A cinco meses de la desaparición de los 43, varias marchas y mítines se realizaron en la capital e interior del país; En Michoacán la CNTE bloqueó el acceso a 80 municipios. En Acapulco, los maestros ratifican que el profesor fue asesinado por la policía federal. En el D. F. exigen el ingreso a los cuarteles, Segob rechaza rotundamente la petición, dando marcha atrás en los compromisos previos. El endurecimiento del Estado y gobierno es evidente. ¿Quieren una salida represiva al conflicto? La situación se agravaría.

Una vez, allá por 1977, cuando José López Portillo (Jolopo) había enviado a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley para privatizar a la industria del Uranio, nos había dicho que no habría modificaciones a su propuesta. Junto con destacados investigadores científicos nacionales habíamos argumentado la inconveniencia para la nación de comprometer un recurso mineral estratégico. Como el gobierno no tenía argumentos convincentes, Jolopo optó por la salida más simplista, Jolopo y Oteysa, su secretario del sector, nos dijeron que eran “razones de Estado”.

Días después, en una visita a Los Pinos, López Portillo reiteró sus intenciones y al pasar por una sala de la residencia, donde tenía una exposición de armas, dijo: “estas son las razones de Estado”. Quiso hacerse chistoso pero nos lanzó una fuerte amenaza.

En nuestra prensa obrera de la época le contestamos de inmediato. “El gobierno habla claro, contestémosle con firmeza”. Así fue, intensificamos la organización y la movilización, abanderados por nuestro programa, “La Declaración de Guadalajara”, y nuestra Política Nuclear Independiente. Nos dimos a la tarea de construir un frente objetivo de organizaciones solidarias. Al final triunfaron las razones verdaderas, debidamente argumentadas, impedimos la privatización del Uranio e hicimos una nueva Ley de la cual somos coautores.

Esa conclusión quedó como ejemplo victorioso pues, a la fecha, es la única privatización que hemos logrado impedir, aún con un contexto internacional desfavorable.

En condiciones distintas y referidas a un caso diferente, hoy el Estado y gobierno siguen hablando de las “razones (decisiones) de Estado”. Hace algún tiempo, el mismo Peña Nieto ha venido reiterando serias amenazas de represión. Esa tentación no se la ha quitado y de seguir, agravaría la situación.

El gobierno no es el único actor en la escena de la lucha de clases. La diferencia es que, aquella vez, los trabajadores estábamos al frente de la batalla hoy, simplemente, están ausentes. La composición social es muy diferente. Pero la conclusión política es la misma: intensificar la movilización, extender el movimiento y consolidarlo. Esto tiene expresiones concretas, sobre todo de calidad. Extender el movimiento significa ampliarlo más hasta alcanzar todo el país, consolidarlo implica construir la organización social necesaria para avanzar.

Las tareas distan de ser sencillas pero son una necesidad. Es fundamental abanderase por un programa político que incluya al conjunto de la nación viviente, explotada y humillada por el Estado y gobiernos en turno. También hace falta forjar una dirección política de clase y seguir acciones estratégicas, valorando continuamente la relación política de fuerzas, eludiendo el enfrentamiento precipitado con el Estado y evitando las acciones improvisadas.

En breve descripción, hay que consolidar al movimiento y cuidar, dentro del mismo, el futuro de este. Es previsible, en todos los casos, que sea el Estado el que enfrente al movimiento, siempre lo hace, cruenta o incruentamente.

¿Cómo podría procederse para eludir la agresión estatal? Mediante el análisis; político colectivo y socializado, la difusión de las ideas políticas, la flexibilidad táctica y la organización que sea capaz de sostener al movimiento.

Hasta ahora, la resistencia ha sido altamente importante, se han ganado muchos espacios y aliados en México y varias partes del mundo. Eso debe valorarse. Sin embargo, aún falta más.

El gobierno está sumamente desprestigiado, por corrupto y criminal, pero el Estado que lo respalda sigue siendo el mismo, no ha cambiado, sobre todo en su papel de administrador de la violencia contra el pueblo. Por lo demás, el gobierno está nervioso y rabioso, puede seguir cometiendo tonterías.

