Para el gobierno los 43 normalistas desparecidos están muertos y ya. Jesús Murillo, procurador general de la república, afirma que la versión de la PGR es la “verdad histórica” y que sus dichos se basan en “pruebas científicas”. ¿Se han vuelto locos o acaso son culpable no confesos? La versión de la PGR es falsa y no es verdad sino mentira. Las pruebas científicas no apoyan sino al revés, desmienten al gobierno. Los familiares y estudiantes rechazan lo dicho por el gobierno. Más aún, cuatro marchas en la capital, 20 en el interior del país y otras tantas por el mundo, muestran el coraje e indignación.

El gobierno de Peña Nieto ha llegado a niveles inauditos. Para este individuo no pasó nada y debe superarse lo ocurrido. Lo dice públicamente cuando en México y mundo entero lo persigue la protesta y el reclamo, esté presente o no. Hasta el propio Banco Mundial y el mismo Obama se han manifestado, aunque sea en el discurso.

La jornada de este 26 de enero, a 120 días de la masacre, muestra que la indignación no cesa. En la capital mexicana 4 marchas culminaron en el Zócalo reiterando el mismo reclamo, el cual, se repitió en 20 ciudades del interior del país y en otros tantos países.

Parece, sin embargo, que todo dice nada al gobierno. De inmediato, el titular de la Procuraduría de la República (PGR) salió nuevamente ante los medios, para insistir en la versión de que los 43 normalistas desaparecidos fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y están muertos. Probablemente creen que, con hacer declaraciones torpes, ya concluyeron su función y, dictatorialmente, de tanto repetir la mentira ya la convirtieron en verdad.

El hecho es de risa loca por la locura que ha invadido a Murillo Karam. Este individuo, quien comanda las averiguaciones, se atrevió a decir que la versión de la PGR es la “verdad histórica” lo cual raya en la demencia. Más aún, dijo que esa versión está basada en “pruebas científicas”. Nada es más falso. Lo dicho por Murillo es, exactamente al revés.

¿Qué les pasa a esos funcionarios, como Murillo u Osorio, secretario de gobernación? ¿Viven en fantasilandia? Afirma el gobierno que ha realizado miles de exploraciones, con el apoyo militar y policíaco, utilizan equipos terrestres, aéreos, anfibios y hasta drones, así como equipos satelitales de comunicación y, sin embargo, no ha encontrado nada ni a nadie. Mejor los padres y estudiantes, apoyados por la policía comunitaria, han encontrado más fosas clandestinas utilizando recursos modestos.

La versión oficial es totalmente empírica, apartada totalmente de las ciencias. Todas sus declaraciones están basadas en dichos, repetidos ante los medios, de lo que dicen que les dijeron algunos de los detenidos, a quienes creen a ciegas sin verificar los dichos. Cualquier abogado sabe que los dichos carecen de contenido jurídico y, por tanto, de valor probatorio.

¿Cuáles son las pruebas que sustentan a la versión de la PGR? No existen. Vaya, a ninguno de los casi cien detenidos de que habla les ha formulado la acusación de desaparición forzada, ni siquiera a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala. ¿Por qué? Porque no tienen pruebas.

¿Dónde están, entonces, las pruebas científicas? En las cabezas de burro de Peña, Osorio y Murillo. Engañando a la nación, han tratado de torcer los resultados de la Universidad de Innsbruck, misma que reportó la imposibilidad técnica de identificar, por los métodos disponibles, los supuestos restos que les envió la PGR, para decir que eso confirma la versión de la PGR.

Eso es totalmente falso, Innsbruck no se pronunció en ningún aspecto, ni a la validez de las muestras enviadas ni menos a que pertenecen a restos encontrados en el dicho basurero de Cocula, ni a las condiciones en que ocurrieron los siniestros hechos.

Los médicos, ingenieros y demás técnicos del ejército, marina y gobierno no han demostrado cómo, un asesino solitario, logró en el basurero las temperaturas de calcinación, utilizando leña y neumáticos. Haber, ¿dónde están las pruebas de que tales temperaturas fueron de 1,600 grados centígrados o más, capaces de destruir todo indicio de la molécula de ADN?

