Eso afirma el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Esta organización tiene facultades limitadas y siempre acotadas por los caprichos y chantajes del imperio. Aun así tiene una amplia experiencia y autoridad moral. Pero Peña Nieto le falta el respeto y niega lo señalado en las observaciones. Con relación a Ayotzinapa, la única verdad y absoluta es la del gobierno, el que descalifica a la ONU. Ese sujeto es grosero, pedante y probablemente responsable de los crímenes, al menos, los encubre. Allí están los hechos. No son 43, sino casi 24 mil y, en su gestión, van más de 2 mil desapariciones forzadas. ¿Quién gobierna en México, Peña, el crimen o una coalición de ambos? ¿El Estado es fallido, corrupto y/o criminal?

¿Por qué, el gobierno peñanietista se comporta tan altanero con el Comité de Desapariciones Forzadas (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)? ¿Con qué pruebas descalifica el informe de la CDF? Este organismo no está inventando nada, más aún, se queda corto.

A los mexicanos que vivimos en México nos consta el aterrador panorama. Son decenas de miles de desapariciones forzadas en los últimos 6 años y miles durante la gestión de Peña Nieto, los que han ocurrido en todo el territorio nacional. No existe en el país una zona segura. Por ello, que la ONU diga que ese crimen está generalizado es una terrible verdad.

En la realización de los crímenes han intervenido diversas instancias, entre otras, los criminales, protegidos por los gobiernos, federal y locales, y el propio Estado en su conjunto. Hasta ahora NO se ha aclarado ningún caso. En los últimos 9 años, según la propia secretaría de Gobernación (Segob) ha habido solo 239 averiguaciones previas en todo el territorio nacional, apenas el 1 (uno) por ciento. Y, consignados, casos resueltos? ¡Ninguno!

Por ello, la ONU al informar que hay impunidad total, reconoce lo que en México es del dominio público. ¿Quiénes fueron? Nadie sabe. ¿Por qué lo hicieron? Nadie sabe. Entonces, ¿qué hace el Estado y gobiernos en turno? Prácticamente nada. ¿Para qué sirven? Para nada, más bien, son un estorbo. La impunidad es tal que el gobierno se niega a investigar a probables responsables, como Peña Nieto, el ejército federal y la policía federal. Más bien, lo que hace es un encubrimiento explícito.

Ahora que recientemente los familiares de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa denunciaron la situación en Ginebra, Suiza, la respuesta de la ONU fue relativamente rápida. ¿Por qué? Porque en el mundo en general hay horror e indignación por lo que acontece en México que, repetimos, es peor aún para los habitantes de este país.

Y, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Descalificar a la ONU, en abierta violación a los tratados y convenios internacionales, que México ha firmado y de los cuales es parte. Las observaciones de la CDF, al que Peña no reconoce, “no aportan nada nuevo”, dijo el gobierno. ¿Quiere más? Ya la situación es abominable pero al gobierno no le dice nada. Esa respuesta grosera y autoritaria muestra lo que son el gobierno y Estado en México, esto es, una vulgar dictadura al servicio del capital e imperialismo.

La ONU no tiene autoridad para obligar a ningún gobierno, solo emite recomendaciones. Por ello, al informe del CDF Peña solo le da “acuse de recibo”, en calidad de burocratilla de oficialía de partes. Por supuesto, NO cumplirá ninguna de las observaciones. Eso es una burla indignante.

Para Peña Nieto, su “verdad” torcida, manipulada, sin pruebas y con mentiras, es la única y absoluta verdad, lo demás simplemente no existe. Encerrado en su búnker y mundito, desprecia a la sociedad mexicana, a la que trata de imponerle la versión de la procuraduría general de la República (PGR), sin siquiera tener una sola prueba pericial. Esa “verdad absoluta y supersticiosa” debe ser acatada por todos porque lo dice el gobierno y ya.

Eso raya en lo ridículo, Peña “gobierna” como tiranuelo de aldea.

¿Cómo seguir viviendo en estas condiciones? Así no se puede vivir dignamente. Tampoco en el desempleo, austeridad y antidemocracia.

El gobierno de Peña, al descalificar a la ONU, se descalifica él mismo y le otorga carta de naturalidad al crimen.

