Lo dicen los propios diputados federales, de todos los partidos, lo cual, ya es mucho decir. Militares están involucrados en las ejecuciones que ocurrieron en Tlatlaya, donde 22 civiles fueron asesinados en infame masacre. Se desecha la versión de un enfrentamiento. Hubo alteración de vestigios en el lugar de los hechos, torturas, intimidaciones y deficiencias en las pruebas. La Sedena, PGR y gobierno del Edomex entregaron información insuficiente. Los involucrados se inculpan mutuamente. El abominable tema atrae la atención de una comisión de la Unión Europea presente en el país.

El caso es una masacre, tan lo es que, los mismos diputados federales de todos los partidos políticos, confirman las denuncias y presunciones previas, y hacen afirmaciones muy serias. Las conclusiones del informe de la comisión nombrada para atender el caso son muy raras, habida cuenta que los diputados forman parte del aparato estatal, son traidores a la nación, vendidos a las transnacionales y disfuncionales, por decir menos.

Pero los hechos han sido de un escándalo mayúsculo e impune que no es posible ocultarlos más. Que lo digan los diputados y partidos no es definitivo pero sirve para poner en evidencia al propio Estado y gobierno en turno. Lo que han hecho es reprobable sin ninguna duda. Peña Nieto, la Sedena y PGR tienen responsabilidad ineludible, se han ganado el repudio social.

“En la muerte de 22 civiles en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, estado de México, ‘‘se está en presencia de un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) involucrados, hecho que tuvo por consecuencia que cuando menos 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales’’, concluyó el grupo de trabajo de la Cámara de Diputados que investigó el caso (Garduño R., Méndez E., en La Jornada, p.3, 17 abril 2015).

“El 30 de junio de 2014, en Tlatlaya, consideró la instancia legislativa, se violaron los derechos a la vida en agravio de 15 personas; a la verdad y a la debida procuración de justicia en agravio de 25 personas y de un número indeterminado de víctimas indirectas, y a la integridad, en agravio de tres.

“En su informe final, que fue turnado a la mesa directiva para que se conozca en la sesión ordinaria del martes (21 de abril), la comisión planteó que ‘‘es necesario e ingente que todas las autoridades desechen las versiones iniciales de que los 22 integrantes del crimen organizado murieron en un enfrentamiento’’ y se ordene un regreso paulatino a sus cuarteles de militares encargados de tareas de seguridad pública.

“Los diputados Elena Tapia Fonllem (PRD), presidenta del grupo; Loretta Ortiz Ahlf (PT), Ricardo Fidel Pacheco (PRI), Víctor Sánchez Guerrero (PAN) y René Fujiwara (Panal) aprobaron por unanimidad el documento de 46 cuartillas: .

Los hechos fueron muy graves y, ahora, los partidos políticos debieran proceder en consecuencia. Ellos mismos indican en su informe que existe responsabilidad de la Sedena y de la PGR. ¿Qué harán? ¿Acaso torcer sus propias conclusiones? Pueden hacerlo y no sería la primera vez. Tan grave es el caso que ni siquiera los diputados del PRI, PAN y Panal pudieron hacerse a un lado. ¿Asumirán su propia responsabilidad?

Los diputados no prejuzgan a nadie ni tienen facultades para hacerlo, se limitan a señalar sus apreciaciones que turnan a diversas instancias federales. No obstante, lo que dicen es suficiente para desechar las versiones anteriores, reiniciar las investigaciones, llamar a los implicados y sancionarlos. Ni el ejército federal ni la PRG deben seguir siendo solapados por el gobierno, pues, su responsabilidad es manifiesta.

“El grupo pidió que el texto con 39 conclusiones se turne a los titulares del Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Senado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como a la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Los legisladores expusieron que diversas razones impiden determinar con precisión las circunstancias de la muerte de 22 personas en Tlatlaya.

“Enumeraron: ‘‘Alteración de vestigios y del lugar de los delitos, presuntamente por parte de elementos de la Sedena; la tortura e intimidaciones en agravio de las víctimas sobrevivientes, presuntamente por funcionarios del gobierno del estado de México, y las deficiencias en la recolección de las pruebas, preservación de la escena, cadena de custodia, análisis pericial y otras actuaciones en las cuales presuntamente incurrieron servidores públicos’’ mexiquenses.

Los diputados de la comisión en cuestión parecen desconocidos, lo menos que recibirán será una regañiza de sus superiores, especialmente, el PAN y el PRI.

“Los diputados cuestionaron que la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR) otorgaron información insuficiente, desde la cadena de mando de los militares que participaron hasta el motivo de la Procuraduría General de Justicia del estado de México para llegar seis horas después de los hechos a San Pedro Limón.

Plantearon como imprescindible que la Defensa Nacional ‘‘esclarezca las fallas en la actuación de sus elementos relativas al respeto, protección y garantía de los derechos humanos; al control estricto de sus actos por parte de superiores; al cumplimiento de protocolos sobre la interacción con civiles, incluyendo el registro en video y audio de sus acciones’’.

