La Sedena invitó a la CNDH a visitar un cuartel militar, anunció la Segob y rechazó cualquier señalamiento que involucre al ejército. La misma Segob precisó que no se abrirán todos los cuarteles, sino solamente el de Iguala. Lo que ocurrirá es previsible, habrá escenografía previa y simulación. Si los 43 fueron llevados al cuartel de Iguala ya no están allí. El mismo jefe y todos los soldados fueron cambiados a otras regiones desde el primer momento de los hechos. El gobierno se sigue negando a abrir una línea de investigación sobre el ejército.

La presión ejercida por los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y los padres de familia de los 43 desaparecidos y los 3 asesinados el 26 y 27 de septiembre anterior, ha llevado al gobierno federal a declarar en los medios que se abrirían los cuarteles militares. Pero no todos, el secretario de gobernación dejo claro de inmediato que solamente sería uno, el de Iguala, Guerrero. La invitación es para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

¿Qué pasará? Lo previsible, habrá escenografía y simulación. En la sede del 27 batallón de infantería no encontrarán nada, porque, si allí estuvieron los 43 es obvio que ya no están. Vaya, ni siquiera los soldados y menos el jefe militar. Este fue cambiado inmediatamente a otra región y, a los pocos días de los hechos, fue ascendido y condecorado por Peña Nieto. Los soldados fueron cambiados también, los actuales son otro destacamento.

Lo que está muy claro es que el gobierno federal encubre al ejército. Por ello se niega a abrir una línea de investigación que lo implique. Pero, lo menos que puede decirse es que el ejército fue omiso y permitió que se ejecutara el crimen impunemente en sus propias narices, sin decir ni hacer, absolutamente, nada.
Sin embargo, la implicación podría ser mayor. Es la hora, en casi cuatro meses posteriores, que el gobierno no acierta a responder preguntas básicas. ¿Por qué se perpetró el crimen? ¿Quiénes fueron?

Lo hasta ahora conocido es una versión inverosímil de la Procuraduría General de la República (PGR), basada solo en algunos dichos de los supuestos delincuentes. Esa versión no está comprobada debidamente. Por tanto, insistir en que los 43 fueron incinerados y calcinados en un basurero de Cocula no es convincente.

Tampoco lo es eludir a priori la responsabilidad del ejército. Si alguien es experto en desaparecer personas en México es ese aparato de coerción y no de ahora sino, al menos, desde hace cien años. Guerrero es, por cierto, la entidad federativa que peores experiencias ha tenido, incluso, recientemente.

Guerrero fue el infernal laboratorio de la guerra sucia de los 70’s. Allí se conocen, por haberse padecido en carne propia, las atrocidades de los soldados federales. Eso no ha concluido. Si alguna parte está militarizada en México es, precisamente, Guerrero. Y, ¿quién ha realizado los innumerables atropellos en cuanta comunidad ha querido? El ejército federal.

Hay, entonces, bases para abrir una línea de investigación hacia el ejército. Lo que pasa en Guerrero no es el único caso, eso ocurre en todo el país. Por ello es que el ejército es el que más quejas ha merecido y, eso, que la mayoría de las veces no se denuncian sus agresiones.

La política de Peña es opaca y quiere imponer, compulsivamente a la nación, la creencia de que hubo un crimen perfecto que no dejó huellas de ningún tipo.

La propia implicación del llamado crimen organizado plantea que el gobierno está en colusión con el mismo y lo tolera porque le conviene. El hecho rebasa el marco del crimen y se torna político. Así lo ha manejado el propio gobierno. Todas las mentiras de la PGR se solapan por razones políticas.

Lo que hace el gobierno es proteger al Estado, porque es parte del mismo y, el ejército, Policía Federal y PGR, no son sino pilares básicos de tal Estado, encargado de administrar la violencia, precisamente, con fines políticos.

