Vamos a exigir justicia, dijeron los padres de familia, al acudir ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza. Los argumentos del gobierno no convencen a los expertos. Los padres también acudieron al Parlamento Europeo con sede en Bruselas, Bélgica. En Chilpancingo, la policía comunitaria entra para proteger a la población, el ejército los enfrenta y repliega a Petaquillas, la población repudia a la soldadesca. En Cuernavaca, los pueblos de Morelos se suman a la lucha por la verdad en el caso Ayotzinapa. La ANP acuerda el boicot total a los próximos comicios en Guerrero.

Enfrentamiento en Petaquillas, Guerrero, de la población contra el ejército. El pueblo está harto de soldados y el gobierno militariza más al estado.
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La llamada “versión histórica”, como calificó Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) a la versión del gobierno sobre la presunta incineración de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, está significando “carpetazo” al asunto, es decir, una medida burocrática impositiva y punto.

Para el gobierno el caso está cerrado. Eso es así porque el interés del gobierno está en encubrir a los autores materiales e intelectuales. Ha repetido el gobierno que la acción fue del llamado crimen organizado pero no ha hecho ninguna detención relevante y, a quienes ha detenido, ni siquiera les ha imputado el delito de desaparición forzada, con la intención de que queden libres.

El encubrimiento es manifiesto. La participación del ejército federal, policía federal y del propio Peña Nieto sigue, por lo menos, en entredicho. Hasta ahora, todo el manejo del caso pareciera que se enfoca en “borrar” las huellas y hacer aparecer al crimen como perfecto.

El gobierno no argumenta su versión porque no tiene argumentos convincentes, no tiene pruebas periciales, ni quiere tenerlas.

Por ello es que, al comparecer ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno mexicano se vio repetitivo y aburrido, con escasa credibilidad, incapaz de explicar la situación, completamente rebasado por el crimen al que dice combatir.

Los padres de familia de los estudiantes desaparecidos y sus asesores han hecho grandes esfuerzos y ahora se trasladaron a Europa. Pero, tanto en Ginebra como en Bruselas, se pueden utilizar los foros, intervenir en escasos minutos, denunciar la situación y hasta allí.

En el Parlamento Europeo, se acostumbra escuchar a los afectados por una subcomisión menor, la oposición está representada por los “Verdes”, se invita a desayunar o comer a los visitantes, se les ofrece café, se les da un paseo por el recinto parlamentario y ya, a veces pagan el hospedaje. De allí no pasan. ¿Qué dijeron los eurodiputados esta vez? Que el gobierno no dé por cerrado el caso. Eso es realmente poco.

¿Qué dijeron los expertos de la ONU? De momento, nada, solo dieron la impresión de que el gobierno no los convenció. Esos expertos, en efecto, tienen mucha experiencia para ser engatusados por la argumentación endeble del gobierno. Pero no hacen nada. Si llegan a algo, será apenas una “recomendación” generalmente tardía, vaga y extemporánea, de la que, los gobiernos hacen caso omiso. La ONU no tiene facultades para más.

Pero los familiares han cumplido, solo que el problema los rebasa.

El “carpetazo” significa para el gobierno dar por concluido un asunto inconcluso, porque así conviene a sus intereses, no le importa el dolor de los demás. La otra parte es la imposición de la represión. Por lo pronto, el estado de Guerreo está más militarizado que nunca. Es el anuncio de la mano dura contra quien se oponga.

Por ello, la escaramuza en Petaquillas. La población está harta de “guachos” pero estos no han pensado en retirarse, al contrario, están allí para seguir cometiendo atrocidades, demagógicamente, en nombre del mismo pueblo al que dicen proteger.

No obstante, la lucha continúa. La Asamblea Nacional Popular (ANP) acordó organizar el boicot total a los próximos comicios en Guerrero que serán para gobernador, diputados locales y presidentes municipales. El gobierno y sus ayudantes, “izquierdosos” del INE, aseguran que los habrá. ¿Qué va a pasar?

Obviamente, se medirán las fuerzas y se entrará en enfrentamiento con el Estado en su conjunto, empezando por el gobierno, partidos políticos, policía, ejército y marina. Antes de entrar al enfrentamiento es sensato valorar la relación política de fuerzas.

Claro que ese enfrentamiento, cruento o incruento, le implicará un costo al gobierno. Pero no se trata de eso sino de avanzar para lograr objetivos estratégicos no solo coyunturales. Es pertinente tener presente que en México no hay democracia ni justicia y sí represión e intolerancia. Lo estamos viviendo y padeciendo a diario.

