Vuelven los diputados sátrapas del PRI, PAN, PEVEM y Panal a las mismas fechorías e infamias, ahora para privatizar todo el proceso de trabajo del agua, esto es, extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas. También se privatizará el trasvase de una cuenca a otra y la utilización de agua, SIN LÍMITE, para el fracking hidráulico. Habrá contratos y concesiones, los concesionarios tendrán facultades de decisión. Para hacer cumplir las decisiones, la Conagua podrá recurrir a la fuerza pública. Tímidas e improvisadas protestas a posteriori y ridículas amenazas de Obrador.

Otra vez, en la misma cloaca, la claque política decide en contra de la nación. Ahora, acordarán la privatización TOTAL del agua, es decir, de TODO el proceso de trabajo hídrico.

En la “nueva” Ley de Aguas se autorizará la extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas del líquido. También avala la figura de trasvase de una cuenca a otra.

La Conagua podrá celebrar contratos de obra pública y de servicios a particulares para el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal, mediante la modalidad de inversión recuperable.

Este modelo incluye otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el gobierno federal y la prestación de los servicios asociados a ésta. Además, entregará contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener dicha infraestructura y coordinar el otorgamiento de las concesiones con los gobiernos de los estados.

Para cumplir las disposiciones, la Comisión Nacional del Agua (Conagua); podrá recurrir a la fuerza pública, es decir, policía, ejército y marina.

Mientras, las comisiones aprobaron que el mínimo vital para consumo diario por persona es de sólo 50 litros pero, no existe un límite definido para el uso industrial o el fracking.

¿Qué es todo esto? Una verdadera INFAMIA. Los diputados, vulgares criminales, siguen entregando al capital, nacional y extranjero, los recursos naturales que son patrimonio colectivo de la nación.

Tratar de convencerlos para que legislen en bien de la nación es inútil, solo entienden de dinero y de traición. Para eso fueron comprados por las transnacionales de la energía y del agua. Lo único saludable sería DISOLVER a ese Congreso sátrapa, empezando por desconocerlo y no volver a votar por NADIE de los actuales partidos electoreros.

Lo que están a punto de consumar los diputadetes es un crimen. No “limitan” ni “acotan” el derecho al agua, lo ELIMINAN. Y, la discusión No es sobre el derecho “humano”, que NO existe, sino el derecho SOCIAL, que tampoco existirá.

Hablar de derecho “humano” es simple demagogia, es lo que el Estado, ejército, policía federal, gobierno e imperialismo dicen respetar en todo lo que hacen. En estos términos, la lucha se “individualiza y fragmenta”, imposibilitando ejercer ningún derecho.

Por eso los diputadetes consideran ese “derecho” en el caso de concesiones domésticas, como el acarreo de agua mediante baldes, cubetas y jícaras. También está el caso de las tandas. O, bien, los ínfimos 50 litros diarios.

Se trata de derecho SOCIAL, asumido colectivamente para ejercerlo en lo concreto no en lo abstracto.

Este derecho SOCIAL plantea CONQUISTARLO, precisamente, mediante la lucha social. No cualquiera, sino la organizada concientemente, con programa, estructura y política independiente. Para ello, es fundamental ir al fondo del asunto. Se necesita dejar de moverse en la superficie de los fenómenos y de ilusionarse creyendo que el Estado y sus empleados dejarán de portarse mal y podrán corregir. No lo harán, nunca lo han hecho.

El problema NO es de ahora, lleva más de 100 años. De hecho, el agua (de la nación) NUNCA lo ha sido. En ninguna Constitución se planteó que no hubiera concesiones privadas, menos en la carrancista de 1917. Consecuentemente, si ese es “el mandato” constitucional, en todas las leyes de aguas que ha habido, SIEMPRE se ha autorizado la intervención del capital privado.

Claro que ahora está peor pero esta calamidad tampoco es nueva, van décadas de privatización del agua en México, en prácticamente TODO el territorio nacional. En todas partes, mandan las transnacionales. Esta vez, la diferencia es que Peña Nieto, cual vulgar tirano al servicio del imperio, lleva al nivel de ley todas sus ocurrencias entreguistas. Estas fueron planteadas desde el Pacto (contra) México que firmaron los partidos políticos. Empezaron por las telecomunicaciones y la energía, ahora lo hacen con el agua.