No obstante, la verdad terminará por abrirse paso y será muy grave. Hay que construir la organización social que impida la impunidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) invitará a la CNDH a recorrer las instalaciones del cuartel militar de Iguala, Guerrero, informó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al tiempo que rechazó la participación de militares en el ataque contra jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre pasado (Martínez F., en La Jornada, p.3, 15 enero 2015).
“Hay interés de generar desconocimiento o de involucrar a nuestro Ejército y a nuestras fuerzas federales en los hechos de Iguala. El gobierno de la República rechaza categóricamente los señalamientos que sin sustento se han hecho a nuestras fuerzas armadas”, señaló.

Ante integrantes del gabinete de seguridad, incluidos los titulares de la Sedena y la Marina, general Salvador Cienfuegos Zepeda y almirante Francisco Soberón Sanz, respectivamente, así como de gobernadores de entidades del norte del país, rechazó “los intentos de provocación en los que han querido involucrar a las fuerzas armadas”.

La víspera, familiares de los normalistas desaparecidos durante el ataque del 26 y 27 de septiembre de 2014 se entrevistaron con el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y con Osorio Chong. Las autoridades anunciaron que las líneas de investigación del caso se han agotado y los familiares de las víctimas solicitaron ingresar a los cuarteles militares. También anunciaron que continuarán por su cuenta la búsqueda de los jóvenes.

En la reunión de Sinaloa, Osorio Chong defendió la labor de la PGR y precisó que el caso Ayotzinapa no está cerrado. Aseveró que en diciembre no recibieron ninguna petición formal para recorrer las instalaciones castrenses en Iguala.

Sostuvo que aunque miles de ciudadanos ingresan en forma cotidiana a sedes militares, “les aclaramos que no es la vía para poder lograr un objetivo.

“Los cuarteles del Ejército –explicó– son visitados por más de un millón de personas al año, diariamente; están ahí y acuden por diferentes motivos: para la convivencia social, familiar, actividades deportivas y de recreación. Pero quiero puntualizar que más allá de lo que se quedó en diciembre, reitero, nunca hubo una petición al respecto.”

En tanto, el general Cienfuegos Zepeda dijo que en esta administración “se han hecho grandes esfuerzos para atender el problema de los derechos humanos”. Precisó que la CNDH ha reconocido que en el actual sexenio “hemos reducido 62 por ciento las quejas” en la materia.

El gobierno federal establecerá mesas de negociación con los asesores legales y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, con el propósito de definir las fechas y las instalaciones militares que serán revisadas por civiles e integrantes de organismos de derechos humanos nacionales, así como de la CIDH, interesados en participar en estas acciones de búsqueda de los estudiantes, señalaron funcionarios del gabinete de seguridad nacional (Castillo G., Aranda J., en La Jornada, p.3, 15 enero 2015).

La solicitud para revisar los cuarteles presentada por los familiares de los alumnos al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, fue aceptada por el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y se les permitirá revisar los cuarteles que ellos decidan para demostrar que el Ejército no tiene responsabilidad en lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes.

La PGR anunció que se abrirán las puertas de las instalaciones militares para que grupos civiles ingresen de manera “ordenada y con respeto”, en respuesta a una “petición adicional” que realizaron los familiares de los normalistas en la reunión con funcionarios federales, de ingresar a los cuarteles del Ejército Mexicano.

El acuerdo se logró luego que familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos enfrentaron a integrantes del 27 batallón de infantería, con sede en el municipio de Iguala, Guerrero, cuando los primeros trataron de ingresar al cuartel para buscar a los estudiantes.

La respuesta inicial a los familiares y sus representantes legales fue que el gobierno federal analizaría la petición de que les permitieran ingresar a las instalaciones castrenses, pero horas después de que terminó el encuentro la PGR difundió que los cuarteles “están abiertos a todos los ciudadanos y que el ingreso se tendrá que hacer de manera ordenada y con respeto a nuestras instituciones”.

De acuerdo con información obtenida de funcionarios, los padres de los estudiantes desaparecidos y sus asesores se reunirán con representantes del gobierno federal para definir fechas, lugares y personas que ingresarán a las instalaciones castrenses.

Se prevé que integrantes de la CIDH participen en la revisión de los cuarteles. Éstos llegarán al país en los próximos días para coadyuvar con el gobierno de México en la investigación del caso Ayotzinapa.

