La privatización del agua será a discreción de la Conagua, la que decidirá el porcentaje de participación privada en concesiones y contratos, incluyendo, infraestructura, explotación, distribución y cobro de agua potable. Videgaray introdujo modificaciones al dictamen. El agua para el fracking hidráulico se disfraza como “usos industriales”. Esa ley será un desastre con graves consecuencias, dice Francisco Toledo, pintor oaxaqueño. Aumentarán las tarifas, dice el PRD, pues privatizar será una obligación para los municipios. No es privatización, dice Beltrones, y pospone la discusión del dictamen para maniobrar y, supuestamente, aclarar la “desinformación”. Esa ley perniciosa debe ser retirada.

El desastre ya está aquí. Desnacionalizar para privatizar a las industrias petrolera, petroquímica, eléctrica y de las telecomunicaciones, ha sido un crimen. Pero, privatizar el agua es una vileza. Su autor: el mismo hombrecillo chaparro y traumado.

Este individuo está mentalmente trastornado. Va al Reino Unido y le dicen que va muy bien con sus reformas privatizadoras y él lo cree. En la cuna del capitalismo Peña les es muy funcional, más cuando va a ofrecerles la invasión gratuita para que se apoderen del patrimonio energético nacional. Para esa burguesía, todo va bien, más para la arcaica monarquía. Y, cómo no, si la política de Peña y Videgaray sirven para la acumulación desmedida de capital.

Esta privatización derrama el vaso en múltiples sentidos. Los sátrapas del gobierno dirán que el vaso está medio lleno o medio vacío, finalmente, no les importa lo que digan, su despotismo es ya excesivo.

¿Qué pretenden Peña, Videgaray y sus asesores del ITAM? Imponer una reorganización del capitalismo en México en plan voraz, depredador e impune, según los dictados directos del imperialismo y sus organismos internacionales, como el Banco Mundial.

En ese modelo los derechos sociales NO existen, el concepto de servicio público NO existe. Todo, incluso las relaciones humanas, se cosifican, se les considera mercancías y se sujetan a los caprichos y especulación del mercado capitalista. ¿Cuál será la consecuencia? Hundir a la nación en una severa crisis, acompañada de violencia y crimen. Si el Papa Francisco calificó la “mexicanización” como una “cosa” de terror, con la privatización TOTAL y OBLIGATORIA del agua, ese terror se volverá “la ley”. El plan del gobierno es genocida al proyectar un futuro de hambre y de sed para México.

Por simple sobrevivencia, la nación viviente no debía permitir semejante crimen. La privatización del agua, energético vital, es un atentado directo a la vida.

No es menos. Llamarle inequidad al acceso al agua es apenas un eufemismo. Quedarse en el “derecho humano” es una ilusión, así se indique en el artículo 4º constitucional “para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. Limitado al derecho humano, todo queda en el nivel individual, abstracto, vago y declarativo. Ese derecho es nugatorio de inmediato, cuando la misma Constitución, en el párrafo 1º del artículo 27 constitucional, autoriza la privatización del agua mediante concesiones privadas.

Lo que ahora proponen Peña, Videgaray y amos, aprobado por diputados y partidos políticos sátrapas (PRI, PAN, PVEM, Panal), es una privatización TOTAL y OBLIGATORIA. Por supuesto que los municipios quedan indefensos, proclamando una soberanía inexistente de municipios libres que jamás lo han sido. Los municipios fueron los primeros que cayeron en las redes corruptas de las transnacionales, en prácticamente, todo el país y desde hace más de dos décadas. Ahora, los municipios deberán privatizar al agua o serán asfixiados por la hacienda federal, es decir, sin privatización no habrá recursos.

Se trata de la inducción al crimen. En aquellos municipios donde se proyecta la explotación del gas/aceite shale (lutitas), mediante el fracturamiento (fracking) hidráulico, se deberá otorgar a las transnacionales el derecho a usar, desperdiciar y contaminar TODA el agua que decidan para la perforación masiva de pozos.

Para los usuarios domésticos la situación será calamitosa, empezando por la elevación de las tarifas y abusos múltiples, sin que proceda ningún reclamo. Con la privatización actual, en todas partes ha habido elevación de tarifas, mal servicio y abusos. Aun en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, supuestamente en manos estatales (y perredistas), los abusos son cotidianos. Ahora, será exponencialmente peor. El PRD, que ahora pone el grito en el cielo, también es partícipe de los abusos.

