El PRI, PAN, PVEM y PRD aprobaron en el Senado la ley secundaria número 13 de la reforma energética para complacer a las transnacionales y contratistas. Es una ley sobre sabotaje y terrorismo en materia de hidrocarburos. Detrás está, otra vez, el Wilson Center México, aparato al servicio directo del imperio. Esa ley no protege al patrimonio nacional porque la red nacional de ductos, antes de Pemex, está en vías de privatizarse. Ante el previsible despojo, la iniciativa de Peña Nieto tiene el objetivo de fortalecer la capacidad represiva del Estado contra quienes se opongan a las petroleras extranjeras.

El robo de combustibles es un evidente delito y, supuestamente, para evitarlo el gobierno de Peña Nieto ha seguido dos vías. Una, deshacerse de la red nacional de ductos, antes a cargo de Pemex, para entregarla a los privados. Dos, crear una ley para proteger a las transnacionales petroleras, tipificando los delitos de terrorismo y sabotaje.

Las dos vertientes son inaceptables para la nación. En el primer caso, se trata de legalizar el despojo total a la nación sobre sus recursos naturales de hidrocarburos e infraestructura energética. En el segundo, se anuncia la represión del Estado contra quienes se opongan al despojo.

Como en ocasiones anteriores, el PRI-gobierno argumenta con base en mentiras. Sí, porque esa ley no protegerá ningún patrimonio nacional sino, explícitamente, a las petroleras extranjeras. Estas, traerán a sus propias “guardias blancas” paramilitares y, además, contarán con una ley para aplicarla contra quienes se opongan a la desnacionalización y privatización energética.

El hecho es muy grave, todavía no ingresan las corporaciones y el gobierno ya está criminalizando a la nación mexicana opositora. Esto es, Peña dice combatir el crimen con más crimen pero enderezando la ley contra los mexicanos.

Cierto es que el robo de combustibles debe combatirse y sancionarse pero el gobierno no quiere eso, NUNCA lo hizo cuando Pemex representaba a la industria petrolera nacionalizada. Ejército, marina y policía federal SIEMPRE incumplieron sus deberes. Tan es así que, ante la “imposibilidad” de garantizar la seguridad de la Red Nacional de Ductos, Pemex optó “absurdamente” por ceder esa infraestructura al capital privado.

Para garantizar la certidumbre a los contratistas, no bastó modificar regresivamente a la Constitución ni imponer una legislación secundaria igual de regresiva. Por eso se promueve una nueva ley que NO está dirigida a combatir el robo sino a legalizarlo. A Peña y partidos políticos NO les preocupó realizar el mayor robo a la nación en su historia, al desnacionalizar las industrias petrolera, petroquímica y eléctrica. Lo que le preocupa es criminalizar a priori cualquier oposición popular.

Sí, el gobierno utiliza impropiamente los conceptos de sabotaje y terrorismo en la nueva Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos. En esta ley, “se crea la figura de terrorismo en la industria petrolera y se sanciona con prisión de 30 a 40 años los actos de sabotaje en los equipos, instalaciones y bienes muebles e inmuebles de ese sector industrial” (Ballinas V., Becerril A., en La Jornada, p.8, 6 marzo 2015).

Aún cuando el PRD introdujo una modificación, según la cual, “en ningún caso podrá considerarse sabotaje el ejercicio del derecho a la manifestación y expresión de opiniones e ideas o la libertad de reunión”, la propuesta es engañosa, Los partidos políticos se agarran del combate al robo de combustibles para dirigir la ley contra la oposición a la invasión de transnacionales. Es, en el lenguaje del imperio, una ley “preventiva”.

Peña Nieto manipula todo para imponer los delitos de sabotaje y terrorismo. En lo sucesivo, como ha hecho el imperio, le llamará “terrorista” a todo lo que se mueva y con ese “argumento” justificará la represión violenta y el crimen. Que el PRD haya incorporado una modificación No garantiza nada. El propio PRD con su voto, avaló la nueva legislación.

El imperialismo, utilizando esos conceptos y sin tener NINGUNA prueba, invadió a Irak cometiendo todo tipo de atrocidades. En cambio, es aliado y socio de los verdaderos terroristas. Peña pretende emular a sus amos, para perseguir a sus opositores mientras a los rateros los seguirá protegiendo, habida cuenta que delincuentes y gobierno cohabitan en el mismo Estado.

