El gobierno pretende generalizar el crimen en la Ley General de Aguas. La Conagua propone a los diputados una mayor participación del sector privado en los servicios de potabilización y saneamiento, los trasvases de una cuenca a otra, y la concesión hasta por 70 años en la explotación del recurso nacional. La privatización incluiría a TODO el proceso de trabajo hídrico, sin considerar las diferencias sociales, económicas, de recursos y disponibilidad de agua en las distintas regiones del país. Simplistamente, se propone la privatización GENERALIZADA y OBLIGATORIA en todo el territorio nacional. Las redes transnacionales de la energía y del agua siguen mandando en México. Esa ley No debiera aprobarse sino rechazarse. El gobierno, legisladores y partidos políticos siguen traicionando a la nación.

Peña Nieto y diputados siguen haciendo fechorías contra la nación. ¡Nada los detiene! Ya desnacionalizaron a las industrias petrolera, petroquímica, eléctrica y de telecomunicaciones. Ahora van, de nueva cuenta, contra el agua. Esta, en los hechos, ya está privatizada en la mayor parte del territorio nacional, son excepciones las zonas donde aún no lo está. Pero, ahora, se pretende generalizar la privatización, y hacerla obligatoria, al nivel de la Ley General de Aguas Nacionales.

El FTE ha reiterado que el problema es muy serio y añejo. Son más de cien años aciagos. Desde 1917, en el artículo 27 constitucional, párrafo 1º, se estableció que las aguas nacionales pueden concesionarse a los particulares. Originalmente, las aguas son propiedad de la nación pero su aprovechamiento, utilización y usos, no lo son. En este caso, las diversas fuentes de agua son concesionales al capital privado. Así ha sido desde un siglo ha pero, no basta a Peña e imperialismo.

Consecuentemente, en la Ley Nacional de Aguas se ratifica que el agua podrá concesionarse más que antes. Con la ola neoliberal en el mundo, la privatización del agua se ha extendido. En México, se ha llegado a niveles excesivos, tratándose de todo el proceso de trabajo relacionado con los recursos hídricos e infraestructura hidráulica.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) conoce muy bien la terrible situación que se vive en México con relación al energético vital. Basta leer sus publicaciones para darse cuenta cuál es la magnitud del problema. El caso de México es parte de la problemática mundial del agua. En el planeta, la disponibilidad de agua para consumo humano es muy escasa, habiendo regiones con verdadero estrés hídrico. Lo mismo ocurre en México, donde la mayor parte del territorio nacional se encuentra con una disponibilidad natural media de agua en los niveles de baja, muy baja y extremadamente baja, especialmente, la cuenca del Valle de México.

La Conagua y la secretaría del medio ambiente y recursos naturales (Semarnat) saben que los recursos hídricos son muy diferentes entre las regiones hidrológicas del país. En el balance de agua, no es lo mismo la Frontera Sur que la Península de Baja California o el Valle de México.

En cuanto a la disponibilidad de agua, hay considerables contrastes, de acuerdo a las características topográficas y geográficas. En el Valle de México se tiene una disponibilidad extremadamente baja, mientras que en la Frontera Sur la disponibilidad es muy alta. En la península de Yucatán la mayor parte del agua disponible está en fuentes subterráneas mientras que, en el Golfo Norte y Golfo Centro, dependen fuertemente del escurrimiento superficial. Considerando también a las regiones de disponibilidad media, se reporta que más de 35 millones de habitantes están en situación de estrés hídrico, esto es, la tercera parte de mexicanos.

La cobertura de agua potable también es desigual, según se trate de zonas urbanas o rurales. La Semarnat estima que se suministran 264 litros diarios por habitante. Pero, en Hidalgo y Puebla, son apenas 150 litros diarios y, en Oaxaca, menos de 100 litros diarios por habitante en promedio.

En cuanto a localidad del agua, esta depende del uso final, sea para el consumo humano, la agricultura o la industria, y el tratamiento que se da antes de ser vertida en los cuerpos de agua, incluyendo ríos, lagos y mares. La contaminación es alarmante en varias partes, tales como la zona Centro, Balsas, Valle de México y Sistema Cutzamala. En la mayoría de sitios del país, la calidad del agua es menor a lo establecido para las fuentes de agua potable.