La nueva situación será más contradictoria. Quienes paguen el agua, podrán hasta desperdiciarla y, quienes no paguen, simplemente, no tendrán agua. Si ahora hay carencias enormes, incluyendo a millones que no tienen agua potable, con la privatización todo será más grave, afectando la alimentación y la salud.

Una sociedad sin el derecho social al agua está llamada a la guerra. Es un asunto de sobrevivencia. Nacionalizar al agua es una necesidad y, por ser necesaria, se hará.

Para lograrlo es preciso organizarnos debidamente, construyendo una organización estructurada en todo el territorio nacional, con un programa para la transición y una política con independencia de clase.

Al gobierno de la burguesía hay que tirarlo al Congreso disolverlo y a los partidos políticos electoreros, proscribirlos por traidores a la nación. Simultáneamente, debemos ejercer tareas de poder dual. No debemos votar por la basura actual, debemos construir el poder popular. Esto no es sencillo, debemos empezar por discutir colectivamente, estudiar la política e imprimirle dinámica concreta, sin vacilaciones ni frivolidades pequeñoburguesas.

En el camino, hay que echar abajo todas las leyes regresivas y a la Constitución misma también, por servir solo al capital e imperialismo. Pero, primero hay que ejercer el derecho a la insurgencia obrera y popular, practicar el poder popular (sin elecciones burguesas) y, después, hacer la Constitución y las leyes, no al revés.

La movilización de la nación debe ser mayoritaria y, en este escenario, los trabajadores deben cumplir sus deberes de clase. Al momento, son quienes mayor lástima dan, por apáticos, sumisos y agachados al charrismo sindical corporativizado con el Estado. Hay que desafiar a los charros y expulsarlos del movimiento. Nada se hace solo ni de la nada, cuesta trabajo. Si las generaciones actuales se siguen negando, les tocará a las siguientes. Los que no le entren quedarán como vergüenza y ejemplo de indignidad.

Hoy, enfrentamos a mafias de criminales muy bribones. Peña Nieto y Beltrones son sicarios contra la nación. Ambos, mentirosos y cínicos, dicen que habrá “uso eficiente de los recursos hídricos” pero “no hay privatización del agua”. Dirán lo que quieran pero, aquí y en China, privatizar al agua es un crimen genocida.

De última hora, Beltrones canceló la discusión en la Cámara de Diputados para este 10 de marzo, se pospuso “indefinidamente” para aclarar la “desinformación”, dijo, y argumentó que PRD, PT y Morena preparaban acciones en contra. Es el pretexto para maniobrar, habían creído que el atraco lo consumarían en lo oscurito y les faltó avisarle a la Policía Federal (PF). De un momento a otro, convocarán a sesión, que estará repleta de la PF. La toma de la tribuna no les preocupa. Votarán aunque sea en el estacionamiento o un recinto alterno. PRI, PAN y PVEM son mayoría y ni siquiera necesitan mayoría calificada porque la reforma no es constitucional.

Grave sería quedarse en las acciones de aparato, dentro de las “instituciones” pues, sin lucha social, eso NO sirve. Con la reforma energética se comprobó y la nación perdió.

El porcentaje en que la iniciativa privada participará en los proyectos de infraestructura, explotación, distribución, facturación y cobro de agua potable al usuario final será decidido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como se define en el dictamen de la Ley General de Aguas promovido por el gobierno federal a través de PRI y PAN en la Cámara de Diputados (Méndez E., en La Jornada, p.3, 9 marzo 2015).

“La intervención de las empresas en los proyectos hidráulicos se remite a un reglamento interno de la Conagua que no conocen los legisladores, porque no se nos permite acceder a él”, cuestionó el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD).

Adiciones nocivas

El legislador explicó, en entrevista, que si bien él participó por acuerdo de su grupo parlamentario en las negociaciones iniciales para la iniciativa –la cual se dictaminó la semana pasada–, el gobierno de Enrique Peña Nieto introdujo adiciones al texto original que van hacia la privatización del agua en México.

“Pudimos lograr algunos acuerdos, como sacar todo un capítulo sobre la fractura hidráulica, pero de último momento cambiaron el dictamen; incluso intervino la Secretaría de Hacienda para modificar la iniciativa y el PRD no puede acompañar ese documento”, dijo.

