La Universidad de Innsbruck, Austria, concluyó que no se encontró cantidad útil de ADN para identificar los restos que, según la PGR, eran de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero. La PGR dice que, “queda claro” que los estudiantes fueron asesinados en Cocula. “Tenemos una prueba de que sucedió lo que sucedió”, dice el procurador general. “La indagatoria no se debilita, al contrario”, agregó. Esa argumentación es incorrecta, apriorística, manipuladora, falsa y sin pruebas. El gobierno pretende que fue un crimen “perfecto” que no dejó ninguna huella. Ya hablan, incluso, de un asesino solitario, de acuerdo a supuestas confesiones de un sicario. La credibilidad oficial está abajo de cero, agravada con el manejo turbio del asunto.

La Procuraduría General de la República (PGR) ya recibió los primeros informes de la Universidad de Innsbruck, Austria, respecto a la identificación de los supuestos restos de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero. Según dicen, un caso fue identificado, se trataría del estudiante Alexander Mora. Sobre los demás, no fue posible encontrar cantidad útil de ADN que permitiera obtener un perfil genético. Es decir, no fue posible identificarlos.

¿Qué pasó? Primero, que los “restos” enviados por la PGR a Innsbruck no son los verdaderos. Segundo, en el supuesto caso identificado, no hay certeza que los restos estudiados hayan sido colectados en el basurero de Cocula. Tercero, la supuesta calcinación en el basurero probablemente no ocurrió en ese lugar. Consecuentemente, las supuestas “muestras” ni son representativas ni ciertas. Por ello es que nadie podía obtener resultados útiles.

La noticia es terrible para las familias afectadas pero, al mismo tiempo, representa una derrota para el gobierno federal. En el primer caso, la noticia implica que el gobierno da automáticamente por muertos a los 43 desaparecidos. En el segundo, sin embargo, el gobierno no puede, ni quiere ni podrá, explicar los hechos. Los “argumentos y conclusiones” del gobierno son inverosímiles por supersticiosos. Veamos:

Uno, del informe de Innsbruck, la PGR concluye que se comprueba su tesis de que los 43 desaparecidos fueron matados en Cocula. ¡Falso! El informe NO dice eso ni nada parecido. ¿De dónde saca Murillo esa conclusión? De las mentiras previas. Con anterioridad, la PGR había sostenido que los desaparecidos fueron asesinados e incinerados en el mencionado basurero. Innsbruck no dice nada al respeto, solo explica la imposibilidad de identificar con las técnicas disponibles a los “restos” que la PGR envió. A la Universidad austriaca no le consta cómo, ni quién ni dónde fueron tomadas esas “muestras”. Todo es un invento de la PGR que, en voz del procurador Murillo, se apresura a justificar al gobierno con torpeza inaudita.

Dos, afirmar que la indagatoria no se debilita, sino todo lo contrario, pareciera un lapsus demagógico. La indagatoria no solo se debilita sino que se autodestruye y debiera desecharse ipso facto, por incorrecta y manipuladora. Una cosa es la investigación de Innsbruck y, otra, la hipótesis de la PGR, basada en declaraciones de supuestos detenidos. Lo que afirma el gobierno es falso de toda falsedad, para que nos entiendan sus leguleyos.

Tres, investigadores universitarios han demostrado que en el basurero de Cocula no era posible que se alcanzaran las temperaturas necesarias para calcinar de manera absoluta a ningún cuerpo, menos a 43. Vaya, ni siquiera se podían haber reunido las toneladas de leña, aun habiendo arrasado algún bosque cercano, sin que nadie viera cortar árboles ni transportarlos. Tampoco se podían haber juntado a las miles de llantas necesarias para mantener la temperatura de incineración. Y, peor aún, es inverosímil que no hubiera quedado ningún rastro, absolutamente, de nada. Fue precisamente el calor excesivo, debido a las altas temperaturas, lo que impidió a Innsbruck identificar los 17 (sic) supuestos restos que, de ser tales, habrían sido calcinados en un artefacto donde se alcancen tales temperaturas no en ningún basurero de leña.

