Peña Nieto adquirió otro inmueble de un privilegiado contratista de su gobierno. La denuncia la hizo el diario norteamericano The Wall Street Jornal. Todo fue legal aduce el vocero de la presidencia. Lo mismo se dijo sobre la casita blanca de Angélica Rivera en Las Lomas, y la de Videgaray en Malinalco. Son evidentes casos de corrupción explícita, regalos de contratistas beneficiados con miles de millones de pesos. La reiterada negativa de Peña, sin comprobar nada, confirma la violación a la legalidad y la impunidad oficial.

No es la primera vez, todos los funcionarios públicos hacen lo mismo, se encumbran en el poder para enriquecerse. ¿Cuál es ahora la diferencia? El descaro. Las casas de Angélica Rivera, Videgaray y Peña Nieto fueron facilitadas por sus contratistas favoritos, quienes han recibido del gobierno estatal y federal contratos por miles de millones de pesos.

Las ganancias han sido, y siguen siendo, tan cuantiosas que los “regalitos” son apenas como “quitarle un pelo a un gato”. Claro que esos contratistas privilegiados con los recursos públicos están agradecidos. Lo peor es el cinismo de los involucrados. Peña y Videgaray son los autores de la mayor traición en la historia de México, desnacionalizaron a las industrias petrolera, petroquímica, eléctrica y de telecomunicaciones, para privatizarlas y entregarlas a las transnacionales.

Ese patrimonio era propiedad de la nación y Peña lo está entregando al capital, principalmente, extranjero. Los susodichos individuos hablan mucho de transparencia y son opacos hasta en sus actividades personales. Olvidan deliberadamente la ley de responsabilidades de funcionarios públicos. Más aún, se burlan de la nación, una y otra vez.

Según los mencionados, todo lo adquirieron “legalmente”, la señora dijo, incluso, que compró la millonaria casa “con sus ahorros”. ¿A quién quieren engañar? A la población desinformada, despolitizada, múltiplemente agraviada y desorganizada, que no tiene los medios para exigir la rendición de cuentas ni las sanciones correspondientes.

Los actuales escándalos de corrupción son apenas los pocos que se han conocido, pero debe haber más. Estamos plenamente seguros que Peña y Videgaray recibirán más regalos. Las transnacionales y banqueros los “recompensarán” por haberles entregado los recursos naturales energéticos, las funciones estratégicas, la infraestructura física, espacio aéreo y radioeléctrico, así como, la renta, en efectivo y en especie. Como ha sucedido anteriormente, no sería extraño que, al terminar sus funciones, sean contratados por las propias corporaciones, de las cuales desde ahora son simples empleadillos.

Lo último relacionado con el caso es la petición que hizo Peñita a la Secretaría de la Función Pública para que lo investigue. Esa secretaría fue desaparecida; por él mismo y ahora la revive. Para ello, nombró a uno de sus empleados al frente de la dependencia.
El ladrón investigará a los ladrones. Desde ahora son previsibles “los resultados”. Se trata de una vil burla a toda la sociedad y de una apología a la impunidad.

Esos son Peña y Videgaray, vulgares corruptos. Lamentablemente, no son los únicos, también están Lozoya, Beltrones, etc.

En cuanto a sus voceros, estos siempre repiten los mismos clichés, son declaraciones a los medios por encargo.

Que lo noticia la diera un diario norteamericano muestra que la luna de miel con gringolandia también está en caída.

El presidente Enrique Peña Nieto adquirió, pocas semanas después de asumir el cargo como gobernador del estado de México, a finales de 2005, una propiedad en un exclusivo club de golf en Ixtapan de la Sal al empresario Roberto San Román Widerkehr, quien fundó una empresa local de construcción que ganó contratos por 100 millones de dólares en obra pública, durante la administración del mexiquense, revela The Wall Street Journal (WSJ) en su edición de este miércoles (en La Jornada, p.16, 21 enero 2015).

La empresa de San Román Widerkehr –Constructora Urbanizadora Ixtapan SA, fundada a finales de 1998– obtuvo 11 contratos federales desde la llegada de Peña Nieto a la Presidencia en 2012, por un monto cercano a 40 millones de dólares, por lo que se convirtió en participante a escala nacional, con negocios en varios estados. Destaca que antes de que Peña llegara al poder, su empresa nunca había ganado un contrato directo del gobierno federal.

