Más de 2 mil delegados de 89 pueblos de la sierra norte de Puebla se reunieron en Pepexta. Se manifiestan en contra de las reformas energética, la minería y la privatización del agua. En Puebla, como en Tlaxcala y otros estados, ya fueron aprobadas las reformas que favorecen la privatización del agua. Las empresas mineras son asesoradas por el propio gobierno federal y siguen el manual “Guía de ocupación superficial, alianzas estratégicas para la promoción y el desarrollo de la competitividad del sector minero mexicano”. La Minera Autlán tiene en Teziutlán, Hueytlalpan y Hueytamalco siete concesiones de explotación a cielo abierto, así como, de hidroeléctricas. Además, está la amenaza del fracking.

Asamblea de pueblos serranos. FOTO: J. González

El movimiento de pueblos está en varias partes, destacadamente los organizados en el Consejo de Pueblos de Morelos, que desde hace años viene luchando contra las privatizaciones, especialmente, del agua, habiendo tenido importantes éxitos no obstante enfrentar la represión de la Policía Federal. Actualmente, el Consejo lucha contra la minería transnacional que pretende explotar una mina de Oro a cielo abierto en Temixco, en las proximidades de la zona arqueológica de Xochicalco. Contra ese eventual crimen no solamente luchan los pueblos sino muchos otros mexicanos concientes. El ejemplo organizativo y programático del Consejo ha sido la referencia para la lucha.

En Puebla también hay lucha. Previamente, en Tlaxcala, la población en defensa del agua y la laguna de Acuitlapilco), dieron una importante lucha. Apenas hace un año, más de 500 delegados de la sierra norte de Puebla y de varias partes del país se reunieron en Zautla, donde está activa la oposición a las mineras transnacionales. En dicha reunión, organizada por “Otros Mundos” de Chiapas, se tomaron varios acuerdos. En la región, la lucha sigue.

“Amenazados por la invasión de corporaciones mineras, los pueblos de la sierra norte de Puebla han activado la lucha mediante reuniones frecuentes en diversas comunidades. Ahora se reunieron en Pepexta.

“Líderes comunitarios, campesinos y defensores del medio ambiente de la Sierra Norte de Puebla advirtieron que frente a las reformas energética, de minería y la inminente ley nacional de aguas, las empresas que pretenden despojarlos de su territorio y sus recursos no pasarán (Petrich B., en La Jornada, p.13, 18 marzo 2015).

“La advertencia la realizaron durante la séptima Asamblea de Pueblos Serranos en Defensa del Territorio y la Naturaleza, que se realizó el pasado domingo en la comunidad cuetzalteca de Pepexta.

“El movimiento de organizaciones y comunidades nahuas, totonacas y mestizas de la región, que rechaza las concesiones que el gobierno federal ha otorgado a negocios privados –principalmente hidromineros–, abarca la participación de cerca de 90 pueblos de siete municipios poblanos y tres veracruzanos, colindantes con la zona”.

Fue apenas una reunión pero importante por su número y contenido. La asamblea se realizó ante el desenfrenado avance de la minería que, a la fecha, cuenta con más de 28 mil concesiones en todo el territorio nacional, otorgadas por la secretaría de economía (SE) del gobierno federal. También se realiza después de ser aprobada la reforma energética constitucional que desnacionalizó a las industrias petrolera, petroquímica y eléctrica, para privatizarlas y, ante la inminencia de que sea aprobada la nueva Ley de aguas que privatizará al agua en todo el país.

No obstante, abordar estos grandes temas tiene la mayor importancia. El año anterior, en Tlamanca, Zautla, se abordó esa problemática pero los acuerdos fueron muy pálidos, a pesar del ánimo combativo de los asistentes. Un año después, las consecuencias son muy graves para toda la nación.

Según lo narró Petrich, entre otros avances, los pueblos reunidos “lograron que las presidencias municipales de Cuetzalan y Tuzamapan de Galeana declararan estas comunidades territorios libres de minería, hidroeléctricas y explotaciones petroleras”.

Esto es sumamente importante y tales acuerdos deben consolidarse, localmente y a nivel nacional, extendiendo el ejemplo por todas partes. “Territorios .libres de minería, hidroeléctricas y explotaciones petroleras” es un acuerdo relevante. Implica que, en estos lugares, no tienen cabida las transnacionales mineras, ni eléctricas ni petroleras.

Pero no basta el acuerdo local porque las disposiciones, ya acordadas por el Estado mexicano, son opuestas y rigen (constitucionalmente) para todo el territorio nacional. Esto es, están en marcha y para evitarlas no basta un acuerdo de asamblea, se necesitan acciones mayores enmarcadas en una lucha necesariamente nacional.

“También decidieron la adhesión de los 90 pueblos, que abarcan siete municipios poblanos, a la demanda que fue presentada por integrantes del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic) a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por presentar manifestaciones de impacto ambiental plagadas de errores, datos viejos y omisiones”.

