La tortura y los malos tratos en todo el país son generalizados y en un contexto de impunidad, concluye el relator especial de la ONU. El gobierno niega los hechos. Militares ocasionan destrozos en la Montaña alta de Guerrero. El IFAI pide a la Sedena entregar datos sobre los militares de Iguala. Partidos de 43 países se solidarizan con los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa. Cienfuegos califica de provocaciones a las protestas frente a los cuarteles. Los padres de los 43 inician caravana en los Estados Unidos, con actos en El Paso, Nueva York y Washington. El caso de Ayotzinapa es de “desaparición forzada”, dice la CIDH. Los datos oficiales indican 25 mil 293 desapariciones forzadas en México. El gobierno sigue dominado por el cinismo.

En la marcha del día 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer se escucharon las voces de las madres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

“En una marcha realizada del Ángel de la Independencia al Monumento a la Madre, mujeres de diversas corrientes y organizaciones se unieron y señalaron su repudio a las nefastas y erráticas políticas que mantiene el gobierno federal en materia económica y social. También demandaron que paren los feminicidios, la represión y los asesinatos de la población. Además, hubo un señalamiento generalizado de que todos los partidos han defraudado y decepcionado al pueblo” (Muñoz P., en L Jornada, p.11, 9 marzo 2015).

Dos días después, en Ginebra, Suiza, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó sus conclusiones.

“En México, la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son “generalizados” y ocurren en un contexto de impunidad, concluyó el informe del relator especial sobre Tortura de Naciones Unidas, Juan E. Méndez (Román J. A., en La Jornada, p.5, 10 marzo 2015).

“El reporte señaló que hay evidencias de la “participación activa” de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de “tolerancia, indiferencia o complicidad” por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

“Además, el relator expresa su "extrema preocupación" por lo ocurrido en Iguala, Guerrero, en septiembre pasado, donde autoridades municipales, en colusión con el crimen organizado, desaparecieron forzadamente a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ejecutaron a otros seis, algunos de ellos con claras muestras de torturas, e hirieron a más de 20 personas.

“Dado a conocer en Ginebra y distribuido de manera simultáneamente en México, el reporte del relator especial –quien visitó México entre el 21 de abril y el 2 de mayo pasados– señala haber recibido “numerosas denuncias verosímiles” de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de la libertad. Pero advierte que es extremadamente difícil conocer las cifras reales de esas denuncias, debido a que no existe actualmente un registro nacional de casos y cada entidad tiene datos propios.

“Incluso, señaló que muchos casos ni siquiera se denuncian por temor a represalias o desconfianza, y existe la tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad. Aun así, el número de denuncias y quejas es muy alto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó de 11 mil 608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014. De igual forma, señaló que las salvaguardas son débiles, especialmente para detectar e impedir la tortura en los primeros momentos de la detención y asegurar su investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva.

“Y aunque el "alto número" de denuncias es preocupante, al igual que los testimonios, el documento señala que no se reflejan en numerosas investigaciones por tortura y malos tratos, y menos aún en condenas. El gobierno federal informó de sólo cinco sentencias condenatorias de tortura entre 2005 y 2013; dos han quedado firmes e imponen penas de 3 y 37 años, respectivamente. Pero la historia se repite, sin excepción en todas las entidades. “Esto es signo de preocupante impunidad”, dice.

“Asimismo, señaló que en los casos de tortura –que regularmente se utiliza para extraer confesiones o información incriminatoria del detenido– también hay “inquietantes coincidencias” entre los testimonios recibidos, donde las personas denuncian haber sido detenidas por personas vestidas de civil, que conducen autos no identificados y sin orden judicial alguna, ni informan de los motivos de la detención. “La aprehensión va acompañada de golpes, insultos y amenazas”, dice.

Por supuesto, el gobierno de Peña Nieto negó lo anterior.

“El relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, reiteró que este delito es “práctica generalizada en México”, luego de que las autoridades nacionales desacreditaron esta afirmación por considerar que no era “congruente”, pues se había sustentado sólo con una decena de testimonios (Agencias, Camacho F., en La Jornada, p.4, 12 marzo 2015).