“Asimismo, al ‘‘cumplimiento a las obligaciones sobre el resguardo de elementos, de la escena de los hechos y de los cuerpos, y a la definición clara de una jerarquía de mando interna y en relación con las autoridades civiles, durante los acontecimientos en Tlatlaya’’.

“También, que aclare ‘‘las responsabilidades penal, administrativa y de la disciplina militar de los elementos que integraron la cadena de mando, más allá de los soldados y el oficial bajo proceso, que estuvieron o no presentes en Tlatlaya, pero que tenían la responsabilidad de supervisar’’ a sus subordinados.

“El grupo de trabajo consideró necesario que el gobierno del estado de México aclare las razones por las cuales la procuraduría estatal no investigó la alteración de elementos y de la escena de los hechos, así como el desplazamiento de los cadáveres fuera de su posición original, ni estudió la posibilidad de actos de homicidio en agravio de civiles mientras el caso aún era de su competencia.

“Y finalmente definió ‘‘de suma importancia que la PGR informe públicamente los avances de las investigaciones de los militares bajo custodia y diga si inició investigaciones penales por el daño a derechos humanos derivado de la dilación de 11 semanas para comenzar la averiguación previa por el asesinato de 22 personas’’.

Las afirmaciones diputadiles hasta ahora son solo declarativas. Pero el gobierno debiera proceder para enjuiciar a los señalados. ¿Lo hará o culparán a otros para seguir con la simulación?

“El secretario de Gobierno del estado de México, José Manzur, y el procurador de Justicia de dicha entidad, Jaime Gómez Sánchez, descartaron haber incurrido en dilación sobre la investigación de las 22 personas asesinadas en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya (Méndez E., Garduño R., en La Jornada, p.4, 17 abril 2015).

“Manzur refirió que el día de los sucesos recibió una llamada del comandante de la 22 zona militar y de inmediato se comunicó con el gobernador Eruviel Ávila y posteriormente con el procurador, con objeto de informarles de la situación. Cuando devolvió la llamada al jefe militar éste le sugirió no asistir en esos momentos porque no había condiciones de seguridad en la región, pues aún ‘‘estaba oscuro’’ y podía haber más grupos criminales en el camino”.

Si lo dicho por los funcionarios del Edomex es cierto, las afirmaciones militares resultarían ridículas. Ahora resulta que no acudieron, como debían, al lugar de los hechos porque “estaba oscuro” y podría haber maleantes en el camino. ¿Que querían, que todo estuviera alfombrado, de ser posible con florecitas, e iluminado para que le hicieran el favor a la población? Y, ¿después qué? ¿Por qué asesinaron al menos a 12 personas como dicen los diputados? ¿Estaba tan oscuro que tampoco los vieron?

“Luego de la comparecencia de funcionarios del Edomex ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, sobre el caso Tlatlaya, la Sedena emitió una nota informativa relacionada con ‘‘la versión publicada en algunos medios’’, en la que rechazó que el secretario de Gobierno mexiquense, José Sergio Manzur, haya dicho que ‘‘mandos de la Sedena retrasaron el arribo de autoridades a Tlatlaya’’ (La Jornada, p.4, 17 abril 2015).

“La dependencia aseguró que el procurador del estado de México, Jaime Gómez Sánchez, refirió a los diputados que en el caso Tlatlaya, el primer reporte del Ejército fue a las 6 de la mañana (del día de los hechos) y que ‘‘las recomendaciones fueron no avanzar ante el riesgo de encontrar individuos de la delincuencia organizada, por lo que, dada la magnitud del hecho, se desplegó personal de Toluca y de Valle de Bravo, y llegaron al lugar a las 12 horas".

Se trata de simples declaraciones pero no aportan pruebas de su presunta responsabilidad o irresponsabilidad.

“Temas como Tlatlaya y Ayotzinapa fueron parte del amplio diálogo privado que sostuvieron el gobierno mexicano y una delegación de la Unión Europea (UE), encabezada por el representante especial para Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, durante la quinta edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en esta materia” (Pérez C., en La Jornada, p.5, 17 abril 2015).

¿Qué va a decir el gobierno federal? ¿Nuevamente descalificará a los demás, como lo hizo con el Papa Francisco y el relator especial sobre tortura de la ONU?

¿Seguirá diciendo Peña Nieto que alguien quiere desestabilizar a su gobierno, por oponerse a los “avances” que ha tenido?

Que Peña diga lo que quiera, ni sus propios amos (los empresarios), a los que sirve, le creen. Ellos mismos lo dicen con sus propias encuestas, la credibilidad del tirano está por los suelos.


Ref.: 2015, elektron 15 (108) 1-3, 18 abril 2015, FTE de México.

Masacre de Tlatlaya. No hubo enfrentamiento sino ejecuciones.
FOTO: mx-news.com

Protesta popular contra Peña. FOTO: adninformativo.mx