“Firmaron lista de asistencia más de 3 mil delegados de 89 pueblos, entre autoridades, jueces de paz, líderes agrarios, comités de gestión del agua y representantes de cooperativas de siete municipios, con el propósito firme de frenar la más reciente amenaza: los cuatro proyectos que la Semarnat concedió a la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y de la cual informó en su Gaceta en diciembre pasado: cuatro hidroeléctricas, presentadas como obras independientes, y mini-hidroeléctricas, bautizadas como Ana, Boca, Conde y Diego.

“Según los estudios realizados por el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan y el Centro Universitario para la Preservación de Desastres Regionales de la Universidad Autónoma de Puebla (Cupreder/UAP), las hidroeléctricas concesionadas no son menores ni inofensivas, sino obras de gran envergadura vinculadas a la extracción minera de El Aretón y Minera Sunshine, de los consorcios Grupo Ferrominero y Autlán, y con severos impactos ambientales en la zona”.

Eso está muy bien porque apunta hacia un consenso popular. Pero no hay que confiarse porque a la Semarnat NO le interesan las firmas, su costumbre es aprobar estudios falsos. La argumentación de los pueblos es correcta, aunque el gobierno y concesionarios privados les llaman mini-hidráulicas, se trata de centrales eléctricas de potencia, no son comparables a los grandes proyectos hidroeléctricos nacionales pero tampoco son “minis”. Esas hidroeléctricas serán privadas para abastecer a las mineras, asimismo privadas, de electricidad y agua. Por supuesto, se trata de proyectos privados y, como tales, orientados a favorecer la ganancia capitalista, la depredación de los recursos naturales y la afectación a las comunidades.

“Rufina Villa Hernández, secretaria del Comité del Ordenamiento Ecológico de Cuetzalan, hizo el recuento de las seis asambleas anteriores, donde se ha ido definiendo la agenda estratégica contra lo que llamó los proyectos de muerte. Aseguró: Vamos a sacar de nuestros lugares a cualquiera que venga a entrometerse en nuestra forma de vida de indígenas maseuales. Esto alcanza mucho más allá de nuestro municipio: lo que afecta a unos, nos afecta a todos.

“La inminencia de una reforma a la ley federal del agua imprimió a muchas de las intervenciones un ingrediente adicional de alarma. En Puebla ya fueron aprobadas las reformas que favorecen la privatización del líquido. Nos preocupa lo que vemos venir. Tenemos que estar alertas porque por ahora los diputados federales pararon los cambios en la ley del agua, pero pasando las elecciones lo van a retomar. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a dejar que otros vengan y tomen nuestra propia agua?”.

Muy bien por la combatividad, hace falta expresarla en organización, programa y política. No hay que inventar mucho, hay alternativas muy estudiadas, el FTE lo ha hecho ampliamente. Ante la próxima privatización del agua, más que alarmarse hay que articular la lucha nacional.

“En Cuetzalan, como en otros municipios, se han organizado los consejos maseuales del agua, como parte de un importante tejido cooperativo. Sus representantes, electos en asamblea, son responsables de la gestión de los recursos acuíferos. En la asamblea se resolvió repetir esta experiencia como una forma de resistir el despojo y para hacer resistencia. El Cupreder ofrece asesoría para estos organismos.

“En este tema, como entre los demás, se subrayó la división entre los coyomes –los no indígenas, en este caso los diputados poblanos que aprobaron las leyes de privatización del agua y los legisladores federales, que se aprestan a hacer lo mismo– y los maseuales, que proponen un manejo del recurso con respeto a las mayorías”.

Precisamente, debe considerarse que la nación mexicana está dividida en clases sociales y que hay muchos COYONES (no nada más coyomes), pero debe considerarse que la lucha NO se puede restringir solo a las comunidades indígenas porque volveremos a perder. Hoy es indispensable integrar a la mayoría de la nación, en el campo y la ciudad. De manera que la experiencia comunitaria es interesante y hay que aplicarla donde se pueda pero, la situación local es diferente a la nacional.

“La invitación a conocer y extender este modelo de movilización se hizo extensivo a las comunidades totonacas de la sierra que habitan hacia el norte de Veracruz. En las cercanías de Poza Rica, según las previsiones de las rondas cero y uno de la nueva ley de energéticos, se contempla la asignación de contratos a empresas privadas en 30 por ciento de su territorio”.

Esta situación es sumamente grave y está en marcha. Las Rondas 1 y 2 están en marcha y con ellas empezará la invasión de transnacionales. La Ronda 3 empezará en abril e incluirá las concesiones y contratos para explotar el aceite/gas de lutitas (shale), mediante el fracturamiento hidráulico (fracking). Las cuencas del Norte, Picacho-Sabinas, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz, están amenazadas. Esto es, no solamente las tierras jarochas sino mucho más. De allí la importancia de la lucha nacional.