“Existen casos de tortura en todos los niveles del Estado: a nivel federal, regional y local”, los cuales pueden ser de tipo físico o sicológico, manifestó.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil lamentaron que las autoridades mexicanas sigan tratando de “negar lo inocultable” en relación con la tortura, aunque al mismo tiempo señalaron que dicha posición no es sorpresa, ya que han descalificado de manera sistemática todos los informes críticos de organizaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

La situación de Peña es patológica, está más trastornado que Fox. Pero la situación es muy seria. Lo que ha dicho el relator especial de la ONU no debe minimizarse, corresponde a una trágica realidad. Si el gobierno niega a la ONU, como al mismo Papa Francisco, es porque hay evidentes afectaciones mentales. México está (des) gobernado por un tirano.

La política que sigue el gobierno en turno es una política de Estado, esa que invocan muchos intelectuales desclasados quienes siempre piden que, en todo, se siga una “política de Estado” y otros que confunden a Estado y nación y hasta lo intitulan “Estado-nación”. Esa política de Estado es nefasta, precisamente, por lo que este significa y representa.

La parte del Estado que se encarga de aplicar la violencia contra el pueblo es el ejército federal y este sigue cometiendo atrocidades, otra vez, en una comunidad guerrerense.

“El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señaló que, de acuerdo con campesinos del poblado Valle Hermoso, municipio de Metlatónoc, en la Montaña alta, elementos del Ejército Mexicano incursionaron en esa comunidad y causaron destrozos, apoyados por habitantes de Jicayán de Tovar, municipio de Tlacoachistlahuaca (Ocampo S., en La Jornada, p.14, 10 marzo 2015).

“Desde 1965, pobladores de Metlatónoc y Jicayán de Tovar se disputan 800 hectáreas de tierra, lo que provocó en 2006 un enfrentamiento armado que dejó tres muertos y tres heridos. El coordinador del centro Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, refirió que pobladores de Valle Hermoso informaron que alrededor de las tres de la mañana del lunes ocurrió una balacera después de que militares ingresaron en la localidad. Agregó que en “los últimos meses se han presentado varios enfrentamientos a balazos entre los pobladores de las dos comunidades.

“Ahora la situación se complicó, porque los de Valle Hermoso aseguran que hubo participación del Ejército Mexicano, que en lugar de disuadir el problema, lo complicó. Por eso procedieron a detener a cinco uniformados, porque los vincularon con la agresión”, señaló.

Los campesinos exigieron que autoridades acudieran a la localidad para entregarles a los efectivos, y en respuesta “el Ejército Mexicano, por su propia determinación, se organizó con varios contingentes y hoy (lunes), alrededor de las 10 de la mañana, incursionó por la fuerza en Valle Hermoso para rescatar a los militares, causando destrozos”.

Como se puede observar, los soldados actúan unilateralmente y no les importa quién esté enfrente. Eso es una barbaridad que, sin embargo, lleva décadas en Guerrero. Las diversas comunidades siempre han padecido los destrozos de los “guachos”.

Qué el ejército nunca entiende razones lo vuelve a mostrar el IFAI, al demandar al ejército que deje de negar la información que posee relacionada con los hechos en Iguala.

“El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar toda la documentación relacionada con la actividad que realizó el 27 batallón de infantería –con sede en Iguala– entre el 25 y 30 de septiembre del año pasado, fechas cercanas a los hechos de Iguala donde desaparecieron 43 normalistas. La disposición obedeció a que es un caso considerado violación grave a derechos humanos y por tanto debe abrirse la información al interés público (Urrutia A., en La Jornada, p.5, 12 marzo 2015).

“Tras señalar que no es el primer caso relacionado con Ayotzinapa –ya lo hizo con uno que involucraba a la Procuraduría General de la República (PGR)–, dijo que el contexto obliga a que sea un asunto que se trate en un “espacio abierto y plural”. Se consideró improcedente el argumento de la Sedena en el sentido de que esa información está asociada a una averiguación previa que está en proceso de integración por la PGR”.

El ejército es el pilar del Estado y siempre se reserva sus “razones”. Los gobiernos en turno, a su vez, siempre han protegido al ejército sabedores que las fuerzas armadas los sostienen, por ello, encubren todas las acciones de los militares y viceversa.

Pero los hechos recientes han desbordado la paciencia, la desaparición de los 43 normalistas ha puesto al descubierto del mundo la política criminal del Estado y gobiernos mexicanos. Esta vez, correspondió pronunciarse a los parlamentarios de varios países latinoamericanos.