En cualquier caso, vale mucho cuidar dentro del movimiento el futuro de este, así como la solidaridad recibida, ahora de los pueblos de Morelos, para acrecentarla y consolidarla.

Finalmente, las elecciones serán validadas por el Estado aunque nadie vote. Lo que importa no son las elecciones, sino la construcción de las fuerzas que hagan posible al poder popular, e innecesarias a las elecciones fraudulentas.

Padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos viajaron a Ginebra, Suiza, para dar su testimonio ante los diez expertos independientes que integran el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, a quienes demandarán que el gobierno mexicano presente con vida a sus hijos, que se haga justicia y se conozca la verdad (Poy L., en La Jornada, p.4, 1 febrero 2015).

Bernabé Abraján, padre de Adán, uno de los alumnos desaparecidos, e Hilda Legideño Vargas, madre de José Antonio Tizapa, otro de los normalistas, afirmaron que acuden ante esta instancia de la ONU para exigir que nos devuelvan a nuestros muchachos, porque en este país para los pobres no existe la justicia. Vamos a pedirles que intercedan por nosotros, que le pidan al gobierno mexicano que nos diga la verdad.

Legideño Vargas indicó: Como padres, sentimos que nuestros hijos no están muertos, y vamos a seguir buscándolos vivos; queremos justicia, pero también la verdad. Aseguró que el gobierno mexicano no puede cerrar el caso porque hay muchas irregularidades.

Agregó que los defensores de derechos humanos presentaron un informe ante el organismo con al menos 10 pendientes por resolver en la indagatoria que realiza la PGR, entre los que se incluye que no existe certeza científica sobre la hipótesis de que los 43 normalistas fueron incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero; que la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, no es determinante de hecho; que la versión oficial depende en exceso de declaraciones, y que no hay un solo juicio penal por desaparición forzada.

Acompañados de una abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y de María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien informó que también acudirán a Bruselas, Bélgica, para reunirse con integrantes del Parlamento Europeo, los padres de los normalistas señalaron que el llamado a la comunidad internacional es a que nos apoyen, que le exijan a nuestro gobierno que haga justicia por los compañeros caídos, por los 43 desparecidos de Ayotzinapa, pero que no son los únicos.

Bernabé Abraján, precisó que esta medida es importante para nosotros, porque queremos una solución. Vamos a estar en la audiencia (del Comité de Desaparición Forzada) para explicar la detención de nuestros hijos, que sabemos la hicieron policías municipales de Iguala, Guerrero; ellos saben dónde están.

Afirmó que gracias al apoyo del Centro Pro cubrieron los gastos para su traslado a Ginebra. Ellos se hicieron cargo de lo que necesitamos. Nosotros somos pobres, somos campesinos, pero queremos que México cambie, que el gobierno cambie para que no pase esto, por eso nos vamos, para que le exijan a nuestro gobierno que dé una solución al caso Ayotzinapa.

Los padres de los normalistas no descartaron que si hay las condiciones y podemos convocar a otras organizaciones, allá llamaríamos a un mitin o una marcha para difundir el caso de nuestros hijos, y para decir la verdad de lo que está pasando en México.

Unos 500 policías comunitarios, del Frente Unido de Seguridad para el Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg), incursionaron ayer cerca de las 5 de la mañana en Chilpancingo para brindar seguridad a la población, afirmaron sus dirigentes (Ocampo S., en La Jornada, p.6, 1 febrero 2015).

Los pobladores señalaron que están hartos de asesinatos, extorsiones y cobro de piso, pues grupos delictivos exigen una cuota a los negocios de mil hasta 10 mil pesos semanales.

Los policías llegaron armados con escopetas e instalaron un retén cerca del fraccionamiento Linaloé, al sur de Chilpancingo. Cerca de las 7:20 horas arribaron unos mil soldados y agentes de la policía estatal para impedirles ingresar a la ciudad.

Pese a que hubo diálogo, los comunitarios rechazaron la propuesta del Ejército de regresar a sus comunidades. Los miembros del Fusdeg aceptaron trasladarse al poblado Petaquillas, a 10 kilómetros de la capital.

Los dirigentes del Fusdeg manifestaron que su presencia en inmediaciones de Chilpancingo se debe a que siguen las extorsiones, cobros de piso y asesinatos, pese a la llegada de 8 mil soldados y policías federales.

Antes de las 8 de la mañana, los jefes militares les advirtieron que tenían 10 minutos para regresar a sus comunidades, lo cual rechazaron y hasta las 11:30 horas se replegaron a Petaquillas, donde realizarían una asamblea con la población.