Según las Estadísticas del Agua, edición 2014, de la Conagua, el agua renovable per cápita (en metros cúbicos por habitante por año m³/hab/año), por regiones Hidrológicas Administrativas (RHSA) es la siguiente:

La Conagua utiliza el concepto de agua renovable para referirse justamente a la disponibilidad natural de agua. El agua renovable per cápita resulta de dividir los recursos renovables entre el número de habitantes. México se encuentra en el lugar 91 de 199 países con información disponible. Para los próximos años se estima que la disponibilidad de agua renovable será cada vez menor, es decir, el problema se agravará.

El total nacional de disponibilidad de agua es de 3,982 m³/hab/año. Siete de las 13 RHA están abajo del promedio nacional. En 5 RHA es muy baja y, en el Valle de México, la zona más densamente poblada del país, la disponibilidad es extremadamente baja, apenas 152 m³/hab/año.

De acuerdo a su distribución espacial, las cuencas del Centro y Norte del territorio, donde se concentra una elevada proporción de la población, tienen baja disponibilidad de agua. Una situación inversa es la península de Yucatán y el Sureste, donde la disponibilidad de agua es alta y la densidad de población baja (Bunge 2007).

Pero en el Sur y Sureste es donde se encuentra el mayor número de habitantes sin acceso al servicio de agua potable. En Oaxaca y Chiapas, el 73% de la población NO tiene acceso al agua potable. Esto es, la disponibilidad de agua no está relacionada con el acceso a la misma.

La contaminación de los cuerpos de agua es otro factor serio. Las aguas superficiales que escurren por ríos y arroyos que se almacenan en lagos, lagunas y humedales representan el 82% del agua renovable total del país, el resto del agua se encuentra en formaciones subterráneas. Una alta proporción del agua de fuentes superficiales tiene una gran deficiencia debido a las descargas de aguas residuales sin tratamiento.

Las fuentes para abastecimiento doméstico y público provienen del medio subterráneo, y son generalmente sobreexplotadas, para satisfacer las necesidades agrícolas e industriales.

El conocimiento de la disponibilidad de agua es crucial para definir el manejo de este recurso. En México, esta disponibilidad dista de ser homogénea. Esto dificulta la gestión del agua.

A las dificultades naturales deben sumarse las sociales. La distribución del agua en México es sumamente inequitativa. Los asentamientos más pobres tienen mayor escasez de agua.

Nada de lo anterior se toma en cuenta por Peña Nieto, diputados, Conagua o Semarnat. Ni la diferente densidad de población, condiciones socioeconómicas, disponibilidad ni calidad del agua. La propia Conagua, que conoce bien la situación, pues a eso se dedica, NO considera la realidad concreta del país. La burocracia en turno del gobierno, simplemente, actúa por consigna dogmática. Su propuesta es muy simplista: privatizar todo para lucrar, en este caso, con un recurso energético vital.

La misma Conagua ha propuesto las reformas a la Ley de Aguas para estandarizar la situación, en acatamiento explícito a lo estipulado por las redes transnacionales del agua y banqueros asociados. Esto es, simplemente, van sobre la ganancia fácil, cuantiosa y rápida. Todos tendremos que pagar los servicios de agua, cualesquiera que sean sus usos y condiciones socioeconómicas. ¡O se pagan o no habrá agua! El acceso al agua para el consumo humano, que debiera ser un DERECHO SOCIAL gratuito, ahora deberá pagarse al precio que decidan las corporaciones.

Con la privatización de la tierra, el agua la industria agroalimentaria, el Estado y gobierno proyectan para la nación un futuro de hambre y de sed. En la propuesta que se encuentra en la Cámara de Diputados, se proponen 50 litros por día para satisfacer las necesidades básicas, esto es, están proponiendo el estrés hídrico para todos. A nivel mundial, también existen diferencias notables. Aún así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que se destinen entre 50 y 100 litros diarios de agua potable y accesible.

Sobre el saneamiento no se indica nada, como si no existiera ese problema.

Peor aún, se propone OBLIGAR A CONCESIONAR LA OPERACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS DE AGUA, incluyendo el trasvase de una cuenca a otra hasta por 70 años. Esas concesiones se otorgarían para hacer obras hidráulicas o cualquiera relacionada con el agua, para la explotación, uso o aprovechamiento de zonas federales y demás bienes públicos inherentes.

