energía, periódico del Frente de Trabajadores de la Energía

Cuando una de las cabezas visibles del sistema sale a decir que en México el agua no se privatiza y que no existe intención gubernamental de proceder en tal sentido, el mensaje es nítido: el agua se va a privatizar, y para ello en la cocina del Congreso se elaboró el suculento platillo que el próximo martes pondrán en la mesa del patrón.

Es el cuento de las últimas tres décadas: nada se privatizaría, prometieron, y a la vuelta de los años hasta el último tornillo terminó en manos de particulares, y son miles los ejemplos.

Producto de un dictamen negociado en lo oscurito, el próximo martes se votará en el pleno de la Cámara de Diputados la nueva Ley General de Aguas, por medio de la cual se avala, por razones de interés público, que el capital privado meta la mano hasta el fondo (para obtener pingües ganancias) en la prestación del servicio y en toda la cadena: extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas al usuario final. Tal dictamen fue aprobado por PRI, PAN y el partido verde (por aquello del color de los billetes gringos).

Como bien denuncia la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda), se trata de un albazo, pues “no sólo no se permitió la participación social, sino que, en violación de su propio reglamento, los diputados aprobaron un dictamen que conocieron pocas horas antes sin tener el soporte técnico y científico suficiente y necesario para sustentar su voto en favor o en contra del contenido de la iniciativa... con una legislación como la que se pretende aprobar sería muy difícil alcanzar la cobertura universal de acceso al agua en el país, donde más de 9 millones de mexicanos carecen del servicio de agua entubada, y 13 millones, que habitan en zonas rurales y urbanas, reciben el líquido con ciertos gados de contaminación” (La Jornada, José Antonio Román).

Se trata de una ley a modo con el objetivo de que el capital privado obtenga otro filón de negocios (presencia rentable, diría Enrique Peña Nieto) a costillas no sólo de la nación sino de uno de los derechos fundamentales de los mexicanos, el cual ahora será garantizado con base en las utilidades de los inversionistas.

No obstante lo obvio, el pastor de los borregos tricolores, Manlio Fabio Beltrones, salió a decir que la citada ley asegura el uso eficiente de los recursos hídricos con criterios de sustentabilidad, equidad y suficiencia, además de que une los esfuerzos de gobierno y sociedad (ésta como sinónimo de capital privado, según su sonorense entender), lo que de ninguna manera significa privatizar el agua.

El susodicho asegura que sólo se trata de que el capital privado se sume a las inversiones públicas y “actualizar el régimen de concesiones, permisos, sanciones y tarifas, y consolidar la rectoría del Estado sobre las aguas nacionales; desde el 2012, la Constitución establece el acceso al agua como un derecho humano, pero aún falta un marco reglamentario para que se haga efectivo mediante una política hídrica sustentable, racional e integral que asegure este rubro de la seguridad nacional... El ingrediente de la participación ciudadana es imprescindible en una legislación moderna y en la gestión sustentable del agua”. Y todo listo.

Habría que recordar lo bien que les fue –especialmente en tarifas– a los habitantes de distintas ciudades de la República en la década de los 90, cuando el gobierno federal concesionó el manejo del agua a empresas privadas, y dónde terminaron éstas, es decir, en la panza del Fobaproa. Como ejemplo está el caso de la Concesionaria de Agua de Aguascalientes (CAASA), consorcio fundado en noviembre de 1993 (mediante la unión de Grupo ICA –Ingenieros Civiles Asociados– (también le rescataron carreteras), con el 55 por ciento de las acciones, y la trasnacional francesa Generale Des Eaux, con el 45 por ciento restante) para la operación y mantenimiento de redes de alcantarillado y agua potable. Dos años después fue rescatada por el erario.

Entonces, de acuerdo con el pastor tricolor, sólo se trata de unir los esfuerzos del gobierno federal y del capital privado (la sociedad, según él). Pues bien, desde el año 2003 el Banco Mundial, organismo privatizador por excelencia, calculó cómo sería el inicio de esta unión de esfuerzos: de entrada asegura que es necesario incrementar las tarifas en no menos de 75 por ciento para que la inversión privada genere ingresos netos suficientes (el organismo financiero le llama satisfacer plenamente las necesidades de inversión), y que el factor de utilidad para el inversionista sea tres por uno (léase tres dólares de utilidad, uno de inversión).

Es menester que el organismo financiero (supuestamente) multilateral actualice sus cálculos (porque muchos indicadores se han incrementado desde 2003, especialmente el relativo a la voracidad del gran capital), pero lo que revela en su análisis de aquel año (Private Solutions of Infrastructure In Mexico) da idea de qué tamaño será el golpe para los bolsillos de los mexicanos con esta nueva privatización que nada privatiza (la frase puede ser de EPN, Beltrones, o cualquier otro prócer neoliberal). De cualquier suerte, siempre queda la solidaria acción gubernamental para rescatar a las empresas que truenen o que no alcancen el nivel previsto de utilidades (recuérdense banca, carreteras, ingenios azucareros, aerolíneas, y lo que se quede en el tintero).

El Banco Mundial celebra el tamaño del negocio potencial, toda vez que en México existen más de 160 ciudades con población mayor a 50 mil habitantes, aunque deja en claro que la naturaleza o modalidad de la participación privada y los tipos de beneficio que genere dependerán de las perspectivas de generación de ingresos suficientes para recuperar la inversión. A mayor tarifa (en el cobro del agua), mayor será la inversión, y las tarifas, subraya, son esenciales a la hora de las concesiones.

Desde entonces, el Banco Mundial alentaba al gobierno mexicano a elaborar la legislación secundaria para proporcionar seguridad jurídica a los inversionistas y así echar andar el negocio privado del agua. Pues bien, el próximo martes pretenden contar con ella.

Las rebanadas del pastel

¿Recuerdan la guerra del agua en Bolivia, año 2000? La privatización fue cortesía del Banco Mundial, y el aumento de tarifas y las concesiones del dictador Hugo Bánzer. Entonces, cualquier parecido con lo que puede suceder aquí no es coincidencia.

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