En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se tratan cuatro iniciativas de ley sobre el agua. Ninguna satisface. Estas iniciativas se discuten en el contexto de la propuesta de Peña Nieto sobre la Ley General de Aguas, que privatizaría al energético vital, actualmente en la Cámara de Diputados. Esta Ley obligaría, a nivel nacional, a privatizar TODO el proceso de trabajo hídrico y concesionarlo al capital transnacional. La elevación de tarifas sería inevitable. Esas leyes deben ser desechadas por nocivas.

El gobierno federal (PRI-AN) y el GDF (?), impulsan leyes sobre aguas muy cuestionables. En el caso federal, Peña Nieto sigue los dictados del Banco Mundial y legaliza la privatización existente en el país desde hace décadas. Más aún, en la Ley General de Aguas (LGA) se establece la obligación de privatizar TODAS las fases del proceso de trabajo hídrico. En lo sucesivo, las redes transnacionales de la energía y el agua serían las encargadas de suministrar lo que ahora, teóricamente, es un servicio público para establecer un nuevo modelo plenamente mercantil.

Con esta ley, detenida, pero no eliminada, en la Cámara de Diputados todos los estados y municipios se verían forzados a privatizar el agua o no habría recursos federales. Ya actualmente, son excepciones los lugares donde no hay privatización. Con la nueva ley, no habría soberanía en ninguna entidad de la federación y menos a nivel municipal, cuyo concepto de "municipio libre" NUNCA ha existido.

Funcionarios del GDF han dicho que "hay que esperar" a que la LGA se apruebe para ver sus impactos. Es la declaración más torpe de las que se han hecho a los medios. ¿También con la ley de aguas del DF habría que esperar?

Ese sería un error mayúsculo. Para esos burócratas se trata de un buen pretexto para apoyar con su silencio acciones contra la nación.

Tanto a nivel federal como local, prevalece la opacidad y la simulación, Los diputados federales, que no están en la campaña electoral, han organizado foros con invitados a modo para simular que hay debate y consulta. Pasadas las elecciones, es muy seguro que pasarán la iniciativa al pleno para aprobarla con la mayoría del PRI, PAN, PVEM y Panal.

En el DF, los asambleístas no cantan mal las rancheras. La discusión se mantiene a nivel de aparato en vez de socializarla. Por supuesto, es mucho pedir, esas instancias son profundamente antidemocráticas y parte del aparato estatal, así sean de mayoría PRI-AN o del PRD.

Algunas voces, incluso de perredistas, han alertado sobre las consecuencias, particularmente con relación a las tarifas. Tienen razón, aunque las causas se soslayan. Si no fuera así, debían rechazar y tirar a la basura, tanto la iniciativa de Peña como la de Mancera.

"De aprobarse la nueva ley general de aguas, en el Distrito Federal las tarifas del líquido no sólo se incrementarían hasta en un 300 por ciento, sino que se eliminaría la condonación del pago del servicio en las colonias donde no se recibe ni en calidad ni en cantidad suficiente, y se daría al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) la facultad de concesionar su explotación, uso o aprovechamiento, advirtió la diputada federal Aleida Alavez (Romero G., en La Jornada, p.31, 6 abril 2015).

"En entrevista aseguró que se ataría de manos al Sacmex, ya que para acceder a recursos federales para inversión en materia hidráulica tendría que firmar un convenio que lo obligaría a actualizar las tarifas a costos reales de operación.

"Y si además se concesiona el servicio el costo para el ciudadano sería aún mayor, porque se incorporaría el margen de ganancia de las empresas concesionarias, acotó.

"Recordó que debido al estatus jurídico del Distrito Federal, hoy día los usuarios domésticos y mixtos no pagan derechos por las descargas en el drenaje, situación que cambiaría con la nueva ley".

¿Eso no lo sabe Mancera? Entonces, porque sus subordinados declaran que "hay que esperar".

Con relación a las tarifas del agua, "Alavez Ruiz explicó que las tarifas actuales en la ciudad de México consideran el pago de 27.28 pesos por metro cúbico de agua suministrada, sin la aplicación de subsidio por el gobierno; sin embargo, hay una clasificación para otorgarlo según el índice de desarrollo humano que corresponda a cada manzana, el cual puede ser popular, baja, media y alta.

"Puso de ejemplo el caso de una familia de cinco integrantes, que es más o menos cuidadosa con el agua: consumiría 40 metros cúbicos bimestrales, y dependiendo de la clasificación pagaría, sin subsidio, mil 114 pesos; con subsidio en manzana popular, 203 pesos; en baja, 305; en media, 644, y en alta, 705.

"La legisladora del PRD añadió que al retirar los subsidios y cubrir sólo el pago de los derechos de la Federación, sin considerar los costos de operación, los incrementos serían: en la popular, 548 por ciento; en baja, 365; en media, 172, y en alta, 158 por ciento. “Y si a eso le agregamos el cobro del servicio de drenaje –se podría tomar como referencia el de Monterrey– para los usuarios domésticos sería de 300 pesos bimestrales”.

"La organización Agua para Tod@s manifestó su preocupación por la excitativa a la Comisión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que dictamine una nueva ley de aguas local, dado que ninguna de las cuatro iniciativas presentadas a la fecha cumple con los requisitos del artículo cuarto constitucional, que estipula asegurar mecanismos para la participación ciudadana con el fin de lograr el acceso equitativo y sustentable a agua de calidad" (Ramírez M. T., en La Jornada, p.31, 6 abril 2015).

El FTE reitera que, la discusión en el terreno del "derecho humano" (art. 4^o) es muy limitado. Quedarse en el nivel declarativo, permite que la privatización se imponga. Las ONGs no cuestionan el derecho a la propiedad y aceptan la propiedad privada, fuente de tantas calamidades. Como ocurre en materia de fuentes renovables de energía, les satisface que se impulsen las llamadas energías "verdes", sin importarles que sean privadas y en manos de transnacionales. Eso no solo es contradictorio sino erróneo.

La diputada Alavez, se refiere a las consecuencias sin abordar el derecho social. Con anterioridad, la misma diputada fue muy activa en el ataque explícito a la institución CFE, cuando esta representaba a la industria eléctrica nacionalizada, hoy que está desnacionalizada y sumamente privatizada, no ha dicho nada. Ahora, sobre el agua, ¿habrá mínima congruencia con lo que declara? Las leyes sobre aguas, federal y local, deben ser DESECHADAS por lesivas a la población.


Ref.: 2015, elektron 15 (99) 1-2, 9 abril 2015, FTE de México.