El comisario municipal de Petaquillas, Arquímides Vargas, y cientos de ciudadanos llegaron al lugar y apoyaron a los policías comunitarios. Un ciudadano le gritó a un integrante del Ejército: ya dejen que el pueblo tenga su propia policía, porque ustedes no hacen nada, ya que protegen a los sicarios.

Debido a la tensión del momento, llegaron más ciudadanos. Aquí no queremos al Ejército, ya lárguense, gritó una mujer.

Más tarde llegó al lugar Victoriano Sánchez Carbajal, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, quien propuso integrar una comisión para que dialogara en el palacio de gobierno. Los pobladores pidieron que mejor acudieran a Petaquillas para que estuvieran presentes en la asamblea y escucharan los acuerdos.

Antes del mediodía, en tono amenazante, llegaron a Petaquillas unas 500 personas procedentes de los municipios de Quechultenango y Mochitlán, con pelo corto y pancartas en la mano rechazaban la presencia en esa cabecera municipal, en donde opera un grupo delincuencial, y les decían a los comunitarios que en esa zona los policías municipales los protegían.

Entonces se inició un ríspido encuentro verbal. Vecinos de Quechultenango insistieron en que no estaban de acuerdo en que llegara esta institución de seguridad a esos municipios.

En respuesta, los de Petaquillas decían: entonces no nos manden sus sicarios, no los queremos. Después de las 13:30 horas se retiraron los vecinos de dichos municipios y advirtieron a los comunitarios: nos vamos a encontrar.

En tanto, empezó una asamblea popular en Petaquillas, donde la población acordó la creación de la policía comunitaria para enfrentar a grupos delictivos. De inmediato el Fusdeg detuvo a dos presuntos delincuentes, que fueron trasladados a la comisaría municipal.

Más tarde, soldados y policías estatales que permanecían en la carretera federal se retiraron a sus cuarteles, aunque la policía comunitaria del Valle de El Ocotito afirmó que se hará cargo de la seguridad de los pobladores mediante rondines en las 44 colonias y barrios de Petaquillas.

En entrevista, el comisario municipal Arquímides Vargas recordó que Petaquillas está inmerso en un clima de inseguridad desde hace dos años: los de la delincuencia extorsionan, asaltan, secuestran y asesinan; estamos hartos y por eso se creará la policía comunitaria, porque las corporaciones policiacas federales, estatales y el Ejército no hacen nada.

Alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa demandaron a los pueblos de Morelos que los apoyen para continuar con su lucha, hasta lograr conocer la verdad de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala, y lograr que se castigue a todas las autoridades involucradas (Morelos R., Heras A., en La Jornada, p.4, 1 febrero 2014).

En Cuernavaca, Saúl Roque Morales, en nombre de los pueblos de Morelos, les manifestó que se suman a su lucha y los respaldarán hasta que se haga justicia. Añadió que no permitirán que este hecho, como otros, quede impune y en el olvido.

Los normalistas reiteraron que la versión de la PGR, basada en dichos de presuntos sicarios, no es verdadera, porque, aseguraron, no hay ninguna prueba científica de que sus compañeros fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes de la célula criminal Guerreros Unidos. Consideraron que al procurador Jesús Murillo Karam le urge dar carpetazo al caso, para que los padres de los estudiantes ya no exijan que se investigue a elementos del Ejército mexicano y al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Nosotros vemos que lo quieren cerrar, que quieren dar carpetazo a la situación. No creemos que los cuerpos de los compañeros hayan sido quemados en un basurero; nunca lo vamos a creer, porque no hay pruebas, dijo uno de los estudiantes que pidió omitir su nombre por la represión en su contra que hacen los gobiernos federal y estatal.

Para los estudiantes es obvio que elementos del Ejército mexicano participaron en la desaparición de sus compañeros, porque de otra manera no se explican que no encuentren a los jóvenes por ningún lado, ni tampoco sus cuerpos.

Lo ocurrido en Iguala, agregó el alumno mencionado, es apenas la punta de la putrefacción en que se encuentra el Estado, “por la narcoviolencia y la narcopolítica que padecen Guerrero y el país. Afirmó que no debe haber elecciones en esa entidad, porque los partidos políticos están infiltrados por las células criminales”.

Explicó que “la represión y los asesinatos que el gobierno ha orquestado no son cosa nueva, ya que tan sólo en los tres años que estuvo al frente Aguirre Rivero fueron ocho los normalistas asesinados.