¿Hasta cuándo se soportará esta situación? Hasta que el pueblo quiera. Si se sigue con la desorganización, la inconsciencia y la inacción, saldrá este gobierno y vendrá el siguiente, prevaleciendo la impunidad.

En México la desaparición de personas es un fenómeno generalizado, que ocurre en gran parte del territorio y en muchos de estos delitos hay participación de servidores públicos, por lo que es urgente que las autoridades lleven a cabo acciones para resolver dicho problema, entre ellas crear una unidad especial de búsqueda y un registro único de víctimas a escala nacional (Camacho F., en La Jornada, p.2, 14 febrero 2014).

Así lo afirmó el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), organismo que dio a conocer sus recomendaciones al gobierno mexicano luego de que el pasado 2 y 3 de febrero evaluó en Ginebra, Suiza, su grado de cumplimiento de los tratados internacionales en la materia.

La información recibida por el comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, muchas de las cuales podrían calificarse como forzadas, debido a la participación de servidores públicos en los hechos, subrayó el CED.

De igual manera, destacó que el grave caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, agredidos y presuntamente asesinados hace más de cuatro meses, ilustra los serios desafíos que enfrenta México en materia de desapariciones forzadas y búsqueda de las víctimas.

El comité saludó avances del Estado mexicano, entre ellos la ratificación de todos los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, la reforma constitucional en la materia de junio de 2011 y la adopción de la Ley General de Víctimas, pero también hizo un amplio listado de sus preocupaciones.

Entre ellas figura que México no ha reconocido todavía la competencia del CED para recibir quejas individuales e interestatales, por lo que llamó enérgicamente al gobierno a hacerlo, como ordenan los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

De igual manera, el organismo lamentó que en el país hay niveles de cumplimiento desiguales de las normas en contra de la desaparición forzada, y en ese sentido pidió a México que expida una ley general en la materia, en la cual se tomen en cuenta las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El CED también manifestó su preocupación por la falta de información estadística precisa sobre el número de víctimas de desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo. Por ello, recomendó que el Estado cree un registro único a escala nacional.

Asimismo, indicó que algunas legislaciones no incluyen el delito de desaparición forzada o establecen penas disímiles, por lo que apremió a México a tipificarlo a escala federal y estatal de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas y fijar penas en función a su extrema gravedad.

En las observaciones finales también se destaca que hay numerosos casos de desaparición forzada contra migrantes, y por tanto convoca a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para prevenir e investigar estos casos.

Por otro lado, el CED lamentó la impunidad de los casos denunciados, la falta de investigaciones eficaces e inmediatas tras recibir una denuncia y la reclasificación de los delitos. Por ello, pidió a México que realice indagatorias exhaustivas e imparciales, castigue a los responsables con penas adecuadas y facilite la participación de los familiares de las víctimas.

Para tales efectos, consideró que la PGR debe crear una unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas que cuente con recursos adecuados y trabaje de manera coordinada con otras agencias, en particular la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Por otra parte, el CED convocó a las autoridades nacionales a proteger a testigos y denunciantes para evitar que sean intimidados o atacados; investigar todos los casos de desaparición forzada cometidos durante la llamada guerra sucia y castigar a los responsables, y garantizar el derecho a la reparación integral del daño.

Por último, el Comité de Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano que redoble sus esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la restitución de los restos a la familia de la víctima, así como crear un proceso para obtener una declaración de ausencia con el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas y la de sus seres queridos.

El gobierno de México cuestionó el informe que dio a conocer la ONU —sobre el tema de desapariciones— que establece que se trata de un fenómeno generalizado ya que, aseguró, el documento “no refleja adecuadamente la información presentada por México ni aporta elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados” (López L., Flores E., en El Financiero, 14 febrero 2015).

En respuesta a las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada, en las que se establece que es un fenómeno generalizado en el país y que hay total impunidad, la Secretaría de Gobernación difundió el informe que presentó hace apenas unos días a la ONU.

En un documento de 49 páginas las autoridades responden 24 preguntas formuladas respecto al contexto jurídico, las acciones emprendidas y los esfuerzos en el tema.