Cuatro, la PGR basa su hipótesis en dichos de un detenido, creyéndole a ciegas, sin verificar esos dichos. Sabido es que el gobierno aplica la tortura para obtener declaraciones. Eso lo ha hecho siempre. Pero, además, también puede falsificar esas declaraciones y presentarlas a conveniencia. Finalmente, los dichos carecen de contenido jurídico. ¿Dónde están las pruebas? Hay que recordar que ni siquiera tiene pruebas para acusar a los detenidos, Abarca y esposa, y simplemente no les puede hace ninguna imputación del crimen.

Cinco, la PGR manipula el caso de manera pedestre, tomándole el pelo a la nación, engañándola, mintiéndole y pervirtiendo el caso. Para el gobierno su versión “es la verdad” y la repite cínicamente. Apuesta a la impunidad, como ha ocurrido con las decenas de miles de desaparecidos anteriores. El último caso es la detención y confesión de un sicario, cuya versión es adoptada por la PGR y afirma que el sicario fue quién mató e incineró a los 43. Es probable que ese individuo haya participado en el masivo crimen. Pero, validar la versión del “asesino solitario” es una burla, típica de Salinas de Gortari, ahora adoptada por su ahijado Peña Nieto. Quieren hacer creer que ese tipo, solito, mató a los 43, luego los incineró, antes cortó las toneladas de leña, las transportó y puso en combustión. El solito, también juntó las miles de llantas, las quemó e hizo lo mismo con los 43 cuerpos exánimes. La temperatura fue mantenida en más de mil 500 grados, todos fueron incinerados y calcinados al grado de no dejar rastros. Si algo quedó, el sicario solito los desapareció esparciéndolos en un río, antes los colectó, limpió bien el basurero y se fue. En esta historia fantasiosa y repugnante, nadie vio nada, la leña y las llantas ni siquiera produjeron humo, el resto de basura del basurero ni siquiera se enteró. ¿A quién quiere engañar el gobierno? A sí mismo, para “fortalecer” su tesis y, entonces, aparentar un “crimen perfecto”.

De Peña Nieto puede esperarse eso y más, se trata de un individuo que gobierna con una máscara borrosa, detrás de la cual está un hombrecillo perverso y criminal, ya lo dijo el sacerdote Solalinde. La pregunta de fondo sigue siendo la misma, ¿Por qué? Al no contestarla, el gobierno sigue aumentando la ira popular.

Estamos frente a un Estado-gobierno supersticioso y mentiroso que se basa en creencias para negar la realidad a conveniencia. Para esta burocracia los hechos no existen solo la fantasía de la superstición y el dogma. Todo es deliberado para encubrir la responsabilidad del Estado y gobierno.

Por lo pronto, el movimiento de Ayotzinapa ha puesto al descubierto al “mil máscaras”. Peña y su gobierno están exhibidos ante el mundo, como represores y asesinos. Por supuesto, hace falta más. Construir organización social para hacer posible tirar al gobierno y sancionar a los responsables. Lo más importante, para ejercer formas de poder que impidan que arribistas se aprovechen de la coyuntura y vuelvan a traicionar a los demás.

La PGR dio a conocer los resultados de los estudios forenses realizados por la Universidad de Innsbruck a 16 restos hallados en Cocula, Guerrero. La institución austriaca detalló que, “tras la aplicación de una técnica de cuantificación muy sensible para evaluar la cantidad de ADN mitocondrial, no se encontró cantidad útil de ADN que permitiera obtener un perfil genético bajo esta técnica” (Castillo G., Vargas R. E., en La Jornada, p.3, 21 enero 2015).

Sobre el particular, el procurador Jesús Murillo Karam afirmó que “después de los resultados dados a conocer por la Universidad de Innsbruck, me queda claro que allí (en Cocula) mataron a por lo menos uno (Alexander Mora Venancio)”.

Agregó que “las declaraciones, las pruebas y todo lo demás, me hacen pensar que allí los mataron (a los 43 estudiantes)”.

Sólo hay la certeza de un normalista muerto.

