En la cámara de diputados está la Ley General de Aguas que privatiza al energético vital, según el dictamen aprobado en comisiones. Esa ley es inaceptable en su totalidad. Pero hay otros hechos deleznables. En varios estados ya se aprobaron reformas privatizadoras a las leyes de aguas. En otros, la mayoría, la privatización ocurre de hecho. En Querétaro, lo servicios de agua potable ya están privatizados, los concesionarios son personeros y nefastas organizaciones priístas.

Protesta el Día Mundial del Agua. FOTO: C. Rodríguez

Que el PRI, el PAN y PVEM sean los impulsores de la privatización del agua No es extraño. Esos partidos están, explícitamente, contra la nación.

El PVEM, solo por utilizar el nombre y el color verde, se considera ecologista. ¡Es vulgar demagogia! Entre sus fechorías se cuenta la promoción (a nombre del PRI-AN) de la Ley de energías renovables, aprobada en 2008, que autorizó “legalmente” la privatización de TODAS las fuentes renovables de energía, para que fueran entregadas a las transnacionales. Esa Ley ha sido modificada adicionalmente y, hoy en día, la privatización es creciente.

El PAN siempre ha sido contrario a la nacionalización de TODO, principalmente, hidrocarburos, energía eléctrica y agua. Esto se agravó con los gobiernos de cohabitación PRI-PAN.

En cuanto al PRI, su entreguismo al imperio es a ultranza. Consecuentemente, auspicia la privatización generalizada.

Todos los partidos son beneficiarios de las privatizaciones: los votos de los legisladores se cotizan caros, las transnacionales pagan. No nada más, priístas en lo individual son concesionarios, incluso, organizaciones nefastas como la priísta Antorcha Campesina.

El caso en Querétaro es, más que ilustrativo, repugnante. La Ley General de Aguas todavía no se aprueba pero la privatización del agua potable hace años que ocurre, incluyendo la perforación y administración de pozos, la distribución del agua y el cobro de facturas, en concesiones a personas físicas o morales hasta por 20 años.

Para ello, se han constituido empresas que podrán disponer de millones de metros cúbicos, mismos que venderán caros habiendo pagado al gobierno apenas 1 (uno) peso por metro cúbico de agua que exploten.

¿Qué puede esperarse, entonces, de los partidos políticos? ¡Nada bueno! Jamás van a legislar a favor de la nación si, en los hechos, son los beneficiarios directos. La sola solución es la lucha social, organizada y unificada en todo el territorio nacional. El momento es de definición.

Las reformas a la Ley General de Aguas Nacionales pretenden legalizar lo que ya se hace en Querétaro, donde la Federación y el gobierno del estado han autorizado a operadores independientes la explotación y administración de pozos y el cobro por la distribución del líquido a los usuarios (Chávez S., en La Jornada, p.31, 13 maro 2015).

Bienes Raíces Juriquilla, Operadora Querétaro Moderno, SA de CV y hasta una asociación vinculada a la organización priísta Antorcha Campesina son algunos de los operadores cuyos permisos constituyen una forma de privatizar el servicio, señala Diana Laura Juárez Zamora, activista de la asociación civil Ecologistas de Juriquilla.

La ley estipula que el gobierno federal puede otorgar concesiones a personas físicas, morales o de carácter público o privado, dependencias y organismos descentralizados de la administración federal, estatal o municipal para la prestación de los servicios de agua con carácter público urbano o doméstico.

Con ese criterio, la Comisión Estatal del Agua y la presidencia municipal de El Marqués concesionaron a la sociedad mercantil Operadora Querétaro Moderno SA de CV la prestación del servicio y el cobro de tarifas a los usuarios durante 20 años. Esa compañía, integrada por empresarios inmobiliarios, sólo pagará al gobierno un peso por cada metro cúbico de agua potable que explote.

Operadora Querétaro Moderno fue constituida el 30 de abril de 2009 ante el notario público Roberto Loyola Vera, hoy candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura. Menos de cuatro meses después, el 19 de agosto de 2009, el ayuntamiento de El Marqués le entregó la concesión; el título se le otorgó en 2012 y el 2 de marzo de 2013 se publicó esa decisión en el periódico oficial del gobierno estatal, La Sombra de Arteaga.

El documento indica que la compañía prestará servicios de agua potable en la zona metropolitana nororiente 1. De acuerdo con el croquis, en esa área están los fraccionamientos Zibatá, La Pradera y El Regido, edificados entre 2009 y 2010 por empresas que encabezan algunos de los socios de la operadora.

La compañía podrá explotar un millón 952 mil 212 metros cúbicos anuales de aguas del subsuelo. Además, se encargará de contratos, conexiones, instalación de tomas, cobros de tarifas e intereses, materiales y accesorios.

Como directivos de esa empresa aparecen José Oleszcovski Wasserteil –muerto en un accidente aéreo en junio de 2013–, de la inmobiliaria Desarrollos Residenciales Turísticos; Roberto Flores y Fernández, Luis Alfonso García Alcocer, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el estado y director regional de Casas Geo, así como Impulsora Mico, de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

La empresa Bienes Raíces Juriquilla SA de CV obtuvo autorización para explotar tres pozos a partir de 2001; de dos extrae dos millones 18 mil 304 metros cúbicos anuales y de otro un millón 708 mil 200 metros cúbicos, de acuerdo con datos del Registro Público de Derechos de Agua

Los operadores están facultados para otorgar el servicio a las familias que habitan fraccionamientos de la zona residencial de Juriquilla y fijar cuotas, a cambio de un pago a la Conagua.

Desde agosto de 2010 la asociación Renovación 24 de Agosto, de Antorcha Campesina, es operadora del servicio en la comunidad La Piedad, municipio de El Marqués. El pozo que administra tiene capacidad de 320 millones de metros cúbicos para uso doméstico.

Desde hace 14 años la administración ha estado a cargo de comités (no todos vinculados con Antorcha Campesina), que se han acusado entre sí de manejo indebido de las cuotas de bombeo y distribución.


Ref.: 2015, elektron 15 (85) 1-2, 25 marzo 2015, FTE de México.