Charros, gobierno y patrón quiebran a la huelga de jornaleros agrícolas en el valle de San Quintín, B. C. Los patrones firman contratos de protección con los “enganchadores” de la CTM, CROC y CROM. Las autoridades laborales del estado le dan entrada al crimen. El 70 por ciento de jornaleros regresan a trabajar. La esclavitud laboral queda así legalizada. Otros permanecen en paro e insisten en pedirle al gobierno que “les resuelva”. Es un craso error, el gobierno es verdugo de los jornaleros.

Las condiciones de explotación a que son sometidos los jornaleros agrícolas han sido estudiadas por investigadores locales.

Everardo Garduño, miembro del Instituto de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y autor del libro Mixtecos en Baja California: el caso de San Quintín, señaló que las comunidades indígenas migrantes que han logrado establecerse en la región tienen los mismos derechos de demandar mejores condiciones de vida que cualquier otro ciudadano de la entidad, pero la actitud del gobierno ha sido de soberbia, porque no encara el problema, no le interesa la solución y tampoco le da el peso que debería tener (Heras A., en La Jornada, p.5, 4 abril 2015).

El académico de la UABC Heriberto García García, quien fue procurador de los derechos humanos en Baja California, señaló que existe la creencia de que los trabajadores del campo en San Quintín son migrantes, pero advirtió que la mayoría son radicados en la entidad, y ya existe una tercera generación.

Comentó que los rancheros y agroindustriales dan de alta a los jornaleros para que obtengan un número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero al mes los dan de baja, lo que representa una grave omisión de la dependencia y de la supervisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En el valle de San Quintín muchos trabajadores son migrantes que viven en campamentos, pero ya hay una segunda generación nacida en la región, porque uno de cada dos de sus habitantes es originario del sur de Ensenada, Baja California, dio a conocer Laura Velasco, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) (Heras A., en La Jornada, p.16, 10 abril 2015).

Lo que ocurre en San Quintín no es privativo de este lugar, lo mismo ocurre del otro lado, en los Estados Unidos.

Las condiciones de explotación, abuso, negación de los derechos laborales básicos y virtual reducción de los trabajadores a situaciones de esclavitud tienen lugar también al norte del río Bravo y las víctimas suelen ser las mismas que en las plantaciones de Baja California: agricultores expulsados de sus tierras por la política económica devastadora impuesta en el país desde hace tres lustros, a quienes no se han dejado más horizontes que la marginación informal urbana, la delincuencia o la migración, sea al país vecino o, en el territorio nacional, a los centros maquiladores y a las plantaciones propiedad de grandes agroindustrias, como las que operan en San Quintín (en La Jornada, 5 abril 2015).

Con toda razón, la solidaridad se ha manifestado, excepcionalmente, con organizaciones binacionales.

El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) mantendrá las protestas y presiones contra las autoridades mexicanas para que pongan atención a las demandas de los jornaleros de San Quintín, Baja California, advirtió Gaspar Rivera, asesor general de la agrupación con sede en California, Estados Unidos (Heras A., en La Jornada, p.7, 5 abril 2015).

El FIOB realizó el bloqueo de dos almacenes de la empresa Driscoll’s en California, en solidaridad con los jornaleros del valle de San Quintín. En el bloqueo para impedir el ingreso de camiones de carga a las bodegas de Driscoll’s participaron, entre otras organizaciones, el FIOB, la Unión del Barrio y el Proyecto Organizativo de la Comunidad Indígena/Mixteco.

Driscoll’s es una compañía considerada en Estados Unidos de las que más importan frutas cultivadas en el valle de San Quintín, pues sus filiales Mora-Mex y BerryMex, ubicadas en la colonia Vicente Guerrero, producen hortalizas, fresas, frambuesas, moras y arándanos.

Datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California señalan que la entidad se ubica en el primer lugar de producción de fresa en México, donde participan 26 agroindustrias instaladas en San Quintín, y que 70 por ciento de esa fruta se destina al mercado internacional vía Estados Unidos.

“Driscoll’s es la responsable de los bajos salarios en San Quintín, pues la compañía invierte mucho en la alteración genética de la fruta y ellos deciden cuánto pagan de salarios”, comentó Rivera.