En tanto, la Procuraduría General de Justicia Militar presentó una denuncia ante la PGR por esos hechos, particularmente por la agresión sufrida por 11 militares que resultaron lesionados; uno de ellos por impacto de un petardo que le provocó fractura expuesta del peroné de la pierna izquierda.

La Sedena afirmó en un comunicado que durante los hechos el personal militar se limitó a resguardar las instalaciones castrenses y utilizó escudos antimotines “con el único propósito de detener el avance los agresores”. Además, rechazó que los soldados hayan utilizado gases lacrimógenos para repeler a los manifestantes.

La caravana ciudadana que buscará a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos empezó actividades en esta ciudad, donde el 26 y 27 de septiembre sus compañeros fueron agredidos por policías municipales y presuntos integrantes del crimen organizado (Ocampo S., Ramón R., en La Jornada, p.4, 16 enero 2014).

Integrada por padres de familia, normalistas, policías comunitarios y ciudadanos, la caravana se concentró en el Centro Regional de Estudios Normales (Cren).

A las 7:20 horas de este jueves emprendieron tres operativos. Uno, encabezado por Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, está integrado por pobladores nahuas de Tierra Colorada, Acayahualco, Mayanalán y Tetelilla, del municipio de Tepecoacuilco de Trujano. Sólo en este grupo se permitió que participaran reporteros.

Hacia ese lugar partieron cuatro vehículos: una camioneta con padres de familia, otra con normalistas, una más y un auto compacto con bases de apoyo de Iguala. Se instalaron en Tetelilla y, sin avisar a los reporteros, se trasladaron a otras comunidades.

Por la tarde, padres de familia, estudiantes y maestros de Michoacán recorrieron colonias del poniente de Iguala, entre ellas San Miguelito, San Antonio, La Ceiba y 27 de septiembre; posteriormente retornaron al Cren.

Se informó que Iguala será el centro de operaciones de la caravana y que la búsqueda durará una semana. Se desconoce el itinerario de este viernes.

Por otra parte, luego de 53 días de recorrido por el sureste de México, la caravana Cruzada Nacional Uniendo Voluntades por la Paz arribó a la explanada del municipio de Nezahualcóyotl, estado de México.

La caminata empezó el 23 de noviembre en Playa del Carmen, Campeche, y ha recorrido las ciudades de Mérida, Campeche, Champotón, Escárcega, Villahermosa, Coatzacoalcos, Tuxtepec, Veracruz, Xalapa y Puebla.

Después se dirigieron a otros puntos del valle de México. Este domingo concluirán su recorrido en el Zócalo de la ciudad de México.

Familiares de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa advirtieron que corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público, no a los políticos, determinar la probable responsabilidad de los militares en el ataque contra los estudiantes de septiembre pasado. Subrayaron que pugnan por ingresar a todos los cuarteles de Guerrero, no sólo al de Iguala, como planteó el gobierno federal (Martínez F., en La Jornada, p.3, 16 enero 2015).

Por conducto de su representante, Vidulfo Rosales, aclararon que la visita de la CNDH a las instalaciones militares, por invitación de la Sedena, es independiente del recorrido que efectuarán los padres de los normalistas.

Aseveró que solicitaron el ingreso a esos lugares antes de diciembre y no recibieron respuesta formal; por el contrario, las instancias gubernamentales “se instalaron en una posición de fuerza, con el argumento del fuero militar, lo que llevó a la polarización de las posiciones”.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha insistido en la inocencia de los militares en los hechos del 26 y 27 de septiembre. Asegura que sólo participaron policías municipales de Iguala y Cocula en el ataque contra los jóvenes.

Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, respondió también en entrevista: “No corresponde a las autoridades políticas exonerar (a los militares), sino al juez y al Ministerio Público (MP) establecer si hay o no elementos para una consignación o para fincar responsabilidades”.

