Los expertos forenses argentinos denuncian errores e inconsistencias de la PGR sobre el caso Iguala. Las irregularidades son muchas. Hay fallas en los perfiles genéticos de los familiares enviados a Innsbruck, simplemente, no coinciden. La PGR excluyó deliberadamente a los peritos, recolectó las “muestras” sin siquiera avisarles; y, el basurero de Cocula estuvo sin custodia. Faltan muchas averiguaciones pero el gobierno dio por cerrado el caso y rompe el diálogo con los familiares. Las supuestas bases científicas en que apoya la versión de la PGR se consideran secretas. ¿Por qué? ¿Son acaso falsas? Sin aclarar las críticas, la PGR agrede a los expertos y se burla de la sociedad; al momento, sigue sin tener pruebas periciales y su credibilidad está debajo de cero. Se tiende a confirmar que el crimen fue del Estado y Peña está involucrado.

Basurero de Cocula. FOTO: J. Villaseca

Cada vez hay menos duda que los responsables de la masacre de Iguala están en el propio gobierno. Pero no se ha detenido a nadie ni siquiera se permite investigar a Peña Nieto ni al ejército federal. La versión de la Procuraduría General de la República (PGR), según la cual, los 43 normalistas fueron asesinados, incinerados y calcinados en el basurero de Cocula, se ha caído.

Las “pruebas científicas” que dice tener el gobierno son dos estudios del Instituto de Biología (IB) de la UNAM, los que son “confidenciales”, lo mismo quiénes intervinieron en dichos “estudios”. Solo eso faltaba. ¿Se trata de un secreto militar?
En la ciencia verdadera no hay secretos, a menos que sean militares, orientados a hacer el mal contra la humanidad. Si las pruebas oficiales son “científicas”, ¿se deben ocultar a la sociedad? ¿Qué es lo que ocultan? Y, ¿quiénes, pagados por la propia UNAM, se han prestado a la farsa? Esos, ¿qué tienen de universitarios o investigadores? ¿Acaso los están utilizando, o sus cómplices de bata blanca? Si no es así, deben mostrar sus resultados, con nombres y apellidos, a la comunidad científica internacional o quedarán en un nivel muy bajo.

Ahora, fue el grupo de expertos forenses argentinos quienes ponen en evidencia serias irregularidades del gobierno.

El rector, diputado del PRI nunca electo pero que habla de todo, ha callado. La información es “confidencial” dicen. Qué triste papelito de la burocracia de la UNAM.

En primer lugar, las “pruebas científicas” no deben reducirse a los aspectos biológicos o botánicos del caso. Los estudios implican a multi disciplinas, especialmente, la física, la química, la medicina forense y la genética. Con el debido respeto, los biólogos no son expertos en estimar temperaturas de calcinación y menos demostrar que ocurrieron, tampoco pueden demostrar que los restos encontrados en el sitio corresponden a los 43 normalistas y menos que allí fueron asesinados e incinerados.

Según la escasa información al respecto, el IB de la UNAM dice que las plantas de la barranca del basurero fueron afectadas por la fuente de calor. Eso es evidente pero, ¿qué tanto fueron afectadas? Contradictoriamente, señala que en el lugar la flora registró un crecimiento posteriormente al incendio de 30 días de antigüedad. ¿De veras? ¿Las florecitas, hojitas y ramitas sobrevivieron a las temperaturas de 1,600 grados o más de la incineración y ya retoñaron?

El dictamen entomológico dice que, en el sitio fueron recolectadas larvas de dípteras, a partir de las cuales se determinó la fecha del incendio. Eso no demuestra nada. Es sabido que en el basurero hubo varios incendios, ¿a cuál se refiere el estudio? Además, el solo reporte de un incendio no demuestra que se hayan alcanzado las temperaturas de calcinación ni explica cómo fue eso posible. Mucho menos demuestra que hubo incineración de cuerpos humanos y, menos aún, que hayan sido de los 43 normalistas desaparecidos, como insiste la versión de la PGR.

Por su parte, el grupo de expertos forenses argentinos dieron a conocer sus apreciaciones y estudios realizados. Eso contrasta con lo dicho por el gobierno y burocracia universitaria. Los peritos fueron aceptados por el gobierno como grupo independiente. Eso es aparente, en los hechos resultó lo contrario, los forenses simplemente fueron excluidos, y se colige que fue deliberadamente, lo cual vuelve turbia a la versión oficial.

