En el Senado se discuten modificaciones a la Ley General de Transparencia. Esa “transparencia” es demagógica. En materia energética, el gobierno de Peña Nieto propone PROHIBIR toda información relacionada con los contratos, permisos, alianzas y sociedades que el Estado suscriba con empresas nacionales y extranjeras en materia de explotación petrolera. Por supuesto, las ganancias también serán secretas, así como, los ingresos, costos, contribuciones, prestaciones y contraprestaciones. Esa es la forma jurídica para “encubrir” el robo a la nación, pretenden un robo en secreto que sea “legal” y no deje huellas.

Una de las propuestas de modificación a la Ley General de Transparencia que formuló el gobierno federal va en el sentido de evitar que se haga pública la información relacionada con la reforma energética (Becerril A., en La Jornada, p.10, 14 febrero 2015).

De acuerdo con el escrito que PRI y PVEM presentaron ante las comisiones dictaminadoras –y que incluye 82 cambios elaborados por el consejero jurídico de la Presidencia de la República– se propone eliminar la obligación de dar a conocer contratos, permisos, alianzas y sociedades que el Estado suscriba con empresas nacionales y extranjeras en materia de explotación de petróleo.

Los senadores Dolores Padierna y Alejandro Encinas, del grupo parlamentario del PRD, advirtieron que es imprescindible que esa información sea pública, ya que los mexicanos tienen derecho a saber lo que ocurrirá con los hidrocarburos, luego de la reforma que permite el regreso de petroleras extranjeras al país y el riesgo de que las ganancias se las lleven las trasnacionales.

Padierna recalcó que el sector energético debe ser un ente obligado a abrir y proporcionar la información sobre su operación y actividad, ya que nada justifica que las operaciones y decisiones que se tomen durante el proceso de apertura y privatización sean omitidas de la ley de transparencia.

La información que existe en materia de exploración, extracción, producción y refinación del petróleo deber ser pública; también la relativa a los contratos que se firmen en este sector. La ciudadanía tiene todo el derecho a saber los ingresos, costos, contribuciones, prestaciones, contraprestaciones que deriven del sector energético.

Recalcó que el PRD llevará a la mesa de negociación una propuesta de redacción al artículo 83 de esa ley, que no deja lugar a dudas en el tema: ya que adicionalmente a la información señalada en el artículo 70, la ley federal y demás normatividad aplicable, se establecerán obligaciones de transparencia de datos relacionados con los contratos, las asignaciones, licencias, permisos, alianzas y sociedades para la explotación de los hidrocarburos.

Se precisa que las bases, reglas, ingresos, costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos previstos en los contratos y de los procedimientos que se instauren al efecto, serán debidamente difundidas.

La propuesta de Peña Nieto no extraña, así procede cualquier ladrón. Los que están en el Senado podrían aprobar las modificaciones que quieran a la Ley General de Transparencia, son los mismos que aprobaron repartir el botín que representa la industria petrolera, entre unos cuantos capitalistas, nacionales y extranjeros.

Tal robo se está ejecutando con exceso de cinismo. Sin diagnóstico, sin datos, sin razones, Peña impuso la desnacionalización de las industrias petrolera, petroquímica y eléctrica, misma que fue aprobada por los senadores y diputados del PRI, PAN, PVEM y Panal. El objetivo: privatizar a esas importantes industrias en TODAS las fases de los procesos de trabajo.

La privatización ocurre a través de contratos y permisos con los particulares, otorgados discrecionalmente por la secretaría de energía (Sener), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), estas últimas oficinas del Banco Mundial elevadas a rango constitucional.

Todo eso es inconstitucional, ahistórico, un verdadero atraco a la nación, concretado al reformar regresivamente los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia energética, cambiando radicalmente el régimen de propiedad, antes nacional, para volver a ser privado.

En el aquelarre en la cloaca, la claque política, decidió ya la repartición del botín. Por supuesto, serán las transnacionales, sus filiales, prestanombres y socios, los beneficiarios de las funciones estratégicas, recursos naturales, infraestructura física y renta energética. Es decir, se está entregando, gratuitamente, el patrimonio energético de la nación al imperialismo.

El FTE lo dijo oportunamente, los contratos petroleros se pagarán en efectivo y en especie, siendo los segundos los favoritos de las corporaciones. También dijimos que tales contratos serían secretos, porque así acostumbran las transnacionales. Basta invocar una cláusula de confidencialidad y ya. No son solo aspectos técnicos, sino financieros, económicos, jurídicos y administrativas, los que se incluyen. Esos contratos son tales que, como expresó el FTE, el papel del Estado (y gobierno) queda reducido a mirar desde lejos y en silencio.

También dijo el FTE que el gobierno había propuesto su reforma, y los legisladores la aprobaron, sin saber siquiera cuánto recibiría el gobierno por dividendos o regalías de la renta petrolera compartida con las corporaciones. En este momento, el gobierno NO lo sabe, incluso, pueden imponer las modificaciones de transparencia y NO lo sabrán. Eso se conocerá en el momento de firmar los respectivos contratos y, al gobierno, le tocará el porcentaje menor. Eso, con ley o sin ley, finalmente el capital solo reconoce su propia “ley”.

Qué mejor que encubrir el robo de manera jurídica para que la nación ni siquiera se entere. Por ello la propuesta del gobierno para que se PROHIBA toda información relacionada con los contratos, permisos, alianzas y sociedades que el gobierno suscriba con empresas nacionales y extranjeras en materia petrolera. Con mayor razón, estará prohibida la información relativa a las ganancias del capital, ingresos, costos, contribuciones, prestaciones y contraprestaciones.

Peña Nieto es un individuo trastornado en su afán de mantenerse inclinado ante el imperio. Cree que su “audacia” le permitirá ejecutar un mega robo a la nación, aparentemente sustentado en lo jurídico pero en abstracción de la historia, la economía política y la información.

Se aprueben o no las reformas de la FALSA transparencia, la soberanía energética YA está en proceso de entregarse al capital y las corporaciones impondrán sus condiciones. Los legisladores podrán poner el grito en el cielo, hacer modificaciones de palabra e, incluso, votar en contra. Es muy tarde, ya vendieron su alma al diablo. El robo solo puede revertirse volviendo a nacionalizar a las industrias energéticas, Para ello, se necesita de la lucha social organizada, el parlamento (traidor a la nación) NO sirve de nada.


Ref: 2015, elektron 15 (50) 1-2, 20 febrero 2015, FTE de México.