Los normalistas estuvieron en la inauguración de la primera asamblea regional rumbo al Congreso de los Pueblos de Morelos, que se celebró ayer en el balneario Palo Bolero, en Alpuyeca, municipio de Xochitepec.

Roque Morales lamentó que elementos del Ejército Mexicano asesinen personas que luchan por sus derechos, sus ideales y su territorio.

Otro grupo de normalistas inició un recorrido en Baja California para denunciar los excesos de las autoridades federales en la desaparición de 43 de sus compañeros.

El gobierno de México reconoció hoy la necesidad de superar retos en materia de desapariciones forzadas, como es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. “México reconoce sin la menor ambigüedad que, a pesar de los enormes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar”, dijo el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo (en La Jornada, 3 febrero 2015).

Al abrir la sesión ante el Comité contra Desapariciones Forzadas, dependiente de la ONU, Gómez Robledo agregó que el tema Ayotzinapa ocurre “en una circunstancia particularmente dolorosa que ha generado urbi et orbi indignación y repudio, pero también determinación y contundencia para satisfacer el derecho a la verdad y la justicia”.

Agregó que “la desaparición forzada de los estudiantes pone de manifiesto que debemos seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña, y así fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y justicia”.

Destacó que “cuando se juzgue y sancione a todos los responsables de estos actos de barbarie y se acredite plenamente el paradero de los desaparecidos, podremos Estado y sociedad pasar del dolor a la recomposición del tejido social”.

Familiares de los 43 estudiantes, la organización Human Rights Watch y otras organizaciones han rechazado las conclusiones de la PGR que apuntan a la muerte de los normalistas.

Por su parte, Amnistía Internacional ha dicho que “la respuesta del Estado sigue siendo limitada y no cumple plenamente las normas internacionales de derechos humanos”.

“Venimos a solicitar la ayuda de la ONU”

Durante la sesión del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos pidieron ayuda a la ONU para buscar justicia y aseguraron que no confían en la capacidad del gobierno de México para investigar el crimen (Reuters, en La Jornada, 3 febrero 2015).

“Hemos decidido venir aquí, a este comité, para conseguir algo de apoyo y obtener realmente justicia, ya que nuestro gobierno es incapaz”, dijo a los periodistas Bernabé Abraján, padre de Adán, una de las víctimas. La sesión comenzó con un minuto de silencio por los 43 estudiantes.

El comité de la ONU presionó repetidas veces sobre el alcance de las investigaciones, la base de datos nacional sobre personas desaparecidas, así como los programas de protección para testigos y denunciantes.

Juan José López Ortega, miembro del comité, preguntó: “¿Cuántos funcionarios públicos han sido retirados de sus cargos en conexión con las investigaciones que se están realizando?”

Amnistía Internacional (AI) dijo que ha documentado casos de secuestros y desapariciones cuando las fuerzas de seguridad mexicanas, incluido el Ejército, “han apoyado o se han hecho de la vista gorda” con la actividad de bandas criminales.

El comité de la ONU vigila el cumplimiento con un tratado que prohíbe las desapariciones forzadas a través de arrestos o secuestros por agentes estatales o personas que trabajan respaldadas por el Estado.

Stephanie Brawer, integrante del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en entrevista telefónica desde Ginebra destacó que el Comité contra la Desaparición Forzada, dependiente de la ONU, manifestó al Estado mexicano que, en el caso relativo a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, sus argumentos y respuestas “son insuficientes y no aclara las dudas” (Ballinas V., en La Jornada, p.4, 3 febrero 2015).

La abogada del Centro Prodh abundó que los padres y madres de los normalistas tuvieron breves minutos para hablar ante el comité en la sesión pública, pero en privado hablaron más de una hora con los integrantes de esta instancia de la ONU.

Brawer, quien junto con representantes de otras organizaciones civiles –como el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan– acompaña a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, subrayó que los padres y madres de los normalistas defendieron en varias ocasiones ante el comité la demanda de que sus hijos deben ser buscados con vida, porque “no nos convencen las hipótesis del gobierno federal de que están muertos”.

La abogada del Prodh señaló que la reunión fue privada. “Estuvieron presentes dos de los familiares de los 43 normalistas y dos más con hijos desaparecidos, uno de Chihuahua y otro en Coahuila. Ellos expusieron ante el comité sus casos, al igual que los de Ayotzinapa”.