Las irregularidades son múltiples.

Cuando se les convocó en la ribera del río cercano al basurero, la bolsa, con los restos que reunieron los peritos de la dependencia, ya estaba abierta y un número de fragmentos estaban expuestos sobre una lona. Los argentinos no firmaron la cadena de custodia de la mencionada bolsa, pues no estuvieron presentes.

Había un acuerdo que los grupos de la PGR y los argentinos trabajarían juntos en todas las diligencias. Pero la PGR no respetó dichos acuerdos, ni siquiera notificó a los expertos argentinos. La PGR recogió muestras de tierra y elementos balísticos y no biológicos, sin la presencia de los argentinos.

Eso pone en duda a las muestras enviadas por el gobierno para ser analizadas en la Universidad de Innsbruck, pues, pudieron ser previamente alteradas. Ese es un evidente acto de corrupción. Por ello, en Innsbruck, no pudieron hacer ninguna identificación ni mucho menos se pronunciaron respecto a la validez de las muestras, y menos, a la hipótesis oficial que a nadie consta.

Con justa razón, los argentinos piden una evaluación de las evidencias e indagatorias y que el caso no se cierre unilateralmente. Los argentinos se han mostrado muy prudentes, no así la PGR que reaccionó altanera y grosera. El grupo de expertos forenses no niega ni apoya la versión oficial pero tampoco la confirma. Muy diferente es el gobierno que reaccionó descalificando a los expertos pero sin refutar, con ninguna prueba, ninguna de las irregularidades.

El gobierno, simplemente, se muestra autoritario y solito se hace de delito. La PGR dijo que, el equipo de especialistas extranjeros fueron aceptados a la investigación sólo por el interés de los familiares de los estudiantes, a pesar de que sólo dominan las disciplinas de antropología, criminalística y genética, "por lo que sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos". ¡Já!

Lo que dice la PGR raya en la infamia, con la pretensión de descalificar burocráticamente a los argentinos. Más aún, los descalificó ipso facto, al señalar que "no son autoridad" en la investigación, por lo que sus pretensiones de que se les entregue la cadena de custodia de las pruebas recabadas "rebasa" las funciones que le fueron asignadas (sic).

Esto es, quisieran que los expertos fueran sus incondicionales, zalameros y sumisos que acríticamente apoyen la versión oficial, la cual no es solo dudosa sino falsa. Para el gobierno su “verdad” es absoluta y la única a pesar de carecer de pruebas.

Tan es así que todos sus dichos son solamente eso, dichos de supuestos detenidos a los que cree a ciegas. Eso, jurídicamente, podrá considerarse como pruebas confesionales. Pero, ¿dónde están las pruebas periciales? La PGR carece de las mismas.
¿Qué dice la PGR? Repite que actuó conforme a sus facultades y no acepta duda alguna en que la diligencia practicada y los indicios encontrados tienen validez jurídica dentro de la investigación.

¡No es cierto! Los tribunales colegiados han emitido jurisprudencia en el sentido de que las pruebas periciales tienen predominancia en materia penal. Incluso, por encima de las testimoniales y de las propias confesionales. Eso, ¿no lo sabe la PGR o procede deliberadamente para nunca obtener ninguna sentencia condenatoria, de tal manera que, los ahora detenidos puedan quedar libres e impunes?.
Las dudas las generan los propios hechos oficiales que, en vez de car certeza a la sociedad, solo tratan de imponer a la fuerza su versión.

Es decir, se trata de imponer su “verdad” por los medios que sean, aun cuando no convenzan e, incluso, mientan. Esto no es nuevo, hay muchos casos previos que han quedado en la impunidad solo porque el gobierno se dice “autoridad”. Antes, los priístas “decían que era por “Razones de Estado, ahora son las “Razones del tirano”. Obviamente, nada es fortuito, se está encubriendo el crimen.

Una de las pruebas “científicas” de que el asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrió en el basurero de Cocula, Guerrero, y que la PGR asegura haber obtenido por dos estudios del Instituto de Biología (IB) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no está disponible (Castillo G., Olivares E., en La Jornada, p.5, 29 enero 2015).

En la máxima casa de estudios se dijo que no se puede dar a conocer debido a un “acuerdo de confidencialidad”, mientras que la PGR informó que los nombres de los peritos que participaron en las investigaciones tampoco se revelarán.