Miles de personas de la sociedad civil, miembros de organizaciones no gubernamentales, estudiantes, maestros, familiares y amigos de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, participaron en la Jornada Global por Ayotzinapa en las principales ciudades del país para exigir la presentación con vida de los jóvenes y el esclarecimiento de la desaparición (en La Jornada, p.6, 27 febrero 2015).

Durante las protestas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon el acceso a 80 de los 113 ayuntamientos de Michoacán, afirmó el secretario de organización de la región Morelia de la fracción sindical; además, tomaron la Secretaría de Educación estatal y las casetas de peaje de Santa Casilda y la de Panindícuaro de la autopistas Siglo 21 y Occidente, respectivamente.

Los manifestantes condenaron también el desalojo violento de maestros ocurrido el pasado martes en Acapulco, en el que murió el profesor jubilado Claudio Castillo Peña.

En Quintana Roo, voceros de la Asamblea Popular Nacional colocaron por la mañana una manta de 10 metros en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, en la que responsabilizaron al Estado por la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa.

Por la tarde, 13 jóvenes, entre ellos cuatro mujeres, fueron detenidos tras una marcha en el parque Nuevos Horizontes, que tenía como destino Las Palapas.

Policías municipales realizaron la aprehensión luego de que los manifestantes rodearon un vehículo y le impidieron el paso, porque el conductor les aventó el auto. Cuando los agentes intentaron detenerlos se inició una persecución; varios profesores buscaron refugio en comercios, de donde fueron sacados y las puertas cerradas.

La procuraduría explicó en un comunicado que detuvieron “en flagrancia a 13 personas que con conductas violentas pusieron en riesgo la integridad de trabajadores, turistas, niños y familias” que transitaban por la avenida Tulum, ya que tras escudarse en una manifestación atacaron vías de comunicación, golpearon automóviles, causaron daños a bienes muebles e inmuebles, así como agredieron sin motivo a ciudadanos.

En el centro de Oaxaca, jóvenes retuvieron por 12 horas seis unidades del transporte urbano, mismas que usaron a lo largo de su marcha para bloquear diferentes partes de la capital.

Asimismo, en Morelos, unas mil personas marcharon de El Calvario al zócalo de Cuernavaca para exigir celeridad y certeza en la investigación del homicidio de cuatro estudiantes y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Reprobaron que a cinco meses de la agresión el gobierno del estado de Guerrero, que encabeza Rogelio Ortega, y el gobierno federal no hayan dado ningún resultado congruente de las indagatorias.

Contingentes de Sinaloa, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí y Yucatán se unieron a la jornada de protestas. En esta última entidad, Rafael López Catarino, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, aseguró que los familiares de las víctimas aún tienen la esperanza de encontrar vivos a sus hijos, los cuales estarían retenidos en cuarteles militares de la sierra de Guerrero, y advirtió que no permitirán las elecciones en esa entidad.

Acompañado por el estudiante normalista Felipe de Jesús Rodríguez Estrada, advirtió que para exigir justicia “no vamos a permitir la realización de elecciones en Guerrero. ¿Por quién vamos a votar?, ¿por nuestros verdugos?, ¿por quienes nos van a matar?”, cuestionó.

Miles de maestros e integrantes de organizaciones sociales participaron ayer en la Marcha de la Dignidad en Chilpancingo, Acapulco y Tlapa, y exigieron castigar a los policías federales que la noche del martes desalojaron mediante la fuerza el bulevar de las Naciones en el puerto, a raíz de lo cual falleció el maestro jubilado Claudio Castillo Peña, de 65 años de edad. Al cumplirse cinco meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, los manifestantes exigieron la presentación con vida de los jóvenes (Briseño S., Ocampo S., en La Jornada, p.7, 27 febrero 2015).

A las 5:30 de la mañana, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) denunciaron en Acapulco que 11 de sus compañeros permanecen desaparecidos a raíz del desalojo de la manifestación del martes.

Manuel Salvador Rosas Zúñiga, representante de la comisión política de la Ceteg de la región Costa Grande, afirmó que cuatro maestras sufrieron abusos sexuales durante su detención y traslado a la sede de la Policía Federal (PF).

Tenemos informes de cuatro compañeras que sufrieron violación por los policías federales, pero aún se analiza si se procede legalmente, siempre y cuando sea de acuerdo con la voluntad de las afectadas, advirtió.