Rosales insistió en la pertinencia de entrar a todos los cuarteles militares de Guerrero, pues ya se ha hecho una revisión en otro tipo de corporaciones. “Lo único que no se ha revisado es el Ejército”; por otra parte, hay elementos en la indagatoria que señalan la participación de militares en los hechos. “Eso no lo decimos nosotros, está en los expedientes de la indagatoria; incluso que hay una relación (de los soldados) con los Guerreros Unidos (grupo criminal); también hay videos de que estuvieron patrullando y detuvieron estudiantes. Es decir, sí tuvieron participación”.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aclaró que la invitación de la Secretaría de la Defensa Nacional a los padres de los normalistas desaparecidos es para visitar sólo el cuartel de Iguala (Reyna J., en La Jornada, p.5, 16 enero 2015).

Explicó que los familiares de los alumnos desaparecidos fueron invitados en diciembre pasado por el gobierno federal a visitar únicamente el cuartel militar de Iguala, pero no hubo respuesta.

Osorio Chong explicó que la respuesta de los familiares se dio cuando, “sin mediar solicitud, quisieron entrar al cuartel” lesionando a algunos militares, y esos hechos de violencia “no lo vamos a permitir, no los vamos a tolerar”.

En la reunión con la Coparmex, que se realizó a puerta cerrada, los empresarios solicitaron al titular de Gobernación poner alto a la impunidad y restablecer el estado de derecho en Guerrero.

En charla con los reporteros, el funcionario manifestó que hizo el compromiso del gobierno de la República de “no permitir acciones que lastimen a la sociedad”, en el ámbito de sus facultades, y dijo que el gobierno estatal deberá asumir sus propios compromisos “en lo que le corresponda”.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, continuó ayer en defensa de las fuerzas armadas y de la investigación a cargo de la PGR sobre el ataque contra normalistas de Ayotzinapa (Martínez F., en La Jornada, p.4, 17 enero 2015).

Ante la exigencia de familiares de los 42 estudiantes desaparecidos de que se les permita entrar a todas las instalaciones militares de Guerrero para indagar la posible participación de soldados en los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre pasado, el funcionario respondió que los cuarteles no tienen hornos de cremación.

La Secretaría de la Defensa Nacional, dijo, encomienda los servicios funerarios –y de incineración– a una empresa privada. El local más cercano (al ataque contra los jóvenes) está en Cuernavaca, comentó.

Adelantó que en los próximos días la PGR hará un anuncio importante sobre las indagatorias acerca del paradero de 42 de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa secuestrados ese día. A la fecha sólo se ha comprobado la identidad, por métodos de revelación forenses, de uno de ellos.

Dijo que los datos no se han revelado porque en diciembre, cuando se iban a dar a conocer las declaraciones de los presuntos autores de los crímenes, los abogados de los padres de los estudiantes les dijeron que eran muy fuertes como para ser escuchadas por sus defendidos.

Osorio Chong insistió en que la solicitud para entrar a los cuarteles es una estrategia para desviar la atención e involucrar a las fuerzas armadas. “Ni hay sustento ni se lo merecen y, por supuesto, no lo vamos a permitir (que se les señale)”.

En entrevista radiofónica, precisó que la invitación a los cuarteles es para la CNDH, a la que “se le autorizó poder invitar a quien considere; particularmente hablo de los padres de familia”.

También ofreció algunos detalles contenidos en la averiguación previa; por ejemplo, que sólo han declarado ocho de los estudiantes sobrevivientes al ataque, quienes hicieron referencia a los soldados.

“Las autoridades de la escuela no han declarado; hay muchas preguntas que responder a partir de qué estaban haciendo, a qué acudieron a esas horas los jóvenes y a qué los llevaron a Iguala; segundo, dentro de las declaraciones que hacen los jóvenes sí refirieron que vieron a soldados”, dijo Osorio.

Según los testimonios incluidos en el expediente, también declararon 26 soldados del batallón de infantería ubicado en Iguala. Según el gobierno federal, la participación de los elementos castrenses fue sólo en la clínica, cuyo director los llamó al suponer que los normalistas que llegaron ahí estaban armados.