Funcionarios de la dependencia encabezada por Jesús Murillo Karam señalaron que los peritajes realizados se han incluido en las consignaciones de los expedientes y la identidad de los especialistas de la UNAM que los elaboraron se encuentra clasificada y sólo podrá ser del conocimiento de los jueces. Los peritajes podrían ser dados a conocer en los próximos días, indicaron colaboradores del procurador.

En la UNAM, en tanto, se informó que no se pueden dar los nombres de los investigadores del Instituto de Biología que participaron en los dos estudios de la zona donde, de acuerdo con la versión oficial, habrían sido asesinados e incinerados los normalistas. Se agregó que todos los detalles de los reportes los dará a conocer la PGR.

Los análisis de los universitarios incluyen un dictamen biológico que, de acuerdo con el procurador, indica que las plantas de la barranca del basurero de Cocula fueron afectadas por la fuente de calor (la hoguera) donde habrían sido incinerados los jóvenes de la normal. El reporte señala que la flora registra un crecimiento posterior al incendio, “de 30 días de antigüedad al momento de ser realizado, con correspondencia a la fecha” de la incineración.

También hay un dictamen entomológico respecto de larvas de dípteras, “que fueron recolectadas en el lugar, mediante el cual se determinó la fecha del incendio, coincidiendo con la de los acontecimientos”.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dio a conocer ayer un documento en que analiza varias de las irregularidades y problemas de la investigación de la PGR sobre la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, y subrayó que la indagatoria no puede darse por concluida, toda vez que aún falta por procesar una cantidad importante de evidencia (Camacho F., en La Jornada, p.11, 8 febrero 2015).

En el texto, el EAAF subraya en primer lugar la necesidad de exponer los resultados de los análisis que ha hecho en su calidad de perito independiente de las familias de los estudiantes, en los cuales encontró diversos problemas en el trabajo de la PGR, instancia que afirmó que la verdad histórica del caso es que los jóvenes fueron asesinados y quemados, y sus restos esparcidos en el río San Juan.

Sin avisar

En primer lugar, los forenses argentinos subrayaron que la recolección de evidencia en dicho cuerpo de agua por parte de buzos de la Secretaría de Marina, el 29 de octubre de 2014, fue hecha sin avisar a ellos ni esperar que estuvieran allí.

“El EAAF fue convocado por la PGR a la vera del río San Juan cuando dicha bolsa ya se encontraba abierta y siendo analizada por peritos de la PGR. Un número importante de fragmentos aparentemente provenientes de esa bolsa se encontraban ya expuestos sobre una lona.

Por tanto, el equipo no firmó la cadena de custodia correspondiente a la entrega de la bolsa de evidencia por parte de los buzos de la Marina a la PGR, porque no se encontraba presente en ese momento en el río San Juan, señaló.

De igual manera, el organismo indicó que, aunque había un acuerdo para que sus integrantes y los peritos de la PGR trabajaran juntos en todas las diligencias de la búsqueda, el 15 de noviembre la institución mexicana recogió evidencia del basurero de Cocula sin notificarles.

En esa ocasión, peritos de la PGR recogieron evidencia consistente en 42 elementos balísticos, muestras de tierra y otros elementos no biológicos sin haber avisado ni contar con la presencia del EAAF, lo cual fue calificado por los argentinos como seria irregularidad, que denunciaron ante el procurador Jesús Murillo Karam, a quien le solicitaron excluir la legalidad de la evidencia tomada ese día.

Basurero sin custodia

Por otra parte, advirtió que al menos entre el 7 y el 27 de noviembre de 2014, el basurero de Cocula permaneció sin custodia permanente, como evidencian varias fotos en que estudiantes, periodistas y público en general visitan el lugar, sin presencia de ninguna autoridad, lo cual puede hacer que la materia recogida en esas condiciones sea desestimada como prueba.

Asimismo, el EAAF indicó que existen diferencias en los perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes procesados por la PGR en sus laboratorios respecto de aquellos que enviaron los argentinos a un laboratorio estadunidense.

Antes de enviar los restos encontrados en Cocula a la Universidad de Innsbruck, Austria, explicó, la PGR analizó en sus propias instalaciones 134 pruebas de sangre tomadas a los familiares de los jóvenes, para hacer el proceso de coincidencia genética.

Por su parte, los argentinos enviaron 135 muestras de los mismos familiares –agregando uno– al laboratorio The Bode Technology Group, ubicado en Estados Unidos. Ambos estudios fueron enviados a Innsbruck.

