El gobierno de Peña Nieto se ha excedido, en corrupción, violencia y agresión a la nación. Además, se ha vuelto grosero y lépero, especialmente Beltrones, sicario del imperio. No basta posponer la discusión de un dictamen, ya aprobado por el PRI, PAN y PVEM, que privatiza al agua de manera TOTAL y OBLIGATORIA. Esa iniciativa del capital y organismos financieros del imperialismo, debe ser desechada. Tampoco deben participar en el debate las empresas transnacionales beneficiarias ni sus cabilderos. La alternativa está en la lucha social organizada, estructurada, programática, independiente y en todo el territorio nacional.

Este individuo, señalado capo ligado al narco, cabildero principal de las transnacionales de la energía y el agua, sicario de Peña Nieto, hace tiempo que se excedió pero, ahora, incita a la ira popular. Rabioso salió a los medios para anunciar que se posponía la votación, en el pleno de la Cámara de Diputados, del dictamen ya aprobado en comisiones que privatiza al agua, de manera TOTAL y OBLIGATORIA, en TODAS las fases del proceso de trabajo hídrico.

Para justificarse aseguró que, en la iniciativa de Peña Nieto y David Korenfeld, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “no hay privatización”. Dijo que, “la simple lectura (del dictamen) le quedaría claro, a cualquiera que no tenga lento aprendizaje, que no hay intención privatizadora”.

Beltrones ha ofendido nuevamente a la nación siendo él un connotado capo y retrasado mental. Al igual que Peña Nieto, ambos están lobotomizados por el imperio, lo mismo que el abogado Korenfeld, exdirector de la Comisión de Aguas del Estado de México y titular de la Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Saneamiento (ANEAS). Como empleados que son del capital, desconocedores por completo de la materia, en este caso, el agua, están gravemente trastornados y en su locura condenan a la nación al genocidio.

Eso es, y nada menos, la privatización del agua y su entrega ABSOLUTA al capital privado. Cinismo es poco, se trata de la mayor agresión a la nación, similar a la desnacionalización energética, en la historia de México. Ni durante la colonia española se llegó a tanto. En esa ocasión, había mucha agua en el territorio, la propia capital era un lago; los españoles, por supuesto, se apropiaron del agua, el desarrollo del capitalismo se iniciaba y coexistían, la propiedad privada con la comunal, los manantiales, ríos, lagunas y mares no estaban sujetos a ninguna ley y podían utilizarse libremente.

Con la Independencia la situación empezó a cambiar, lamentablemente jamás se estableció el derecho social al agua, lo mismo ocurrió con la Constitución carrancista de 1917, a lo más que se llegó fue a proclamar que la nación tiene la propiedad original del agua pero nada más. Lo que es peor, desde el principio se autorizó que hubiera concesiones privadas, de manera que el agua NUNCA ha sido de la nación y menos un derecho social. Hoy la situación es más grave que antes y se adiciona la fuerte carencia de agua en la mayor parte del país y su desigual distribución.

Con Peña Nieto, cachorro del imperio, el objetivo imperialista consiste en favorecer la acumulación desmedida de capital, a partir de la sobre explotación de los recursos naturales de la nación, la fuerza de trabajo y la infraestructura existente. Esta nueva reorganización del desarrollo del capitalismo en México tiene como componente la sumisión de la nación viviente, en calidad de esclavos, ante la burguesía transnacional.

Lo que ahora proponen Peña Nieto y el empresario Korenfeld no se les ocurrió en sus cabecitas, eso fue formulado por las propias transnacionales de la energía y el agua, que funcionan como redes y han proliferado por todo el planeta, incluso, México.

Por ello es que, al anunciar la posposición de la votación a las reformas a la Ley de Aguas, los privatizadores recurren presurosos a esas mafias.