“Durante el seminario internacional Los partidos y una nueva sociedad, que organiza el Partido del Trabajo (PT) en la ciudad de México, organizaciones políticas y sociales de distintas partes del mundo brindaron un reconocimiento a la lucha de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos (Muñoz A. E., en La Jornada, p.8, 13 marzo 2015).

“Al encuentro asistieron representantes de partidos de Venezuela, Cuba, Uruguay, Alemania, Australia, Puerto Rico, Vietnam, Colombia, Bolivia, Ecuador, Argentina, Canadá, Islandia, Palestina y Nicaragua, entre otros.

“Parlamentarios y dirigentes de partidos de izquierda en América Latina se reunieron con senadores del PRD y manifestaron su solidaridad con el pueblo mexicano por los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya (Becerril A., en La Jornada, p.11, 14 marzo 2015).

Pero, como si nada pasara, el titular de la Sedena sigue haciendo declaraciones improvisadas, creyendo que con acusar y amenazar a los demás da explicación convincente de los hechos.

“El titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos Zepeda, aseveró que las acciones de protesta realizadas frente a los cuarteles militares por padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos son provocaciones y las tropas han actuado con prudencia y tolerancia, evitando la confrontación directa. El único hecho violento ocurrió el 12 de enero pasado en las instalaciones del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, Guerrero (Aranda J., en La Jornada, p.7, 19 marzo 2015).

“Sin embargo, el general aclaró: esto no quiere decir que no se cuente con la capacidad de respuesta para contenerlos”.

¿Quiénes son los provocadores? Los manifestantes, así los calificó el que se hace llamar “General”. ¿No será al revés? Y, ¿por qué amenaza con la “capacidad de respuesta militar? ¿Acaso la protesta social es un delito?

“Por otra parte, en respuesta a una solicitud de información, la Sedena señaló que del 17 de diciembre al 16 de enero pasado se registraron manifestaciones en demanda de la aparición de los estudiantes de Ayotzinapa frente a 28 instalaciones castrenses y en cinco de ellas (incluido el Campo Militar número uno) los quejosos entregaron un documento en el que solicitan ingresar a los cuarteles.

“La dependencia agregó que como resultado de los hechos violentos ocurridos afuera del batallón de Iguala, las instalaciones castrenses sufrieron daños en la puerta de acceso, los cristales de la guardia de prevención y en dos garitones, por un monto de 12 mil 100 pesos.

“En las demás instalaciones militares no se presentaron incidentes mayores, únicamente (los manifestantes) realizaron pintas alusivas a sus demandas.

“La Sedena, agrega la información, ha recibido cinco solicitudes para permitir el ingreso a los padres de los jóvenes u organizaciones afines para que busquen a normalistas desaparecidos en el Campo Militar número uno, en el Distrito Federal, así como en Orizaba, Veracruz, y Morelia, Zamora, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro, en Michoacán.

“Las manifestaciones para exigir la presentación de los jóvenes estudiantes se realizaron en los cuarteles ubicados en el Campo Militar número uno y en la delegación Tlalpan, en el Distrito Federal, así como en las ciudades de Cuernavaca, Morelos; Tijuana, Baja California; San Luis Potosí, SLP; Orizaba y El Lencero, Veracruz; San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Huajuapan de León y San Juan Bautista La Raya, Ixtepec e Ixcotel, Oaxaca; Ayutla de los Libres, Cruz Grande, Chilpancingo, Iguala y Petatlán, Guerrero, además de Mérida, Yucatán”.

Bueno, esa información es más completa que la que se conocía públicamente por la prensa nacional. ¡Muy bien! Pero, todavía no da respuesta al llamado del IFAI, nada aclara sobre la presunta y probable participación del ejército en los hechos lamentables. Por omisión, el ejército incurre en responsabilidad. ¿Por qué calla, qué oculta? Por lo pronto, los sucesores de Carranza siguen en entredicho.

Los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de cinco meses iniciaron una serie de caravanas que los llevarán por diversas ciudades de Estados Unidos.

“Son tres rutas las que se formaron para viajar a Estados Unidos, por tres rutas definidas: el Pacífico, el centro y el Atlántico del país”, señaló Felipe de la Cruz, uno de los voceros de los padres de familia, en entrevista radiofónica (Camacho F., en La Jornada, p.11, 14 marzo 2015).