Primero debían demostrarlo y después hablar pero hacen lo contrario, declaran sin pruebas. ¿De qué se trata? ¿Ocultan la verdad o son culpables no confesos? ¿Por qué esas declaraciones locas e ilógicas? Con sus hechos lo que hacen es encubrir su probable responsabilidad. Es necesario, por ende, abrir una línea de investigación contra la PGR, Murillo, Osorio y Peña Nieto.

Persiste un problema. ¿Quién haría esa investigación? Perro no come perro. El Estado jamás reconocerá sus crímenes, el gobierno tampoco. ¿Qué hacer? Tirar al gobierno. Eso, sin embargo no se hace solo ni basta con desearlo. Para lograrlo, hace falta organizarnos debidamente en todo el país. El accionar debe ser con independencia de clase y objetivos estratégicos. No hay salida inmediata, hay que ir al fondo de la cuestión.

Las demandas de presentación con vida de los desaparecidos, como la libertad de los presos políticos, son intragables para el Estado y su gobierno, pero a estos siempre les queda el recurso de la represión. Ya los empresarios más reaccionarios incitan al gobierno a proceder, este mismo está en esa línea, hasta el rector de UNAM quien parece diputado del PRI-AN, declara como fariseo: dice que comprende el dolor pero rechaza la violencia como método. ¿Quién habla de violencia? Todas las marchas en México y en el mundo han sido pacíficas. Si alguien promueve la violencia es el Estado pero Narro la imputa a los familiares y estudiantes. Es su papel de sicario encubierto. El movimiento ha mantenido la prudencia pero el gobierno se encarga de auspiciar la ira. Sus torpes declaraciones son claras provocaciones.

Por ahora, el aparato esté nervioso. No es para menos, el chaparro de Los Pinos no puede contrarrestar el desprestigio que lo persigue por el mundo.

En la amplia jornada de movilizaciones que llevaron a cabo, los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa sostuvieron que no aceptarán la hipótesis de que sus hijos están muertos, pues no existen pruebas científicas contundentes que así lo demuestren. Asimismo, exigieron a la PGR abrir dos nuevas líneas de investigación que contemplen la participación del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero (Olivares E., Muñoz P., Urrutia A., en La Jornada, p.3, 27 enero 2015).

En la octava Acción Global por Ayotzinapa y México –realizada a cuatro meses de la desaparición de los estudiantes–, advirtieron nuevamente que no permitirán que se lleven a cabo las elecciones de este año en Guerrero; dijeron estar seguros de que el gobierno tiene detenidos a sus hijos, y señalaron que “nadie cree” la versión del procurador Jesús Murillo Karam de que están muertos e incinerados.

La de ayer fue una jornada de 10 horas que se inició con marchas desde los cuatro puntos cardinales de esta ciudad: Indios Verdes, al norte; Taxqueña, al sur; la calzada Ignacio Zaragoza, al oriente, y el Auditorio Nacional al poniente.

Todas las movilizaciones fueron encabezadas por núcleos de los padres de familia y arropadas por miles de integrantes del magisterio disidente de diversos estados; concluyeron con un mitin por la noche en el Zócalo en la ciudad de México, donde los familiares de los normalistas advirtieron: “No superaremos la ausencia de nuestros hijos”.

Agregaron: “Enrique Peña Nieto pensó que con el paso del tiempo los padres nos íbamos a cansar y permitir así que este crimen quedara en el olvido. Pero se equivocó, aquí estamos para recordarle que cuando nos reunimos con él por primera vez en Los Pinos, le dijimos que si era incapaz de darnos una respuesta se fuera de la Presidencia”.

Las calles de la ciudad fueron una vez más tomadas por miles de manifestantes (60 mil, según los organizadores, y 15 mil, de acuerdo con las cifras del gobierno capitalino) para mantener la exigencia principal: presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada y castigo a los responsables materiales e intelectuales de la agresión perpetrada contra los jóvenes el pasado 26 de septiembre.

Tras cuatro meses de “dolor y pesadilla”, los familiares ampliaron su estrategia de lucha, caminaron 43 kilómetros entre las diversas marchas, que fueron haciendo prolongados saltos a lo largo del trayecto para realizar mítines en algunos de los cruces más concurridos de Insurgentes Norte, Tlalpan, Calzada Zaragoza y Paseo de la Reforma.