Comentó que la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) firmó un contrato de seguridad para los agroindustriales de San Quintín, entre ellos la empresa Driscoll’s, donde aceptaba un incremento salarial de 15 por ciento, a espaldas de 80 mil trabajadores y de la alianza, que representó a los jornaleros en las negociaciones.

El 31 de marzo, la Junta de Conciliación y Arbitraje de Ensenada informó que los contratos también fueron firmados por la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), por lo que con el depósito de los nuevos tabuladores queda asentado y concretado el aumento de 15 por ciento.

Este porcentaje de incremento salarial propuesto por los patrones provocó la ruptura del diálogo en San Quintín, ya que los jornaleros disminuyeron de 300 a 200 pesos el pago por jornada, con el propósito de llegar a un acuerdo. Otra demanda es el reconocimiento de la libre asociación y la revocación de contratos colectivos con los sindicatos que no representan a los trabajadores, quienes no conocen a sus dirigentes.

Sin embargo, la autoridad laboral mantuvo su reconocimiento al Sindicato de Obreros, Campesinos, Cargadores, Operadores de Maquinaria en General, Similares y Conexos del Valle de San Quintín y el Sindicato Nacional de Trabajadores Obreros de Industria y Asalariados del Campo Similares y Conexos, de la CTM.

Entre las empresas que reconocieron el incremento están BerryMex y Moramex –subsidiarias de Driscoll’s–, San José Baja Ranch, Rancho Agrícola Santa Mónica, SM Berry Land, Fortino Heredia Villegas, Empaque Dos Amigos, la Unión Agrícola Regional de Productores de Legumbres de la Costa de Baja California y la Productora Agrícola Industrial del Noroeste.

Gaspar Rivera denunció que Driscoll’s miente en su página de Internet, y que hay muchos asuntos pendientes por revisar, porque la empresa asegura que paga a los jornaleros de San Quintín entre cinco y 10 dólares por hora, pero en realidad paga 10 dólares por día entero de trabajo.

Este sábado 4 de abril, en su portal, BerryMex dio a conocer las oportunidades integrales de empleo para la cosecha y que ofrece ingresos promedio de entre 5 a 9 dólares por hora, que pueden llegar hasta 10 dólares para los trabajadores de alto rendimiento, lo cual da lugar a unos ingresos promedio semanales que pueden ir desde 240 hasta 480 dólares. Es una vil mentira, precisó el asesor general del FIOB.

La situación en San Quintín tampoco es la única en México.

La explotación de jornaleros del Valle de San Quintín es sólo una muestra de los abusos y prácticas de semi esclavitud rural que ocurren en 18 estados del país, ya que 90 por ciento de los jornaleros agrícolas no cuentan con contrato de trabajo, son informales, y 60 por ciento de los más de 2 millones de ese tipo de trabajadores son indígenas provenientes de las entidades con mayor pobreza del país, como Guerrero y Oaxaca (Muñoz P., en La Jornada, p.16, 6 abril 2015).

Un informe de la Red de Jornaleros Internos señala que estos trabajadores padecen condiciones de vida infrahumanas; laboran 15 horas al día en promedio, casi el doble de la jornada permitida, y ocho de cada 10 no pueden acudir al médico en caso de enfermedades y accidentes, por no tener prestaciones ni seguridad social.

La Red, integrada por el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Enlace, Comunicación y Capacitación, entre otros gremios, expone que desde Baja California, Sinaloa y Sonora o hasta Nayarit se registran los casos de jornaleros que laboran en campos o fincas propiedad de empresas nacionales y extranjeras, y que los explotan, sometiéndolos a condiciones de semi esclavitud, en ocasiones en contubernio con funcionarios públicos.

La Encuesta Nacional de Jornaleros indica que del total de estos campesinos, 20 por ciento tienen menos de 18 años, es decir, más de 433 mil menores, que laboran en esta situación. A la par de ello, mujeres, niñas, niños y adolescentes son los más vulnerables a consecuencia de la triple o cuádruple discriminación que padecen. Así, 40 por ciento de las mujeres indígenas reciben un salario menor que sus compañeros y 34.7 declararon haber sido humilladas en su jornada laboral.