Sin embargo, al comparar los perfiles genéticos enviados por la PGR y aquellos enviados por el EAAF al mismo laboratorio, el EAAF notó diferencias en 20 de los 134 perfiles genéticos que la PGR tenía en común con el EAAF, pertenecientes a 16 familias de los 43 estudiantes, lo que es inusual, porque el procesamiento de las muestras es sencillo.

Este hecho motivó una reunión entre los forenses sudamericanos y la PGR, donde los primeros solicitaron una explicación. La PGR reconoció que estas diferencias eran errores de su laboratorio, pero no hubo una explicación clara al respecto ni tampoco se garantizó que esas muestras equivocadas no fueran tomadas en cuenta o que las fallas fueran rectificadas.

Prótesis dentales

Además, el EAAF destacó que hay fuerte evidencia sobre la existencia de múltiples focos de fuego en el basurero de Cocula, y no sólo el del 26 de septiembre, lo cual significa que muchos restos pueden no ser de los estudiantes; indicó que se encontraron prótesis dentales que no pueden ser de los jóvenes desaparecidos, y subrayó que la PGR sólo ha analizado a profundidad unas 30 de 132 cuadrículas en que fue dividido el mencionado lugar.

En sus conclusiones, el EAAF destacó que la PGR ha hecho una lectura parcial de la evidencia recolectada en el basurero, por lo que llamó a que sus indagatorias sean evaluadas por peritos independientes, y recalcó que éstas no pueden darse por concluidas, ya que falta procesar una cantidad importante de evidencia, en un trabajo que puede llevarse varios meses más.

Por lo anterior, el equipo argentino recomendó proteger el sitio del basurero, garantizar la protección de las evidencias recogidas, acceder a todos los dictámenes de la averiguación previa, asegurar la continuidad de los peritos independientes, informar primero de los resultados a los padres de los jóvenes y crear un enlace con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegará al país en breve.
El documento completo del EAAF puede encontrarse en el siguiente link: investiga equipo argentino basurero de cocula y rio San Juan/

La PGR descalificó las "especulaciones" y comentarios "lejanos" a la realidad y sin "sustento" que realizó el EAAF, quien aseguró que el Ministerio Público federal incurrió en imprecisiones en la recolección y procesamiento de pruebas en la investigación que se lleva a cabo por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa (Mosso R., en Milenio, 9 febrero 2015).

La dependencia federal recordó que el equipo de especialistas extranjeros fueron aceptados a la investigación sólo por el interés de los familiares de los estudiantes, a pesar de que sólo dominan las disciplinas de antropología, criminalística y genética, "por lo que sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos".

La institución que encabeza Jesús Murillo Karam dijo que no es aceptable que los argentinos busquen "sembrar la duda" de que en el basurero de Cocula no fueron ejecutados e incinerados los estudiantes.

"La Procuraduría General de la República señala, tajantemente, que todos los exámenes indican que los elementos mostrados en la conferencia de prensa (del 27 de enero del 2015), y los que integran la investigación, fueron analizados y relacionados directamente con la temporalidad del evento criminal del 26 y 27 de septiembre de 2014, y no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas, esto mismo corroborado por los materiales y exámenes científicos practicados en dicho lugar por esta Procuraduría", afirmó la dependencia en un comunicado.

Los argentinos, abundó la PGR, "no son autoridad" en la investigación, por lo que sus pretensiones de que se les entregue la cadena de custodia de las pruebas recabadas "rebasa" las funciones que le fueron asignadas.

La PGR precisó que el equipo argentino no estuvo presente cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos en el Río San Juan, a pesar de que les fue comunicado el inicio de la diligencia la noche anterior.

"La mañana del 29 de octubre de 2014, el EAAF decidió darle prioridad al basurero de Cocula y se dirigió a él, en lugar de al Río San Juan, aun cuando el vehículo que los transportaba tenía como primer arribo el Río, lugar al que llegó y descendió personal de la Procuraduría (incluyendo peritos) para realizar dicha diligencia", mencionó la institución.

Subrayó que además del agente del Ministerio Público de la Federación que conducía la diligencia, se encontraban en el lugar dos testigos de asistencia, un fiscal de la PGR, buzos de la Secretaría de Marina y más de cien personas de diversas instituciones del gobierno federal resguardando la zona.