En la movilización criticaron las “mentiras del régimen”; señalaron que el gobierno “sabe dónde están nuestros hijos” y que las búsquedas que han realizado “son un teatro”. Afirmaron que cuentan con “pruebas” para señalar que en la desaparición de los 43 participaron elementos del 27 batallón de Infantería, que se ubica en Iguala.

Las movilizaciones incluyeron una marcha vespertina que se inició a las 4 de la tarde en el Auditorio Nacional y que convergió con las otras en el Zócalo. A ésta se sumaron miles de estudiantes de diversas instituciones de educación superior –públicas y privadas– como la UNAM, la UAM, el IPN y el ITAM, así como integrantes de los sindicatos de telefonistas, de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de electricistas en resistencia.

En el mitin central, los padres y madres manifestaron su dolor e indignación. El vocero del movimiento, Felipe de la Cruz Sandoval, dijo que el gobierno “va a pagar caro cada segundo de sufrimiento de los padres de los desaparecidos; el pueblo de México se las va a cobrar segundo a segundo”. Otro padre, Mario César, señaló que “el gobierno le apostó al olvido, pero va a perder; para nosotros, nuestros hijos son un pedazo de corazón y los llevamos dentro”.

A Carmelita Cruz se le quebró la voz: “Quiero decirle a mi hijo, donde quiera que esté, que no piense que no lo estoy buscando y que ya estuvo bien que el gobierno nos siga haciendo sufrir con búsquedas simuladas. Esto sólo demuestra que son ellos los que los tienen”.

Marco Flores sostuvo a su vez que han sido cuatro meses de ineficacia del gobierno para encontrar a los normalistas, “pues no ha dado una respuesta contundente y su única hipótesis (que fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula) no es creíble”.

Para Omar García, estudiante de la Normal de Ayotzinapa, la actuación de la clase política es “cínica, porque continúa negando la participación de militares en los hechos”. Al final se leyó un pronunciamiento de la Asamblea Nacional Popular donde se criticó la postura de Murillo Karam, pues “no da certeza jurídica sobre los hechos y para llegar a una conclusión no bastan sólo las declaraciones de los detenidos”.

Como parte de este pronunciamiento se anunció que el próximo 31 de enero se realizará la Asamblea Nacional Popular en la Normal de Ayotzinapa, y en el mismo lugar, el 5 de febrero, la Convención Nacional Popular, donde diversos sectores comenzarán a sentar las bases para impulsar la transformación del “corrupto sistema que tiene en la debacle a este país”.

Anunciaron finalmente que van a bloquear las elecciones en Guerrero y no se va a llevar a cabo el proceso, “aunque el gobernadorcito” diga que sí y el secretario de Gobernación lo afirme, sostuvo De la Cruz.

A diferencia de las últimas movilizaciones, donde se infiltraron grupos radicales, la jornada de ayer cerró sin ningún enfrentamiento.

Miles de personas se manifestaron este lunes en el país, desde las fronteras con Estados Unidos en Baja California y Chihuahua hasta Chiapas, para sumarse a la exigencia de que sean hallados los 43 estudiantes desaparecidos hace cuatro meses en Iguala, Guerrero (en La Jornada, p.5, 27 enero 2015).

Miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), estudiantes y sindicalistas realizaron marchas y bloqueos en Chiapas. El secretario general suplente de la sección 7, Manuel de Jesús Mendoza, dio a conocer que entre las 9 y las 15 horas fueron bloqueadas carreteras que comunican a San Cristóbal con Tuxtla Gutiérrez; a Venustiano Carranza con municipios del centro del estado, y en la vía San Cristóbal-Ocosingo-Palenque. Aseguró que sólo en Tapachula marcharon más de 2 mil maestros.

Por otro lado, en la aduana de la garita internacional de Otay, al este de Tijuana, Baja California, manifestantes expresaron “Ayotzinapa vive”. Incluso en El Paso, Texas, y en su vecina Ciudad Juárez, Chihuahua, hubo sendas marchas y una protesta en medio del puente Paso del Norte, que une ambas localidades.