Pedir que ahora se inicie un debate es, por lo menos, extemporáneo. Y hacerlo porque limita la “libertad de investigación” es muy poco. A algunos les interesa mucho esa “libertad” y, ¿la privatización y sus causas qué? Ni la mencionan. Quieren “libertad” en abstracto para no perder privilegios individuales. Pero, con la privatización no habrá ninguna “libertad”, ni siquiera investigación y desarrollo.

Peores están las propuestas. Pedirle al rector de la UNAM que realice, “dentro de sus posibilidades” un pronunciamiento público mueve a hilaridad. Ese señor, que también funge como diputado, habla de todo (lo que es funcional al Estado). ¿De qué serviría que hable? Para la foto.

Recurrir a “amparos” y a organismos de derechos humanos es un cliché improvisado. ¿Para qué sirve eso? ¡Para nada!

Y, las “amenazas” de Obrador, son una verdadera burla. Dijo que hablará con sus diputados y, “si es necesario, tomaremos la tribuna”. ¡Uy, qué miedo! Está a punto de consumarse el vil atraco y cree que con tomar la tribuna en la Cámara, lo cual ni siquiera está en sus posibilidades, se evitará el crimen, ¡Ridículo! Eso demuestra que, el que se dice “salvador” de la patria, sigue navegando SIN política de NADA, todo se reduce a obtener algunos puestos dentro del aparato estatal.

Otras organizaciones no gubernamentales y campesinas anunciaron una movilización. ¡Qué bueno! Más vale tarde que nunca. Pero, con una sola marcha, y consumados los hechos, NO es posible impedir nada y menos avanzar.

Por supuesto que no se le puede pedir peras al olmo y menos enojarse porque no las da. Pero ya son más de 100 años y la nación se niega a despertar, sigue adormilada por la enajenación de la conciencia, negándose a la lucha social organizada y conciente.

Una vez más queda comprobado que la improvisación, el voluntarismo de última hora, la simple espontaneidad, no sirven. Una vez más, los trabajadores del agua, excepto los agrupados en el FTE, siguen maniatados por el charrismo sindical, asfixiante y criminal, negándose a cumplir con sus deberes de clase.

La mayoría de PRI, PAN y PVEM en la Cámara de Diputados aprobó ayer en comisiones el dictamen de la Ley General de Aguas, que facilita la privatización del suministro e infraestructura en todo el país y que incluso declara de interés público la participación de concesionarios y organismos privados que prestarán el servicio público (Garduño R., Méndez E., en La Jornada, p.41, 5 marzo 2015).

La legislación, que esos partidos pretenden votar en la sesión de hoy, también considera de utilidad pública la infiltración artificial o la disposición de aguas al suelo o subsuelo, así como su uso industrial, definiciones que, en opinión de PRD y Morena, abren el uso del líquido para la extracción de gas mediante la fractura hidráulica o fracking.

Con esa ley, el capital privado podrá participar en extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas del líquido. También avala la figura de trasvase de una cuenca, como ya ocurre con el proyecto Monterrey VI para llevar agua de Veracruz a la capital de Nuevo León, entregado a Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, aun cuando la Ley de Aguas Nacionales prohíbe la disposición de obras.

Diputados de PRD y Morena objetaron la premura con la que las comisiones de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos aprobaron una iniciativa firmada por PRI, PAN y el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, nieto del ex gobernador de Tabasco Leandro Rovirosa Wade.

La propuesta, que fue negociada con la Conagua y la participación del presidente de la Comisión de Energía, Marco Antonio Bernal (PRI), incluye todo un capítulo para la intervención de empresas a las que esa dependencia otorgará las concesiones.

Avala, por ejemplo, que la Conagua celebre contratos de obra pública y de servicios a particulares para el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal, mediante la modalidad de inversión recuperable.

Este modelo incluye otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el gobierno federal y la prestación de los servicios asociados a ésta. Además, entregará contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener dicha infraestructura y coordinar el otorgamiento de las concesiones con los gobiernos de los estados.