"Esta Procuraduría actuó conforme a sus facultades y no acepta duda alguna en que la diligencia practicada y los indicios encontrados tienen validez jurídica dentro de la investigación, a pesar de no haber estado presente el EAAF", puntualizó.

Con relación al señalamiento del Equipo Argentino de Antropología Forense respecto de que no firmó la cadena de custodia de los hallazgos encontrados en el Río San Juan, la representación social de la federación señaló que el equipo de peritos "no es autoridad y su función se circunscribe únicamente al análisis antropológico y genético".

Detalló que la cadena de custodia fue iniciada por el agente del Ministerio Público de la Federación que condujo la diligencia, quien, además de ser el responsable de la misma, tiene fe pública, "por lo que la PGR les recuerda que la petición hecha de que les sea entregada la cadena de custodia de dicha diligencia, rebasa con creces su función de peritos habilitados".

Respecto de la diligencia para practicar un dictamen en las inmediaciones del basurero de Cocula, el 15 de noviembre, se dejó claro que el EAAF no fue convocado, "dado que no" se encontraban acreditados peritos en materia de balística ni de ninguna otra disciplina que no fuera antropología, criminalística y genética, dentro de su grupo, y el propósito de la diligencia era la recolección de elementos balísticos, por lo que no era necesario que ellos estuvieran presentes.

La Procuraduría General de la República detalló que se han realizado hasta el momento 487 peritajes, en 26 especialidades, sin que el Equipo Argentino de Antropología Forense participara en todos y cada uno de ellos por no corresponder a sus áreas de estudio acreditadas en la investigación.

"A pesar de ello, los dictámenes son válidos y sus opiniones respecto a otras disciplinas, parecerían más especulaciones que certezas".

La PGR exhortó a los argentinos a que, en el ejercicio de su deber y responsabilidad adquirida dentro de la averiguación previa, aporten sus dictámenes dentro del expediente, que es donde se deben establecer los criterios científicos, basados en metodología rigurosa.

"Respecto del resguardo del sitio, efectivamente, una vez que se habían concluido los peritajes en el basurero de Cocula, de común acuerdo los miembros del EAAF y los Peritos de la PGR determinaron que ya no era necesario mantener preservado el lugar, dado que se habían practicado en su totalidad las pruebas y no había mayores indicios que aportaran a la investigación, por tal razón, pudieron acceder al sitio medios de comunicación y familiares".

Sin embargo, señaló la dependencia, su petición de volverlo a resguardar, fue atendida y los días que no se contó con seguridad en el lugar, no representan ninguna afectación al resultado de la investigación.

La PGR mencionó que quienes llegaron primero al basurero fueron los miembros del equipo argentino, y quien los recibió fue el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dándoles en todo momento las facilidades para realizar su trabajo inmediatamente, incluyendo dos helicópteros permanentemente a su disposición.

"Respecto de las diferencias encontradas en 20 de 134 perfiles genéticos tomados a los familiares y enviados a la Universidad de Innsbruck por parte del EAAF y la PGR, se señala que este error administrativo de transcripción, fue detectado y corregido en menos de 24 horas, y no afectó el resultado de ninguna de las 17 muestras enviadas, incluyendo la que dio positivo al perfil genético de uno de los estudiantes, por lo que es inaceptable la aseveración de que 'no hubo una explicación clara al respecto'. Aclarando también que corregida la inconsistencia, los 134 registros genéticos correspondientes a familiares podrán ser utilizados en futuras comparaciones", agregó.

Sobre la aseveración realizada en el comunicado en la que señalan que "la PGR presentó conclusiones sobre la evidencia física recolectada en el basurero de Cocula, interpretándolas como perteneciente a un solo evento de fuego que habría ocurrido en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014", en la conferencia de prensa del 27 de enero de 2015, se señaló que se encontraron tres zonas con ceniza dentro del basurero, haciéndose también la indicación del punto de origen del incendio e inclusive se señaló que el área principal de fuego abarcó 140 metros cuadrados en una superficie cercana a los 15 X 9 metros.

"De manera científica, ha quedado plenamente comprobado que los sedimentos y otros indicios encontrados en la bolsa del Río San Juan, corresponden químicamente a los encontrados en el basurero de Cocula, por lo que cualquier opinión diferente a ese respecto resulta hipotética y lejana a la realidad", puntualizó.

Las prótesis dentales halladas en el basurero de Cocula, son parte de las evidencias aún en estudio.