El dirigente deslindó al movimiento del chofer del autobús que embistió a la PF. La mayoría de unidades usadas por los manifestantes fueron rentadas y otras tomadas para la marcha en la que participaron 5 mil 500 profesores, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación federal.

Nosotros ya podemos señalar, por toda la información que se cruza, que entre el conductor del autobús y la PF había comunicación y algo plenamente preparado, resaltó Rosas Zúñiga. Era un autobús que estaba con nosotros, pero en ningún momento fue decisión del movimiento hacer lo que se hizo.

Más tarde, unos 2 mil 500 profesores marcharon por la costera Miguel Alemán. Esta vez el aparato de sonido que habitualmente llevan en una camioneta permaneció en silencio durante la primera parte de la marcha y los manifestantes gritaron consignas y entonaron cánticos.

¡Ayotzi vive, vive y vive, la lucha sigue, sigue y sigue!, coreaban, y esa consigna se mezclaba con la voz de una mujer: ¡Claaaudio vive! En una cartulina que portaban se leía: Gran victoria de la policía: asesinan a un jubilado sin capacidad para caminar.

En Chilpancingo, maestros de la Ceteg, la mayoría de la región de la Montaña, instalaron un plantón fuera del palacio de gobierno y realizaron un mitin.

Ahí, Saturnino García afirmó que Castillo Peña fue asesinado a garrotazos por los federales y desmintió que haya sido aplastado, como dijo Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad. El activista exigió la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, porque no ha solucionado la demanda de presentar con vida a los 43 estudiantes.

Con un llamado a la sociedad civil de que no los deje solos y no permita que el caso quede en el olvido, padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa encabezaron ayer una marcha al cumplirse cinco meses de la desaparición de sus hijos (Sánchez A., Camacho F., en La Jornada, p.7, 27 febrero 2015).

Los contingentes que participaron en la caminata empezaron a concentrarse en el Ángel de la Independencia desde las 4 de la tarde, pero la movilización comenzó casi una hora después para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos.

Casi 4 mil personas acompañaron a los familiares de los normalistas en una marcha que pretendía terminar en la residencia oficial de Los Pinos, pero sólo llegó a las inmediaciones porque un cerco policiaco les impidió el pasó en la esquina de Chivatito y Paseo de la Reforma.

Aunque en términos generales la movilización fue ordenada, grupos de jóvenes con el rostro cubierto pintaron muchos graffitis en los monumentos del Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora, lo cual no había ocurrido en otras manifestaciones de solidaridad con Ayotzinapa.

En el templete instalado sobre una banqueta de Paseo de la Reforma, unos 15 padres y madres de los estudiantes desaparecidos hablaron para pedir que los sigan apoyando en la búsqueda de sus hijos y en la lucha por lograr justicia.

Hilda Hernández, madre del normalista César Manuel González Hernández, agradeció a los presentes por continuar dándoles apoyo y seguir creyendo en nosotros. Expresó su deseo de que su hijo regrese antes de su cumpleaños. Ya no quiero seguir sufriendo esto, ni ninguno de los padres quiere seguir sufriendo.

Los padres de los normalistas reiteraron que no creen en las investigaciones de la Procuraduría General de la República, pues saben que sus hijos están vivos y los tiene el Ejército, y rechazaron la verdad histórica del gobierno federal, según la cual sus familiares fueron asesinados y quemados, y sus cenizas esparcidas en el río San Juan.

El mitin concluyó con un minuto de aplausos en memoria del profesor Claudio Castillo Peña, quien murió el pasado martes en Acapulco a causa de las heridas que sufrió durante el enfrentamiento entre profesores y policías. Además, reiteraron el llamado a no participar en las elecciones de junio.

Anunciaron que sostendrán un encuentro en la sede de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para definir las próximas acciones.

Este mismo día se reunirán con autoridades federales para discutir las posibles fechas de visita a los cuarteles militares del país, informó el representante legal de las víctimas, Vidulfo Rosales. Adelantó que en principio exigirán entrar a todas las instalaciones castrenses de Guerrero y al Campo Militar número uno.

Al término del mitin se informó en redes sociales que agentes policiacos encapsularon a un grupo de unos 10 jóvenes en el cruce de Sevilla y Chapultepec, quienes fueron aprehendidos porque al parecer pretendieron ingresar encapuchados al Metro y se opusieron a que los uniformados revisaran sus pertenencias.