El gobierno mexicano aporta datos fundamentales, como el que se refiere a que en el país existen 239 averiguaciones previas por desaparición forzada, de acuerdo con las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, apuntó que no se ha consignado ningún expediente por ese delito, por tanto, “no existen inculpados que hayan recibido sentencia condenatoria”.

Sobre la llamada guerra sucia, el gobierno mexicano respondió que pasaron al conocimiento de la Coordinación General de Investigación de la PGR “un total de 268 indagatorias, de las cuales en 252 averiguaciones previas se investiga la desaparición de 492 personas, y el resto, por diversos delitos como homicidio, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, entre otros”.

Y se aclara que “estas 252 averiguaciones previas por desaparición forzada no forman parte del total de averiguaciones previas reportadas en la respuesta 11 por haberse iniciado en un periodo anterior a 2006” y “tampoco están vinculadas a las averiguaciones previas abiertas desde 2007 en la unidad que se hizo cargo de las averiguaciones previas de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado”.

En el informe presentado en Ginebra, México acreditó ante el comité “el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas”.

Las autoridades hablan de una disminución de denuncias por supuestas conductas ilícitas imputables a personal militar, pues en 2012 se presentaron seis quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cifra que subió a 36 en 2013 y bajó a 14 en 2014. Un total de 56, de las cuales 44 ya fueron concluidas por no acreditarse las conductas denunciadas y 12 aún están en trámite.

Se informó que la Secretaría de Gobernación otorgó reparación del daño en 87 de 275 casos acreditados. La pasada administración erogó 1.7 millones de dólares en 55 casos. En el presente sexenio se han erogado 2.3 millones de dólares.

Desde Ginebra

El CED de la ONU examinó el informe que México presentó ante este organismo los pasados 2 y 3 de febrero, y desde Ginebra, Suiza, comunicó sus conclusiones. Asegura que el país no ha cumplido a cabalidad con los lineamientos que firmó en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.

“El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en Guerrero, ilustra los serios desafíos en enfrenta el Estado en este tema”. Por eso realizó las siguientes recomendaciones.

Primero, exhortó a México a reconocer su autoridad como comité, pues “aún no han reconocido nuestra competencia para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales”.

Segundo, sobre el delito de desaparición forzada, urgió al Estado mexicano a expedir a la brevedad la ley general en materia, toda vez que determinó que “las distintas jurisdicciones presentan desiguales niveles de cumplimiento de las obligaciones que establece la convención”. Si bien reconoció las varias iniciativas de ley al respecto, recomendó diseñar la ley con cuatro lineamientos: prevención, investigación, juzgamiento y sanción.

Sugirió que este delito —a escala nacional y estatal— cuente con penas apropiadas en las que “se prevea específicamente la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos”.

En la información revisada, el comité afirmó no haber encontrado ninguna condena ni sentencia; pero sí detectó obstáculos para la investigación de este delito, ya sea por lentitud, tardanza de las autoridades o porque los casos son clasificados bajo otros delitos menos graves. Por ello propuso redoblar los esfuerzos para agilizar las investigaciones, aun sin denuncia de por medio. Indagar a todos los agentes u órganos involucrados sin que éstos se conviertan en investigadores. Y crear una fiscalía de investigación de desaparición forzada adscrita a la PGR.

Sugiere proteger a los denunciantes, blindarlos contra amenazas y sancionar a quien lo haga. A los desaparecidos pide encontrarlos y liberarlos, pero en caso de hallarlos muertos, identificar sus restos pese a haber detectado “dificultades prácticas” en las áreas de búsqueda e identificación, mismas que pide resolver.

En el documento de 11 cuartillas, el comité se dice preocupado ante la falta de cifras que indiquen cuántas personas extraviadas o desparecidas hay. Sin ese dato, asegura, no es posible evaluar la magnitud del problema ni implementar políticas públicas para su combate. Por ello recomendó enriquecer el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas con los datos de la víctima como sexo, edad, nacionalidad, lugar y fecha de los hechos, así como otros que permitan diferenciar si son desaparición forzada.

En cuanto a la ley del registro, señaló que ésta no puede funcionar sin reglamento, por lo que apresuró su expedición.