"Según el EAAF dichas prótesis no corresponden a ningún estudiante, sin embargo, la Procuraduría General de la República es puntual en manifestar que no cuenta aún con historial físico, médico o dental de los estudiantes, porque ni los familiares ni el EAAF las han querido aportar a la investigación, razón por la cual no se puede confirmar o desestimar que dichos restos dentales pertenezcan o no a alguno de ellos. Hoy la Procuraduría General de la República ha trabajado únicamente con información de perfiles genéticos aportados por la Fiscalía del Estado y por el propio EAAF. Sin omitir que de las declaraciones de los propios autores materiales del multihomicidio se desprende que en dicho lugar habían realizado ejecuciones previamente".

La Procuraduría General de la República aclaró que no ha concluido la investigación, que no podrá ser cerrada dada la naturaleza de los delitos, y reitera, que se ejerció acción penal en contra de quienes confesaron con detalles el secuestro y homicidio de los estudiantes normalistas, en los plazos que marca la ley y que son irreductibles, con base en todas las evidencias encontradas, las 39 confesiones hasta el día de hoy recabadas, los 487 peritajes realizados, las 386 declaraciones rendidas ante la autoridad ministerial y las 153 inspecciones ministeriales practicadas.

"Por el contrario, de atender los argumentos poco sustentados que el Equipo Argentino de Antropología Forense ha publicado, no se habría podido ejercer acción penal en contra de los autores de este trágico evento, lo que es contrario a la justicia y al interés de los familiares y de la sociedad mexicana", enfatizó.

La PGR finalizó diciendo que en todo momento ha actuado con transparencia y profesionalismo, permitiendo que los familiares y sus representantes, así como el propio equipo argentino, colaboren y tengan acceso a los 85 tomos y 13 anexos que comprenden la investigación, y manifiesta que seguirán haciéndolo, porque lo que la Procuraduría busca es que se haga justicia

Amnistía Internacional (AI) calificó de desafortunado que la PGR intente desprestigiar al equipo de peritos argentinos que trabajan en el caso de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa (Saldierna G., Camacho F., en La Jornada, p.7, 1 febrero 2015).

Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México, consideró que la PGR está buscando ganar el tema en el terreno mediático.

Lejos de hacer daño, el análisis del EAAF beneficia a la investigación, estimó.

Mientras, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que espera que los señalamientos de la procuraduría no sean una estrategia para cerrar la investigación al escrutinio público.

En un comunicado, AI añadió que la declaración de la PGR parece estar escrita para responder de prisa al cuidadoso examen realizado por los peritos argentinos e intentar desacreditar su trabajo y reputación, en lugar de analizar sus recomendaciones.

Los especialistas extranjeros señalaron entre otras cosas, que en el basurero de Cocula, Guerrero, se han registrado incendios desde 2010, por lo que los restos enviados a la Universidad de Innsbruck, Austria, pueden no corresponder a los involucrados en los incidentes del 26 de septiembre de 2014, sino a eventos anteriores.

AI resaltó que la respuesta de la PGR no resuelve las críticas hechas por los peritos sudamericanos, quienes han puesto en duda las indagatorias de la dependencia, por considerar que sus conclusiones son prematuras y están basadas en un análisis sesgado de la evidencia disponible.

La organización recordó que el EAAF ha manifestado su preocupación porque las conclusiones presentadas por el procurador Jesús Murillo Karam evidencian graves deficiencias en la investigación y fueron emitidas meses antes de la conclusión del trabajo forense.

De acuerdo con los peritos sudamericanos, recordó, la explicación gubernamental de los eventos no tomó en cuenta que, si bien no hay evidencia forense para vincular a los estudiantes desaparecidos con los restos humanos encontrados en el basurero en Cocula, sí existe clara evidencia de que al menos algunos de los restos pertenecen a víctimas no relacionadas con el caso de los normalistas.

En este sentido, subrayó que el gobierno sostiene su caso principalmente en los testimonios autoinculpatorios dados por los detenidos y evidencia forense muy limitada.

AI también externó su preocupación en torno a que los indicios podrían haber sido manipulados. El EAAF reveló que 20 perfiles genéticos enviados a la Universidad de Innsbruck por las autoridades eran erróneos y que el basurero de Cocula no estaba bajo custodia policial del 7 al 28 de noviembre de 2014. Estas inconsistencias deben investigarse adecuadamente por el gobierno, en estrecha colaboración con el EAAF, familiares de las víctimas y sus representantes.

