 2015).

"Representantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y de la Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) convinieron ayer que, junto con organizaciones como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), van a plantear el proyecto de crear un sindicato de jornaleros de la franja fronteriza norte del país.

"En este encuentro, en que estuvieron presentes los dirigentes de la presidencia colegiada de la UNT, Agustín Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, y Francisco Hernández Juárez, dirigente del Sindicato de Telefonistas, así como Lorraine Cleaver, de la AFL-CIO, se acordó además que se reunirán recursos para apoyar el pago de las fianzas de los jornaleros de San Quintín encarcelados".

Muy diferente fue la acción que realizaron los triquis en Oaxaca. Aún cuando el movimiento No es indígena sino obrero-patronal, la solidaridad se manifestó con coherencia política.

"Afiliados al Movimiento Unificador de Lucha Triqui se manifestaron frente al consulado de Estados Unidos en apoyo a los jornaleros oaxaqueños que trabajan en el valle de San Quintín, Baja California, informó Sergio Cruz, dirigente de la organización (Pérez J.A., en La Jornada, p.3, 15 mayo 2015).

"Los indígenas marcharon por el andador turístico hasta el templo de Santo Domingo de Guzmán, donde tiene su sede la legación diplomática, que se encontraba cerrada. Fuera del inmueble, los manifestantes colocaron cartulinas con consignas que exigen la liberación de los cuatro indígenas detenidos en San Quintín".

Mientras, se habían reanudado las conversaciones en Ensenada, B.C., las cuales todavía duraron varias horas. En la madrugada del 15 de mayo, se llegó a ciertos acuerdos que fueron publicitados por el gobierno como el fin del conflicto.

"Después de 14 horas continuas de negociaciones con autoridades federales y estatales, los jornaleros de San Quintín lograron a las 5:30 horas de este jueves una respuesta satisfactoria a su pliego petitorio de 13 puntos, que incluye el compromiso de gestionar un salario base de 200 pesos diarios y otorgar el registro como sindicato nacional a la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (Aragón O. A., en La Jornada, p.3, 15 mayo 2015).

"En la mesa de diálogo, presidida por David Garay, titular de la Unidad de Gobierno, de la Secretaría de Gobernación (SG), se firmó la minuta de acuerdos entre los cuales destaca el compromiso de las autoridades federales y el gobernador Francisco Vega de Lamadrid de que a más tardar el 4 de junio la parte patronal presente una propuesta ‘‘lo más cercana posible” a los 200 pesos diarios que exigen los jornaleros y que el gobierno federal cubra la diferencia.

"Los jornaleros consideraron que de esa forma se cumple la demanda central de su movimiento de fijar un sueldo base de 200 pesos diarios, homologado a todos los trabajadores del campo y retroactivo al 24 de mayo.

"Rafael Avante, subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se comprometió a otorgar, conforme a los requisitos legales, el registro como sindicato nacional a la alianza. La autoridad respetará lo que cada trabajador decida y a qué sindicato quiere afiliarse.

"También se aprobó la creación del fideicomiso para el desarrollo de la zona, en un plazo no mayor de 60 días, con recursos de los gobiernos federal y del estado y la parte patronal.

"Al inicio, la mesa se estancó casi dos horas, pues Fidel Sánchez, Justino Herrera, Bonifacio Martínez, Lucila Hernández, Fermín Salazar y Juan Hernández exigieron la liberación inmediata de 18 jornaleros presos, 14 de ellos encarcelados desde el 17 de marzo.

"Demandaron también la libertad de los cuatro trabajadores detenidos el sábado 9 de mayo, a quienes la juez Martha Flores fijó una fianza total de casi 24 millones de pesos. ‘‘Para un jornalero, el monto de esa fianza equivale a 150 años de trabajo’’, dijo Fidel Sánchez. Recordó que en varios casos de presuntos delincuentes, incluido el hijo de un ex gobernador acusado de nexos con el crimen organizado, los jueces fijaron fianzas de menos de 7 mil pesos.