Las autoridades militares también fueron observadas. Sugirió que sean juzgadas por autoridades civiles, pues “los tribunales militares no ofrecen la independencia e imparcialidad requeridas por la convención”.

Sobre el tema de migrantes reconoció que, pese a los avances en el tema, tampoco hay estadísticas. Por lo que propuso trabajar con los países involucrados para encontrar a los desparecidos, identificar a los muertos, incluir a sus familias en las investigaciones, sancionar a los culpables y proteger a los denunciantes.

Respecto a la guerra sucia, el comité observó falta de avances en su investigación, falta de sanciones y lento progreso en la reparación del daño. Por lo que requirió agilizar estos rubros, encontrar a los muertos, identificarlos, reparar el daño y garantizar el derecho a la verdad.

La comisión dio al Estado mexicano un año como plazo para informar de la aplicación de sus recomendaciones.

Las observaciones finales del CED, son positivas en tanto ayudan a visibilizar a nivel internacional la gravedad de la situación que atraviesa México y pueden presionar a las autoridades para que hagan su trabajo en la solución de dicho problema, afirmó Melitón Ortega, padre de uno de los 42 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos (Camacho F., Ocampo S., en La Jornada, 14 febrero 2015).

Los casos de desaparición forzada en Guerrero y en todo el país son permanentes. Eso lo sabemos, sólo que ahora se da a conocer al público de forma abierta que México está viviendo ese problema. Los organismos internacionales le están haciendo recomendaciones al Estado, nos parece que están cumpliendo y para nosotros eso es importante, señaló en entrevista el padre del estudiante Mauricio Ortega.

No podemos vivir con tantas muertes y desapariciones todos los días. Lo que nos queda claro como pueblo es que el gobierno no está cumpliendo las recomendaciones y ha estado haciendo oídos sordos a nuestras plegarias, lamentó.

La intervención del CED y otros organismos internacionales, dijo, puede tener un impacto positivo en el Estado mexicano. Tiene que abrir líneas de investigación para esclarecer el caso de Ayotzinapa, como la participación del Ejército, pero también para que en México nunca más pase lo que ocurrió con los estudiantes.

Por otro lado, Ortega denunció que el presidente Enrique Peña Nieto busca usar la aprehensión de los familiares y amigos del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, acusados de desvío de recursos y lavado de dinero, para que pase a segundo plano la exigencia de presentación con vida de sus hijos.

El gobierno federal pretende hacer creer a la opinión pública que en México se está aplicando la ley, (pero) es más bien es un distractor, pues desde que desaparecieron los normalistas, le pidieron a las autoridades que investigaran a Aguirre, pero no lo han hecho, lo están protegiendo, y lo mismo hace la Procuraduría General de la República, insistió.

El padre de familia reiteró que Peña Nieto quiere hacernos creer que en Guerrero se está aplicando la ley a todo aquel que tenga culpabilidad, pero mientras no se le investigue por el caso Ayotzinapa, hasta entonces no lo vamos a creer.

El hecho de que el gobierno mexicano refute las observaciones del CED es una señal preocupante de que las autoridades siguen negándose a admitir la gravedad de este fenómeno en el país y no tienen voluntad política para resolverlo, señalaron organizaciones civiles (Camacho F., en La Jornada, p.4, 14 febrero 2014).

Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, subrayó que la resistencia de México a aceptar las recomendaciones del CED deja un profundo mal sabor de boca, pues muestra nuevamente que el gobierno de Enrique Peña Nieto va a negar cualquier versión crítica de lo que hace su administración.

Pese a los múltiples informes y revisiones internacionales que documentan la existencia de miles de casos de desaparición forzada, el gobierno mexicano sigue sin reconocer la crisis de derechos humanos en el país y la dimensión del problema, y a cambio intenta ganar credibilidad a través de comunicados de prensa.

Tras destacar que las observaciones del CED confirman las denuncias que ha hecho la sociedad civil desde hace muchos años, Quiroz enfatizó que el intento de México de refutarlas es indignante, porque responde al intento de negar una realidad palpable y tangible que está a la luz de todos, pero que los únicos que no ven son los funcionarios.