Mientras las comisiones aprobaron que el mínimo vital para consumo diario por persona es de sólo 50 litros, no existe un límite definido para el uso industrial o el fracking.

Manuel Huerta y Gerardo Villanueva, de Morena, y Víctor Manuel Bautista y Javier Orihuela, del PRD, cuestionaron que el presidente de la Comisión de Agua Potable, Kamel Athie (PRI), envió la propuesta de dictamen durante la madrugada y le pidieron, al igual que a Gaudiano Rovirosa, excusarse de la aprobación del documento ante el probable conflicto de intereses personales que podrían enfrentar.

Ninguno de los dos aceptó la petición, pero más tarde el perredista aprovechó que sus compañeros abandonaron la reunión para eludir la votación posterior. Incluso argumentó que no se prestaría a una reforma como ésa, a pesar de que suscribió la iniciativa impulsada por el gobierno federal y participó en las negociaciones con la Conagua.

Manuel Huerta sostuvo que la prisa por avalar la iniciativa fue para buscar legalizar el trasvase del proyecto Monterrey VI, donde Grupo Higa participa con casi 60 por ciento del contrato para un acueducto en el que, por primera vez, un grupo de empresas privadas participa de manera directa en el uso de una cuenca para el suministro de agua potable, cuyo costo es superior a 45 mil millones de pesos.

Académicos de institutos de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron que la iniciativa de Ley General de Aguas –aprobada ayer por las comisiones unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, que hoy podría ser analizada por el pleno– violenta la libertad de investigación sobre este recurso natural (Olivares E., en La Jornada, p.41, 5 marzo 2015).

Lo anterior, debido a que esta ley daría a la Conagua la facultad para dar el visto bueno a las investigaciones, es decir, si este organismo no lo autoriza los científicos o estudiantes no podrán realizar trabajos al respecto.

Por ello, casi 50 investigadores de la UNAM –de los institutos de Investigaciones Jurídicas (IIJ), de Geología y Geografía– solicitarán al rector de la casa de estudios, José Narro Robles, que en la medida de sus posibilidades realice un pronunciamiento contra esta ley y exija que la iniciativa se someta a debate antes de que sea aprobada. Asimismo, convocaron a directivos de otras casas de estudios del país a sumarse a las protestas contra la iniciativa.

Joel Carrillo, del Instituto de Geografía, indicó que si la iniciativa se aprueba sin modificaciones habrá dos problemas: por un lado, una velada prohibición para realizar trabajos e investigaciones en torno al recurso hídrico si no se cuenta con el aval de la Conagua, y por el otro que la calidad del agua que consumen los mexicanos se vea afectada.

Hoy tenemos la libertad de hacer nuestros trabajos como deseamos, pero si se aprueba esta ley tendremos que pedir permiso a esa instancia gubernamental, y es un hecho que no lo dará ante trabajos críticos, enfatizó.

La iniciativa aprobada en comisiones fija multas hasta por 50 mil salarios mínimos a quienes realicen investigación sin el visto bueno de la Conagua.

La segunda preocupación de los universitarios fue sobre la calidad del recurso, pues no se respetará si se aprueba la ley. Se permitiría que el líquido pueda ser dañado con todo tipo de contaminantes (como arsénico, cloruro, plomo, manganeso y otros), siempre y cuando los niveles de éstos no rebasen las normas.

Otro elemento de gravedad es que ya existen proyectos de megaciudades para las cuales se tendrían que usar mantos acuíferos que están a miles de kilómetros de distancia, lo cual perjudicaría los sitios de los que se extrae el recurso y a las megaurbes.

El dictamen aprobado no contempla, lamentó, modificar los consejos de cuenca, donde es inexistente la participación social, pues 60 por ciento del esquema de manejo recae en industriales y agricultores organizados y prácticamente no hay participación ciudadana.

La iniciativa de la Ley General de Aguas –aprobada el miércoles por las comisiones unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados– viola en diversas formas el derecho humano al agua, señalaron académicos de diversos institutos de la UNAM (Olivares E., en La Jornada, p.42, 6 marzo 2015).

