En México hay un tiranuelo de aldea. Para el gobierno de Peña Nieto, el Papa Francisco está mal, la ONU está mal, todos estamos mal, menos él y sus socios. El dios de Peña es el capital, sus reguladores son las transnacionales, su jefe es el imperio, sus principios son el robo a la nación, la corrupción y la impunidad. El relator de la ONU sostiene que, en el país la tortura es generalizada. Eso no le gustó al gobierno y procedió a la descalificación y el insulto. El relator dice que recibió presiones para modificar su informe pero lo ratifica. Se trata de un nefasto precedente, Peña se niega a respetar los convenios internacionales, está contra la ONU, ofende al relator y prefiere la grosería e ilegalidad.

El secretario de relaciones exteriores, antes panista y ahora priísta es un vulgar grosero que no sabe nada de la diplomacia internacional y ocupa el cargo inmerecidamente. En los últimos días ha protagonizado el escándalo público, en nombre de Peña Nieto, quien no solo está exhibido como corrupto, traidor a México e inepto, sino como patán y hombrecillo malévolo.

Se trata de una ignominiosa joyita propia de patanes. Lo dice el propio Meade y Gómez Robledo, secretario y subsecretario.

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, respaldó ayer los señalamientos del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, en torno a que el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la tortura, Juan Méndez, no fue profesional ni ético al destacar que en México esa práctica es generalizada (Saldierna G., en La Jornada, p.5, 28 marzo 2015).

En una reunión privada con senadores, Gómez Robledo criticó a Méndez porque desestimó los argumentos oficiales y dio más valor a premisas sin pruebas al momento de emitir su resolutivo.

Me parece muy irresponsable y muy poco ético que sobre la base de dichos que no pudo sustentar y que no pudo documentar, concluya que hay una práctica generalizada de la tortura, añadió el subsecretario.

Durante el encuentro con los legisladores, calificó el dictamen del relator de poquitín banquetero, y eso no ayuda a nadie; en cambio, todos pierden.

Gómez Robledo agregó que “pierde el relator, porque no vamos a trabajar con él en un rato; perdemos nosotros, porque no tendremos su asesoría; pierden los demás estados que pensaban invitarlo, porque después de este desaguisado con México dirán ‘mejor no lo invitamos’, y pierde la eficacia del sistema multilateral, y en eso (Méndez) tiene responsabilidad, ya que a todos nos importa que estos mecanismos funcionen”.

En una conferencia de prensa el canciller Meade, a pregunta expresa sobre si mantiene los señalamientos de Gómez Robledo, dijo suscribir en todos y cada uno de sus términos lo dicho por el funcionario.

No es esta la primera vez que el gobierno de Enrique Peña Nieto critica al relator Juan E. Méndez. Un día después de conocer el informe sobre México, el embajador ante Naciones Unidas, Jorge Lomónaco, rechazó que en el país la tortura sea una práctica generalizada. Eso no corresponde con la realidad, subrayó.

Al dar respuesta a los señalamientos de las autoridades mexicanas, el relator Méndez aseguró que su reporte se basó en cientos de testimonios y no en decenas, como expuso la parte oficial.

En su resolutivo, el relator señaló que la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención de una persona y antes de su puesta a disposición de la justicia son “generalizados” y ocurren en un contexto de impunidad.

Añadió que existen evidencias de la “participación activa” de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de la “tolerancia, indiferencia o complicidad” de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

Sumado a ello, externó su “extrema preocupación” por lo ocurrido en Iguala, Guerrero, en septiembre pasado, donde autoridades municipales, en colusión con el crimen organizado, desaparecieron forzadamente a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ejecutaron a seis personas –algunas presentaban claras muestras de tortura– e hirieron a más de 20.

Esta “inaceptable tragedia” constituye un llamado urgente al gobierno de México para implementar reformas estructurales en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y garantías de los derechos humanos, señaló en su reporte de 21 páginas, que incluye una larga lista de recomendaciones que empiezan precisamente con “reconocer públicamente” la dimensión de la impunidad.

Peña y Meade por lo pronto, ya vetaron al relator, lo que diga la ONU, simplemente, les vale. En este caso, la Convención contra la Tortura, firmada por México en 1986, no le dice nada al tirano, quien se manifiesta contra la misma ONU.

El gobierno no sabe responder a las críticas internacionales, al contrario, se muestra autoritario y dictatorial. Literalmente, el gobierno se ha descarado y, literalmente, perdido el piso.