Los jornaleros han insistido en que el gobierno federal intervenga y exigen la presencia de Osorio Chong, secretario de gobernación. ¿Para qué? Supuestamente, para que “les resuelva”. El tiempo pasa, el gobierno no se da por enterado y mientras prosperan las maniobras. El gobierno lo sabe. No obstante, la inexperiencia les está ganando a los jornaleros. Mientras, se entrevistan con diputados que fueron solo a hacerles perder tiempo y distraerlos sin contraer absolutamente, NINGÚN compromiso.

La Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social reiteró la petición de que intervenga el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para resolver los problemas de los jornaleros del Valle de San Quintín y solicitó la instalación de una comisión nacional de supervisión y vigilancia de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores agrícolas (Heras A., en La Jornada, p.12, 11 abril 2015).

En un encuentro que los jornaleros sostuvieron con una comisión de legisladores federales en el salón Santa Isabel de San Quintín, que por momentos se volvió ríspida. Fermín Salazar, dirigente de la alianza, les reclamó que hayan viajado hasta Baja California sólo para tomarse la fotografía del recuerdo, sin llevar planteamientos para los trabajadores del campo.

Alrededor de mil 300 jornaleros se desplazaron a San Quintín para llevar a cabo un mitin, luego de participar en una marcha por la carretera Transpeninsular, desde la población de Vicente Guerrero, en un tramo de 200 kilómetros, donde se ubican cuatro campamentos de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social.

Los sindicatos priístas de las CTM, CROM y CROC aceptaron hace una semana el aumento de 15 por ciento propuesto por los patrones para fijar en 132 pesos la jornada, la cual fue depositada ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, por lo que 70 por ciento de trabajadores regresaron a los campos.

La alianza dijo que la mayoría regresó por temor y bajo amenazas de sindicatos y patrones. Una de las exigencias políticas del movimiento –que realizó un paro de labores el 17 de marzo, un bloqueo en 10 puntos de la carretera Transpeninsular durante más de 36 horas, una caravana por los cinco municipios de la entidad y un plantón en el Centro Cívico de Baja California– es la revocación de los contratos colectivos de más empresas con las organizaciones priístas y, en consecuencia, la constitución de un sindicato legítimo de los trabajadores.

El 70% que regresó a laborar constituye una mayoría numérica de más de las dos terceras partes, es decir, 56 mil jornaleros. ¿Por qué regresaron? Por necesidad. Al hacerlo, convalidaron la maniobra de charros, gobierno y patrones. Nadie conoce los términos de las “nuevas” condiciones laborales, que serán siendo infames. Nadie sabe a qué sindicato pertenece, ni lo sabrán, pero se trata de los mismos criminales que los han oprimido.

Los patrones prefirieron firmar con los gánsteres antes que cumplir la ley y serán extorsionados bajo consentimiento mutuo. El gobierno otorgó carta de impunidad a los criminales al dar trámite a falsos contratos “de protección” y falsos sindicatos. Se hizo prevalecer al corporativismo sindical con el Estado.

Los jornaleros perdieron un tiempo precioso y una oportunidad política que pocas veces se presenta. NUNCA tomaron la iniciativa política. Todo consistió en “pedirle permiso” al gobierno e insistirle en que “les resuelva”. Con ello quedó demostrado que, basarse en la improvisación y la espontaneidad, NO sirve, se necesita tener POLITICA y DE CLASE.

Todavía, 24 mil jornaleros están en huelga. La troika intentará quebrarlos por hambre y desmoralizarlos otros 100 años. Aún se puede evitar la debacle. ¿Cómo? FORMANDO UN SINDICATO INDEPENDIENTE y disputándole la titularidad de la contratación colectiva a los charros. Ahora será más difícil pero se puede. La condición es que los propios jornaleros se decidan. Hay que construir la organización (ver elektron 93, 2015).


Ref.: 2015, elektron 15 (102) 1-4, 12 abril 2015, FTE de México.

Marcha transpeninsular de jornaleros. FOTO: E. Lima