Hay algunas protestas de académicos, ambientalistas y campesinos. Pero falta más para impedir la agresión a la nación. La organización social sigue ausente, los trabajadores al margen. Se habla del derecho humano al agua, el derecho social ni se menciona. Demandar un debate amplio y plural es poco, el gobierno hará lo contrario, ese debate hay que organizarlo y hacerlo popular. Una consulta es ilusoria, esa figura no existe en la legislación mexicana. ¿A quien se consultaría? ¿Quién haría la consulta, los diputados, el gobierno? ¿Y, las alternativas? Eso es lo más importante. El FTE propone la lucha social por la nacionalización de las aguas nacionales y el acceso al agua como un derecho social y un servicio público.

Esta ya existe y será mayor, porque esos son los dictados del imperio y el gobierno los acatará. Pedirle buena voluntad al Estado, un debate “plural” o una consulta, es bordar por las ramas eludiendo vertebrar la lucha independiente. La única forma de evitar la agresión a la nación es la lucha social, organizada, conciente y programática, en todo el territorio nacional.

La guerra ya está aquí, enfrentarla no es sencillo pero, si se quiere hacer, hay que organizarla para ganarla. El plan debe tener un solo eje: impedir la privatización del agua. Esto significa dos cuestiones principales, una, retirar de la discusión el proyecto del Banco Mundial que se encuentra en la cámara de diputados donde, incluso, ya existe un dictamen explícitamente lesivo y, dos, plantear la única alternativa coherente para evitar la guerra, esto es, ir al fondo del asunto y nacionalizar las aguas nacionales, terrestres y marinas.

No hay medias tintas. Dejar en manos del Estado la elaboración de un nuevo dictamen es darle manga ancha para que apruebe lo mismo.

La lucha a través de las cámaras NO tiene ninguna perspectiva conveniente, los legisladores sirven a las transnacionales y al imperio. Ya han dado demasiadas muestras de su política contra el pueblo. Los casos más recientes son la desnacionalización de las industrias petrolera, petroquímica, energía eléctrica y telecomunicaciones.

En el caso del agua, el problema es más grave porque siempre se ha considerado, a nivel constitucional, que el Estado puede otorgar concesiones en la materia al sector privado. La calamidad empieza por la propia Constitución, misma que, en el párrafo 1º del artículo 27 constitucional indica:

Artículo 27. La propiedad de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

(Reformado el 10 de enero de 1934).

En el párrafo 4º se dice que, corresponde a la nación el dominio directo de los recursos naturales de la plataforma continental y zócalos submarinos de las islas. En el párrafo 5º del mismo artículo se indica que, son propiedad de la nación las aguas terrestres y marinas. Luego, se hace una enumeración amplia de las mismas.

En el párrafo 6º se establece que:

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento por particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, ...

Esa “propiedad de la nación” es declarativa. Desde la propia Constitución, se autorizan la transmisión del dominio al sector privado, en el caso del agua, mediante concesiones cuyas especificidades se indican en las leyes reglamentarias, en este caso, en la Ley de Aguas Nacionales, ahora, en la llamada Ley General de Aguas.

De manera que, la declaración de guerra contra el pueblo ya está. Por ello es que Peña Nieto se atrevió a proponer una nueva Ley General de Aguas que privatiza TODO el proceso de trabajo hídrico. No es la primera vez, pero ahora se trata de una propuesta drástica. Tal es el exceso que los propios diputados, encabezados por Beltrones, tuvieron que suspender la discusión del dictamen en el pleno. No lo hicieron “por sensibilidad” ni porque se opongan a la privatización sino porque la propuesta es sumamente burda. Pero si no la aprobaron en el pleno ahora, lo harán pronto, en cuanto pasen las elecciones de junio, por los actuales o los próximos legisladores.

Por tanto, un debate en manos de los legisladores siempre irá al fracaso porque se parte de bases privatizadoras. Una consulta es inviable porque el Estado siempre dirá que la consulta está en las elecciones, que eligen a los representantes “populares”, mismos que son los que votan.

Por lo demás, reducir el problema a un “derecho humano” es ir a la guerra para perderla. De qué sirve que se diga, en la propia Constitución, que el agua es un derecho humano si en la práctica no existe el derecho social. Puede existir la reglamentación correspondiente, que reitere tal derecho humano, pero en contradicción con la realidad, avalada por las concesiones para privatizar el agua. Además, no solo los humanos requerimos de agua, también los animales y los vegetales. La ley privatizadora omite todo lo concerniente a la biodiversidad que caracteriza a México. La enorme variedad de especies de organismos, animales y plantas, se encuentra precisamente en las aguas.