Javier Monroy, miembro del Taller de Desarrollo Comunitario, consideró por su parte que la tácita negativa del gobierno a admitir las observaciones del comité de Naciones Unidas es una reacción lógica, pues el Estado ha cerrado filas para negar estos señalamientos, sin importar si los hacen organismos internacionales.

“Es obvio que lo refuten, porque aceptarlo implicaría ponerse en evidencia y romper vínculos con las empresas del narco, con un costo muy alto para la estabilidad económica del país y para los partidos políticos. Reconocerlo es hacerse el haraquiri, y el Estado siempre se negará a eso”, afirmó el activista.

Nadin Reyes, integrante del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Hasta Encontrarlos, deploró que el Estado mexicano evidencie su falta de voluntad política al refutar los señalamientos recibidos, faltando al respeto a convenios internacionales que ha firmado y ratificado.

Siguen sin reconocer la gravedad del problema y eso deja ver que no van a cumplir las recomendaciones. No nos sorprende, pero sí es lamentable que lo diga de manera abierta y tajante, añadió.

El gobierno mexicano reiteró su desacuerdo con la definición de “desapariciones generalizadas” en nuestro país incluido en el diagnóstico del CED de la ONU (Martínez F., en La Jornada, 15 febrero 2015).

Admite, sin embargo, rezagos en cuanto a la homologación de la Ley General de Víctimas y el registro de personas no localizadas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dijo que 12 entidades no han acoplado sus normas para ese fin y admitió que está en proceso el registro de víctimas.

El gobierno federal asegura que el reporte del CED no cuenta con elementos sustanciales o novedosos, fuera de los informes que entregó México los días 2 y 3 de febrero pasados, en Ginebra, Suiza.

“Las supuestas recomendaciones no aportan nada nuevo, ni elementos ni herramientas para hacer frente a la problemática; definitivamente no es un reporte pormenorizado o con datos novedosos”, señaló un responsable gubernamental en la materia.

Las recomendaciones del comité, subrayó la fuente consultada, no se aceptan o se rechazan, sólo se da acuse de recibo.

Un caso distinto es ante los resultados del Examen Periódico Universal, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, que vigila el cumplimiento en la materia de los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas.

“Lo que sí refutamos es el diagnóstico del comité en torno a que las desapariciones sean generalizadas”, dijo.

De acuerdo con cifras oficiales, compiladas por la PGR y difundidas por Segob, hasta el 31 de octubre de 2014, 23 mil 689 personas persisten en la categoría de no localizadas, la gran mayoría con expediente en delitos del fuero común.

Aunque los procuradores se comprometieron a alimentar este banco de datos, el más reciente corte de información es del 31 de octubre de 2014.

En tanto, la CEAV aseguró que dará seguimiento y “atenderá puntualmente” las observaciones del CED hacia el Estado mexicano, con énfasis en el respeto a los derechos de las víctimas.

Si bien el organismo internacional reconoce la existencia de una Ley General de Víctimas en México, advierte acerca de la proliferación de las desapariciones y propone la creación de una fiscalía especializada en la materia.

El comisionado Julio Hernández Barros estuvo en la evaluación del comité de la ONU al Estado mexicano como representante de la comisión ejecutiva y responsable del Comité de Personas Desaparecidas, No Localizadas, Ausentes o Extraviadas.

En el encuentro realizado en Ginebra hizo hincapié en que 12 estados de la República todavía no homologan su legislación local respecto de lo que señala la Ley General de Víctimas, situación que afecta a las familias de los desaparecidos, en tanto acceso pleno a sus derechos.

“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas seguirá atenta a los comentarios respecto del informe del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas y acompañará las acciones del Estado mexicano para atender este grave problema”, indicó.

La CEAV afirma que ya tiene listo un borrador de la pretendida ley en materia de desaparición forzada. Añadió que seguirá trabajando en la integración del Registro Nacional de Víctimas, para tener “estadísticas confiables” y desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el delito de la desaparición, entre otros.

La negativa del Estado mexicano a aceptar las observaciones del CED es una muestra de su endurecimiento frente a las críticas que evidencian la situación de derechos humanos en el país y del agotamiento de la diplomacia que trata de ocultar dicha crisis, señalaron organizaciones de la sociedad civil (Camacho F., en La Jornada, p.10, 15 febrero 2015).