El subsecretario volvió a la carga, creyendo que con declaraciones, esas sí banqueteras, es suficiente para ocultar la trágica realidad que se vive en el país. A Peña no le gustó el término “generalizada” aplicado a la tortura pero es lo que ocurre. Tampoco le gusta la palabra “privatización” y es, precisamente, lo que ha hecho.

En el presente caso, no había necesidad de que lo dijera el relator, la práctica es común en México desde hace décadas. Las “investigaciones” que realiza el Estado siempre las hace mediante la tortura y con conocimiento de causa. Eso es real y no de semántica, los procedimientos vienen desde los españoles y su Santa Inquisición.

Gómez Robledo destacó que el término “generalizada” significa que “hay una política de Estado de violación a los derechos humanos, en un contexto de ataque o de comisión generalizada de violaciones en contra de la población civil en forma sistemática y con conocimiento de causa de quien lo perpetra” (Pérez C., en La Jornada, p.5, 1 abril 2015).

Sobre esto dijo: “Nos oponemos, porque en modo alguno es la situación que se vive en México, por más que enfrentemos todavía zonas de vulnerabilidad, desafíos y fragilidades institucionales”. Reconoció que durante el año previo a la publicación del informe de la ONU pidió reiteradamente al relator que reconsiderara ese término.

Meade y Gómez Robledo, creyendo que sus dichos son otra “verdad histórica” se quedaron chiflando en la loma, aniquilados diplomáticamente por el relator quien, en una carta enviada al representante de México ante la ONU puntualizo y reiteró su informe, dejando en evidencia al gobierno.

La tortura en México es “generalizada”, afirmó por tercera ocasión el relator especial, Juan Méndez, en una carta dirigida al representante permanente de México ante oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos internacionales en Ginebra, Jorge Lomónaco (Pérez C., en La Jornada, p.7, 2 abril 2015).

“Ha sido con mucho pesar que arribé a esa conclusión, pero lo he hecho bajo el entendimiento de que su gobierno me invitó a conducir una visita para que realice una evaluación sincera de la situación, y no para minimizarla o presentarla bajo la mejor luz posible.

“Hubiera sido una falta de ética de mi parte haber sucumbido a presiones que recibí en ese primer momento para que cambiara de parecer, del mismo modo que sería una falta de ética cambiar mi parecer al redactar el informe, o incluso ahora, cuando toda la evidencia que tengo a disposición solamente ratifica mi evaluación.”

El texto de Méndez es en respuesta a la carta enviada por Lomónaco al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con fecha 13 de marzo de 2015, “especialmente debido a que inmediatamente luego de que recibí copia de la misma, los medios de prensa en México difundieron comentarios del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo (luego respaldados en su totalidad por el canciller José Antonio Meade), y que constituye un ataque personal”, advierte el especialista.

Agrega no estar de acuerdo con lo dicho por Gómez Robledo, “cuando afirma que mi labor es quedar bien con los gobiernos con los que tengo que trabajar. Muy en contrario, para que mi diálogo con los gobiernos sea realmente constructivo tengo que ser justo, pero también honesto, al describir la situación tal como la veo”.

En el extenso texto, Méndez sostiene que cuando el gobierno de México le solicitó la presentación de casos individuales, “yo lo interpreté como una muestra de interés de buena fe para tomar medidas respecto de los casos que pudiera presentarles. En ese sentido, sigo muy atento e interesado en conocer en cuáles de estos casos (14) se ha avanzado para investigar, enjuiciar y castigar adecuadamente a los perpetradores, así como para excluir evidencias obtenidas con tortura.

“Ese intercambio de información con respecto a algunos casos jamás se presentó, como su gobierno pretende, como el único fundamento de las conclusiones del informe sobre la situación actual de la tortura en México”. Sostiene que su evaluación se basa, además de los casos particulares, en otros presentados en años anteriores y precisa que, en 2012 y 2013 se trató de 25 víctimas”.

Añade a la carta de Lomónaco, en la que se le señala que sólo pudo confirmar 14 casos:

“Quiero aclarar que esos 14 casos que he enviado a lo largo de pocos meses, representan la situación de 107 víctimas, además de un grupo indeterminado de personas que habrían recibido tratos crueles, inhumanos o degradantes como resultado del uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones”.