Rechazaron este proyecto de ley por considerar que criminaliza la investigación científica, legaliza la contaminación del recurso, intensifica los conflictos ambientales y elimina la participación ciudadana.

Los académicos dieron a conocer un documento en el que hicieron un análisis de la iniciativa y, entre otras cosas, advirtieron que esta ley limitará el uso del agua a 50 litros diarios por persona, cantidad que pone en riesgo la salud, pues un análisis jurídico realizado por el Centro Mexicano del Derecho Ambiental y por la Organización Mundial de la Salud señala que el acceso óptimo que representa el riesgo más bajo para la salud de las personas es de mínimo 100 litros diarios por persona.

El documento, firmado por María del Carmen Carmona, José Carrillo y Rafael Huízar, de los institutos de Investigaciones Jurídicas, Geografía y Geología de la máxima casa de estudios, resalta que la propuesta de ley busca eliminar todo cuestionamiento y crítica que la sociedad civil organizada o de forma individual ha realizado con base en la investigación científica y otras formas de estudio.

Esto debido a que el artículo 148 de la ley establecería que quienes deseen realizar investigación en torno a este recurso natural deberán solicitar permiso a la Conagua y, en caso de que éste sea negado, y a pesar de ello lo realicen, las multas irían de 200 a 50 mil días de salario mínimo.

Al respecto, los científicos de la máxima casa de estudios subrayaron que la investigación científica no sólo hace uso de la información publicada por las instancias de gobierno, sino también requiere de generar nueva información para actualizar el conocimiento.

En lo referente a la contaminación del agua, los universitarios advirtieron que la iniciativa indica que si naturalmente el agua presenta una concentración de equis elemento menor a lo señalado en las normas relativas, entonces (éste) se puede incorporar.

Otro elemento inconstitucional, enfatizaron, es que se quiere limitar el derecho humano al agua a sólo las personas que viven en asentamientos urbanos, lo que significa que muchas localidades rurales e indígenas quedan fuera de tal definición.

Señalaron, además, que la participación ciudadana no está contemplada en la propuesta de ley, pues no se permite que las personas organizadas que trabajan en torno al líquido se unan a los Consejos de Cuenca.

El derecho humano de acceso al agua queda muy lejos de cumplirse con la Ley General de Aguas que pretende aprobar el pleno de la Cámara de Diputados, pues se observa una clara visión mercantilista, señaló la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda) (Román J. A., en La Jornada, p.42, 6 marzo 2015).

En su primera reacción, luego de ser aprobado el dictamen en comisiones legislativas, el Comda, que agrupa a medio centenar de organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, y de campesinos e indígenas, expresó su preocupación por la eventual aprobación de una legislación violatoria del derecho humano al agua.

Además, criticó el acelerado proceso con el que las comisiones aprobaron en la víspera el dictamen de ley, sin discusión suficiente y sin haber convocado a especialistas y grupos interesados y a la sociedad civil. Este jueves, en San Lázaro, se dio la primera lectura del dictamen, con lo que el proceso legislativo sigue su curso.

El colectivo recordó que en febrero se entregó a la Cámara de Diputados una iniciativa ciudadana, la cual no fue tomada en cuenta al elaborar el dictamen, y que diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron a los legisladores abrir el proceso a la discusión pública en foros y audiencias públicas, petición que fue claramente ignorada.

No sólo no se permitió la participación social, sino que, en violación de su propio reglamento, los diputados aprobaron un dictamen que conocieron pocas horas antes sin tener el soporte técnico y científico suficiente y necesario para sustentar su voto en favor o en contra del contenido de la iniciativa.

Anaid Velasco, directora del área de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), aseguró que con una legislación como la que se pretende aprobar sería muy difícil alcanzar la cobertura universal de acceso al agua en el país, donde más de 9 millones de mexicanos carecen del servicio de agua entubada, y 13 millones, que habitan en zonas rurales y urbanas, reciben el líquido con ciertos grados de contaminación.

La Cámara de Diputados dio entrada de primera lectura al dictamen de las comisiones de Agua Potable y Recursos Hidráulicos para crear la Ley General de Aguas, la cual abre a la iniciativa privada el proceso de extracción, conducción, infraestructura y prestaciones de servicios de agua potable, así como su cobro al usuario final (Méndez E., Garduño R., en La Jornada, p.42, 6 marzo 2015).