Minutos más tarde, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que confirmó la detención de cinco personas, las cuales se encontraban en un juzgado cívico acompañadas por visitadores y personal médico del organismo.

El gobierno federal negó de manera rotunda a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa el ingreso a los cuarteles militares de Guerrero. Ante ello, anunciaron que interpondrán un amparo para tratar de revertir esta decisión de autoridad (Martínez F., Camacho F., en La Jornada, p.16, 28 febrero 2015).

La respuesta emitida a un grupo de 65 personas que acudió a la Secretaría de Gobernación (SG) significa un viraje a la posición gubernamental.

En enero pasado, el titular de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, se refirió a la posibilidad de abrir las instalaciones castrenses a los familiares, con la participación para este fin de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Aunque la oferta se limitaba exclusivamente al cuartel de Iguala, el funcionario admitió que desde diciembre los padres de los normalistas hicieron la mención al recorrido, aunque ya no concretaron formalmente la solicitud.

Semanas después, cuando surgió de nuevo el tema, Osorio Chong propuso la vía de la coordinación con la CNDH e incluso subrayó que las instalaciones del Ejército son visitadas por más de un millón de personas al año, para diversos fines.

Finalmente se llevó a cabo el encuentro con el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, que había sido pospuesto al argumentar ausencia de condiciones de seguridad para su realización, por las movilizaciones de la CNTE de aquella entidad.

Después de ocurrido el enfrentamiento el martes pasado en Acapulco –con saldo de un profesor jubilado muerto, varios detenidos y otros heridos– los familiares de los normalistas desaparecidos entraron a Gobernación pero no encontraron alternativas a su petición, y menos aun el compromiso para que se investigue a fondo la probable responsabilidad de militares y policías federales en los hechos que sucedieron en Iguala los días 26 y 27 de septiembre del año pasado.

“El planteamiento fue revisar todos los cuarteles de Guerrero, incluido el Campo Militar Número Uno; la respuesta de él (Miranda) es una negativa total; dice que no se acepta bajo ninguna circunstancia. Nosotros decimos que hay elementos de prueba en el expediente que apuntan a la responsabilidad del Ejército Mexicano, pero ellos refieren que no es posible la revisión de los cuarteles, que no hay indicios de que ahí se puedan encontrar, que no hay elementos para hacer una revisión en esas instalaciones.

Les dijimos que si se está dando un paso atrás en el compromiso que se había tenido anteriormente y (Miranda) respondió que sí, que así lo tomemos, que hay una decisión de Estado de no permitir la revisión de los cuarteles, informó Vidulfo Rosales, representante de los familiares de las víctimas.

Miranda les dijo que de enero a la fecha las condiciones, las posiciones se han polarizado, de ahí que ya no haya condiciones para esa inspección.

En entrevista, el abogado de los familiares precisó: En la reunión del 13 de enero (el gobierno federal) decidió dejarnos pasar a todos los cuarteles; dos días después dicen que sólo al de Iguala, y ahora que a ninguno.

En su opinión, esta negativa muestra que en el gobierno está ganando la línea dura, la del Ejército, a fin de terminar con el conflicto mediante la represión.

Se ve claramente que el poder civil se supedita hoy a los mandos militares, que son los que marcan el rumbo en el conflicto de Ayotzinapa, dijo al término del encuentro con el subsecretario Miranda.

Los afectados irán a la CNDH a manifestar su inconformidad, aunque no dan por concluida la negociación con la SG debido a que es el único enlace con las instancias federales, se lee en un reporte interno de la dependencia.

Felipe de la Cruz, padre de un normalista sobreviviente, dijo que la salida de Jesús Murillo Karam de la Procuraduría General de la República (PGR) significa un alargamiento del proceso.

Pero no nos vamos a detener porque el pueblo tiene la última palabra para exigir justicia, dijo.

Rosales sostuvo que el cambio en la PGR dificulta el trabajo que se ha realizado, así como la investigación de los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


Ref: 2015, elektron 15 (59) 1-6, 28 febrero 2015, FTE de México.

Marcha en la ciudad de México, 26 febrero 2015. FOTO: C. Ramos

Marcha por Paseo de la reforma, 26 febrero 2015. FOTO: P. Ramos

Mitin en las proximidades de Los Pinos, 26 febrero 2015. FOTO: P. Ramos