"Las negociaciones se atoraron de nuevo justo en la demanda central: el salario base de 200 pesos diarios y 20 por caja de fresa y mora, ante la respuesta del representante del Consejo Agrícola de Baja California, Alberto Muñoz, de que la parte patronal no modificaría su propuesta de 15 por ciento de aumento salarial, con sueldos diferenciados entre los ranchos agrícolas.

"El gobernador Francisco Vega de la Madrid solicitó otro receso. Dijo que se comunicaría con los empresarios agrícolas de San Quintín para continuar la negociación. Tras una nueva encerrona, que ahora fue de toda la noche hasta el amanecer, se logró el acuerdo de ‘‘gestionar’’ que se acerquen a los 200 pesos diarios y que ‘‘el gobierno federal podrá cubrir la diferencia’’.

"Posteriormente, a puerta cerrada, senadores, gobierno y líderes jornaleros aprobaron 12 de los 13 acuerdos, entre ellos promover la libertad de los detenidos, privilegiando un ambiente de pacificación y orden público. Los cuatro detenidos el 9 de mayo serían liberados en las próximas horas y los 14 restantes, quienes permanecen en prisión desde el 17 marzo, saldrían posteriormente.

"Otros acuerdos son: iniciar la inmediata afiliación y credencialización de todos los jornaleros al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin costo para los trabajadores; por ningún motivo las empresas podrán retener los salarios y se pagarán en los centros laborales; se transparentarán los conceptos que integran el salario; programa de mejoramiento de vivienda, seguridad y condiciones de higiene en que viven los jornaleros.

"También, garantizar los derechos laborales con la aplicación estricta de la Ley Federal del Trabajo y el respeto a los derechos humanos, especialmente de las mujeres y sus familias, por lo que habrá inspecciones permanentes en los centros de trabajo. Las empresas deberán cubrir los requisitos necesarios para certificarse como libres de trabajo infantil. También se revisarán los programas sociales para que los trabajadores no pierdan su carácter de beneficiarios cuando cambian de empleo de un campo agrícola a otro. Con esto último y una coperacha para la gasolina, los jornaleros dieron fin a una noche de desvelo".

Vistos en primera lectura, pareciera que hubo un triunfo de los jornaleros. Comparadas con las condiciones laborales semi esclavas a que han estado sujetos siempre, algunas mejoras dan la apariencia de un avance.

La demanda central del movimiento es el salario de 200 pesos diarios, mismo que quedó en el aire. Algunos otros aspectos son de trámite por así estar indicados en la ley laboral vigente, otros quedaron vagos. Destaca el "reconocimiento" a la Alianza como sindicato. Pero, de contratación colectiva de trabajo NADA y titularidad de la misma TAMPOCO, eso ya está en manos de los charros sindicales.

Los "acuerdos" tomados son de índole política. Esos "acuerdos" NO están firmados por una de las partes, los patrones, pues no asistieron a las negociaciones, estuvieron representados por su abogado en calidad de "oreja" y sin facultades. Eso debilita a tales "acuerdos" pues, los patrones son los que han incumplido sus obligaciones y no se comprometieron a nada.

A continuación algunas apreciaciones sobre el alcance de los "acuerdos".

1. Afiliación al IMSS

Se iniciará de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de todos los trabajadores al IMSS. Este proceso no implicará ningún costo para los trabajadores.


La afiliación al IMSS es un derecho contenido en la legislación laboral, que debió cumplirse hace muchos años y ahora se hará. La credencialización es un adorno demagógico y, que los trámites se harán sin costo para los trabajadores, es una burla. Esos trámites son gratuitos.

En primer lugar, para los trabajadores la afiliación al IMSS es un derecho pero, la obligación de afiliarlos es de los patrones. Estos son los que han incumplido, violando la ley. ¿Ahora lo harán? Si lo hacen, a ellos corresponderá dar de alta a los jornaleros y pagar las correspondientes cuotas.

2. Pago de salarios

No se retendrán los salarios ni se condicionará el pago a los trabajadores por ningún motivo o circunstancia. Los pagos se harán puntualmente en los lugares del trabajo.


La retención de salarios es ilegal lo mismo el pago fuera de los centros de trabajo, pagos en especie o deducciones no permitidas. Otra vez, ante tantos abusos, que se cumpla lo anterior es un avance. Cumplir al gobierno y patrones no les cuesta nada, no hacerlo es seguir violando la ley.