“Antes de que el PRI aceptara posponer el debate de la Ley General de Aguas, diputados y senadores de ese partido defendieron el dictamen e incluso invitaron a empresarios que ya operan el servicio de agua potable en los municipios, así como al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Jesús Reyes Heroles, a quien diputados del PRD señalaron de ser el principal cabildero de la iniciativa a nombre del capital privado (Méndez E., en La Jornada, p.3, 10 marzo 2015).

“Kamel Athie (PRI), presidente de la Comisión de Agua Potable y uno de los principales impulsores del proyecto oficial, afirmó que “no hay privatización encubierta” del agua, pero enseguida justificó la apertura que conlleva el dictamen a que, por ejemplo, durante su administración en el gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador permitió la operación de empresas privadas en el Sistema de Aguas de la ciudad.

“Se trata, leyó en una tarjeta, de las empresas Proactiva, Medio Ambiente, Sacsa, Industrias del Agua de la Ciudad de México, Tecnología y Servicios del Agua y Agua de México. “Creo que vio que con esto el Sistema de Aguas podría ser mucho más eficiente” y ya prestan el servicio de agua potable, dijo”.

¿Qué objeto tiene la invitación a empresarios que ya operan el servicio de agua potable en los municipios? Aguas de Barcelona o Aguas de Valencia, ambas transnacionales depredadoras españolas, ¿se opondrán a la privatización? ¿Reyes Heroles (chico), empresario privatizador, cabildero de las transnacionales y del imperio, pondrá alguna objeción a la ley de Peña? La invitación del PRI a esos personeros es ridícula.

Qué López Obrador favoreció a los privados es cierto y no solo en materia de agua, también de gas y no se diga en la construcción. Lo mismo hizo Ebrard y ahora Mancera.

Ante tantas barbaridades, resulta ocioso y frívolo pedirle al Rector de la UNAM “que haga un pronunciamiento público” sobre la iniciativa de Ley de Aguas. Dicen algunos investigadores, defensores de la “libertad de investigación”, que esa Ley “criminaliza la investigación científica y cualquier otra forma de estudio que provenga de la sociedad organizada o de los pueblos y comunidades que tienen un enorme conocimiento sobre los bienes comunes hídricos” (Olivares E., en La Jornada, p.3, 10 marzo 2015).

La propuesta es extremadamente pobre. El Rector no se va a pronunciar en contra de la privatización del agua, es un personero funcional al Estado, Narro no es Barros Sierra, ni mucho menos, a lo más que llega es a la demagogia, lo único que se le ocurrió con relación al petróleo fue organizar foros universitarios sectarios y enviar las conclusiones al Senado. ¿Eso sirvió de algo? Sí, para adornar las consultas senatoriales pero, de la privatización, ni una palabra dijo. ¿Por qué no hacen el pronunciamiento los propios investigadores, “conocedores” de la materia? ¿Si la situación es “tan grave” para qué piden permiso? ¿Por qué no hablan de la privatización, parece que esa fea palabra les disgusta, como a Peña Nieto y mejor ni la mencionan?

La “libertad de investigación” en abstracto no sirve y reiteramos, con privatización no habrá ninguna “libertad” ni siquiera habrá investigación.

¿Por qué, dedicados profesionalmente al estudio sesudo, no han propuesto una alternativa coherente, debidamente argumentada, con datos y apoyada en los resultados de investigaciones? ¿Dónde está esa propuesta?

Limitarse a proclamar la “libertad”, dentro de seis paredes, para que cada quien haga lo que quiera si quiere, y exigir más presupuesto, son clichés ya muy manidos.

La investigación, científica, básica, tecnológica y aplicada debe fomentarse y realizarse ligada a la lucha social, no separada ni aisladamente.

El problema del agua y su privatización configuran una emergencia nacional. No se puede enfrentar privilegiando intereses gremiales, el problema atañe a toda la nación.