Aun cuando se esperaba que la mayoría de PRI y PAN dispensara los trámites, la mesa directiva sólo informó que se había recibido el documento y publicado en la Gaceta Parlamentaria, e informó que el debate y, en su caso, aprobación ocurrirán en la sesión del martes (10 de marzo).

Los diputados Socorro Ceseñas (PRD), Manuel Huerta y Gerardo Villanueva Albarrán (Morena) objetaron que la aprobación del dictamen en comisiones no cumplió los requisitos mínimos que dicta la Ley Orgánica de la Cámara, entre éstos la obligación de las juntas directivas de las comisiones de presentar el proyecto a sus integrantes con al menos 48 horas de anticipación. Ante la insistencia de los legisladores, que pedían devolver el dictamen a comisiones, el presidente de la mesa directiva, Tomás Torres (PVEM), señaló que si consideraban vulnerados sus derechos podrían recurrir a otras instancias, pero aclaró que en esta ocasión no se daría una discusión y aprobación apresurada de la ley.

La Ley General de Aguas, aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, es subastar la vida y dejar al mejor postor el vital líquido; los legisladores y el gobierno sólo están provocando al avispero, asentaron agrupaciones campesinas y sociales (Pérez M., en La Jornada, p.43, 6 marzo 2015).

Agregaron que recurrirán a movilizaciones, a amparos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a organismos internaciones defensores de derechos humanos para protestar por esta privatización que elimina del derecho al agua y a la vida.

La Convención Nacional Indígena expuso: es un acto irracional de los diputados y su determinación afectará en el futuro inmediato en el costo de los alimentos. Es la gota que derramará el vaso, pues es un recurso fundamental para la vida y la producción agropecuaria. Es una situación que debe interesar a toda la sociedad.

Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista e integrante de la citada convención, hizo un llamado a las agrupaciones sociales y campesinas, a la población para unirse en contra de dicha ley, ya que se entrega a empresas privadas el recurso vital para la producción de alimentos y de diversas actividades. Los legisladores están provocando un problema social muy serio, acotó.

La Asamblea Regional de Afectados Ambientales de Jalisco advirtió que dicha ley es “retroceder” a la época de Porfirio Díaz, cuando se entregaron también ríos, recursos naturales a empresas privadas. Aquí en Salto Huaxtla se entregó en 1853 el agua del río a Manuel Cuesta Gallardo para hacer la presa Corona; con esa obra manejó el recurso y se hizo millonario.

Dicha ley, abundaron integrantes de la agrupación, es una trampa, ya que entregan a la iniciativa privada la potabilización del agua, lo cual en esta región de Jalisco ya sucede debido a que las industrias al verter sus desechos al río lo contaminaron y la gente tiene que comprar agua para beber y cubrir sus necesidades más elementales. Los legisladores van en contra de las políticas universales del derecho humano al agua.

Marco Antonio Ortiz, de la Coordinadora de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, advirtió que los ejidatarios y campesinos no se quedarán con los brazos cruzados; saldremos a las carreteras, las ciudades, las calles, recurriremos a foros internacionales, adonde sea necesario hasta que el gobierno entienda que ¡basta de despojos!

La Ley General de Aguas que se discute en la Cámara de Diputados tiene una visión privatizadora y represiva y fue elaborada por el gobierno federal para dar respuesta a las necesidades de las grandes empresas nacionales y extranjeras que explotarán los hidrocarburos, con el consecuente despojo a los pueblos indígenas, advirtió el investigador Pedro Moctezuma Barragán, integrante del equipo de académicos y personalidades de la sociedad civil que elaboraron una iniciativa ciudadana presentada ya en el Senado (Becerril A., en La Jornada, p.33, 8 marzo 2015).

Moctezuma Barragán y Elena Burns dieron a conocer un documento con los 10 puntos más preocupantes de la iniciativa que se aprobó ya en comisiones y se pretende votar ante el pleno el martes en San Lázaro, análisis que hicieron llegar también al Senado.