La declaración del funcionario fue realizada horas después de que la institución austriaca dio a conocer los resultados finales de los estudios realizados a 17 fragmentos óseos, de los cuales sólo uno pudo ser identificado, mientras que en los otros 16 “no se encontró cantidad útil de ADN que permitiera obtener un perfil genético”.

De esta manera, de los peritajes solicitados por el gobierno mexicano sólo se pudo lograr la identificación genética de uno de los restos que presuntamente pertenecen a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, mismos que correspondieron a Alexander Mora Venancio.

El Ministerio Público Federal indicó que si bien el dictamen establece que “el calor excesivo ha destruido el ADN y el ADN mitocondrial en los restos, por lo menos hasta el punto en que los métodos rutinarios no pueden emplearse para un análisis exitoso”, existe la posibilidad de utilizar una tecnología novedosa llamada “secuenciación masivamente paralela” (massively parallel sequencing o MPS), que podría ser útil para seguir investigando estos restos. “Dicho documento (de la Universidad de Innsbruck) incluye las siguientes oportunidades y riesgos de aplicar la MPS en los restos mexicanos:

“... Hay oportunidades de que la MPS proporcione resultados útiles para ayudar a identificar víctimas. No podemos proporcionar un estimado sobre el éxito, pero las especificaciones técnicas son más prometedoras que cualquier otro método de identificación genética molecular existente...”

Asimismo, se menciona que “el principal riesgo es que los extractos de ADN sean consumidos sin obtener ningún resultado adicional de ADN, que ayudaría en el proceso de identificación.

“Ofrecemos analizar el ADN mitocondrial usando MPS sobre los restos sin costo adicional. Esperamos que estos análisis tomen tres meses, pero no podemos proporcionar una fecha de terminación definitiva”, concluye el peritaje.

Ante ello, la PGR solicitó “al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck que proceda de inmediato a realizar los estudios”.

Además, Murillo Karam informó que ya les fue dictado un nuevo auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.

Al ser entrevistado al término del foro Equidad para víctimas en el debido proceso penal, desarrollado por la organización Alto al Secuestro, Murillo Karam expresó: “Lo primero importante con Innsbruck es el hecho de que efectivamente nos pudo dar una prueba plena de que sucedió lo que sucedió”.

Las investigaciones de la PGR han señalado que los 43 jóvenes normalistas fueron detenidos ilegalmente por policías de Iguala y Cocula, por órdenes del ex alcalde José Luis Abarca. Posteriormente fueron entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían privado de la vida, arrojado e incinerado en el basurero municipal de Cocula y posteriormente las cenizas fueron arrojadas al río San Juan.

Durante las investigaciones, el gobierno federal localizó dos bolsas con restos óseos y fragmentos en la zona del basurero, de los cuales envió 17 muestras a la universidad austriaca para su estudio y solamente una dio positivo para obtención de identificación genética.

–Ante estos resultados de la Universidad de Innsbruck, ¿qué les dice a los padres y madres de familia? –se preguntó al procurador.

–Después de los resultados de la universidad me queda claro que allí (en el basurero) mataron por lo menos a uno; las declaraciones, las pruebas y todo lo demás me hacen pensar que allí los mataron (a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa).

–¿Qué les dice a los padres?, ¿que hay que seguir esperando?

–La verdad, no puedo mentir. Les tengo que decir la verdad y la verdad es la que acabo de decir.

Murillo Karam indicó que la Universidad de Innsbruck “nos dice que agotó el procedimiento de carbono y nos pide autorización para procesar por otro método las muestras que faltan. Es muy difícil, sin duda alguna, pero seguimos haciendo todo lo que es necesario. Los resultados no debilitan la investigación, al contrario”, señaló el procurador.

En cuanto a los siguientes peritajes, Murillo indicó que si bien puede “destruirse la evidencia y desaparecer una parte importante de ésta, ya autorizamos a Innsbruck que haga todo lo que tenga que hacerse”.

En otro asunto relacionado con el caso Iguala, el procurador informó que en los próximos días dará a conocer mayor información del resultado de los interrogatorios a los que ha sido sometido Felipe Rodríguez, El Cepillo, identificado como uno de los integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos que presuntamente ordenaron el asesinato e incineración de los estudiantes de Ayotzinapa.