En Guadalajara, Jalisco, al menos mil personas se manifestaron con mantas que rezaban “no olvidamos”, además de que se repudió al Partido Revolucionario Institucional, se exigió la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y, ante todo, se demandó que los estudiantes regresen con vida.

Por lo que hace a la capital de Morelos, más de mil sindicalizados, normalistas e integrantes de organizaciones sociales marcharon en Cuernavaca desde el punto conocido como El Calvario al zócalo de la ciudad. En un mitin, reprobaron que a cuatro meses de los hechos de Iguala, el gobierno federal no haya dado con el paradero de los normalistas, y que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se empeñe en decir que los jóvenes fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, cuando en ese lugar no hay indicios de que ahí hayan quemado a tantas personas.

Antes, por la mañana, campesinos afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas se manifestaron a la entrada del 21 batallón de infantería en Cuernavaca, también para exigir que se presente con vida a los 43 estudiantes desaparecidos.

En Michoacán, unos 500 normalistas de Tiripetío, Cherán y Morelia bloquearon el libramiento sur de la capital, frente a la Casa de Gobierno, y después marcharon al centro histórico de la capital michoacana. Los manifestantes colocaron fotografías de los normalistas desaparecidos, así como mantas en contra del general Felipe Gurrola, quien ante la salida del comisionado Alfredo Castillo es el responsable de coordinar los operativos de militares y policías federales en Michoacán.

En cuanto a Guerrero, punto neurálgico en esta fecha, profesores jubilados del SNTE afiliados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) protestaron frente al Parque Papagayo, en Acapulco, e integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas tomaron la caseta de La Venta.

En otra concentración, cientos de maestros, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, integrantes de la policía comunitaria de la comunidad Tlatlahuquitepec, colonos, campesinos y profesores de la Ceteg marcharon en la cabecera municipal de Tlapa. Advirtieron que impedirán las elecciones en la entidad hasta que aparezcan los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

También hubo manifestaciones en Toluca, estado de México, así como en las capitales de Colima, Querétaro, Durango, Zacatecas y Oaxaca; Pachuca, Hidalgo; Puerto Vallarta, Jalisco; Culiacán y Mazatlán, Sinaloa; Saltillo, Coahuila; Tampico y Ciudad Victoria, Tamaulipas; Tepic, Nayarit, y en Monterrey, Nuevo León.

“¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!’’, fue el grito que se escuchó con fuerza desde Madrid hasta París y de Berlín a Melbourne, en el contexto de la octava Jornada Global por Ayotzinapa. En las concentraciones pacíficas que se realizaron en Madrid y Barcelona se prendieron veladoras y se repitieron uno a uno los nombres de los estudiantes (Tejeda A. G., en La Jornada, p.4, 27 enero 2015).

La comunidad mexicana en Madrid y Barcelona, sobre todo estudiantes, volvió a salir a la calle para denunciar la impunidad y el crimen perpetrado contra los jóvenes normalistas de Guerrero, pero también para insistir en su denuncia de que en México “impera la impunidad y vivimos sometidos a la vergüenza de un narcogobierno”.

En Madrid, la protesta se inició en la Plaza de Callao, desde donde avanzó hasta la Puerta del Sol, donde se encendieron veladoras y se leyó un comunicado. Un joven mexicano señaló: “Nuestro gobierno no ha dado respuesta satisfactoria a este caso”. Los ciudadanos que se manifestaron en Madrid también reclamaron la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y del procurador Jesús Murillo Karam.

Durante la concentración se denunciaron “las desapariciones y asesinatos de periodistas” y se mencionó la reciente ejecución del comunicador Moisés Sánchez, de Medellín, Veracruz.

En Barcelona se insistió en que han pasado “cuatro meses de los hechos de Ayotzinapa, cuatro meses sin saber dónde están los 43 normalistas, qué les pasó, quiénes son los responsables... ¡Justicia!” Asimismo, las redes sociales reportaron movilizaciones similares en varias ciudades del mundo.

Un grupo se reunió en la Plaza San Michel, de París, con pancartas donde se pidió la aparición de los estudiantes. En Toulouse se formaron mil palomas de papel para recordar a los normalistas. En Berlín, el colectivo #43enBerlín se manifestó en la Columna de la Victoria y también hubo manifestaciones en Francfort.