“Cuando llega el Ejército a este lugar, y hay fotos, yo las vi, debe haber unos 20 jóvenes en cuclillas, sentados en el piso, o un poco más. Entonces revisan el sanatorio. Y esto dicho por el propio director de la clínica. Entonces, ellos preguntan a los jóvenes en qué les ayudan, qué necesitan, y los jóvenes les dicen que se vayan, que no los requieren”, señaló.

Acorde con los comentarios de Osorio Chong, la mayor acusación de los estudiantes en ese episodio es que no les permitieron hacer llamadas telefónicas.

La negativa de las autoridades mexicanas para que los padres de los normalistas de Ayotzinapa entren a más cuarteles militares del país, y no sólo al del 27 batallón de infantería, en Iguala, es una señal de que “algo esconden” en dichas instalaciones, señalaron los familiares de los jóvenes que permanecen desaparecidos desde hace tres meses (Camacho F., en La Jornada, p.6, 17 enero 2015).

Como se informó el pasado viernes, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, subrayó que la invitación hecha un día antes a la CNDH y a los padres de los normalistas agredidos en septiembre pasado para que acudan a visitar cuarteles militares, únicamente es válida para el de Iguala.

“El secretario de Gobernación comentó que solamente estaría bien ir a un solo cuartel, el de Iguala, y que no va a permitir que se abran (las sedes de) los demás batallones. Da a entender, según el punto de vista de nosotros, que algo está escondiendo”, aseveró un hombre que se identificó como Cruz, tío del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista.

Durante un acto de solidaridad que se realizó en una iglesia al sur del Distrito Federal como parte de las Jornadas por Ayotzinapa, el familiar del estudiante dijo que “a nivel nacional sabemos que hay muchas desapariciones de líderes sociales y nosotros creemos que en esos cuarteles los tienen encarcelados”.

De igual forma, Cruz lamentó que un día las autoridades muestren disposición para que los familiares de los muchachos agredidos acudan a las sedes del Ejército, y al siguiente “cambian la conversación” y adviertan que sólo podrán visitar la del 27 batallón de infantería.

“Él (Osorio Chong) nos dice que el Ejército merece respeto, pero sabemos por los testimonios de los estudiantes sobrevivientes de esa noche (del 26 de septiembre pasado) que los militares participaron. Habla de ellos como si estuvieran libres de pecado, pero sabemos que hostigaron a los estudiantes, les decomisaron celulares e identificaciones, pero esas acusaciones no las han tomado en cuenta” las autoridades judiciales.

“Esos campos militares son intocables, pero con la ayuda de la sociedad y la presión que hagamos al gobierno, podemos abrir los demás cuarteles para ver qué esconden”, recalcó el familiar del estudiante.

Por último, se anunció que el próximo 23 de enero se llevará a cabo una marcha en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa, que saldrá a las 17 horas desde dos puntos: la entrada del Parque Huayamilpas y la Iglesia del Cristo, en Coyoacán. Ambas llegarán a la explanada de la Iglesia de la Resurrección, donde realizarán un mitin.

‘‘Cuando me dijeron que los militares venían, lo primero que me vino a la mente fue Tlatlaya, así que les dije a los muchachos que corrieran a esconderse. La mayoría corrió al segundo piso. Yo me escondí en un baño que estaba al fondo; ahí me puse en cuclillas. Entonces comencé a escuchar los gritos de los militares’’ (Cano A., en La Jornada, p.4, 20 enero 2015).

Habla un profesor miembro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) que sobrevivió al segundo ataque que sufrieron los normalistas de Ayotzinapa los días 26 y 27 de septiembre del año pasado.

Los balazos, recuerda, ‘‘deben haber durado apenas tres minutos’’. En medio del desconcierto vio a un muchacho herido y, con ayuda de otros jóvenes, lo tomó en brazos. Corrieron hacia el centro de la ciudad y se detuvieron a tres calles, porque se toparon con una clínica privada llamada Cristina. Tocaron. Les abrieron dos enfermeras que enseguida desaparecieron.