En la Ley se precisa en qué consisten los términos terrorismo y sabotaje en materia de hidrocarburos. “Se definió en la fracción 26 del artículo tercero, en los siguientes términos: Realizar intencionalmente por cualquier medio violento, actos en contra de bienes, servicios, integridad física, emocional, seguridad o la vida del personal de asignatarios, contratistas o permisionarios; que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, con la finalidad de atentar contra la seguridad nacional o contra las actividades de carácter estratégico relacionado con los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos”.

Aparentemente, eso está bien. Pero, en una lectura comprensiva, no es así. Primero, porque diga lo que quiera la ley, el Estado siempre la interpreta a conveniencia y, lo peor, la aplica unilateralmente y a discreción. El objetivo no es contra quienes “ordeñan” ductos. Las nuevas figuras tiene como objetivo proteger a “asignatarios, contratistas o permisionarios”. ¿Quiénes son esos? Las transnacionales, filiales, prestanombres y socios menores (burguesía nacional). Lo demás es demagogia. ¿De qué seguridad nacional habla el gobierno? De la seguridad del capital privado, nacional y extranjero.

¿Cuáles actividades de carácter estratégico? TODAS esas actividades de la industria petrolera ERAN estratégicas pero ya NO lo son, ahora se les considera “prioritarias” para privatizarlas, lo dicen las propias reformas constitucionales regresivas, precisamente con relación a los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Peor aún, se implica a TODAS las industrias petrolera, petroquímica y eléctrica, en TODAS sus fases de trabajo.

Por lo que se refiere a sabotaje, la Ley lo define como “el daño, destrucción, perjuicio o entorpecer ilícitamente la estructura de asignatarios, contratistas y permisionarios, con el fin de trastornar la operación y su vida económica”.

Se reitera el objetivo de la Ley: “proteger a la estructura de asignatarios, contratistas y permisionarios, con el fin de trastornar la operación y su vida económica”. Esos asignatarios, contratistas y permisionarios NO se dedicarán solamente al transporte de petrolíferos, gas o petroquímicos por medio de ductos, lo harán en TODAS las demás fases del proceso de trabajo, en las plataformas terrestre y marina.

De manera que, la “ordeña” queda en segundo o tercer plano. Ya desde antes era así, con Pemex los robos se hacían sin que el ejército y la marina nunca vieran nada, según decían; la policía federal si veía pero desviaba la mirada hacia otro lado, mientras los rateros comercializaban el robo.

Se creó un apartado de sanciones penales que van desde los cuatro años como mínimo hasta un máximo de 60 años, multas económicas que van desde los 15 mil hasta los 75 mil días de salario mínimo vigente.

La sanción más alta se detalla en el artículo 18, en el cual se precisa que se aplicarán de 40 a 60 años de prisión y multa de 65 mil a 75 mil días de salario mínimo vigente, a quien realice intencionalmente por cualquier medio actos de terrorismo en cualquier instalación de asignatarios, contratistas o permisionarios y otras pertenecientes al ramo de la industria de los hidrocarburos.

“Se establece un régimen penal especial para la industria energética que incluye configurar los delitos de sabotaje y terrorismo contra las instalaciones y empresas petroleras nacionales y extranjeras (Becerril A., Ballinas V., en La Jornada, p.4, 13 marzo 2015).

“La nueva ley, aprobada con 80 votos a favor y siete en contra –estos últimos de la bancada del PT–, endurece además las sanciones, que llegan hasta 35 años de cárcel por el robo de combustibles, y 10 años por vender litros incompletos de gasolina, ya que a ambos ilícitos se les tipifica como delitos graves.

“La parte medular de la ley, sin embargo, son los nuevos tipos penales, el sabotaje y el terrorismo en materia de hidrocarburos, que se penalizan con 40 y 60 años de cárcel, respectivamente.

“El coordinador del PT, Manuel Bartlett, advirtió que “con el señuelo de castigar la ordeña de ductos y el robo de combustibles, en realidad se introduce un novedoso marco penal con medidas draconianas para proteger a las empresas extranjeras que vendrán a explotar el petróleo”.

Agregó que se trata de “una pieza más de la reforma energética que privatizó el petróleo y la electricidad, y que se va a revertir contra los mexicanos”.

PRD justificó su voto porque “se eliminaron los aspectos más preocupantes, entre ellos no criminalizar la protesta o vulnerar el derecho de reunión y de expresión, al definir con claridad que las manifestaciones en instalaciones petroleras no serán consideradas sabotaje”. Lo menos que se puede decir es que el PRD se quedó muy corto.

El Wilson Center Mexico Institute, coautor con el ITAM y un grupo de falsos expertos, incluyendo funcionarios del actual gobierno, dedicado a informar al gobierno norteamericano y a promover sus ocurrencias, salió en defensa de la política que sigue Peña.

