Solo transportará gasolina y diesel aún no terminados. La mezcla final se llevará a cabo directamente en las terminales de almacenamiento previo a su entrega a vehículos e industrias. Dice la burocracia de Pemex que esto es para evitar los robos de combustibles. En 2014, fueron detectadas 3 mil 674 tomas clandestinas y continúan incrementándose. Funcionarios y charros del sindicato petrolero están implicados pero siguen intocables. Ahora, Pemex opta por no combatir el robo, renuncia a utilizar su propia infraestructura y claudica a la vigilancia física de sus instalaciones, prefiere dejarlas libres a los privados y al crimen.

Pareciera que el gobierno y burocracia itamita de Pemex están preocupados por la seguridad física en el transporte de productos petrolíferos por ductos. Es solamente la apariencia. En el fondo, la “nueva estrategia” tiene tras implicaciones.

Primero, en 2013-14 se aprobaron las reformas constitucionales y leyes secundarias que desnacionalizaron a la industria petrolera, en términos de la propuesta de Peña Nieto. La desnacionalización se hizo para privatizar TODAS las fases del proceso de trabajo con los hidrocarburos. Eso significa un cambio radical en el régimen de propiedad que, antes, era de propiedad nacional y, ahora, volverá a ser privado.

Por lo mismo, ahora pueden participar los capitalistas nacionales y extranjeros en la exploración y producción de hidrocarburos, la refinación del petróleo crudo, toda la petroquímica y el procesamiento del gas, así como, el transporte, distribución y almacenamiento de petróleo, productos petrolíferos, petroquímicos y agrocombustibles. La empresa Pemex (antes industria) realizará solo una mínima parte del proceso de trabajo.

Segundo, como parte del inicio de la privatización, el gobierno le sustrajo a Pemex la Red Nacional de Ductos. Esta infraestructura fue construida con recursos públicos cubriendo prácticamente a todo el territorio nacional. Como parte de la privatización petrolera furtiva, especialmente del gas natural, desde 1995 Pemex había privatizado el transporte, distribución y almacenamiento del gas natural y gas LP. Mediante permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el país fue dividido en 14 regiones geográficas, otorgadas a las corporaciones transnacionales y sus filiales. Para utilizar su propia red de ductos, Pemex debía recibir un permiso “privado” con la obligación de ponerla al servicio de los particulares.

De manera que van dos décadas de privatización de la red de ductos de Pemex.

Tercero, son ya varios años de abandono de oleoductos, gasoductos y poliductos. Los más de 12 mil km de extensión dejaron de vigilarse adecuadamente. Consecuentemente, se pusieron en manos del crimen, el que procedió a hacer tomas clandestinas para sustraer petróleo crudo y productos petrolíferos. Estos robos se han llevado a cabo con la complacencia de los encargados de la seguridad física de las instalaciones petroleras.

¿Quiénes son? El gobierno, el ejército, la marina, la policía federal y los “servicios especiales” de Pemex. Y, ¿qué cuidan? Por lo que el mismo gobierno y burocracia de Pemex informan, nada. Todos están dentro de las instalaciones de Pemex, se supone que las fuerzas armadas realizan la protección (o seguridad física) de las instalaciones petroleras. Pero no hay tal. Esas fuerzas de coerción solo sirven para mantener amedrentados a los trabajadores, los cuales, están encarcelados por el charrismo sindical.

El robo de gasolina no es el único caso. En la cuenca de Burgos, el gobierno otorgó los primeros Contratos de Servicios Múltiples (CSM) para la extracción y producción de gas natural seco. De la región se apoderaron los criminales y ellos llevaban a cabo la producción y comercialización del energético. Los propios directores en turno de Pemex presentaron denuncias, de las que nunca se supo el final. En la zona siempre ha habido presencia militar pero nadie hizo nada.

La “ordeña” a los ductos se cuenta por miles de tomas clandestinas. Pero no nada más. Hace años que se ha denunciado que pipas enteras entran y salen de las refinerías sin ningún control, máxime que este servicio ya está privatizado. Es decir, el robo no es solamente en el transporte de gasolina por ductos sino, también, por vía terrestre. En las ciudades, hay expendios de gasolina, aparentemente clandestinos, que abastecen a los automovilistas. Las policías, federal y locales, lo saben pero siempre miran hacia otro lado, esto es, protegen a los delincuentes.

También se ha denunciado que en esos robos participan los charros sindicales petroleros y funcionarios de la propia empresa. Las denuncias son viejas y reiteradas pero nunca se ha hecho nada.