El profesor, a quien llamaremos José Luis, había llegado entrada la noche al sitio donde los policías municipales de Iguala dispararon contra los estudiantes de Ayotzinapa y es uno de los sobrevivientes de la segunda balacera, que se atribuye a sicarios del cártel Guerreros Unidos.

El maestro hizo varias llamadas desesperadas, la mayoría a algunos compañeros suyos. Logró que le enviaran un taxi, pero el chofer, al ver al herido, no los quiso llevar.

Se comunicó entonces con otro profesor que se había encargado de llevar al hospital a la maestra Fátima Bahena Peña, quien en la balacera recibió impactos en el tórax y en el pie derecho. El otro mentor le aseguró que iban al sitio, pero lo volvió a llamar poco después: ‘‘Nos vamos a seguir derecho, porque ya van los militares para allá’’, le dijo la agitada voz en el teléfono.

El pasado viernes, en el programa radiofónico Atando cabos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que en el expediente del caso figuran las declaraciones de 26 elementos del 27 batallón de infantería, quienes acudieron al llamado de personal de la clínica, ‘‘porque refieren que hay personas armadas’’.

El titular de la SG explicó: ‘‘Cuando llega el Ejército a este lugar –y hay fotos, yo las vi–, debe haber unos 20 jóvenes en cuclillas, sentados en el piso, o un poco más. Entonces revisan el sanatorio. Y esto dicho por el propio director de la clínica. Entonces, ellos preguntan a los jóvenes en qué les ayudan, qué necesitan, y los jóvenes les dicen que se vayan, que no los requieren”.

Osorio Chong también aseguró que la ‘‘mayor de las acusaciones’’ que los jóvenes hicieron contra los militares fue ‘‘que los trataron mal en pedirles sus datos’’ y ‘‘que no les permitieron hacer llamadas’’ telefónicas.

El profesor José Luis, presente ese día en la balacera y en la clínica, tiene otra versión. En cuanto entraron a la clínica, los militares ordenaron a los muchachos, a gritos, que bajaran, y los concentraron a todos, sin dejar de encañonarlos, en una suerte de recepción cerca de la entrada.

‘‘Allá afuera hay dos muertos, y para mí que son de ustedes’’, dijo el oficial a cargo. Los militares ordenaron a los muchachos levantarse la camiseta, dejar carteras y celulares en una mesa de centro y, luego, alzar los brazos.

‘‘Dos muchachos bajaron cargando en vilo al herido y lo sentaron en un sillón. No podía hablar; nos escribía en el teléfono que no podía respirar’’.

El herido era el normalista Édgar Andrés Vargas, originario de San Francisco del Mar, Oaxaca, a quien una bala le destrozó el maxilar superior y la base de la nariz. El oficial a cargo, cuyo rango José Luis no identificó, tomó la palabra:

–Lo que hicieron ustedes es un delito, se metieron a una propiedad privada, así que voy a llamar a la policía municipal para que se los lleve detenidos –les dijo.

–Oiga, oficial –intervino José Luis–, ¿cómo va a llamar a la policía municipal si ellos mismos fueron los que les dispararon a los muchachos?

–¿Cómo que fueron ellos?

–Sí, fueron ellos.

A esas horas, los cuerpos de dos normalistas yacían a tres cuadras de distancia, bajo la lluvia, sin que ninguna autoridad se apersonara.

En la clínica estaban 26 estudiantes, José Luis, y una docena de militares ‘‘que llegaron en dos camionetas’’. Una vez que los estudiantes dejaron sus pertenencias en la mesa, los soldados los interrogaron.

‘‘Digan sus nombres; no quiero mentiras, porque si no, no los van a encontrar’’, dijo el oficial.

Cuando llegó su turno, José Luis dijo que es maestro.

–¿Y esto es lo que les enseña a sus alumnos?

–Yo vine a apoyarlos, porque les dispararon.

Desde el principio, José Luis suplicó al militar que pidiera una ambulancia para el muchacho herido.

‘‘Que ya la pedí, ¿qué no entiendes?’’, fue la respuesta a la tercera petición.