–¿Qué introdujo Hacienda en el dictamen?

–Ocurrió en la madrugada del miércoles. El proyecto de dictamen lo circularon a altas horas de la noche y todavía Hacienda presentó sus consideraciones. Eliminó, por ejemplo, todo lo relacionado con la acuacultura e incluso el orden y redacción de los artículos, con lo que se altera el sentido de la iniciativa para abrir el sector del agua a la iniciativa privada.

“Se elevan las concesiones de 25 a 35 años y eso no garantiza el derecho humano al agua; por eso no podemos votar esa ley en la sesión de este martes. Es una ley nociva que da entrada a las empresas en asignaciones directas. Si bien logramos la obligación de informar semestralmente el padrón de concesionarios, se nos impidió (realizar) cambios de fondo”.

–¿Y qué fue lo que se modificó del proyecto de la Conagua?

–Que se suprimiera todo el capítulo de fracturación hidráulica, pero aun así, PRI y PAN introdujeron la figura de “uso industrial” del agua para la extracción de hidrocarburos.

–Los trasvases, ¿cómo afectarán regiones abundantes en agua, como Tabasco?

–Trasladar volúmenes de agua de una cuenca abundante a otra con escasez será necesario, pero no por el capital privado; en la ley eso no queda regulado. Por eso dejamos la negociación, ya que no vamos a avalar una ley que es nociva para la sociedad.

Autoridades comunales de diversas localidades de la entidad, así como el pintor Francisco Toledo, fundador del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca (Pro-Oax), y la diputada federal perredista Aleida Alavez, se declararon en contra de la Ley General de Aguas que se discute en el Congreso de la Unión. Consideraron que con la legislación se pretende privatizar el líquido en beneficio de las grandes empresas y en detrimento del pueblo de México (Pérez J. A., en La Jornada, p.4, 9 marzo 2015).

La noche del sábado se ofreció en las instalaciones del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca una conferencia de prensa en la cual autoridades, Toledo y Alavez presentaron un posicionamiento en contra de la Ley General de Aguas. En entrevista, Toledo indicó: “Creo que estas nuevas leyes, en las que permiten a la iniciativa privada entrarle a los mantos acuíferos y a los ríos, van a ser un desastre”.

Agregó que esta iniciativa, impulsada por la Presidencia de la República y discutida en el Congreso federal, traerá diversas problemáticas e incluso “consecuencias muy graves; a ver si no vienen de inmediato todas las refresqueras a querer comprar toda el agua”.

Señaló que el costo del agua es reducido en Oaxaca, pero si una persona tiene necesidad de adquirir una pipa con el líquido debe pagar entre 800 y mil pesos, ya que el traslado de agua en camiones cisternas es un negocio operado por particulares, situación que se agravaría de aprobarse la nueva ley, por lo que “hay que hacer algo”.

Por su parte, la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados federal, Aleida Alavez, llamó a la defensa del líquido. Sostuvo que “este modelo hídrico se basa en cómo orientar para que de una cuenca a otra se hagan megaproyectos para trasladar el agua sin garantizar la sustentabilidad”, lo que derivaría en la devastación de las zonas de las que se extraiga.

Afirmó que “no es un derecho humano el que están haciendo valer con esta ley”, pues el Estado mexicano busca desentenderse de su obligación de operar y distribuir el agua y la cede a la iniciativa privada, “sin que con esto se garantice que los particulares tengan primero la noción de hacer valer este derecho”, ya que incluso marca que el uso de agua por cada persona será de 50 litros diarios, lo mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

De igual manera, la perredista acusó que la iniciativa obliga a estados y municipios que quieran recibir recursos públicos o programas a signar forzosamente un convenio de colaboración en el que se impondrán medidas, principalmente en las tarifas, lo que crearía muchos conflictos, ya que no se puede cobrar la misma cantidad de dinero a los usuarios. “Estamos hablando de cobros que se van a ir a 300 por ciento de lo que actualmente estamos pagando por el agua”.

Sostuvo además que en el Congreso federal se percibe una legislatura autoritaria en la que los representantes populares ni siquiera revisaron la iniciativa presentada e incluso recibieron el dictamen de la ley la noche del martes pasado y la aprobaron al mediodía del miércoles sin discutirla, lo cual consideró una clara muestra de que no fue analizada, sino que se distribuyó con la orden de votarla de inmediato.