El capital no sabe nada de derechos humanos ni quiere saber. La sociedad burguesa es inhumana intrínsecamente, los derechos humanos son incompatibles con el capitalismo. Esa inhumanidad no se puede superar solo con declaraciones ni con leyes reglamentarias sino con cambios “sociales” profundos.

Evidentemente, lograr esos cambios implica un proceso ininterrumpido, potenciado por la organización social y una política de clase. Hoy, lamentablemente, la nación mexicana tiene muchas carencias. NO tenemos ninguna organización estructurada capaz de vertebrar al movimiento nacional. Lo peor es que el asunto ni siquiera se plantea, todo queda en el nivel de la espontaneidad, la improvisación, el inmediatismo y el voluntarismo. Claro que es peor no hacer nada pero hacen falta definiciones políticas. No se trata de que nadie renuncie o abandone a sus capillas pero sí de luchar unificadamente.

En el diario La Jornada se han publicado diversas notas de prensa que refieren varias opiniones y acciones.

Queremos que nos escuchen y atiendan con dignidad, reclamaron integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) a funcionarios de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) durante la jornada nacional de lucha contra la privatización del agua (Pérez M., en La Jornada, p.16, 12 marzo 2015).

Cerca de mil 400 campesinos provenientes de 15 estados –según los organizadores– responsabilizaron al gobierno de su pobreza, de la falta de trabajo y de la inseguridad. Si ustedes estuvieran en nuestros zapatos ya habría respuestas a las demandas de vivienda, trabajo, comida y seguridad, expusieron.

La decisión de la Cámara de Diputados de posponer la discusión de la Ley General de Aguas no es suficiente. Es necesario que la iniciativa sea desechada, señalaron varias organizaciones y colectivos de académicos e investigadores, ambientalistas y de derechos humanos (Román J. A., en La Jornada, p.39, 12 marzo 2015).

Además, solicitaron a los legisladores que se debata de forma pública y transparente una ley que no sólo beneficie a la sociedad y respete el derecho humano de acceso al agua, conforme a los estándares internacionales, sino también se consideren los ecosistemas, asegurando una sustentabilidad hídrica del país a largo plazo.

Esto lo señalaron la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, así como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Las tres organizaciones y colectivos coincidieron en que la iniciativa que pretendían aprobar los diputados atenta contra el derecho humano de acceso al agua.

Omar Arellano-Aguilar, vicepresidente de la unión de científicos, informó que en tan sólo seis días se han reunido más de 12 mil firmas en una campaña para exigir al Congreso un debate público con especialistas y sociedad en ambas cámaras, donde las propuestas sean tomadas realmente en cuenta para la elaboración de otro dictamen.

Líderes comunitarios, campesinos y defensores del medio ambiente de la Sierra Norte de Puebla advirtieron que frente a las reformas energética, de minería y la inminente ley nacional de aguas, las empresas que pretenden despojarlos de su territorio y sus recursos no pasarán (Petrich B., en La Jornada, p.13, 18 marzo 2015).

La advertencia la realizaron durante la séptima Asamblea de Pueblos Serranos en Defensa del Territorio y la Naturaleza, que se realizó el pasado domingo en la comunidad cuetzalteca de Pepexta.

La Convención Nacional Campesina e Indígena y el movimiento El Campo es de Todos rechazaron las legislaciones al vapor y sostuvieron que hay un evidente distanciamiento de muchos legisladores con la sociedad, lo que quedó demostrado con la aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados de la ley general de aguas (Pérez M., en La Jornada, p.42, 18 marzo 2015).

Los integrantes de ambas agrupaciones –Central Campesina Cardenista, Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), El Barzón, Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN) y Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, entre otras– advirtieron que la resistencia y lucha contra la privatización del agua será permanente.

La concentración del agua que hasta ahora se ha dado en el país se debe esencialmente a la falta de voluntad política del gobierno para regular su distribución y servicio; ahora pretende entregar dicha responsabilidad a los particulares, señalaron diversos especialistas académicos y de la sociedad civil (Román J. A., en La Jornada, p.18, 19 marzo 2015).