Investigadores universitarios de diversas disciplinas criticaron que aun sin contar con pruebas científicas contundentes, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, insista en que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero. (Olivares E., en La Jornada, p.6, 22 enero 2015).

Julio Muñoz Rubio, especialista en relaciones ciencia-sociedad del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que antes de presentar una conclusión el procurador necesita tener todas las pruebas que confirmen sus afirmaciones y hasta ahora no las ha presentado.

Asimismo, destacó que la PGR no ha dado ninguna explicación ni respondido a los cuestionamientos que los académicos Jorge Antonio Montemayor, del Instituto de Física, y Pablo Ugalde Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, realizaron en un análisis –ampliamente difundido– basado en pruebas científicas con las que refutan la versión oficial de Murillo Karam.

Por su parte, el propio Montemayor –experto en el trabajo de propiedades mecánicas de materiales, quien ha sido asesor técnico en peritajes de la PGR, el Poder Judicial y la UNAM– resaltó que las leyes en México asientan que ninguna persona puede ser declarada muerta hasta que haya pruebas fehacientes y una de ellas es el cuerpo.

Marcha de protesta en Iztapalapa, en apoyo a Ayotzinapa. FOTO: J. A. López

Agregó que aun cuando se haya logrado identificar el ADN en restos que presuntamente fueron encontrados en Cocula, que corresponden a Alexander Mora Venancio, no es prueba suficiente para afirmar que el normalista esté muerto, pues se trató de un molar y un hueso aparentemente de un dedo, los cuales pueden ser arrancados sin que la persona pierda la vida.

Si se tratara de huesos del cráneo o de la columna vertebral, que son necesarios para que alguien siga vivo, se podría hablar del fallecimiento; de lo contrario sólo hay una identificación de ADN, pero no la contundencia de que fue asesinado.

El académico consideró que los huesos con que se logró la identificación de Alexander fueron sembrados porque, explicó, la totalidad de restos enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria –que informó a la PGR que con el estado en el que se encuentra esa materia no hay elementos para establecer un perfil genético–, fueron quemados a altas temperaturas, ya sea en un crematorio o al aire libre, y sólo dos conservaron la información genética, lo que significa que se sometieron a un proceso de más baja temperatura.

En síntesis, si es verdad que se incineraron a altas temperaturas, ninguno de los restos hubiera conservado información del ADN. Eso es improbable, tanto como querer encontrar un átomo en todo el sistema solar.

René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que suponiendo que la versión oficial sea cierta, la PGR todavía no ha mostrado elementos científicos, sino que la hipótesis de Murillo Karam se basa, sobre todo, en rumores y declaraciones de los presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Recordó que organismos internacionales han acreditado que en México se siguen obteniendo declaraciones judiciales bajo tortura.

La posición del gobierno federal, que no convence a nadie, tiene dos intenciones: la idea de que al decir mil veces una mentira ésta se vuelva verdad, y diluir el movimiento social, que incluso es mayor al que se dio en 1968, que se ha generado por la exigencia de la presentación con vida de los normalistas.

Los tres académicos censuraron que Murillo Karam no haya cumplido su palabra al hacer públicas sus afirmaciones ante los medios de comunicación antes de informar a los familiares de los normalistas

Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y señalado por las autoridades como uno de los autores materiales de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, declaró a la PGR haber recibido a los alumnos de Ayotzinapa de manos del ex secretario de seguridad pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, y el subdirector de policía del ayuntamiento de Cocula, César Nava González, la noche del pasado 26 de septiembre (Castillo G., en La Jornada, p.5, 23 enero 2015).

El Cepillo ya fue consignado a un juez con sede en Toluca, ante quien rindió su declaración preparatoria la noche del pasado domingo, tras ser consignado como presunto responsable de delincuencia organizada y se mantiene como indiciado en dos averiguaciones previas más por hechos relacionados con lo ocurrido en Iguala.

