La cúpula patronal se erige en vocero oficioso y se opone a que se abran los cuarteles militares. No permitirán que entren los padres de los 43 normalistas desaparecidos, dicen. ¿Por qué hablan a nombre del ejército federal? ¿Son sus dueños? ¿Qué se creen esos empresarios? Con sus torpes declaraciones, más que ayudar a los militares los hacen más culpables. Para el capital es esencial la violencia del Estado contra el pueblo, lo que quieren es la represión para garantizar la ganancia, voracidad e impunidad.

Lo que pasó en Ayotzinapa, como antes en Tlatlaya, no son cualquier cosa sino masacres. En ambos casos, está en entredicho el ejército federal, la marina y la policía federal. Por lo menos, no se ha aclarado su responsabilidad, de hecho o por omisión, y el gobierno se sigue negando a abrir tan siquiera una línea de investigación. ¿Qué ocultan?

La propia secretaría de gobernación (Segob) había declarado que “se abrirían los cuarteles” para luego precisar que sería “solo el cuartel de Iguala”. A la fecha, esa promesa sigue incumplida.

Pero, ahora, a nombre de la cúpula empresarial, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) se presentó ante los medios para defender al ejército.

Hablando en su nombre, como si también fuera “el dueño” dijo: “no vamos a abrir los cuarteles del país”. Eso lo expresó durante la firma de un convenio entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la secretaría de la defensa nacional (Sedena), en el cual, los empresarios hicieron un reconocimiento a las fuerza armadas.

La cúpula patronal incurre en excesos zalameros y se atribuye facultades que no le corresponden, ni vergüenza tienen. ¿Por qué esa defensa desesperada al ejército? ¿Por qué los patrones hablan en su nombre?

La razón es simple. Porque están involucrados. Los empresarios están peor que la procuraduría general de la República (PGR). Esta sostiene neciamente una versión manipulada no comprobada sobre la desaparición, asesinato e incineración de los 43. Pero, los empresarios hacen profesión de fe dogmática y apoyan a priori esa versión supersticiosa haciéndola suya.

¿Por qué, en vez de hablar ante los medios, no presentan las pruebas que sustentan su “verdad”? También es simple, es que NO tienen ninguna prueba ni de la culpabilidad ni de la inocencia del ejército, al que exoneran y consideran indefenso.

¿De qué se trata? De la misma faramalla. El proceder de los empresarios es un acto político, disfrazado de firma de convenio. Es parte de la logística oficial, consistente en hacer que todos los integrantes de las mafias del poder se manifiesten en su apoyo.

Así como lo ha hecho Peña Nieto, lo hace la Segob y las Cámaras de senadores y de diputados. Este fue el turno de las empresarios Estos actos le sirven al gobierno federal para mantener acuerpado al Estado, al tiempo que desvía la atención de los casos Ayotzinapa y Tlatlaya,

Mientras, el ejército sigue quejándose amargamente y sin probar nada. “Nos quieren desprestigiar”, ha dicho el titular de la Sedena. “Nos quieren separar del pueblo”, ha repetido. Son ellos mismos, con sus actos, los que se desprestigian. Eso lleva al menos, cien años, desde las atrocidades de Carranza y sus tropas asesinas. Son ellos los que SIEMPRE han estado separados del pueblo y contra el mismo. Los hechos son muchos.

El titular de la Sedena parece un burócrata, que se sepa nunca ha ganado una sola batalla, ni siquiera ha combatido, solo realiza funciones administrativas. Y, los patrones, son políticos al servicio del Estado del cual, a su vez, se sirven y se han servido, pues, pertenece a la clase burguesa, ciertamente, la “dueña” de ese Estado.

La cúpula empresarial del país cerró filas en torno al Ejército frente al caso Ayotzinapa (Miranda J. C., en La Jornada, p.7, 14 febrero 2015).

Por ningún motivo permitiremos que se metan en los cuarteles, sostuvo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes, luego de la firma de un convenio entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las secretarías de Marina y Defensa, con la presencia de los titulares de ambas dependencias.

Acerca de la demanda de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, de acceder a cuarteles militares en busca de sus hijos, el dirigente empresarial señaló: Tengo mucha pena por lo que les pasó, pero no vamos a abrir todos los cuarteles del país porque quieren ver si están ahí o no los muchachos. Es meterse a las entrañas de la sociedad mexicana, la parte más íntima de nuestro ser y dijimos que no aceptamos que se abran los cuarteles a nadie que no sea el Ejército.

El dirigente dijo no tener el menor indicio de que el Ejército pudiera haber participado en la desaparición de los estudiantes: Yo, en lo personal, no lo tengo. Señaló que ellos hoy declararon tajantemente que no tienen la menor responsabilidad en el tema, ninguna.

Solana Sentíes consideró que el marco jurídico actual deja desprotegidos a los soldados en su combate contra el crimen organizado.