Nos congratulamos del aprendizaje respecto al crimen de las mineras. Eso es muy importante pues, la experiencia no se improvisa. Ha llevado ya mucho tiempo pero es motivante que se avance aunque sea lentamente.

“Los campesinos de las comunidades de Teziutlán, norte de Puebla, fueron aprendiendo paso a paso a descubrir los métodos que aplican las empresas mineras y funcionarios estatales para cuentearlos y apropiarse de sus terrenos desde que el Grupo Ferrominero, propiedad de José Larrea, y la Minera Autlán incursionaron hace cuatro años en la zona (Petrich B., en La Jornada, p.18, 18 marzo 2015).

“Ante una asamblea de más de 2 mil delegados de la región –náhuatl, totonacos y mestizos– reunidos para definir estrategias en defensa de su territorio, el relato corre a cuenta del presidente auxiliar de Atoluca, José Cruz Reyes, y del comisariado ejidal, Juan Casanova, a propósito de cómo se formó el movimiento para rechazar la construcción de la hidroeléctrica Atexaco. Primero aclaran: No se trata de una obra para generar electricidad para la población, sino para unir las futuras hidroeléctricas del río Apulco y servir al proyecto extractivo conocido como El Aretón, en Tlatlauquitepec, de la minera Autlán”.

Como es típico se relataron los engaños con que siempre proceden las corporaciones. Eso no es casual porque, siempre y en todas antes, se siguen los mismos procedimientos. Ahora es peor, porque el mismo Estado y gobierno en turno asesora a las transnacionales para que lleven a cabo el despojo. Lo dijo el FTE y ahora se confirma.

Según refirió Petrich, se trata de “la aplicación de un manual que recientemente dio a conocer la Secretaría de Economía a las empresas interesadas en invertir en los proyectos energéticos e hidromineros en territorios campesinos a la luz de la reforma energética, la Guía de ocupación superficial, alianzas estratégicas para la promoción y el desarrollo de la competitividad del sector minero mexicano.

“Según la dependencia, el objetivo de esta guía para inversionistas permitirá que las compañías interesadas puedan lograr la aceptación por parte de las comunidades. Para ello, asegurar el acceso de la superficie del área concesionada (porque) es uno de los factores básicos para el desarrollo integral de los proyectos.

“Propone abordar a los pueblos afectados de la siguiente manera: en la etapa de exploración se recomienda proceder a una ocupación temporal. Cuando empiece la etapa de desarrollo se recomienda que utilicen su derecho de ocupación temporal, que compren o busquen la expropiación de los terrenos. En la etapa de operación sugiere que procedan a la expropiación, si no lo hicieron antes.

“La SE advierte que empresas pueden topar con obstáculos, ya que entre los campesinos existe un fuerte vínculo con la tierra, además de que cuentan con ejidos que implican una voluntad colectiva. Lo malo, subraya el texto, es que la gente de los ejidos suele considerarse históricamente como víctima y “utiliza a la opinión pública y toma medidas de facto como instrumentos de presión”.

“Para remontar esta dificultad, les recomiendan pedir asesoría legal y les recuerdan que el artículo 19, fracción cuatro, de la Ley Minera actual confiere al concesionario el derecho de obtener la expropiación, ocupación temporal o servidumbre sobre la superficie necesaria para llevar a cabo los trabajos y actividades de exploración, explotación y procesamiento, así como para el depósito de residuos, desechos, escorias y depósitos de grasas”.

La cuestión es peor, ese manual es solo “para no dejar”, con su aplicación o sin ella, el despojo LO HABRA y por la fuerza. El FTE hizo oportunamente el análisis político. Las leyes aprobadas en 2014 lo indican, el mismo gobierno hará los trámites y ejecutará, primero, la ocupación temporal y, luego, las expropiaciones. Eso empezará a ocurrir con vastas extensiones de terrenos en las zonas del fracking para perforar miles de pozos y abastecer las prácticas con altos volúmenes de agua que se volverán inservibles, lo mismo que la tierra, el aire y el medio ambiente.

“Por el momento, las mineras Ferrominero y Autlán se toparon con el problema de la voluntad colectiva y el apego a la tierra.

“La Minera Autlán tiene en Teziutlán, Hueytlalpan y Hueytamalco siete concesiones de explotación a cielo abierto. Y la constructora de la hidroeléctrica que les beneficiará ya cuenta con permisos de la Comisión Nacional del Agua, las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Defensa Nacional, que autorizará los explosivos con los que dinamitarán el área”.

La situación política es de emergencia nacional para Puebla y la nación mexicana en su conjunto. La amenaza es real, será la invasión de transnacionales como nunca la ha habido en la historia de México, con todas sus secuelas de despojo, crímenes y ultrajes de todo tipo. La lucha no es opcional y hacerlo, organizadamente a nivel nacional, es una necesidad.


Ref.: 2015, elektron 15 (82) 1-4, 22 marzo 2015, FTE de México.