Asimismo, el Ministerio Público Federal consignó a la ex asesora jurídica del secretario de seguridad pública de Cocula y dos de sus secretarias por haber participado en la alteración de los números de patrulla y de reportes de trabajo de los policías que la noche del 26 de septiembre de 2014 participaron en el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, señala el pliego de consignación que fue entregado por la PGR a los juzgadores.

De acuerdo con las declaraciones ministeriales que fueron integradas a la averiguación previa PGR/UEIDCS/871/2014, Rodríguez Salgado dijo al Ministerio Público Federal que los jefes policiacos Flores Velázquez (quien está prófugo), el director de policía de Cocula, Ignacio Aceves Rosales, y el subdirector de esa corporación, César Nava, le entregaron unos 40 jóvenes con la cabeza rapada, y tres más con pelo largo; iban con las manos amarradas y fueron llevados al lugar que se conoce como Loma del Coyote.

Según los datos de la investigación –que ya se encuentran en los expedientes consignados por la PGR ante jueces federales–, antes de ser entregados a los Guerreros Unidos los 43 normalistas permanecieron varias horas y fueron sometidos por policías municipales de Iguala y Cocula, en las instalaciones igualtecas.

En los documentos que obran en los juzgados con sede en Toluca se menciona que, al filo de las 11 de la noche, Felipe Rodríguez Salgado recibió una llamada: “Me dijeron que un grupo de muchachos estaban atacando Iguala, que pretendían quedarse con la plaza y que me iban a entregar tres ‘paquetes’ (sicarios) de un grupo contrario (de Los Rojos), y me entregaron más”.

La indagatoria de la PGR señala que un hombre identificado como Raúl Núñez, El Camperro, y Gildardo López, El Gil, mandos medios de Guerreros Unidos, contactaron a El Cepillo y le ordenaron “desaparecer” a los muchachos.

En los testimonios obtenidos –que se integraron a la consignación– El Cepillo reconoció haber interrogado por separado a tres normalistas, creyendo que eran los jefes del grupo de quienes –señaló– le habían dicho que eran integrantes de una banda rival, pero también señaló que todos los jóvenes le dijeron que eran estudiantes.

Las investigaciones de la PGR que se presentaron ante los jueces contienen la declaración de El Cepillo y los testimonios de Jonathan Orozco y Agustín García Reyes para acreditar que el primero fue quien presuntamente dirigió el homicidio de los jóvenes; que dio la orden –por indicaciones de Sidronio Casarrubias y Gildardo López– para que incineraran los cuerpos y luego tiraran al río San Juan los restos. Las acusaciones en contra de los 99 detenidos en este caso constan de 83 tomos y más de 400 peritajes.

Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, se encuentra actualmente preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez.

Las indagatorias de la PGR sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han sido “limitadas e insuficientes”, a tal grado que ya no está abordando el caso como tema de desaparición forzada, sino de secuestro y homicidio, por lo que es necesario abrir nuevas líneas de investigación, incluida la supuesta participación del Ejército, señaló ayer la organización Amnistía Internacional (AI) (Camacho F., en La jornada, p.5, 23 enero 2015).

Al presentar los resultados de la visita que hizo dicho colectivo a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, afirmó que aunque la PGR acusó inicialmente al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, del delito de desaparición forzada de los estudiantes, un juez reclasificó el cargo como secuestro.

Aunque al parecer la lógica del juez fue que castigar a los acusados por ese delito los haría pasar más tiempo en prisión en caso de ser hallados culpables, esta decisión tiene “implicaciones de carácter político”, ya que de esta forma no se admite la existencia de la desaparición forzada y por tanto no se reconoce la participación del Estado en ello, agregó.

Consultada sobre el tema, la coordinación de incidencia en políticas públicas de AI confirmó que la reclasificación no sólo se aplicó a Abarca y su esposa, sino a todas las personas actualmente detenidas por el caso de los normalistas, lo cual significa que ninguna de ellas está bajo proceso por el delito de desaparición forzada, sino por secuestro, homicidio o lavado de dinero (en el caso del ex alcalde).