En la presentación del libro Apropiación del agua, ambiente y obesidad, destacaron que el auge del negocio de bebidas embotelladas se debe a una convergencia de varias cuestiones, entre las cuales destacan el abandono o erosión de los servicios por parte del Estado, el creciente acceso desigual a los sistemas de distribución, el cambio de dieta y la publicidad.

En la presentación, Alejandro Álvarez Béjar y Víctor Manuel Toledo, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Anabel Espinosa, investigadora en salud alimentaria de El Poder del Consumidor, y Gian Carlo Delgado, coordinador de la publicación, criticaron la pretensión, por ahora suspendida, de la Cámara de Diputados de una Ley General de Agua que privilegie el interés mercantil del vital líquido sobre el derecho humano.

El 19 por ciento de los acuíferos en México están sobrexplotados, es decir, 126 de 653, debido a que el agua que se extrae supera sus niveles de recarga, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el Día Mundial del Agua que se celebra este 22 de marzo con el lema Agua y desarrollo sostenible (González S., en La Jornada, p.26, 22 marzo 2015).

La extracción de los acuíferos sobrexplotados ascendió a 17 mil 88 millones de metros cúbicos en 2013, último año de datos del Inegi. Tal cifra superó en 54 por ciento la recarga de los acuíferos que llegó a sólo 11 mil 103 millones de metros cúbicos ese mismo año.

El INEGI puntualizó que en el país hay 260 sitios o regiones hidrológico-administrativas que están fuertemente contaminadas en uno, dos o de plano los tres indicadores que toman en cuenta las autoridades para evaluar la calidad del agua, según exámenes realizados en más de 3 mil sitios.

En la ciudad de México se consumen en promedio 320 litros de agua por persona al día, cifra superior a la recomendada por la Organización de las Naciones Unidas, la cual establece que éste debe ser entre 50 y 100 litros diarios, señaló el Gobierno del Distrito Federal (GDF) (Romero G., en La Jornada, p.30, 22 marzo 2015).

Detalló que de estos 320 litros, 80 por ciento se va al drenaje, en actividades como el baño, limpiarse manos o dientes y lavar ropa y trastes, entre otros. Mientras que 20 por ciento es utilizado en la elaboración de alimentos, lavado de frutas y verduras, riego de plantas y consumo humano.

La administración local refirió que más de 50 por ciento del territorio de la ciudad de México es suelo de conservación, lo que permite la captación e infiltración de agua, y calculó que de las fuentes ubicadas en estas zonas se obtiene entre 60 y 70 por ciento del líquido que se consume en el Distrito Federal.

Decenas de personas se manifestaron frente a la sede de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para rechazar el dictamen de la Ley General de Aguas, aprobado el 5 de marzo en comisiones de la Cámara de Diputados, ya que consideraron que busca imponer megaproyectos hidráulicos y privatizar el recurso (Enciso A., en La Jornada, p.6, 23 marzo 2015).

Representantes de organizaciones ambientalistas, campesinas y ciudadanos –mediante mantas y pancartas que colocaron en las rejas del organismo federal– expresaron en el Día Mundial del Agua que hay “represión” hacia opositores a los proyectos federales e incluso algunos están encarcelados, como son Mario Luna y Fernando Jiménez, de la tribu yaqui, quienes encabezaron las protesta contra el Acueducto Independencia en Sonora.

En diversos pronunciamientos expresados en el mitin, los inconformes señalaron que la Conagua, desde su creación en 1989, ha mostrado un “carácter autoritario y arbitrario en la administración del líquido” y esto ha agudizado una profunda crisis hídrica en todo el país.

Además, aseguraron, hay omisión de las autoridades frente a la contaminación, se promueve la sobrexplotación del agua y se fomentan los trasvases, como el proyecto Monterrey VI, con el que se busca llevar agua del río Pánuco, de Veracruz, a Monterrey, y la presa y acueducto El Zapotillo, en Jalisco, que tiene como fin conducir el líquido a León.

La organización Agua para todos, agua para la vida, señaló que la iniciativa Korenfeld, en referencia al apellido del titular de la Conagua, impulsa la privatización del recurso, su mercantilización y los cortes del suministro; garantizará el líquido para industrias y embotelladoras, mientras el resto de los mexicanos sufrirá por el tandeo y las pipas, agregó.

Por su parte, representantes de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, Fan México y la Alianza Mexicana contra el Fracking, entre otras, señalaron que ese dictamen, que no llegó al pleno del Congreso por la oposición de diversos sectores, es revelador del desconocimiento de los legisladores que lo promovieron sobre los estándares internacionales del derecho humano al agua.