De no resolverse los problemas de inseguridad en el noreste de México, “podrían obstaculizar el desarrollo del sector energético y las ganancias de competitividad que lo acompañan”, advierte un estudio del Wilson Center Mexico Institute, presentado en la Secretaría de Relaciones Exteriores (Pérez C., en La Jornada, p.6, 13 marzo 2015).

“Mientras la seguridad en los puertos de entrada (a Estados Unidos) siga siendo una preocupación, estas propuestas (para potenciar la cooperación bilateral en materia de energía) no podrán llevarse a cabo debido a que organizaciones criminales trasnacionales se han involucrado en crímenes relacionados con la energía”, señala el estudio denominado La economía de la frontera México-Estados Unidos en transición.

“Es un gran reto en materia de seguridad, ya que estos grupos roban petróleo, dañan oleoductos e interrumpen los flujos de energía de diversas maneras; tanto la propiedad como la vida han sido amenazadas cuando las organizaciones criminales trasnacionales se adueñan de pozos y camiones, en algunas ocasiones secuestrando personal”, agrega el texto.

Lo dicho por este aparato del imperio no se refiere a la simple “ordeña” sino al crimen a alta escala que acostumbran realizar las corporaciones transnacionales. Esas son las “organizaciones criminales transnacionales”.

Tan es así que, en el Senado, cuando el senador Bartlett (PT) hizo notar que no podía hablarse de delitos contra el patrimonio, ya que los ductos van a privatizarse y pasar a manos de empresas extranjeras, el priísta Omar Fayad no respondió. Pero, “modificó el título de la ley que no sólo se refiere al robo de combustibles, sino a crear un nuevo régimen penal para las empresas privadas que entrarán al país a explotar los hidrocarburos” (Becerril A., en La Jornada, p.12, 14 marzo 2015).

A confesión de parte, relevo de pruebas. Los mismos que promueven esa Ley confiesan sus aviesos propósitos.

Una vez aprobada por el Senado, la minuta se turnó a los diputados. ¿Qué pasara? Lo de siempre, los mismos partidos que ya aprobaron la Ley la ratificarán.

El senador Bartlett reiteró que, esa Ley “crea un régimen penal extraordinario en beneficio de las petroleras extranjeras”.

Explicó que, además, de tipificarse los delitos de terrorismo y sabotaje “la ley otorga jurisdicción al derecho internacional por encima del derecho mexicano” y recalcó que, “esa ley, propuesta por el PRI y aprobada con trampas y de forma engañosa, responde a las presiones de Estados Unidos para proteger a sus trasnacionales”.

Hizo notar que hasta el PRD votó en favor de esa ley, que se presentó para combatir el robo de combustibles, vía las tomas clandestinas, pero que en realidad es un régimen penal extraordinario, no para proteger las sedes de Pemex, sino para dar satisfacción a la demanda de Exxon, Texaco y las demás firmas extranjeras.

“Con esa Ley se fortalece la capacidad de represión del Estado contra quienes se opongan a las petroleras extranjeras. Por ejemplo, dijo, una comunidad indígena o ejidatarios y campesinos que se opongan a que les expropien sus tierras bajo la figura de ocupación temporal, pueden ser acusados de terroristas y encarcelados hasta por 60 años.

“El senador insistió: En ese nuevo marco penal no se defiende el interés y la propiedad de la nación en materia de hidrocarburos, sino los activos de las empresas trasnacionales. Ello, agregó, queda de manifiesto en el artículo primero de la ley, en el que se define como su objeto establecer los delitos en particular y sanciones que serán aplicables en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos.

Se define luego como activos “aquellos bienes asociados al proceso de producción, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Los principales activos de una empresa son sus instalaciones y maquinaria, sus existencias inventariadas de materias primas y productos semiterminados y terminados”.

En el artículo 140 del Código Penal se tipifica al sabotaje como el dañar, destruir, perjudicar o entorpecer vías de comunicación, servicios públicos, empresas siderúrgicas, eléctricas y organismos descentralizados y se imponen sanciones de dos a 20 años de prisión y multa de mil a 50 mil pesos.

En la ley recién aprobada, el sabotaje a la industria de hidrocarburos se castiga con mayor severidad, ya que según se establece en su artículo 16, la sanción es de 30 a 40 años de prisión y multa de 50 mil a 65 mil salarios mínimos.


Ref.: 2015, elektron 15 (80) 1-4, 20 marzo 2015, FTE de México.

Lo que interesa al gobierno es proteger a las petroleras extranjeras.
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