Por lo anterior, Guevara llamó a la PGR a abrir nuevas líneas de investigación en el caso, sin dejar de lado la probable participación del Ejército en los hechos violentos del pasado 26 y 27 de septiembre del año pasado, pues hay muchos testimonios según los cuales los militares estuvieron en el lugar de la agresión e incluso hostigaron y detuvieron a algunos de los estudiantes.

Por último, Guevara destacó que los tres supuestos delincuentes cuyas declaraciones sustentan la versión de que los normalistas fueron “asesinados y quemados en el basurero de Cocula”, dijeron haber sido torturados, por lo que llamó a investigar estas denuncias.

Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, destacó que ante los reclamos de los padres y madres de los estudiantes por la falta de resultados en las indagatorias, “la estrategia del gobierno de la República es deslegitimar sus demandas” y presentarlos como violentos e intransigentes.

El hecho de que la PGR no lleve a cabo ningún proceso judicial por desaparición forzada en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, sino por secuestro, homicidio y delincuencia organizada, diluye la probable responsabilidad del Estado en el crimen, afirmó Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Camacho F., en La Jornada, p.5, 25 enero 2015).

El activista señaló que la mencionada reclasificación –hecha en diciembre por un juez de distrito y avalada en los hechos por la PGR– demuestra la ineficiencia de las procuradurías en general, además de la falta de pericia de los jueces del país al momento de clasificar adecuadamente el ilícito que analizan.

Desde el principio, los familiares de los jóvenes exigieron que los hechos fueran encuadrados bajo la figura de desaparición forzada, al considerar que la participación de agentes estatales lo permitía, pero el gobierno federal no lo reconoció así y las primeras consignaciones las hizo por secuestro, recordó.

En diciembre del año pasado la PGR trató de consignar por desaparición forzada a un grupo de personas arraigadas, a las cuales todavía no se les había acusado formalmente de ningún delito, pero el juzgado primero de distrito en materia de procesos penales federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, negó las órdenes de aprehensión en ese sentido por considerar que no había elementos para ello.

Los argumentos del juez para tomar esa decisión, explicó Aguirre, son que las primeras acusaciones se realizaron por secuestro y que las características de la detención de los normalistas no eran las de una desaparición forzada, pero también por considerar que había indicios que permitían establecer que los jóvenes ya no estaban con vida y por ello no había desaparición.

Este razonamiento es muy grave, pues evidencia que el Poder Judicial es partícipe de esta falta de conocimiento de las obligaciones internacionales de México en materia de desaparición forzada. Es una sentencia que deja ver que la impunidad no sólo se genera por la actuación deficiente de las procuradurías, sino también por la de los jueces al analizar violaciones de derechos humanos, subrayó.

Aunque la PGR apeló de la decisión del juzgado, tuvo que presentar acusaciones de nuevo en contra de los detenidos antes de que venciera el plazo del arraigo en contra de ellos, y a fin de cuentas lo hizo por secuestro, homicidio, delincuencia organizada y lavado de dinero.

A cuatro meses de los hechos, no hay un solo juicio penal por desaparición forzada. El riesgo de ello no es tanto que los acusados salgan libres, porque la pena por secuestro es incluso mayor, sino más bien que con la figura del secuestro se diluye la responsabilidad del Estado en los hechos, lo cual incumple obligaciones internacionales de México en la materia.

La posibilidad de que los procesos penales sean reconsiderados para que se investigue la agresión contra los jóvenes como una desaparición forzada, lamentó Aguirre, es casi nula, pues una vez que ya se configuraron como secuestro, es muy difícil que el juez vaya en contra de su razonamiento inicial.

El equipo argentino de antropología forense (Eaaf) tiene dudas respecto del lugar donde fueron hallados los restos que según la (PGR corresponden al único de los 43 estudiantes de Ayotzinapa identificado hasta el momento, Alexander Mora Venancio, informó Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los jóvenes desaparecidos (Ocampo S., en La Jornada, p.6, 25 enero 2015).