Las caravanas se reunirán el 20 de marzo en la ciudad de Nueva York, donde sus integrantes se van a encontrar con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y más tarde ese mismo día con la organización Amnistía Internacional. En el viaje participarán ocho padres, dos estudiantes y sus abogados.

El 14 de marzo partió la primera de tres caravanas de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, las cuales visitarán universidades, sindicatos y diversas instancias de gobierno en Estados Unidos, para reiterar su demanda de justicia y que las investigaciones del caso no sean cerradas (Camacho F., en La Jornada, p.15, 15 marzo 2015).

“Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, explicó que en territorio estadunidense los manifestantes se dividirán en tres rutas: la del Pacífico, la del centro y la del Atlántico, con la finalidad de abarcar la mayor parte del territorio del vecino del norte.

“Subrayó que entre los objetivos de las caravanas está informar a los mexicanos que radican en Estados Unidos, que el caso Ayotzinapa no está cerrado, que sigue adelante, porque la mentira histórica de (Jesús) Murillo Karam (ex procurador general de la República) quedó al descubierto.

Además, agregó, convocar a los connacionales que radican allá, para que en las próximas elecciones nos apoyen y se abstengan de pedir las boletas para sufragar.

“Activistas de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, acompañados por familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, realizaron una manifestación frente al consulado de México en la ciudad texana, como parte de las actividades que realizan antes de partir en caravana por varias ciudades estadunidenses, entre ellas Nueva York y Washington (Villalpando R., en La Jornada, p.5, 17 marzo 2015).

“Son tres caravanas diferentes que iniciaron actividades en Estados Unidos y van a realizar recorridos en Las Vegas, Los Ángeles, San Antonio y Portland, entre otros sitios, donde mostrarán cómo el gobierno mexicano utiliza los recursos que Washington proporciona vía la Iniciativa Mérida para equipar al Ejército y a las corporaciones policiacas que “atacan a los ciudadanos mexicanos y violan sus derechos”.

“Las caravanas harán una presentación general del caso Ayotzinapa en el edificio de Ciencias Físicas de la Universidad de Texas, en El Paso.

“El profesor Felipe de la Cruz, representante y vocero de los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, aseguró que tocarán todas las puertas dentro y fuera de México para exigir justicia y no permitir la impunidad en el caso Iguala, y anunció el inicio de tres caravanas de parientes de los alumnos que pasarán por decenas de ciudades de Estados Unidos y culminarán en Nueva York a finales de abril (Brooks D., en La Jornada, p.7, 19 marzo 2015).

“De la Cruz fue invitado a Nueva York por Amnistía Internacional Estados Unidos, junto con el abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan, para asistir a su congreso nacional anual que se celebrará en esta ciudad el fin de semana. Durante su estancia participará en varios foros y actos de solidaridad con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa.

“De la Cruz también fue invitado a participar en foros en centros académicos, incluida la Universidad de la Ciudad de Nueva York, a sostener entrevistas con diversos medios y a actos de solidaridad y de recaudación de fondos organizados por agrupaciones comunitarias (actos parecidos se realizan en varias partes del país para financiar a las caravanas).

“Informó que viajará a Washington para entrevistarse con la CIDH.

“Comentó que estos viajes, además de informar a los ciudadanos de otros países sobre las injusticias que se viven en México y vincularlo con lo que llama la globalización de la represión, también tiene el propósito de promover que los organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, a las que pertenece México, puedan formular recomendaciones.

“Del gobierno estadunidense no esperamos mucho, respondió a la pregunta de un reportero, pero de la comunidad latina sí esperamos el apoyo necesario”.

“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la CIDH pidió a México, y en particular a los jueces que investigan los hechos de Ayotzinapa, que el caso sea catalogado bajo la modalidad de desaparición forzada (de Regil M., en El Financiero, 20 marzo 2015).

“Luego de consultar a varios expertos, el GIEI recomienda que en la búsqueda de otros posibles lugares de fosas, se considere el uso de tecnología láser para poder identificar perturbaciones en el terreno de los alrededores de Pueblo Viejo, La Parota y otros lugares. “La dimensión de la separación de personas en la zona, conlleva a la necesidad de realizar un trabajo amplio de búsqueda”.