Todo el episodio, refiere el maestro, duró una media hora. En algún momento, el oficial salió y habló con sus subalternos a la entrada de la clínica. Cuando regresó, les dijo: ‘‘Aquí los vamos a dejar; la zona ya está asegurada, no les va a pasar nada’’.

Entonces, los militares condujeron a los normalistas a un pasillo, mientras dejaban a José Luis en la recepción.

‘‘Algunos se pusieron en cuclillas y otros se quedaron de pie. El oficial se puso a regañarlos: “¿Para eso los mandan sus papás a la escuela, para eso gastan?”.

Cuando los militares salieron, llegó al lugar el dueño de la clínica, el médico Ricardo Herrera. ‘‘Tenemos un herido, por favor, véalo’’, dijo José Luis. ‘‘Sí, ya sé, allá afuera hay dos muertos, sin nadie que los atienda’’, dijo el galeno.

Tampoco él lo hizo: “El médico se acercó a mirarlo, vio la herida como a 30 centímetros de distancia y sólo dijo: ‘Híjole, cuate, sí te dieron duro, vas a necesitar cirugía”.

Alrededor de las 3:15 de la madrugada, José Luis consiguió otro taxi. Le pidió al normalista Omar García que sostuviera a su compañero con una playera en la boca, se subiera a la parte trasera del automóvil y no hablara. Consiguió, con engaños, que los llevaran al hospital: ‘‘Nos peleamos en un bar y a mi amigo le dieron con una botella en la boca’’.

Naturalmente, la ambulancia prometida por el oficial del Ejército nunca llegó.

La PGR y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) insistieron en que, de acuerdo con la investigación realizada por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, no hay indicios de que hayan participado militares en la agresión y el secuestro de los jóvenes (Garduño R., Méndez E., en La Jornada, p.5, 21 enero 2015).

La subprocuradora jurídica de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, respondió a las preguntas de legisladores respecto de las versiones que involucrarían a militares: De manera contundente, no tenemos ningún elemento que nos permita orientarnos a que elementos de las fuerzas armadas participaron en esos hechos.

En reunión de trabajo con la Comisión de Gobernación de la Comisión Permanente del Congreso, señaló que en la averiguación previa existen datos de telefonía y en ningún caso se ubica a persona alguna en las coordenadas del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, el 26 y 27 de septiembre.

La funcionaria sostuvo que en las 385 declaraciones ministeriales y los 85 tomos que integran las indagatorias no hemos obtenido un solo elemento que indique ese vínculo.

Por su parte, el titular de la CNS, Monte Alejandro Rubido, afirmó que en la búsqueda de los estudiantes normalistas no ha quedado un solo señalamiento sin ser atendido y que la mayoría de las acciones se han desarrollado de manera conjunta con los representantes de los padres de familia.

Nuestra tarea de búsqueda de los muchachos se hizo con apego a un plan adecuado a cabalidad con lo recomendado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, en una gran vinculación con los padres, alumnos, asesores jurídicos y organizaciones defensoras de derechos humanos, dijo.

Rubido García expuso ante los legisladores que en las tareas de búsqueda han participado hasta mil 100 elementos de la Gendarmería y se han efectuado 2 mil 720 patrullajes y 456 inspecciones. Hemos entrado a minas, recorrido brechas, subido cerros y en uno de éstos se movilizó a 2 mil elementos de fuerzas federales, con pernocta de tres días, por versiones de los padres de que ahí podrían estar los muchachos, señaló.

De acuerdo con el comisionado, el gobierno federal no ha escatimado ningún esfuerzo en la búsqueda de los normalistas. El secretario de Gobernación nos instruyó presentar a los padres y asesores el equipamiento de la Policía Federal. Llevamos helicópteros, aviones no tripulados, equipos de detección térmica, bomberos, binomios equinos y caninos.


Ref: 2015, elektron 15 (23) 1-8, 23 enero 2015, FTE de México.

Marcha en Chilpancingo, Guerrero. FOTO: www.cubadebate.cu

Protesta en Tecoanapa, Guerrero. FOTO: S. Ocampo