Una representación de mexicanos entregó una carta al embajador de México en Austria, Luis Alfonso de Alba Góngora, para que le sea entregada a Peña Nieto. Además colocaron carteles en la entrada de la legación diplomática en los que se leía: “Exigimos justicia ¡ya!”

En el consulado de México en Milán, Italia, hubo pintas en la fachada con el número 43 en rojo y la leyenda “fue el Estado”. Turín también fue testigo de muestras de apoyo a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa.

Al menos 15 personas, entre mexicanos y chilenos, se manifestaron frente a la embajada de México en Bruselas y exigieron justicia por los 43 normalistas desaparecidos. En La Haya, Holanda, varias personas entregaron un ataúd en el consulado mexicano. Las bajas temperaturas en Nueva York no evitaron que mexicanos residentes en esa ciudad salieran a manifestarse con pancartas donde se leía: “exigimos justicia” y “#yamecansé”.

Hubo movilizaciones similares en ciudades como Montevideo, Oslo, Manchester, Melbourne, Montreal, Vancouver y Calgary, así como Sacramento.

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, afirmó que ya se conoce la verdad histórica de lo que ocurrió en el llamado caso Iguala, dijo que éste debe cerrarse y ratificó que, de acuerdo con peritajes, evidencias y declaraciones de los detenidos, los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos (Castillo G., en La Jornada, p.2, 28 enero 2015).

En conferencia de prensa, mostró fragmentos de declaraciones ministeriales de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, así como fotografías aéreas e información de los peritajes realizados tanto por expertos de la PGR como por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Señaló que el caso debe cerrarse para que se castigue a los responsables, aunque aclaró que cerrar no es la palabra adecuada, porque aún falta cumplir seis órdenes de aprehensión, entre ellas la del ex secretario de seguridad pública de Iguala Felipe Flores Velázquez; Gildarlo López, El Gil, líder regional de Guerreros Unidos, y su secretario, un hombre identificado como El Fercho, quien transmitió las órdenes para que asesinaran a los estudiantes.

“Sin lugar a dudas (las investigaciones llevan) a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden.

Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal contra los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy. Permitiendo el actuar del Ministerio Público de la Federación, que ha solicitado la imposición de las penas más altas que la legislación contempla: 140 años de cárcel por lo que hace a las acusaciones de secuestro agravado, que se consolida con el homicidio de la víctima.

El titular de la PGR y el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, informaron que María de los Ángeles Pineda Villa no podrá ser acusada por el delito de desaparición forzada, porque ese ilícito sólo se puede imputar a funcionarios públicos. Sin embargo, adelantó que se presentará una acusación de este tipo contra el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca.

–Procurador, ¿se cierra el caso?

–La investigación se tiene que cerrar porque hay que castigar a los culpables; cerrar una investigación tal vez no es la palabra adecuada mientras no tenga yo detenidos a todos los culpables. No puedo cerrarla, es decir, no es la palabra adecuada; pero si usted me pregunta, los elementos que tiene la averiguación son suficientes para determinar que ahí los mataron y los incineraron, yo le diría sí, y (hay) mucho más (evidencia) que en muchos otros casos: hay cuatro confesiones, no una, de autores materiales; hay confesiones de los policías que los trasladaron a ese lugar y se los entregaron a estas gentes; hay identificados cuatro de ellos plenamente.

Ayer, el titular de la PGR indicó que inicialmente los estudiantes se dirigían a Chilpancingo a recolectar recursos para viajar a la ciudad de México, con la finalidad de participar en la marcha por la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco en 1968; sin embargo, uno de los normalistas que estaba a cargo de un grupo decidió desviar la ruta y ordenó que fueran a Iguala.

Durante su estancia en esa ciudad, un halcón (vigilante) de Guerreros Unidos informó que un grupo de contras (integrantes) de un grupo rival, Los Rojos, pretendía apoderarse de la plaza (ciudad) y avisó a los policías de Iguala.

En ese contexto, el ex alcalde José Luis Abarca ordenó que los detuvieran como sea. Los uniformados los persiguieron y los balearon; asesinaron a tres de ellos y al chofer de un autobús que trasladaba a integrantes del club de futbol Avispones, a un jugador y a una señora que viajaba en un taxi.