Los académicos advierten que la llamada ley de aguas de Korenfeld pretende tomar decisiones sobre el líquido vital a espaldas de la ciudadanía y ejecutarlas con el apoyo de la fuerza pública.

En los artículos 55 a 57 de esa ley se establece que sólo los concesionarios tendrían voz y voto en los consejos de cuenta y “tanto los presidentes municipales como el jefe de Gobierno del Distrito Federal y las corporaciones extranjeras seguirán controlando los sistemas de agua y saneamiento”.

En el artículo 263 se da la facultad a la Conagua de solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir con sus determinaciones.

Integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, resaltaron que otro de los puntos preocupantes de la iniciativa gubernamental próxima a aprobarse en la Cámara de Diputados es que avanza a la privatización del agua mediante la concesión de grandes obras hidráulicas en torno a grandes ciudades y de los sistemas municipales y de saneamiento, operados por particulares.

La reforma permite sobrexplotar cuencas y acuíferos y despojar a pueblos indígenas y campesinos de su agua para darla a grandes corporaciones. En ese sentido, las concesiones de aguas nacionales seguirán siendo otorgadas por la Conagua por periodos de cinco hasta 30 años, prorrogables, heredables y sujetas a dinámicas de compraventa, en violación de estudios de disponibilidad y a pesar de las afectaciones a ecosistemas y terceros, de acuerdo con los artículos 88 al 112.

En los artículos 160 y 161 se establece que al rentar sus parcelas, los comuneros y ejidatarios cederían sus derechos al agua y al pasar al dominio pleno, tendrían que solicitar una concesión. La Conagua manejaría bancos de agua para “proyectos energéticos”.

En ese contexto, la única obligación de la autoridad sería garantizar un promedio de 50 litros diarios a los habitantes en asentamientos humanos.

La ley, recalcan, garantiza la recuperación de inversiones a través de tarifas blindadas ante la presión social –artículos 250, 256, 257 y 258–, mientras que los gobiernos tendrían que subsidiar las tarifas a poblaciones vulnerables.

Asimismo, la ley asegura el agua para uso minero y para el fracking, ya que el uso del líquido en la explotación de minas no requerirá concesión y la fractura hidráulica cabría dentro de la definición de uso industrial.

Los académicos resaltan que la ley sigue ofreciendo impunidad a los contaminadores del líquido. El artículo 39 a la letra marca que El Estado promoverá la participación voluntaria en esquemas de auditoría y evaluación en el sector hídrico para cuantificar el cumplimiento de la normatividad.

De igual manera se permite evadir responsabilidades por la mala calidad del agua potable. En contraparte, establece sanciones de mil a 50 mil días de salario mínimo –artículos 268 y 270– para quien realice obras de exploración, de estudio, monitoreo y remediación, sin contar con el permiso de la Conagua. Ello significa prohibir el estudio de la situación real del agua.

El dictamen de Ley General de Aguas a votarse el martes próximo en la Cámara de Diputados induce a la privatización total de los recursos naturales y la infraestructura relacionada con el agua, contempla pasar a la omisión en aquellos procedimientos en los que ocurra contaminación de acuíferos subterráneos, y garantizará que miles de millones de metros cúbicos de agua, implicados en operaciones de trasvase, ahora se destinen sin restricción alguna al método de fracturación hidráulica (conocido como fracking) (Garduño R., en La Jornada, p.33, 8 marzo 2015).

Los partidos que se oponen al citado dictamen en la Cámara de Diputados señalaron que el documento impide la plena realización o propicia la violación abierta y sistemática del derecho al acceso al líquido, perpetuando las condiciones de inequidad y acaparamiento del recurso.

El mandato para derogar la Ley de Aguas Nacionales (LAN) vigente buscaba transformar el actual régimen de concesiones, pero lejos de eso, los pocos cambios que se hicieron operarán en favor de los grandes concesionarios.

La materialización del derecho humano en relación con la concesión de uso doméstico lo reduce a un asunto de acceder y disponer agua mediante acarreo con baldes, cubetas y jícaras.

De tal forma, la regulación del uso doméstico tiene la función de garantizar el derecho humano al agua por ser una excepción al régimen de concesiones siempre que se realice por medios manuales, lo que asegura que el volumen utilizado servirá para satisfacer las necesidades básicas de consumo personal y del hogar.