3. Vivienda

Se identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda, alimentación y condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores.


Esta es una promesa vaga. El derecho a la vivienda no se define, siendo una obligación patronal. Ni siquiera se menciona la afiliación al INFONAVIT, en cuyo caso, corresponde a los patrones acreditar a los jornaleros y pagar las correspondientes cuotas.

4. Derechos laborales

Se garantizará el respeto a sus derechos laborales, contenidos en la Ley Federal del Trabajo, y a los derechos humanos particularmente de las mujeres trabajadoras y sus familias. Para esto se harán inspecciones a los centros de trabajo.


La redacción de este acuerdo es vaga y de obvia resolución. ¿A qué derechos se refieren? ¿Por qué, entonces, no se menciona el derecho a la vivienda y otros derechos? Sobre el respeto a los derechos humanos de las mujeres y sus familias, si no están contenidos como derechos sociales específicos No se pueden ejercer.

5. Trabajo infantil

Las empresas deberán cumplir con los requisitos para certificar que están libres de trabajo infantil.


Esta es otra obligación actual que los patrones incumplen. Que ahora se cumpla será un avance. ¿Lo harán?

6. Fideicomiso

Se creará un fideicomiso de inversión con aportaciones de los gobiernos federal, estatal y las empresas para el desarrollo de la zona, formalizado en un plazo no mayor a 60 días.


Se trata de una promesa, el fideicomiso no está definido ni en objetivos ni en monto de inversión. Las inversiones (regalo) pueden ser en favor de los patrones, a quienes jamás les importa el desarrollo social.

6. Programas sociales

Se revisarán los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su carácter de beneficiarios por su desplazamiento a los campos agrícolas.


Esta una obligación del Estado, por ejemplo, tratándose del IMSS e INFONAVIT. ¿A qué otros beneficios se refieren? ¿Acaso al derecho de antigüedad laboral? No, evidentemente, los patrones ni eso aceptarían, por lo pronto estuvieron ausentes.

8. Registro sindical a la Alianza

Se otorgará el registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la Justicia Social.


Esto no había sido solicitado pero el gobierno dijo que accedía. Hasta ahora, la Alianza es una organización política que el gobierno quiere convertir en organización sindical. NO será algo inmediato, el gobierno pedirá cumplir con los requisitos legales, acompañados de muchas trabas.

En primer lugar, los jornaleros deberán constituirse en sindicato, lo que No han querido hacer, perdiendo importantes oportunidades. Constituirse en sindicato significa acordarlo en asamblea, afiliarse por escrito, presentar un Padrón de Trabajadores activos al servicio del patrón, el que deberá a acreditarlos, con su firma y sello, como trabajadores a su servicio.

Otorgar el registro como sindicato a la Alianza es apenas una promesa. Después de constituidos sindicalmente, lo que debe otorgarse son DOS (2) Tomas de Nota, una, la del registro del sindicato y, otra, la del comité ejecutivo del mismo, integrado por jornaleros activos. Aún no hay nada al respecto.

Después, vendría la disputa por la titularidad de cada CCT, cuestión que generalmente la STPS lleva a un recuento. En cada caso, se protegerá a os charros. Esa lacra, cuya demanda de extirpación concitó una amplia simpatía, quedó intacta, más aún fortalecida.

El reto es fuerte, sin contratación colectiva ningún sindicato sirve de nada. Para asegurar que habrá esa contratación colectiva se necesitará acreditar mayoría de trabajadores en cada rancho. Es previsible una fuerte oposición de patrones y charros sindicales.

9. Libertad y autonomía sindical

Se garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindicales de los trabajadores de la zona.


Este acuerdo es tramposo y está dirigido, precisamente, a los charros sindicales. Quiere decir que se les respetará, aún siendo falsos (porque los jornaleros ni siquiera saben a qué sindicatos pertenecen ni se han afiliado), lo mismo que a los contratos de protección ya protocolizados.