Es muy difícil, cuando se está librando una verdadera guerra con personas que tienen lanzagranadas, metralletas y todas las armas del mundo, pues esperar un comportamiento de dama. Es un tema muy complicado, por eso insisto en que hay que revisar el marco jurídico para dar la cobertura a las fuerzas armadas para que se puedan mover y defender, no dejarlas indefensas, opinó.

Tanto Solana como el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, hicieron un reconocimiento a la responsabilidad, el valor y el patriotismo con que asumen los riesgos y dificultades inherentes al compromiso para restablecer la seguridad, la ley y el orden público y aseguraron que las fuerzas armadas son el bastión más firme que tiene el Estado mexicano.

En especial, nuestro agradecimiento profundo a los soldados y marinos que exponen su vida en estos frentes y a quienes han caído en esta lucha por la nación, dijo Gutiérrez Candiani.

Al encuentro privado, celebrado en el Club de Industriales, en Polanco, asistieron los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz (quienes salieron por una puerta lateral y no emitieron declaraciones a la prensa), y empresarios afiliados al organismo, como Claudio X. González.

Gutiérrez Candiani detalló que en la reunión se signó un apéndice del convenio firmado el 6 de septiembre de 2013 entre las dos instituciones y el organismo empresarial con miras a establecer mecanismos conjuntos para el fomento de la cultura de la protección civil, una bolsa de trabajo para el personal militar en retiro y detección de focos rojos en temas de seguridad, entre otras metas.

Dijo que los derechos humanos son fundamentales, pero lo que sí es muy importante es que no nada más se tiene que defender el de los delincuentes; muchas veces pareciera que se está defendiendo no a la gente que trabaja día a día. A veces tenemos muy pocos mensajes en favor de las víctimas y sí en favor de los victimarios.

La advertencia del dirigente de la Concanaco -Servytur, de que “por ningún motivo permitiremos que (los padres de familia) se metan en los cuarteles” es una medida “desafortunada” y “desesperada” para ayudar al gobierno federal, pero también como una evidencia de la insensibilidad de las cúpulas empresariales y su creencia de que son dueños del Ejército, aseveraron Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPC), y Miguel Santiago Reyes, director del Observatorio del Salario Justo de la Universidad Iberoamericana de Puebla (González S., Miranda J. C., en La Jornada, p.11, 15 febrero 2015).

Si el dirigente de la Concanaco quiso respaldar al gobierno federal con sus declaraciones de que la cúpula empresarial no permitirá “por ningún motivo” que los padres de los normalistas desaparecidos se metan a los cuarteles del Ejército –aunque la Secretaría de Gobernación accedió a que inspeccionen sólo el de Iguala–, “poco lo ayuda a salir del problema”, expresó Cuauhtémoc Rivera.

Una manera democrática de alcanzar una solución tiene que involucrar a los padres para verificar todas las versiones, quienes se han sentido engañados y han traído “de allá para acá y echándoles baldes de agua fría”, precisó.

Las declaraciones de Solana Sentíes, sostuvo, “son desafortunadas”, porque “avivan el fuego de un problema que está lejos de resolverse”. Para empezar, cuestionó: “¿Quién es él para impedir o permitir el acceso a los cuarteles?”, sobre todo porque más que opinión parece una amenaza de que los dirigentes empresariales estarán en la puerta de los cuarteles para impedir el paso de los padres de familia; “porque no dicen: ‘nos solidarizamos con que no se haga’, sino ‘no lo vamos a permitir’, como si él mismo fuera a estar en la puerta con una metralleta.

“Con eso sólo se radicaliza más el problema, que prevalecerá hasta que se verifiquen todas las versiones que ha habido sobre la desaparición de los estudiantes”.

A su vez, el investigador Miguel Santiago Reyes indicó que el cierre de filas de la cúpula empresarial en torno al Ejército Mexicano por el caso de Ayotzinapa no es más que una medida desesperada de los grandes empresarios para sostener a un gobierno que ellos mismos impusieron y cuyas promesas, expresadas en las reformas estructurales aprobadas en los últimos años, todavía están en proceso de ser cumplidas.

Las declaraciones de Enrique Solana son una muestra de insensibilidad y refleja que los empresarios se comportan “como si fueran dueños del Ejército”.

Las reformas aprobadas en los primeros dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto fueron para favorecer a una buena parte del sector privado nacional y extranjero por lo que dichos grupos ahora tratan de darle la vuelta a la página en el caso de Ayotzinapa que, dijo, es solo una muestra del hartazgo social ante la impunidad.

“El sector privado lo que hace –en una medida desesperada– es tratar de salvar a este gobierno y buscar fortalecer a una institución que la mayor parte de los mexicanos sabemos que ha sido utilizada como una institución represiva como en el 68 y más recientemente en Tlatlaya”, comentó.


Ref: 2015, elektron 15 (51) 1-3, 21 febrero 2015, FTE de México.

Hernández, Iniciativa Privada, 17 febrero 2015.
Cartón: La Jornada