En su artículo 146, el ordenamiento refiere que el uso doméstico es la aplicación de aguas nacionales para consumo, higiene del hogar y aseo personal, incluye el riego de jardines y de árboles de ornato, así como el abrevadero de animales domésticos que no constituya una actividad lucrativa.

No se requiere concesión de aguas nacionales para uso doméstico siempre que se realice por medios manuales y no se desvíen de su cauce ni se produzca una disminución significativa en su caudal. Son medios manuales la fuerza humana directa o ésta ejercida a través de dispositivos mecánicos.

El dictamen manifiesta que los concesionarios de las aguas nacionales y de la infraestructura hidráulica federal, con la nueva ley podrán disponer de las aguas nacionales y de la infraestructura hidráulica federal hasta por 70 años.

Los legisladores federales de Morena podrían tomar la tribuna de la Cámara de Diputados para evitar que sea aprobada la Ley Nacional de Aguas con la cual se pretende privatizar ese recurso natural, advirtió Andrés Manuel López Obrador, dirigente de ese partido (García C., en La Jornada, p.34, 8 marzo 2015).

Todo lo han privatizado, aseveró, debe evitarse (la entrega del agua) por todos los medios en la Cámara de Diputados, dijo el ex candidato presidencial. Lamentó que la mafia en el poder haya entregado el petróleo y todos los recursos naturales del pueblo al capital privado, principalmente a los extranjeros.

Voy hablar con los legisladores de Morena para que, si es necesario, tomen la tribuna y hagan una huelga, y no permitan la privatización del agua, adelantó.

Añadió que promoverá un cambio en la Ley Nacional de Aguas, en caso de que los diputados del PRI, PAN y PVEM logren privatizar el principal recurso natural de México.

Que los recursos naturales sean del pueblo y de la nación, como lo establecieron los constituyentes de 1917 en el artículo 27 de la Carta Magna, apuntó, y adelantó que el 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera, tendrá un mitin en la ciudad de Salamanca, donde está ubicada la refinería Ingeniero Antonio M. Amor.

En la ciudad de Guanajuato, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal pidió a la legisladora Luisa Alcalde, presente en la reunión, decirles de su parte a los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados que impidan la privatización del agua, si no, se consumirá en frío la entrega del bien.

Con la propuesta de Ley General de Aguas enviada a la Cámara de Diputados, la Conagua pretende coartar la libertad de investigación en materia hídrica, pues indica que los interesados en realizar algún estudio sobre acuíferos o bienes nacionales deberá tramitar un permiso ante este organismo, advirtió el investigador del Instituto de Geología de la UNAM, Rafael Huízar Álvarez (González R., en La Jornada, p.34, 8 marzo 2015).

Durante un coloquio organizado por la Red Ecologista del Valle de México, el especialista en hidrología afirmó que la ciencia no debe estar sometida a nadie, pues está destinada a crear conocimiento y solucionar problemas de la sociedad. El gobierno debería apoyar a la ciencia y no acotarla, apuntó. Señaló que la nueva normatividad considera una serie de sanciones para quienes no acaten esta disposición, entre ellas multas de hasta 500 días de salario mínimo.

Indicó que esto es sumamente grave, pues en pocas palabras, quien debe decidir hasta dónde se debe hacer ciencia soy yo, así de sencillo, y tú investigador no pienses, porque no te voy a dejar, expresó.

Detalló que si bien se propone la difusión y la investigación sobre el agua –incluso se crean institutos– y se señalan convenios con instituciones y universidades, la Conagua tiene el control. Esto implica que yo puedo llamarte para que hagas esta investigación, pero si el resultado no me conviene, no podrá conocerse. Y si se quiere hacer un estudio independiente, deberán pedir permiso. Puede pasar un año y decirme que no o sí, pero si acabas, ah, bueno, esta parte no quiero que la digas. Eso es aplastar a la ciencia, puntualizó.


Ref.: 2015, elektron 15 (68) 1-8, 8 marzo 2015, FTE de México.

La privatización del agua es una agresión vil de Peña Nieto a la nación.
FOTO: C. Rodríguez