Agregaron que el concepto de calidad del agua no queda claro y en el tema de las tarifas se establece abiertamente como punto central la sustentabilidad financiera, antes de la asequibilidad, y este concepto no lo considera como que el agua debe estar al alcance de todos, sino que la iniciativa lo ubica como “costos y cargos” directos asociados al agua para consumo personal y doméstico.

En México, el agua podría convertirse en objeto de especulación y causa de conflictos, aseguró Guillermo Gazanini Espinoza, secretario general del Consejo de Analistas Católicos de México (CACM), en el contexto de la controversia que ha generado la iniciativa de Ley General de Aguas (Arellano C., en La Jornada, p.10, 24 marzo 2015).

Y agregó, citando al Pontificio Consejo Justicia y Paz, el agua ha de ser custodiada como un bien universal que es indispensable para el desarrollo integral de los pueblos y para la paz.

En un análisis del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (Siame), el dirigente del CACM comentó que el problema no es la propiedad nacional sino la infraestructura y redes que implicarían la progresiva mercantilización de la gestión del agua, además de la posibilidad de trasvases.

“El proyecto pretende dotar a la Comisión Nacional del Agua de facultades para vigilar cualquier concesión y no poner en peligro la vida de las personas y la seguridad de sus bienes y ecosistemas; sin embargo, las concesiones implican una forma de comercialización donde impera la ley de la oferta y la demanda, que darían el líquido a quienes puedan pagar por ella, dejando a las comunidades pobres sin capacidad de tenerla.

El capítulo del trasvase, uno de los más controvertidos, dice, aprueba el uso comercial desmedido e injusto cuando, según el proyecto, podrían explotarse, usarse o aprovecharse aguas de una cuenca para ser utilizadas en otras distintas a las de su extracción cuando no haya conexiones naturales.

No se pone en duda la necesidad de elaborar una legislación moderna en México para la justa gestión de un recurso natural cada vez más escaso, pero se plantean remedios sin atacar las causas que impiden el adecuado aprovechamiento del agua. Y uno de esos remedios es la visión mercantilista sobre el líquido. Mientras en otras ciudades existe la tendencia a municipalizar los servicios del agua con criterios de responsabilidad, en México se promueve lo contrario.

El agua, comenta, no puede medirse con un enfoque de ganancia atacando aún más la precaria economía de miles de mexicanos, no es una mercancía sujeta a la oferta y a la demanda, porque tiene un valor público inherente, una visión y un comportamiento excesivamente mercantil puede conducir a programar las inversiones para infraestructuras sólo en zonas donde parece que es rentable realizarlas, es decir, daría ganancias.

Sobriedad y justicia, a decir del Vaticano, pueden lograr un desarrollo sostenible. Mientras en nuestro país no impere la ley, y la corrupción sea uno de los peores vicios, el criterio de mercantilización debe ponerse en duda, porque los nuevos beneficiados serán los poderosos inversionistas que, por el dinero, escatimen un bien público. El problema no es la norma sino la imparcial aplicación en beneficio de miles de personas sin posibilidades de agua en cantidad o calidad suficientes para una vida digna, confortable y segura, concluyó.

El presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Gabriel Godínez Jiménez, señaló que la entrada en vigor de la nueva ley general de aguas obligaría a incrementar las tarifas del líquido en todo el país y en la ciudad de México, además de que por primera vez se tendría que pagar por el uso del drenaje (Ramírez B. T., en La Jornada, p.30, 30 marzo 2015).

El legislador señaló que, por tratarse de una ley federal, se colocaría por encima de la ley del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), exigiría una revisión tarifaria y por consiguiente su aumento; “de ahí la necesidad de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados regrese la iniciativa a la comisión respectiva para un análisis consensuado”.

Asimismo, convocó a las fuerzas sociales a formar un frente nacional en defensa del agua por medio de foros donde todos los sectores expresen sus puntos de vista y las consecuencias que traería consigo la entrada en vigor de la nueva ley general de aguas de ser promulgada en los próximos días en perjuicio de los grupos vulnerables en las 32 entidades federativas que padecen mayor estrés hídrico, quienes reciben menos de 100 litros por persona al día, situación similar a la que padecen habitantes del Norte de África actualmente.