Más aún, Pemex adquirió en 2000 el sistema tecnológico SCADA, que permite el control y monitoreo de los sistemas de transporte de gas natural y gas licuado en tiempo real, los 365 días de año, las 24 horas del día. El caso es que, con la desincorporación de los ductos, iniciada desde 2008, la vigilancia será ahora para los usuarios privados. Peor aún, durante el sexenio de Calderón, Pemex anunció la adquisición de una flotilla de drones, que serían operados por el ejército federal para vigilar las instalaciones petroleras. ¿Qué pasó? Nadie sabe, nadie supo y nadie sabrá.

De manera que la destrucción generalizada de Pemex no es de ahora. Tampoco hay genuina “preocupación” de la burocracia por la seguridad física. Lo que ahora se anuncia es la continuación de la privatización de Pemex, que deja de utilizar una infraestructura industrial que ya no es suya y, cuyas funciones, tampoco realiza. En lo sucesivo, serán las corporaciones privadas las que operarán los ductos para llevar a cabo las funciones ya privatizadas. ¿Quiénes vigilarán los ductos? Las “guardias blancas” de las transnacionales, marines incluidos.

¿De esa manera disminuirán los robos? ¡Dudámoslo! La desnacionalización de la industria petrolera y su privatización son sinónimos de crimen en alta escala. Esos robos serán de productos petrolíferos, petroquímicos e hidrocarburos, principalmente petróleo crudo. ¿Quién vigilará la extracción de crudo en alta mar? ¡Las propias transnacionales! En los bloques otorgados, mediante contratos, permisos o licencias, las corporaciones harán lo que quieran y ejercerán su “derecho” a realizar la explotación sin informarle a nadie, más que a sus matrices.

Por lo demás, los capos del robo tienen nombre y apellido, son Peña, Videgaray, Lozoya y otros, incluidos los falsos expertos del ITAM, cuya política es antinacional y absurda. Cómo no pueden (ni quieren) combatir el robo de combustibles, es mejor abandonar la infraestructura industrial que construyó la industria nacionalizada y dejarla a la exclusividad de las corporaciones privadas.

Entonces, como no podrá el gobierno ejercer ningún control con la extracción de crudo, ¿es mejor que se lo lleven las transnacionales? Como el gobierno se niega a enfrentar al imperialismo, ¿es mejor que nos anexe de una vez? Hay que tener presente que el imperio quiere al territorio y sus recursos naturales pero no a los mexicanos. Lo mismo las transnacionales, quieren el petróleo, la renta petrolera, funciones estratégicas y recursos energéticos, lo que menos les importa es combatir al crimen, por ello promovieron uno de los mayores crímenes contra la nación en toda su historia: la desnacionalización y privatización energética de Peña Nieto.

Mediante boletín de prensa, de fecha 17 de febrero de 2015, Pemex informó (en www.pemex.com) lo siguiente:

Con el propósito de fortalecer la seguridad en el transporte de combustibles, Pemex transportará por sus ductos exclusivamente gasolinas y diesel aún no terminados, que en esta etapa no son aptos todavía para su uso en vehículos y plantas industriales.

Cabe destacar que ahora la mezcla final de estos productos se llevará a cabo directamente en las terminales de almacenamiento de Pemex en el país, previo a su entrega a vehículos automotrices e industrias.

Por lo anterior, se recomienda a los usuarios asegurarse que los combustibles que se les suministre provengan de las terminales de Pemex, y no adquirir gasolina y diesel en instalaciones diferentes a las estaciones de servicio o distribuidores autorizados ya que al no estar concluido su proceso, pueden dañar a los motores.

De igual modo, es conveniente que los clientes soliciten su comprobante de pago en la estación de servicio.

Estas acciones se llevan a cabo como parte de las medidas de combate al robo de combustibles. Petróleos Mexicanos refrenda el compromiso de mantener y construir relaciones transparentes con la sociedad.

En caso de identificar combustible adulterado, así como actos ilícitos, que ponen en peligro a las comunidades, Petróleos Mexicanos ha puesto a disposición de la ciudadanía el número telefónico gratuito 01 800 228 96 60 para denuncias anónimas desde cualquier lugar del país.

Frente al creciente robo de combustibles en la red de ductos en todo el país, Pemex decidió dejar de transportar por esa vía petrolíferos terminados y, en adelante, sólo aquellos que todavía no son aptos para su uso en vehículos o plantas industriales (Cardoso V., en La Jornada, p.27, 18 febrero 2015).

Sólo el año pasado la empresa enfrentó la perforación de tuberías para la extracción ilegal de combustibles por medio de 3 mil 674 tomas clandestinas.