Jorge Verástegui, integrante del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, afirmó que este tipo de reacciones de las autoridades mexicanas demuestran que “la diplomacia del Estado ya no está funcionando. No están logrando maquillar la realidad en el exterior”.

Ante dicho escenario, las resistencias de México para asumir las críticas del CED “son un claro ejemplo de desesperación por su imposibilidad de sostener esa realidad que ha inventado. Es una muestra más de que no quieren reconocer una tragedia humanitaria que se vive en el país desde hace muchos años”.

El regreso del PRI al poder, dijo, ha implicado el endurecimiento en temas de derechos humanos y justicia, aunque el gobierno ha utilizado asuntos como la promulgación de la Ley General de Víctimas para simular que no es así. “Ahora simplemente vemos al PRI de siempre, el que no acepta críticas y busca imponer su voluntad de forma autoritaria”, subrayó.

Con respecto de las observaciones del CED, Verástegui destacó la importancia de que se afirme de manera clara que las desapariciones en México son un problema “generalizado”, pues de esta forma se visibiliza esta situación en el extranjero y se refuerzan las denuncias que han hecho las organizaciones locales de derechos humanos desde hace muchos años.

Julio Mata, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, coincidió en que el intento de “refutar” las observaciones de Naciones Unidas, así como las del Equipo Argentino de Antropología Forense en el caso Ayotzinapa, es una señal de endurecimiento e intolerancia.

El gobierno “ya ha comenzado a amenazar a grupos que se movilizan, detiene a jóvenes que han tomado casetas de cobro en autopistas. Está demostrando que no va a permitir las críticas y que puede venir la represión”, alertó.

Los señalamientos del CED “no son exagerados ni extremistas, simplemente fueron hechos con base en lo que está pasando en México, donde las desapariciones ocurren de forma generalizada desde los años 60. Pero el gobierno sigue minimizando el problema y encontrando resquicios para negarlo”.

El gobierno de México atenderá los señalamientos del CED, aunque no esté de acuerdo con la forma en que dicho organismo abordó algunos temas, afirmó la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, mientras diversos colectivos de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el hecho de que las autoridades no admitan las críticas ni estén dispuestas a atender las observaciones que se les formulen (Camacho F., en La Jornada, p.9, 18 febrero 2015).

“Trabajaremos en atender las recomendaciones que se han hecho. En ningún momento se habló de ‘imprecisiones’; lo que se dijo es que no había grandes aportaciones en el informe (del CED) y que existían temas en los que no estábamos de acuerdo en la manera en que se expresaban”, indicó la funcionaria de Gobernación al término de la presentación de un informe sobre la niñez en México.

Esta declaración alude a las afirmaciones hechas el lunes por el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, en el sentido de que en las observaciones de Naciones Unidas hubo algunas inexactitudes que hacen pensar que la revisión no fue todo lo exhaustiva que debiera.

Diversas organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la cual le manifiestan su preocupación por la respuesta que dio el gobierno a las observaciones del CED, pues consideran que es un desacato a los convenios internacionales en la materia.

Advirtieron que significa una falta de respeto a los familiares de personas desaparecidas y una muestra de que va a obstruir los procesos de búsqueda, justicia, verdad y reparación del daño a las víctimas.

Por todo ello, pidieron que Osorio Chong se pronuncie públicamente sobre la importancia de las recomendaciones del comité y exprese claramente su voluntad para cumplir con las mismas, además de avanzar en el proceso de cumplimiento de las recomendaciones.

Amnistía Internacional coincidió en que las reticencias del gobierno mexicano ante las recomendaciones del CED deja ver que las autoridades no están dispuestas a reconocer la magnitud de la crisis en este ámbito, y puede ser una muestra de que van a ignorar cualquier crítica a su estrategia sobre seguridad pública.


Ref: 2015, elektron 15 (38) 1-8, 18 febrero 2015, FTE de México.

Las desapariciones forzadas en México ocurren en todo el territorio.
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El reclamo cada vez es mayor, el gobierno hace oídos sordos.
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