El FTE vuelve a reiterar: solo la lucha social, organizada y conciente puede impulsar cambios de fondo, así sea en el nivel de las reformas pero en la perspectiva de la transición social. Nuestra propuesta es la NACIONALIZACIÓN del agua, entendida como un proyecto con 5 banderas: 1. Propiedad colectiva de todas las fuentes de agua, en la superficie y subsuelo de las plataformas terrestre y marina, así como de la infraestructura física, 2. Aprovechamiento racional, cuidado apropiado y preservación de los recursos hídricos, 3. Política Hídrica Independiente, 4. Integración del proceso de trabajo hídrico, 5. Control obrero y popular del aprovechamiento, abastecimiento e investigación del agua.

La nacionalización del agua no se limita a un simple decreto administrativo ni siquiera a una Ley, es ante todo un acto político. Este se expresa, en primer lugar, en la lucha social pero, también, en las propuestas alternativas, en los ámbitos técnico, jurídico, político, social y cultural.

La lucha social significa el accionar con despliegue múltiple de fuerzas y en la dinámica concreta. Para hacerlo, es preciso que construyamos la organización social que necesitamos y de la cual carecemos. Sin organización no se puede avanzar. Pero no se trata de cualquier organización, esta debe ser de alcance nacional, unificada y entrelazada. No son aspiraciones ideales, esa organización se necesita y no se hace de la noche a la mañana con una sola reunión de activistas e improvisada. No, esa organización se construye y puede ser a partir de lo que ahora hay, que es muy poco.

Tampoco se trata de organizarse por organizarse, la organización necesita un programa político. Como parte de este es que el FTE propone la nacionalización del agua pero, evidentemente, no es solo el agua, también es el petróleo, el gas, la petroquímica, la energía eléctrica, las telecomunicaciones y otras más.

Asimismo, se necesita de una dirección política basada en principios de clase. Esta dirección también es necesaria para decidir colectivamente las acciones, coordinar los esfuerzos y planear los proyectos. Nada de esto se debe dejar al espontaneísmo, ni a la improvisación ni al ai´se va, porque ese es el mejor camino al fracaso. Lo que necesitamos es avanzar y, para ello es indispensable la independencia de clase.

Sobre estas bases proceden las acciones. En este momento, TODOS debemos pronunciarnos (no solamente el Rector) y hacerlo a través de asambleas, por centros de trabajo, sindicatos, centros de estudio, facultades y escuelas, colonias populares, pueblos enteros, comunidades, ejidos y organizaciones sociales existentes.

La presente ley ni siquiera debe discutirse, hay que rechazarla en lo general y en particular, no tiene absolutamente nada bueno para desgastarse. Lo que debe discutirse es nuestra propuesta, la acordada colectivamente y, en la parte jurídica, la ley nuestra. Reiteramos, lo más importante y prioritario son los acuerdos relacionados con la construcción de organización social.

Además de pronunciarse en esta dirección, hay que realizar acciones de movilización, tales como marchas, mítines, foros, festivales, conciertos, teatro, carteles, pintas, brigadas, volanteo, perifoneo, acciones de prensa empezando por la propia, círculos de estudio, investigaciones, en suma, estudiar, discutir y socializar la política.

En la medida en que se vaya construyendo la organización social, las acciones se ampliarán. Por ahora, un problema serio es la carencia de un centro que vertebre a la insurgencia obrera y popular. Los sindicatos del sector dormitan en brazos del charrismo, los demás, también. Pero hay que construir a ese centro y, en la medida de lo posible, a varios por regiones y a nivel local. Estas instancias, en forma de Consejos son necesarias para integrar al Consejo Nacional.

La presencia obrera es necesaria. Pero hay una ausencia casi total. Esto plantea una línea de trabajo especial en fábricas y centros de trabajo.


Ref.: 2015, elektron 15 (71) 1-4, 11 marzo 2015, FTE de México.

Proyecto INTEGRA, Integración del proceso de trabajo hídrico, basado en la Política Energética Independiente del FTE de México. Imagen: FTE

Lagunas de Montebello, Chiapas. Con la privatización criminal de Peña Nieto están en peligro todas las fuentes de agua