Datos oficiales de Pemex indican un creciente registro de eventos perpetrados por la delincuencia, pues de 2012 a 2014 se registró un incremento de 2 mil 124 afectaciones a sus ductos para el robo de hidrocarburos, al pasar de mil 550 en 2012; a 2 mil 167 en 2013 y a 3 mil 674 en 2014. Eso representó un salto de 137 por ciento en el número de tomas clandestinas.

Más aún, sólo en enero de este año se descubrieron 426 perforaciones a los ductos de Pemex para la sustracción ilegal de combustibles. Esa cifra representa 180 casos más que en el mismo mes de 2014 y equivale a un crecimiento de 73 por ciento medido de manera anualizada.

En septiembre del año pasado el director de la petrolera, Emilio Lozoya Austin, reconoció ante legisladores que los combustibles robados a la empresa en la red de ductos superaban 15 mil 300 millones de pesos y calculó la pérdida de material en 7.5 millones de barriles.

Hace dos semanas La Jornada publicó que “los caciques de las secciones 24, 15, 40 y otras del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM); el presidente del consejo general de vigilancia, Ricardo Aldana; el secretario general del gremio, Carlos Romero Deschamps, y socios y amigos del dirigente son los que controlan gasoductos y oleoductos a lo largo y ancho del país, donde se encuentran tomas clandestinas de gas, diesel, gasolina y otros derivados de petróleo.

Por ello las investigaciones del saqueo de petróleo y gasolinas de Pemex deben encaminarse al comité ejecutivo del STPRM, encabezado por Romero Deschamps, se señala en un escrito entregado en la Presidencia de la República por la Gran Alianza Petrolera y el Frente Nacional Petrolero, integrado por disidentes de dicho sindicato.

Ante ese panorama, la empresa productiva del Estado dio a conocer que con el propósito de fortalecer la seguridad en el transporte de combustibles, Pemex transportará por sus ductos exclusivamente gasolinas y diesel aún no terminados, que en esta etapa no son aptos todavía para su uso en vehículos y plantas industriales.

Explicó que en adelante la mezcla final de esos productos se hará de modo directo en las terminales de almacenamiento de la empresa en el país, antes de su entrega a vehículos automotores e industrias.

Se recomienda a los usuarios asegurarse de que los combustibles que adquieran provengan de las terminales de Pemex, y no adquirir gasolina y diesel en instalaciones diferentes o con distribuidores no autorizados, pues, al estar inconcluso su proceso, pueden dañar los motores, alertó la petrolera. Mencionó que también es conveniente que los clientes soliciten su comprobante de pago en la estación de servicio.

Con relación a los hechos informados por Pemex, el diario La Jornada editorializo:

Con independencia de las razones esgrimidas por la compañía, es inevitable vincular la medida anunciada con el brutal recorte presupuestario anunciado por la Secretaría de Energía hace unas semanas en el sector energético, y particularmente en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, a consecuencia, entre otros factores, del desplome en las cotizaciones internacionales del crudo, que ha derivado en una baja en las expectativas de ingreso de divisas al país.

A ese factor coyuntural se suman otros, como la creciente importación de gasolinas y la falta de construcción de refinerías, que merman la capacidad de abasto de combustibles por parte del Estado y de Pemex.

La circunstancia descrita, en suma, pone en perspectiva un proceso de reducción y desmantelamiento de las capacidades de Pemex, que no se explica sólo como resultado de los términos privatizadores y entreguistas de la reforma energética aprobada durante la actual legislatura.

Por el contrario, dicho desmantelamiento ha formado parte de la agenda de las más recientes administraciones federales, incluida la actual: desde la reclasificación de los productos petroquímicos básicos –cuya producción estaba reservada al Estado– en secundarios durante el gobierno de Miguel de la Madrid hasta la aprobación de la reforma energética peñista, pasando por la creación del esquema Pidiregas durante el sexenio de Ernesto Zedillo y de los llamados contratos incentivados de servicios durante el periodo de Felipe Calderón. El objetivo evidente de los sucesivos gobiernos neoliberales ha consistido en devaluar sistemática y deliberadamente a la industria energética propiedad de la nación.

Ahora, ante el incremento en el robo de combustibles de los ductos de Pemex –que ha generado pérdidas anuales por alrededor de 5 mil millones de pesos–, el anuncio de que se dejará de transportar esos productos equivale a una renuncia tácita del Estado a aplicar los recursos y medidas a su alcance para combatir ese fenómeno delictivo, empezando por el combate a la corrupción que campea en las oficinas de la compañía, y sin la cual no podría entenderse la implicación de dirigentes sindicales en la ordeña de ductos, como se dio a conocer hace unos días.


Ref.: 2015, elektron 15 (53) 1-4, 23 febrero 2015, FTE de México.

Rocha, Pemex deshuesada y desmantelada, 20 febrero 2015,
Cartón: La Jornada