Zerón de Lucio refirió que con los resultados que se han obtenido “se consolida el móvil, consistente en que los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región; ésa fue razón por la que los privaron de la libertad, en un primer momento, y finalmente de la vida.

La versión (de que eran narcotraficantes rivales) se transmitió de un nivel a otro del grupo delictivo y que surgió de los líderes de la organización, entre los que se encuentran José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa (esposa del ex alcalde) y Sidronio Casarrubias Salgado (ex líder de la organización).

El titular de la PGR agregó: de manera contundente ha quedado acreditado que los restos de materia encontrados en las bolsas del río San Juan, como tierra, residuos de neumáticos y otros elementos sólidos que fueron analizados, son correspondientes químicamente con los que encontramos en el basurero.

De acuerdo con la información presentada, durante dos reconstrucciones realizadas en el basurero de Cocula y el río San Juan con los autores materiales del homicidio y desaparición de los estudiantes, la PGR presuntamente logró identificar a los tres normalistas que tenían más tiempo en la escuela y que supuestamente estaban al frente del grupo que se desplazó a Iguala. Ellos eran “Bernardo Flores, El Cochiloco; Jorge Luis Hernández Barajas, El Flaquito, y Miguel Ángel Martínez, El Patilludo.

“Estos tres estudiantes fueron interrogados y ejecutados en el basurero por considerar que eran, por parte de los que los secuestraron, miembros del grupo delincuencial antagónico”, según las declaraciones de los detenidos, dijo Zerón de Lucio.

No obstante, el procurador Murillo Karam señaló que no existe ninguna evidencia de que alguno de los normalistas haya tenido relación con grupos delictivos, y que de las investigaciones se sabe que las víctimas sólo querían estudiar para ser profesores.

Murillo Karam señaló que todas la líneas de investigación que han surgido, de manera inmediata han sido del conocimiento público por la importancia del caso; los representantes de los padres han estado en todo momento, en el momento que han querido, pegados al expediente; incluso en el momento que lo han solicitado (estuvieron) en los propios interrogatorios.

Al preguntarle acerca de los cuestionamientos que han externado académicos, representantes y padres de los normalistas respecto de que no es posible que en el basurero se haya realizado una incineración, Murillo Karam señaló que estudios realizados por el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México indican que, por una parte, las plantas mostraron crecimiento posterior al incendio y, por otra, las larvas de dípteras recolectadas en el lugar iniciaron su crecimiento también posteriormente al incendio. Ambos estudios confirman la fecha del mismo.

Agregó que según los estudios realizados, el “lugar y las condiciones fueron propicias para que hubiera un efecto óptimo en la oxigenación del fuego, lo que permitió la combustión por tiempo prolongado.

El dictamen biológico indica que las plantas fueron afectadas por el calor en la zona, y que la hoguera con la cual –según las indagatorias– se habría incinerado a los estudiantes abarcó una extensión de 180 metros cuadrados.

En cuanto a la participación de los peritos argentinos en los trabajos de identificación, el procurador dijo que existen videograbaciones de las sesiones en las cuales los especialistas sudamericanos determinaron, junto con los forenses mexicanos, de un universo de más de 60 mil fragmentos de hueso, cuáles serían los que se enviarían a la Universidad de Innsbruck para la realización de exámenes de ADN mitocondrial.

Zerón de Lucio agregó que en todos los eventos en el río estuvieron presentes los peritos argentinos y de ello hay imágenes en video que fueron difundidas.

Ratificó que no hay una sola evidencia de la participación del Ejército en la desaparición de los normalistas, y dijo que quienes no crean en el resultado de las investigaciones, en lugar de ser coadyuvantes del Ministerio Público, fueran coadyuvantes en la defensa de los responsables de este caso.


Ref: 2015, elektron 15 (28) 1-8, 28 enero 2015, FTE de México.

Marcha del 26 de enero de 2015 hacia el Zócalo.
FOTO: V. Camacho

Marcha del 26 enero 2015 en la ciudad de México. FOTO: C. Ramos

Mitin en el Zócalo, 26 de enero de 2015. FOTO: C. Ramos