Diputados locales del PRD sostuvieron que de aprobarse la legislación “violatoria del derecho humano al acceso al agua”, en el Distrito Federal se incrementaría hasta en 300 por ciento la tarifa del líquido.

El diputado Alejandro Ojeda señaló que solicitarán a los organismos defensores de los derechos humanos promover una acción de inconstitucionalidad, pues se atenta contra el artículo cuarto constitucional, el cual reconoce el acceso al agua como derecho humano (Ramírez B.T., en La Jornada, p.4, 9 marzo 2015).

El legislador agregó que lo que se pretende aprobar “tiene la intención de privatizar el agua, ya que en el cuerpo del dictamen se viola el derecho a acceder al líquido, al tiempo que se da prioridad a concesiones a particulares en detrimento de la responsabilidad del Estado de garantizar el abasto a la población”.

Señaló que en los artículos 254 al 261 del dictamen se obliga a los municipios a actualizar el costo real del agua, es decir, por decreto se incrementará la tarifa.

El líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, dijo que la nueva Ley General del Agua garantizará el uso eficiente de los recursos hídricos con criterios de sustentabilidad, equidad y suficiencia, además de sumar los esfuerzos de gobierno y sociedad, lo que de ninguna manera significa privatizar el agua (Damián F., en Milenio digital, 8 marzo 2015).

El proyecto de ley propone que el capital privado se sume a las inversiones públicas, actualiza el régimen de concesiones, permisos, tarifas y sanciones, además de consolidar la rectoría del Estado sobre las aguas nacionales mediante instrumentos de planeación como la Estrategia Nacional de Agua, el Sistema Nacional de Información del Agua, la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua y los Consejos de Cuenca, dijo. Explicó que el objetivo es asegurar la dotación de agua para sus distintos usos, incluyendo el agrícola, industrial y en servicios, y garantizar que cada mexicano reciba la dotación mínima de 50 litros diarios a la que todo ser humano tiene derecho.

"El que cada mexicano cuente con agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y a su alcance económico es un asunto de justicia elemental y una responsabilidad del Estado", dijo.

Beltrones subrayó que la gestión responsable del agua no sólo es un tema asociado con la sustentabilidad del desarrollo, la justicia social y con la calidad de vida, sino también es un asunto de seguridad nacional y uno de los temas cruciales para afianzar el futuro.

En un comunicado, el coordinador priísta aseguró que la ley permitirá erradicar la sobreexplotación de los acuíferos y transitar a un modelo de aprovechamiento sustentable compatible con las necesidades de desarrollo y crecimiento económico con una visión de largo plazo.

Recordó que desde el 2012, la Constitución establece el acceso al agua como un derecho humano, pero aún falta un marco reglamentario para que se haga efectivo mediante una política hídrica sustentable, racional e integral que asegure este rubro de la seguridad nacional.

"Esto explica la trascendencia de aprobar la nueva Ley General de Aguas que habrá de discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados el martes próximo" agregó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados indicó que no se debe soslayar la compleja situación hídrica del país, la disminución de la disponibilidad de agua en algunas regiones, el estado crítico de la infraestructura hidráulica y la necesidad de prevenir y mitigar los efectos de las sequías y de otros fenómenos hidrometeorológicos.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó aplazar indefinidamente la votación de la Ley General de Aguas, después de que legisladores del PRD y Morena amenazaron con emprender acciones de resistencia civil para frenar el presunto intento de privatizar los recursos hídricos del país (Damián F., en Milenio digital, 9 marzo 2015).

El coordinador del PRI en el Palacio de San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, confirmó la decisión unánime de diferir por "el tiempo que sea necesario" el proyecto, con el fin de aclarar la desinformación que al respecto se ha generado.

Remarcó, sin embargo, que "no hay un solo elemento para señalar que es una iniciativa privatizadora del agua".

Sostuvo que eso le quedaría claro con la simple lectura del dictamen "a cualquiera que no tenga lento aprendizaje al respecto".


Ref.: 2015, elektron 15 (70) 1-5, 10 marzo 2015, FTE de México.

El derecho social al agua no se negocia ni se adorna, lo hay o no lo hay.