Estos últimos explicaron a los diez expertos del comité de la ONU, que desde el 26 de septiembre de 2014, cuando supieron de los hechos, han buscado a sus hijos. “Hemos hecho todo por encontrar la verdad, la justicia y sobre todo a nuestros hijos. Pero la verdad es que las autoridades no han contribuido a darnos certeza en las investigaciones, porque sostienen la hipótesis de que los muchachos fueron asesinados y quemados, pero no ofrecen pruebas de ello”.

Brawer dijo que, en el tema Ayotzinapa, los padres que vinieron a Ginebra en representación de las 43 familias de los estudiantes desaparecidos, señalaron: “Estamos aquí pidiéndoles que se interesen en nuestro caso”.

La activista dio que el Estado mexicano defendió su tesis de que los jóvenes “están desaparecidos, pero hay hipótesis de que fueron asesinados y calcinados”. Dijo que el comité conoce el tema de las desapariciones forzadas en México. Los expertos “saben de Ayotzinapa y sostuvieron que este no es el único caso de desaparecidos” en el país.

Padres de los normalistas de Ayotzinapa desparecidos en Iguala, Guerrero, solicitaron al Parlamento Europeo que interceda ante el gobierno de México para exigir que se mantenga la investigación abierta, continúen con la búsqueda de los estudiantes y se lleve a los responsables ante la justicia (Rivera C., AP en El Financiero, 5 febrero 2015).

Durante la reunión de la Subcomisión de Derechos Humanos del parlamento, Bernabé Abraján Gaspar e Hilda Legideño Vargas, padres de dos de los estudiantes desaparecidos, manifestaron su desconfianza en las autoridades mexicanas y pidieron una investigación independiente.

"Exigimos que se investigue bien qué ocurrió y que nuestros hijos estén de vuelta", dijo Legideño, madre de Jorge Tizapa Legideño, de 20 años.

"No creemos en el gobierno porque desde el principio nos mintió; nos entrego cuerpos que no eran de nuestros hijos y si nosotros no hubiéramos indagado habríamos enterrado a quienes no son, queremos pruebas y hechos reales", dijo Legideño.

Aseguraron que continuaran con la búsqueda de los 43 jóvenes desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre pasado.

Los eurodiputados manifestaron el respaldo de la Unión Europea por la situación en la que se encuentran y ratificaron su compromiso con la defensa de los derechos humanos en México y en el mundo.

La presidenta de la subcomisión, Elena Valenciano, reconoció que existe un deber político por parte de la Unión Europea, por lo que no se puede emitir un juicio sobre la actuación del gobierno mexicano en el caso de los normalistas.

El embajador de México en Bélgica, Juan Ignacio Gómez Camacho, aclaró ante los eurodiputados que el gobierno no ha cerrado las investigaciones sobre el caso Iguala y que existen 487 dictámenes, 386 declaraciones y 99 detenidos.

La Convención Nacional Popular (CNP) acordó realizar boicot total al proceso electoral de 2015 y crear las condiciones para la huelga política general, cuyo propósito es la caída del régimen de Enrique Peña Nieto. Refrendaron su lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como la derogación de las reformas estructurales, entre otros puntos (Ocampo S., en La Jornada, p.10, 8 febrero 2015).

La CNP se realizó en la Normal Rural de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, el jueves y viernes pasados, con la asistencia de cerca de 2 mil delegados y contingentes de más de 200 organizaciones sociales.

También decidió convocar a una segunda Convención Nacional Popular, con la presentación con vida de los 43 desaparecidos como demanda central, castigo a los culpables y justicia para los agraviados, así como luchar por la libertad de los presos políticos.

La CNP se pronunció por justicia para Agustín Gómez Pérez, quien se inmoló para exigir la libertad de su tío, y para Alejandro Gustavo Salgado, militante del Frente Popular Revolucionario asesinado el 3 de febrero en Morelos; libertad inmediata a Bryan Reyes y Jacqueline Santana; repudio a los actos de provocación contra la policía comunitaria de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, entre otras demandas.

La próxima reunión de la Asamblea Nacional Popular será el 21 de febrero en la normal de Ayotzinapa y la segunda CNP se efectuará el 10 de abril.


Ref: 2015, elektron 15 (38) 1-8, 8 febrero 2015, FTE de México.

Padres de familia de los 4 normalistas en la ONU, Ginebra.
FOTO: Cubadebate

Reunión en el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.
FOTO: Centro Pro-Tlachinollan

Familiares de los 43 en el Parlamento Europeo.
FOTO: C. Rivera

Reunión de la ANP en la Normal de Ayotzinapa, Mesa 5.
FOTO: S. Ocampo