La organización pidió a las autoridades mexicanas discutir adecuadamente todos los aspectos relevantes del asunto con las familias y sus representantes antes de hacer cualquier anuncio público.

La procuraduría debe respetar las demandas legítimas de las víctimas y de la sociedad en general, para examinar a fondo la historia contada por quienes sobrevivieron al ataque del 26 y 27 de septiembre. Por tanto, esta investigación debe incluir un cuestionamiento serio sobre la posible participación de militares durante el día del ataque y su posible complicidad previa con el crimen organizado que permitió que la violencia creciera de tal manera en la región, subrayó.

Más adelante instó al gobierno a dar a los expertos argentinos pleno acceso a sus archivos e información necesaria que les permita continuar sus pesquisas.

Por lo demás, dijo recibir con satisfacción la participación en el caso de un grupo interdisciplinario de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al igual que con el EAAF, el gobierno debe otorgar acceso completo y todas las garantías necesarias en el desempeño de su tarea, concluyó.

En el foro A cuatro meses de Ayotzinapa: ¿caso cerrado?, Melitón Ortega, uno de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, informó que la PGR rompió el diálogo con los padres de los estudiantes y con los abogados de la coadyuvancia (Ballinas V., en La Jornada, p.7, 11 febrero 2015).

Al participar en dicho foro, organizado por Casa Lamm, Ortega exigió: el caso no puede cerrarse. Esto apenas comienza. No se ha investigado la tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada. Hay impunidad y falta de voluntad política.

Ante un auditorio repleto, el padre de uno de los estudiantes insistió: tenemos más de cuatro meses de lucha, y hoy tenemos mayores esperanzas. El informe del Equipo Argentino de Antropología Forense nos da la razón, para que continuemos la búsqueda de nuestros hijos.

Resaltó que la PGR ha informado que hay 99 personas detenidas, pero ninguno de ellos ha dicho dónde están nuestros hijos. No se ha investigado al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, ni tampoco al ex alcalde José Luis Abarca. Falta por investigar a decenas.

Ortega refirió: hemos sufrido el embate de los medios de comunicación, de la televisión y los periódicos. Nos acusan, acusan a nuestros hijos; hay quienes dicen que dejemos de buscarlos, que estaban con el crimen organizado, pero no tienen razón.

Por su parte Omar García, representante de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, indicó: el gobierno federal montó el 27 de enero pasado un show mediático con una conferencia de prensa editada. Hizo llorar al pueblo y nos dimos cuenta de que las cosas están mal, con la desaparición de los 43 estudiantes. Forman parte de una política de Estado. No aceptamos el informe oficial, está lleno de mentiras.

Los padres de los normalistas señalaron que integrantes de la CIDH vendrán a finales de mes al país para revisar los expedientes del caso Ayotzinapa. Exigimos al gobierno que se entregue toda la información disponible y que preserven las evidencias.

Los actuales criterios emitidos por los tribunales colegiados en materia penal obligan a la PGR a fortalecer su investigación por el caso Ayotzinapa, ya que si los fiscales continúan sosteniendo su verdad histórica, fundamentalmente con pruebas testimoniales, pero sin abundar en la realización y valoración de pruebas periciales, lo más probable es que el Ministerio Público Federal nunca obtenga sentencias condenatorias contra los probables responsables de la desaparición forzada de los estudiantes, coincidieron en señalar abogados penalistas y criminólogos (Méndez A., en La Jornada, p.7, 11 febrero 2015).

Entrevistados por separado, Felipe Sotelo Guzmán, habilitado como perito en diversos campos de la criminalística, y los penalistas Hugo Gil Fernández y Martín Millán añadieron que la confesional dejó de ser la prueba reina del proceso penal, a partir de la implementación del sistema acusatorio, por lo que ahora las pruebas torales son las periciales.

No me queda la menor duda de que el caso Ayotzinapa está sostenido básicamente en testimonios, porque las periciales recabadas han sido cuestionadas por los peritos argentinos, debido a que no son contundentes para acreditar lo que el procurador (Jesús) Murillo sostiene como verdad histórica, indicó Sotelo.

De su lado, Millán refirió que los tribunales colegiados han emitido jurisprudencia en el sentido de que las pruebas periciales tienen prominencia en materia penal, incluso por encima de las testimoniales y de las propias confesionales.


Ref: 2015, elektron 15 (41) 1-8, FTE de México.

Basurero de Cocula. FOTO: Milenio