“El grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH que da asesoría al Estado mexicano en el tema de los normalistas de Ayotzinapa llamó a las autoridades judiciales a analizarlo como un posible caso de desaparición forzada y no sólo por homicidio, secuestro y delincuencia organizada (Camacho F., en La Jornada, p.3, 20 marzo 2015).

“De igual forma, solicitaron al gobierno que continúe buscando a los estudiantes agredidos, dé atención médica y sicológica a los familiares de las víctimas, resguarde adecuadamente toda la información sobre el caso y otorgue a los especialistas una copia electrónica completa del expediente.

“En conferencia de prensa donde informaron sobre las actividades de su primera visita a México –realizada del primero al 19 de marzo–, Ángela Buitrago, Carlos Beristáin y Francisco Cox señalaron que el equipo trabaja sobre cuatro líneas básicas: el proceso de búsqueda de los normalistas, la atención a las víctimas, las políticas públicas frente a la desaparición forzada y la investigación criminal.

El grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH llamó a las autoridades judiciales a analizarlo como un posible caso de desaparición forzada y no sólo por homicidio, secuestro y delincuencia organizada (Camacho F., en La Jornada, p.3, 20 marzo 2015).

“De igual forma, solicitaron al gobierno que continúe buscando a los estudiantes agredidos, dé atención médica y sicológica a los familiares de las víctimas, resguarde adecuadamente toda la información sobre el caso y otorgue a los especialistas una copia electrónica completa del expediente.

“Asimismo, anunciaron que pedirán entrevistarse con elementos del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, por considerarlo importante para recabar más información por parte de instituciones “que conocen el caso o estuvieron presentes en algún momento de la noche” del 26 de septiembre de 2014, sin prejuzgar sobre su posible responsabilidad en los hechos.

“Tras recordar que su labor no es sólo estudiar el caso Ayotzinapa, sino formular recomendaciones generales sobre desapariciones forzadas, los expertos llamaron al Senado a crear una ley contra este delito apegada a los estándares internacionales en la materia.

Luego se anunció que la CIDH realizaría “diversas audiencias temáticas sobre la situación de las garantías básicas en el estado de Guerrero, la desaparición forzada en todo el país, la tortura sexual, los derechos de los migrantes y las posibles consecuencias negativas de la reforma energética, lo cual significa una nueva oportunidad para poner en evidencia la grave situación que vive el país en este ámbito (Camacho F., en La Jornada, p.5, 20 marzo 2015).

“Las desapariciones forzadas continúan ocurriendo en México en un contexto de impunidad casi total, lo cual ha hecho del país un enorme cementerio, señalaron familiares de víctimas y representantes de organizaciones civiles durante las audiencias realizadas ayer en la CIDH (Camacho F., en La Jornada, p.5, 21 marzo 2015).

“En el contexto del 154 periodo de sesiones de dicho organismo, un grupo de familiares de personas desaparecidas –entre los que se encontraban padres de normalistas de Ayotzinapa– acudió a la ciudad estadunidense de Washington para participar en la audiencia temática Desaparición forzada e impunidad.

Ahí, integrantes de diversos colectivos que les acompañan, entre ellos los centros por la Justicia y el Derecho Internacional y los de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, denunciaron que este crimen de lesa humanidad se ha mantenido como una práctica constante desde la época de la llamada guerra sucia hasta la actualidad.

Aunque la audiencia no se trataba de Ayotzinapa en particular, este caso ocupó un papel central durante toda la discusión, pues los activistas lo pusieron como un ejemplo de cómo ocurren las desapariciones forzadas en México, y exigieron que este expediente no se cierre hasta no dar con el paradero de todas las víctimas.

“Ante las críticas, la delegación del gobierno mexicano, encabezada por el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Emilio Rabasa Gamboa, contestó que las autoridades han dado muestras de voluntad política para buscar a los estudiantes agredidos en Iguala y a todas las víctimas de desaparición forzada.

“México se ha convertido en una enorme tumba, afirmó el activista Gabino Gómez, miembro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, al tiempo que la madre de un joven desaparecido coincidió con lo anterior al señalar que el país se ha vuelto una macrotumba, donde vivimos entre los muertos.

“Al término de la audiencia, padres de los normalistas de Ayotzinapa dieron una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde lamentaron que el gobierno mexicano siga acudiendo a foros internacionales a decir mentiras, cuando en realidad no tienen un plan de búsqueda de los desaparecidos.