Indicó que de aprobarse esta política tarifaria la ALDF perdería autonomía para revisar el listado de manzanas populares, bajas, medias y altas para el cobro equilibrado en función de los ingresos de la gente, al igual que el resto de los organismos municipales del agua en todo el país.

Indicó que “también se perdería la aplicación de la cuota fija para quienes reciben el agua por tandeo, es decir, una sola vez a la semana y que, evidentemente, los afectados tienen que hacer uso de recursos económicos adicionales para atender sus necesidades comprando agua a través de los garrafones o de pipas”.

En el marco de la revisión del listado de las 269 colonias capitalinas que reciben los beneficios de cuota fija por tandeo y las 68 que cuentan con la condonación del pago por carecer del servicio, afirmó que la LGA desechó el concepto de consumo doméstico y solamente se consigna el uso urbano, aspecto que elevará los montos de las tarifas locales.

El legislador Godínez Jiménez lamentó que de primera intención la iniciativa de ley propuesta por la Conagua rompa principios constitucionales y entregue de facto sus obligaciones a empresarios en el sentido de proporcionar agua a los connacionales, acción que calificó de un atentado en contra del propio Estado.

El diputado local Godínez Jiménez tiene razón, la Ley General de Aguas es de alcance federal e incluye, obviamente, al Distrito Federal (DF). Su aplicación será, además, obligatoria.

Por supuesto que las tarifas se elevarán. Peor aún, el DF estará obligado a privatizar todo lo relacionado con el agua.

El DF no tiene ninguna autonomía, ni siquiera es una entidad federativa. En los demás estados, las consecuencias serán igualmente negativas.

Integrantes de la Central Campesina Cardenista (CCC) de esta entidad (Morelos), tomaron de manera simbólica la delegación de la Conagua, para exigir que se retire la ley Korenfeld, mediante la cual se pretende privatizar el agua. Esa ley la presentó el gobierno federal ante el Congreso sin el consenso de las comunidades, sostuvo la CCC. Los campesinos se concentraron primero en la glorieta del general Emiliano Zapata, en el norte de la ciudad, y marcharon a la delegación de la Conagua, donde durante más de una hora tomaron las instalaciones. Más tarde fueron recibidos en audiencia, pero a los medios de difusión se les impidió el paso. Humberto Zamara, representante de la CCC, advirtió que este es el inicio de una lucha social en defensa del agua (Morelos R., en La Jornada, p.12, 31 marzo 2015).

La eventual aprobación de la iniciativa de ley general de aguas que se discute en la Cámara de Diputados afectaría el derecho humano de acceso al líquido y profundizaría un modelo de gestión que apunta a la privatización de este recurso natural, advirtió Claudia Campero Arena, integrante de la Coalición Mexicana por el Derecho al Agua (Cruz A., en La Jornada, p.28, 31 marzo 2015).

En entrevista, señaló que además la norma deslinda a las autoridades de su responsabilidad de garantizar el suministro de agua potable a la población, con base en un modelo que busca solucionar el problema del abasto con la participación de la inversión privada, lo cual no solamente generará incremento en las tarifas, sino que las empresas que participen no invertirían en llevar agua a las zonas más alejadas y pobres, pues sus habitantes no podrían pagarla.

La también consultora de la organización civil global Blue Planet Project señaló que el problema de abasto que tiene la ciudad de México continuaría, porque se estaría confiando en que la solución sería una nueva etapa del Cutzamala y la extracción a mayor profundidad, cuando lo que se tiene que atender es la red de abastecimiento, principalmente lo relacionado con fugas, y promover una mayor participación de la ciudadanía en el cuidado del líquido, en vez de buscar más soluciones más descentralizadas para gestionar el agua, indicó.

Campero Arenas explicó que con esta iniciativa de ley lo que se pretende es profundizar el modelo de gestión que se maneja en la actualidad, que incluye la privatización y que ha provocado una crisis del agua que se vive tanto en el Distrito Federal como en el resto del país.

Es un modelo que se basa en la creación de infraestructura que traslada grandes volúmenes de agua, lo cual es una visión equivocada, porque siempre estás buscando aumentar la oferta, manifestó la especialista.

En cuanto a la participación de la iniciativa privada en el proceso de abasto de agua, dijo que está demostrado, no sólo en México sino en todo el mundo, que ha traído sólo problemas, como el incremento de las tarifas, además de falta de inversiones para llevar el líquido en las zonas donde no lo tienen.