Esto incluiría la extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas. Se plantea, además, que los municipios podrán CONCESIONAR de manera total o parcial la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales

Esta sería la privatización generalizada y obligatoria del agua.

La Conagua, Peña Nieto, legisladores y partidos políticos siguen traicionando a México, arrullados en los brazos de las transnacionales imperialistas. Por elemental decoro NO DEBEN aprobar esa ley antinacional y opuesta al derecho social al agua. Por supuesto, harán lo contrario.

El Estado y gobierno NO escucha al pueblo ni lo escuchará. Es necesario organizarnos debidamente, no solo para ser escuchados sino para hacer cambios radicales, inscritos en la Política Energética Independiente, que incluye al agua, y la nacionalización de todas las fuentes y todas las fases del proceso de trabajo hídrico.

La iniciativa de Ley General de Aguas propuesta por la Comisión Nacional del Agua, que la Cámara de Diputados aprobaría vía fast track, prevé mayor participación del sector privado en los servicios de potabilización y saneamiento, y propone que los trasvases de una cuenca a otra, así como la explotación del recurso nacional, sean concesionados a particulares hasta por 70 años (Enciso A., en La Jornada, p.18, 23 febrero 2015).

El motivo principal por el cual se buscaba expedir la ley, que era garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, queda relegado. Se reduce a definir la cantidad de líquido, 50 litros por día, para satisfacer necesidades básicas; a que esta dotación se debe realizar por medios manuales, y deja un vacío respecto al saneamiento, sobre lo cual ni siquiera tiene un capítulo, como sí lo existe para trasvases y concesiones, explican analistas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que para cumplir con esta garantía se deben destinar al día entre 50 y 100 litros de agua aceptable y accesible físicamente. Naciones Unidas en 2010 aprobó una resolución en la que reconoce que esta garantía individual es esencial para la realización de todos los derechos humanos.

En 2012 el Congreso de la Unión modificó el artículo cuarto de la Constitución para garantizar el derecho humano al agua. El cambio constitucional precisa que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

La iniciativa del Ejecutivo para reglamentar el derecho humano al agua es un pretexto para impulsar megaobras y obliga a las autoridades municipales a concesionar la operación de los sistemas de agua a particulares, señaló Elena Burns de la organización Agua para todos, agua para la vida.

Este proyecto de ley abre la posibilidad de utilizar toda el agua que existe en el país y da manga ancha para usarla como les conviene; vía fast track podría aprobarse, aunque también se impulsó la iniciativa ciudadana elaborada por decenas de organizaciones ambientalistas y respaldada por legisladores”, señaló la diputada Socorro Ceseñas del PRD, quien ha cuestionado el acueducto Monterrey VI, que trasvasará agua de la cuenca del Pánuco a Nuevo León.

Sobre los trasvases de una cuenca a otra, el documento plantea que estos consisten en la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se trasladan de una cuenca para ser utilizadas en otra, podrán concesionarse hasta por 70 años.

Con esto se abre la puerta a la política de manejar el agua por trasvases, moverla de donde sea y a través de manos privadas, advirtió Elena Burns.

Esta iniciativa de ley es compatible con la reforma energética. Son esquemas que promueven el lucro, resaltó.

Sobre las concesiones, el proyecto de ley indica que se darán para hacer obras hidráulicas o cualquiera relacionada con el agua, para la explotación, uso o aprovechamiento de zonas federales y demás bienes públicos inherentes.

En la iniciativa oficial (artículo 65) se plantea la participación social y privada en la prestación de servicios públicos como la extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas.

En cambio, cuando se trata de otorgar el servicio a comunidades, deja la responsabilidad a la sociedad y la ciudadanía organizada.

También en el artículo 26 plantea que los municipios podrán concesionar de manera total o parcial la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

Ref.: 2015, elektron 15 (58) 1-4, 28 febrero 2015, FTE de México.

En la mayor parte del país, la disponibilidad natural media anual de agua es baja, muy baja y extremadamente baja. Fuente: Bunge V., 2007, en www2.inecc.gob.mx