Con los argumentos de "libertad sindical" y "autonomía sindical", el Estado, gobiernos, charros y patrones seguirán apoyando a la corrupción, opresión y semiesclavitud vigentes. Firmar por los jornaleros este acuerdo, general, vago y tramposo, es un error grave.

10. Problemas de San Quintín

El gobernador de Baja California se reunirá con voceros de la Alianza antes de que concluya el mes para tratar los problemas de San Quintín.


La propuesta es vaga e inútil, no pasa de una simple promesa que el gobernador no cumplirá. Si lo hace no tiene porqué firmarse nada, es su obligación.

11. Detenidos

Sobre los jornaleros detenidos, las autoridades federales y locales procurarán mecanismos para que en su caso obtengan su libertad.


Se trata de un acuerdo que obliga al gobierno solo a "procurar" los mecanismos para que los detenidos obtengan su libertad. Evidentemente, el gobierno puede dar instrucciones y lo hará a conveniencia. Las ridículas y absurdas fianzas son impagables, lo sabe bien. Tampoco puede sostener las acusaciones e irá liberando a los detenidos discreción para mantener la tensión y el repliegue.

12. Respeto a la ley

Las partes que suscriben estos acuerdos se comprometen a conducir sus acciones en un ambiente de respeto a ley y a los derechos de terceros, absteniéndose de cualquier tipo de represalia.


La primera parte es ornato, la segunda es correcta pero la represalia podría venir de los patrones y charros sindicales, mismos que estuvieron ausentes y al margen de estos acuerdos. Debió precisarse que no hubiera represalia laboral.

13. Salarios

El tema del salario base será pactado en la siguiente sesión, a realizarse el próximo 4 de junio en San Quintín. Los gobiernos estatal federal, así como los senadores, harán las gestiones necesarias para procurar que la propuesta sea lo más cercana a la de la alianza, que es de 200 pesos, y que sea retroactivo al mes de mayo. El gobierno federal podrá otorgar la diferencia entre ambas propuestas salariales.

El acuerdo es incierto y vago. Otra vez, el gobierno se compromete solo a "hacer las gestiones para procurar" que los salarios se aumente a cerca de 200 pesos diarios y que haya retroactividad. Eso, ¿ya lo pactaron con los patrones? Estos, reiteramos, estuvieron ausentes y no firmaron nada. ¿Puede el gobierno obligarlos? En la segunda parte, se indica que "el gobierno federal podrá otorgar la diferencia". ¿Lo hará o es solo demagogia? Si los patrones se negasen, la diferencia respecto del aumento actual del 15%, sería aproximadamente de 85 pesos diarios por jornalero. Esto equivale, considerando los 80 mil que dicen ser los jornaleros, 6.8 millones de pesos diarios, 47.6 millones a la semana, 190.4 millones al mes. Si el gobierno va a pagar esa diferencia a los patrones, tal vez estos aceptaran pero, ¿si no, qué?

En suma, los acuerdos tomados son de carácter político no obligatorios, los derechos contenidos en la ley son obvios pero, los demás, tienen el agravante de que fueron tomados sin que los patrones se comprometieran a nada.

Entonces, no se puede hablar todavía de ningún triunfo, hay avances relativos, acuerdos "inciertos", en algunos aspectos favorables, que para concretarse dependerán de las iniciativas políticas de los propios jornaleros. La demanda salarial no se ha satisfecho, la libre sindicalización tampoco y la contratación colectiva, menos.

Lo primero que hay que hacer es valorar la experiencia. Creer en el gobierno y dejarle la iniciativa política es un error. Como fieles sucesores de Huerta y Carranza, los actuales gobernantes son corruptos y traicioneros.

Los jornaleros debían constituirse en sindicato YA, con su organización política aparte, y se debe rescatar lo que se pueda. Hay que lograr, por lo pronto, al menos un CCT.

Las negociaciones con el gobierno son engañosas y a nivel policíaco. La contratación colectiva y representación sindical han quedado en poder de los charros, lo que es una desgracia. El movimiento requiere de mucha conciencia, solidaridad y política de clase.


Ref.: 2015, elektron 15 (135) 1-8, 15 mayo 2015, FTE de México.

45Jornaleros de San Quintín en espera de los acuerdos. FOTO: R. Amorcida