En México la privatización del agua la venimos viviendo desde hace años, pero además buscando eximir de las responsabilidades de las autoridades de surtir agua a las poblaciones dispersas y asentamientos irregulares.

Además, el artículo 49 de esa iniciativa sólo reconoce el derecho al líquido para los asentamientos legalmente constituidos, y los conceptos que establece en torno a calidad del agua se alejan de los estándares internacionales.

Aunado a ello, establece el transvase como de utilidad pública, es decir, llevar grandes volúmenes de agua de una cuenca a otra y darle uso distinto, como la extracción de hidrocarburos, pasando sobre los derechos de las personas a contar con agua.

Declarar generalidades es muy fácil. Más en un foro sobre el cambio climático para repetir lo mismo sobre el derecho humano.

En el foro Los gobiernos locales mexicanos contribuyendo a las acciones globales para revertir el cambio climático, la senadora panista Silvia Garza destacó que la ley general de aguas debe construirse desde la visión del derecho humano al líquido y como bien de todos los mexicanos, por lo cual, dijo, no puede privatizarse el elemento, sino garantizarse en manos del gobierno para abastecer a la población (Ballinas V., en La Jornada, p.29, 24 marzo 2015).

La Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, Silvia Garza resaltó que el calentamiento global no es un tema de moda, sino el reto más grande que enfrenta la humanidad, realidad presente en todo el mundo. Sólo con esfuerzos, dijo, se lograrán concretar acciones contundentes para revertir sus efectos.

La siguiente es la declaración de una funcionaria del Gobierno del Distrito Federal (GDF) que, con su ambigüedad, revela cuál es la política de Mancera, hacer que no ve nada para avalar la privatización.

La administración capitalina dará a conocer su opinión respecto de la ley general de aguas una vez que sea dictaminada en el Congreso de la Unión (Gómez L., en La Jornada, p.28, 31 marzo 2015).

Tras inaugurar la exposición fotográfica Visiones de nuestra naturaleza, en las rejas del Bosque de Chapultepec, la secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, recordó que la iniciativa se encuentra detenida,

“No nos adelantemos, está detenida ahorita esta ley. Creo que tenemos que esperar a que pase por el Congreso y sea publicada”, afirmó.

Comentó que una vez que suceda, nos detendremos a analizar en qué condiciones y cómo se publica, así como los impactos que traerá.

Eso es lo que propone Müller, debe ser cuauhtemista, como Mancera. Sus declaraciones son ridículas. Hay que esperar a que el Congreso apruebe la privatización a ultranza, que la ley sea publicada y entre en vigor, para analizarla y ver sus impactos. Esa es una maniobra demagógica.

Ese planteamiento es el peor error, es también lo que quieren oír Peña Nieto, Beltrones y el Banco Mundial. Lo que sigue está my visto: se rasgarán las vestiduras, se manifestarán en contra pero ya no se podrá hacer nada.

El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Ramón Aguirre, reconoció que la iniciativa de ley general de aguas que se discute en la Cámara de Diputados considera la posibilidad de privatizar el servicio de agua potable, pero, dijo, no obliga a las entidades a seguir esa línea (Cruz A., en La Jornada, p.29, 1 abril 2015).

Al señalar que en el caso de la ciudad de México estamos contra cualquier acción de privatización del agua, señaló que la norma considera la implementación de diversas acciones en ese sentido, pero establece que es decisión de cada gobierno local si las adoptan o no.

En entrevista indicó que lo mismo sucede con el caso de las tarifas, pues si bien se plantea que deben buscar la eficiencia económica para los organismos encargados de la gestión del agua, tampoco obliga a que así sea, pues es decisión de cada entidad determinarlas.

Aunque el funcionario se negó a pronunciarse sobre la iniciativa, con el argumento de que no soy especialista en la propuesta de ley, dijo haber visto que la misma tiene muchos artículos que hacen referencia al derecho humano de acceso al agua, con la inclusión de conceptos como calidad y todos los preceptos constitucionales en ese sentido. Lo que pasa, dijo, es que a veces se saca de contexto el contenido.

Lo que dice Aguirre no es cierto. ¿Cómo que la LGA no obliga al DF, acaso este es autónomo, un Estado dentro de otro, con extraterritorialidad?


Ref.: 2015, elektron 15 (94) 1-8, 4 abril 2015, FTE de México.

Protesta ciudadana contra la Ley general de Aguas. FOTO: C. Ramos

Protesta de la UNTA contra la privatización del agua. FOTO: M. García