“Su cinismo es impresionante. Ponen cara de angustiados y hasta disculpas nos piden, cuando aquí nos tratan con la punta del pie, denunció Mario González”.

Las procuradurías y fiscalías locales reportaron, al corte del 31 de enero pasado, un total de 25 mil 293 casos de personas no localizadas. El rezago mayor en cuanto a investigación y clarificación del paradero de la gente reportada en esa situación es de 2014 (Martínez F., en La Jornada, p.5, 21 marzo 2015).

“La mayoría de los desaparecidos son mexicanos, aunque de 10 por ciento de los expedientes no se conoce siquiera la nacionalidad de los ausentes.

“Del grupo de casos de delitos del fuero común, sólo 125 de los desaparecidos están clasificados como extranjeros, y en el caso de los del ámbito federal son 40 los registros.

“Por entidad, Nuevo León es la que presenta un incremento de casi 100 por ciento en cuanto a integración de averiguaciones previas, al pasar de mil 138 a 2 mil 9 casos de no localizados, de octubre de 2014 a enero de 2015.

“También hay alza en Chihuahua y Sinaloa, aunque no tan grande. En el primer caso, el penúltimo corte estadístico evidenció mil 145 asuntos de este tipo, y en las cifras de enero se consigna mil 413. En Sinaloa, la relación es de mil 393-mil 569. Según esta información, en 19 entidades hay alzas en el registro de personas desaparecidas.

“De aquellos casos denunciados durante el último año del sexenio de Felipe Calderón, continúan en rezago 3 mil 409 expedientes de personas no localizadas; de 2013, 4 mil 327, y de 2014, 5 mil 810. Para el primer mes de este año ya se habían sumado 345 personas cuyo paradero es desconocido.

“Los datos anteriores son compilados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, con base en la información oficial que le envían las procuradurías y fiscalías estatales, así como la PGR”.

“Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa encabezaron un mitin en la unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y señalaron que ante la pretensión del gobierno federal de cerrar el caso y cesar las investigaciones, sólo queda el camino de la denuncia internacional (Román J. A., en La Jornada, p.8, 19 marzo 2015).

“Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de cinco meses realizaron una serie de manifestaciones en alrededor de 40 sedes de embajadas en el país, para subrayar que el caso no puede darse por concluido y pedir a los gobiernos extranjeros que estén al pendiente de la actuación del gobierno nacional en materia de derechos humanos (Camacho F., en La Jornada, p.7, 21 marzo 2015).

Ahí, los familiares entregaron a las representaciones diplomáticas un documento donde exponen 10 razones por las cuales no puede darse por cerrado el caso de los normalistas atacados en Iguala, entre ellas que no hay evidencia científica plena de que los estudiantes hayan sido asesinados y quemados, y que la indagatoria se apoya demasiado en declaraciones que pueden haber sido obtenidas mediante tortura.

Asimismo, pidieron a los embajadores que sus países hagan pronunciamientos sobre el tema de Ayotzinapa y la desaparición forzada en México, y permanezcan atentos a las investigaciones sobre el ataque ocurrido los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, indicó Ortega.

En Acapulco, “unos 50 profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) se manifestaron por tres horas en el consulado de Estados Unidos, ubicado en las inmediaciones del hotel Emporio, en la zona Dorada, donde bloquearon el acceso para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde los pasados días 26 y 27 de septiembre (Briseño H., en La Jornada, p.8, 21 marzo 2015).

“Explicaron que la actividad se realizó en el contexto del plan de acción acordado por la Asamblea Nacional Popular”.

Dentro de las limitaciones, los padres de los 43 han estado muy activos. Es un acierto haber organizado las caravanas que recorren a los Estados Unidos, donde se realizan diversos eventos.

Eso contrasta con la cerrazón política del gobierno mexicano que, niega los hechos y trata de ocultarlos, mientras queda más desprestigiado ante la comunidad internacional.

¡Adelante! Aún falta camino por recorrer.


Ref.: 2015, elektron 15 (81) 1-8, 21 marzo 2015, FTE de México.

Observaciones de la ONU. Fuente: Milenio

Solidaridad con los 43 en el Festival Vive Latino. FOTO: P. Ramos

Padres en las audiencias de la CIDH. FOTO: D. Cima /CIDH