La investigación revela que el vendedor de la propiedad de 2 mil 136 metros cuadrados, adquirida por 372 mil dólares en el Ixtapan Country Club Gran Reserva, no se había dado a conocer hasta ahora, a pesar de que Peña Nieto incluyó el inmueble en su declaración anual de bienes.

El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, dijo que el Presidente compró la casa a precios de mercado y la transacción no representó ningún conflicto de interés. La relación de Peña Nieto con algunos miembros de la familia San Román se remonta a varias décadas. El diario señala que los San Román han sido desde hace mucho tiempo prominentes miembros del PRI.

A pesar de que San Román murió en 2010, luego de que su hijo se hiciera cargo del negocio, The Wall Street Journal señala que de acuerdo con registros del gobierno, durante la gestión de Peña Nieto como gobernador obtuvieron negocios de obra pública por 107 millones de dólares en todo el estado, incluyendo varias carreteras y parte de un contrato para construir los hospitales de Amecameca y Chimalhuacán.

Además, obtuvo un contrato para construir un piso de estacionamiento en el aeropuerto de Toluca, donde el gobierno federal tenía una participación de 25 por ciento en la compañía que lo opera. Durante la administración federal de Peña Nieto, la constructora ha ganado 11 contratos federales por cerca de 40 millones de dólares. Seis de éstos no eran de licitación.

La Presidencia de la República precisó ayer por la madrugada que la casa de Ixtapan de la Sal, propiedad del presidente Enrique Peña Nieto y mencionada en una nota por el diario estadunidense The Wall Street Journal se reportó en las declaraciones patrimoniales del mandatario, tanto como gobernador del estado de México como en su calidad de Presidente de la República (Vargas R. E., en La Jornada, p.13, 22 enero 2015).

Ese inmueble, utilizado de forma pública y notoria –se menciona en un comunicado de prensa de tres párrafos– fue adquirido legalmente.

La operación de compra-venta ocurrió en 2005, declaró a su vez el vocero presidencial Eduardo Sánchez.

Respecto al señalamiento en la nota del WSJ sobre un privilegiado otorgamiento de contratos al empresario Roberto San Román Widerkehr, vendedor de la propiedad en cuestión, la Presidencia puntualizó:

Las empresas mexicanas o extranjeras que cumplan los requisitos legales pueden participar en los procesos de contratación con el gobierno federal. La constructora a que se refiere la nota, participó en términos de la ley aplicable en los procesos de contratación y los mismos fueron resueltos conforme a la ley por los servidores públicos encargados de dichos procesos. Al presidente de la República no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos.

En varias entrevistas radiofónicas, Sánchez insistió ayer: no hay nada indebido en la compra de la casa. Ratificó la versión difundida sobre la inmediata notificación de Peña Nieto al hacerse de esa propiedad en su declaración patrimonial del año correspondiente y las subsecuentes, así como en el Registro Público de la Propiedad y en notas periodísticas.

En Radio Fórmula, el funcionario expresó: “Ha habido muchas notas periodísticas en las que requieren la presencia del Presidente de la República ahí, desde que era gobernador; es también del conocimiento público que esta familia (San Román) han hecho estos desarrollos. Esta familia ha participado desde antes en concursos que se han hecho en el estado de México, en otros estados de la República, en la Federación, ellos han obtenido los contratos como lo hacen todos los que los obtienen a través de licitaciones públicas, a través de concursos.

Mientras los señores San Román o cualquier otra empresa cumpla con los requisitos y ofrezcan al gobierno las mejores condiciones de contratación, de manera transparente, en licitaciones públicas, en los procesos que la ley señala, seguirán participando, indicó.

Por su parte, en un comunicado, Constructora Urbanizadora Ixtapan informó que entre 2005 y 2011 obtuvo contratos del gobierno del estado de México por mil 50 millones de pesos. Se ganaron en procesos competidos de licitación u obra financiada, en los que presentaron mejores ofertas técnicas y económicas que sus competidores, explicó.

En ese periodo también se adjudicó obras por 141 millones de pesos del Gobierno del Distrito Federal y por 72 millones del municipio de Naucalpan, entonces gobernado por un alcalde de extracción panista. Agrega que una nota del WSJ señala que en esta administración federal la empresa ha ganado 11 contratos, pero omite mencionar que ha perdido 48 concursos de obra en los que ha participado.

(Con información de Notimex).


Ref: 2015, elektron 15 (33) 1-3, 3 febrero 2015, FTE de México.

La otra casita de Peña Nieto en Ixtapan de la Sal