En entrevista telefónica, el vocero dijo que cuando los argentinos llegaron a Cocula, los restos de Mora Venancio se encontraban en una bolsa, sobre una mesa, explicaron los especialistas en una reunión efectuada en la ciudad de México el jueves pasado. Por eso, precisó, nos dijeron que continuarán las investigaciones, porque no pueden afirmar algo de lo que no están seguros.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, confirmó lo expresado por De la Cruz: Los peritos mencionan que (los restos) estaban en una mesa y que la PGR les dijo que los encontraron en el río San Juan, del municipio de Cocula, pero que a ellos no les constaba dicha aseveración.

En la reunión del jueves, agregó, se hizo una recapitulación del trabajo (de los argentinos), quienes confirmaron que de acuerdo con las pruebas de ADN, que realizaron en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, en Austria, “efectivamente uno de los restos hallados, de cuatro centímetros de largo, corresponde al ADN de Alexander Mora Venancio.

Lo que refieren los peritos argentinos sobre este caso es que en el basurero de Cocula se recolectaron varios fragmentos y restos óseos. De todos estos, que sumaron 17, el más grande era de cuatro centímetros, se separó de los otros porque era el más grande y el que menos calcinación tenía.

Esos restos fueron los que se enviaron al laboratorio de Innsbruck. Hasta allá viajó un equipo de la PGR y el de los peritos argentinos “para verificar la cadena de custodia de los restos óseos, para que no se cambiaran, y para hacer el resguardo de la cadena de custodia. Ya en Innsbruck, el resultado fue que el resto óseo que contenía más ADN era el más grande, el de 4 centímetros, y se hizo la comparación con todas las muestras tomadas a los padres de familia, dando positivo en el caso de los parientes de Alexander Mora.

Científicamente quedó comprobado que esa muestra de ADN correspondía a Alexander Mora, ahí no hay duda. Lo que hizo dudar a los peritos argentinos fue que ese resto de cuatro centímetros haya sido recogido del basurero, sino que la PGR les dijo que lo habían recogido del río San Juan, supuestamente; ambos en el municipio de Cocula, señaló.

Reiteró que en este punto en particular, los peritos argentinos les dijeron a los padres de familia y a los abogados de Tlachinollan que no hay pruebas científicas de que esos restos que presuntamente hallaron en el río San Juan sean los mismos que estaban en el basurero.

Más aún, los argentinos nos dijeron que a ellos no les consta que esos restos efectivamente los hayan sacado del río San Juan, como asegura la PGR, porque señalan (los antropólogos) que cuando ellos llegaron ya estaban los restos, los habían sacado de una bolsa y estaban tendidos sobre una mesa, y que lo único que les dijo el personal de la PGR es que los restos los habían sacado del río (San Juan), y guardados en una bolsa.

El abogado añadió: Los peritos argentinos dijeron que no pueden avalar que efectivamente ese resto haya sido encontrado en el río (San Juan): eso es lo que (ellos) ponen en duda. Además, informaron que los 16 restantes restos óseos hallados estaban mucho más pequeños y presentaban mayor calcinación, y que al hacerles las pruebas de ADN no arrojaron mucha información y, por tanto, no se pudo hacer la identificación correspondiente.

Aclaró que la colaboración de los argentinos no es sólo a partir de un convenio entre la PGR y el Eaaf, más bien son los peritos argentinos que los padres de familia nombraron para que coadyuven en la identificación de restos óseos y en todas las investigaciones donde resulte necesario su trabajo.

Destacó que en la reunión los forenses informaron que en las fosas halladas en las inmediaciones de Iguala, en particular las de Pueblo Viejo y La Parota, de los cuerpos que ya fueron identificados ninguno corresponde a alguno de los 43 estudiantes.

El abogado anunció que el equipo argentino les informó que se inició una nueva investigación en el instituto de Innsbruck, para determinar si los restos hallados en el río San Juan y en el basurero de Cocula corresponden a la identidad de alguno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Se va a realizar con un método más complejo, moderno y avanzado. Nos informan que ya se inició la investigación –no dijo cuándo– allá en Innsbruck, misma que tardará de dos a tres meses”.

Marcha solidaria en Ixtapaluca. FOTO: J. Salinas

Ref: 2015, elektron 15 (26) 1-8, 26 enero 2015, FTE de México.