Cita además el hecho de que diversas fuentes aducen circunstancias similares: “La tortura y los malos tratos ocurren en las primeras 24 a 48 horas de la detención y generalmente terminan luego de que la persona es consignada; los métodos utilizados incluyen amenazas, insultos, destrucción de propiedad, pero también golpes, usualmente con objetos duros, electrocución, el llamado water-boarding, en muchos casos violencia y violación sexual.

“Más importante aún, las historias eran muy similares independientemente de quién llevara a cabo la detención, se tratara de la policía municipal, estatal o federal, las procuradurías estatales o federales, o el Ejército y la Marina”.

Añade que es engañoso expresar sorpresa por sus conclusiones, ya que “el propio Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, presentado por su gobierno, refiere a la tortura como un tema recurrente y ejemplifica que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue de una denuncia en 2005 a 2 mil 126 en 2012, además de que en 2003 el Comité contra la Tortura estableció que en México esta práctica ilegal se cometía de forma habitual y sistemática”.

Méndez expresa su preocupación, al concluir el texto, porque “la discusión de mi informe se reduzca al uso de la expresión tortura generalizada, término que considero justificado, objetivo y justo por todas las razones ya mencionadas.

“Me preocupa aún más que la discusión se centre ahora en mi ética e integridad profesional, como si disparar contra el mensajero pudiera ocultar los problemáticos hechos que señalé a su gobierno (...)

“A pesar del lenguaje ofensivo que ha sido publicado en México para referirse a mi persona, quisiera asegurarle a usted, a su gobierno y al Consejo de Derechos Humanos (de la ONU), que mantengo inalterable mi actitud de diálogo constructivo.

“En ese sentido, respetuosamente me permito pedir que le traslade a su gobierno mi interés en realizar una visita de seguimiento”, concluye el relator de Naciones Unidas.

Las agresiones del gobierno federal al relator de la ONU fueron calificadas, en un editorial (2 abril) de La Jornada, como un “error gravísimo”, no solo en las formas sino en el fondo, pues coloca al gobierno en la ilegalidad internacional.

Con las presiones al relator el gobierno pretende ocultar la persistencia de delitos para cuidar su imagen, dijeron organizaciones de derechos humanos.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia subrayó que, en ese contexto, aseveró que el carácter “generalizado” de la tortura se refiere a que existen “patrones repetitivos en el momento de la detención, antes de poner a la víctima a disposición de la autoridad y en la complicidad entre policías, agentes del Ministerio Público y peritos” para ocultar los hechos (Camacho F., en La Jornada, p.5, 3 abril 2015).

Activistas especializados en el tema señalaron que, la tortura en México es una práctica generalizada, como afirmó Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas contra ese delito, no por la cantidad de casos denunciados, sino por el patrón de detenciones arbitrarias, violencia, ocultamiento e impunidad que sigue la gran mayoría de estas agresiones cometidas por servidores públicos de todos los niveles de gobierno (Camacho F., en La Jornada, p.5, 5 abril 2015).

Además de los golpes y las agresiones físicas directas, como electrocuciones y asfixia, hay toda una serie de acciones que pueden considerarse formas de tortura sicológica, pero no son reconocidas como tales por las autoridades ni por las propias víctimas, entre ellas los insultos, el apuntar con armas aun sin dispararlas, o la sola proximidad de helicópteros, camiones o tropas en actitud amenazante.

Cuando se dice que la tortura es 'generalizada', quizá los diputados o el Presidente piensen que hay que ver a miles de personas sangrando, con el ojo reventado, con marcas de toletes o de cables eléctricos, pero la identificación de pautas repetitivas es suficiente para comprobar dicho carácter.

Por supuesto Osorio Chong, secretario de gobernación, volvió a reiterar que no hay tortura generalizada y, más aún, que no hubo presiones hacia el relator.
Meade declaró que daba por concluida la discusión con el relator. Como acostumbran las policías mexicanas, “no pasó nada”.

De ningún modo, no está concluido el asunto. Están pendientes de aclararse y sancionarse muchos casos. El gobierno cree que con darles “carpetazo” ya resolvió, no es así. La comunidad internacional ya sabe de la situación de horror que hay en México, peor que una guerra convencional. ¿Acaso Peña va a borrar del mapa a todos los países?

Argumentación irrefutable

Hernández, 2 de abril, en La Jornada

Ref.: 2015, elektron 15 (96) 1-4, 6 abril 2015, FTE de México.