Más de cien días después, la PGR no tiene pruebas para acusar a Abarca y esposa, actualmente encarcelados por los sucesos de Iguala. Tampoco tiene elementos que involucren al ejército, dice. Los normalistas plantean que buscarán a sus compañeros en los cuarteles militares. En el 27 batallón de infantería, en Iguala, los militares se enfrentan con estudiantes y padres de familia, a quienes reprimen y amenazan. Maestros se manifiestan en otras sedes militares. La Sedena da otra versión, dice que respetó los derechos humanos. Investigadores universitarios insisten en que la incineración en Cocula es improbable. El general Francisco Gallardo afirma que el ejército sí tiene crematorios. Para la PGR quedaron agotadas todas las líneas de investigación. Se sigue encubriendo al ejército y Policía Federal con reiteradas negativas a investigar a estas instancias.

Para la Procuraduría General de la República (PGR) el razonamiento es lineal y fuera de lógica, sus dichos los considera veredictos no sujetos a verificación. Eso es peor que dogma, es fanatismo dictatorial. No debe extrañar pues, ese aparato de coerción que muchos todavía consideran “procuraduría de justicia”, es un pilar del Estado encargado de administrar la violencia contra el pueblo.

El accionar de la PGR es por demás cuestionable e inaceptable. Más de tres meses han pasado, desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y no sabe qué pasó ni porqué. Pero ha impuesto, vía la televisión, la versión inverosímil de que los normalistas desaparecidos fueron asesinados, calcinados e incinerados en un basurero de pueblo.

Investigadores universitarios, con base en un razonamiento técnico elemental, han demostrado que esa versión es falsa. En la versión de la PGR es imposible alcanzar las temperaturas necesarias para incinerar a un solo cuerpo, la cantidad de leña y/o llantas necesaria para producir el calor necesario sería excesiva y la orografía accidentada del lugar impide que no hubiese ninguna huella de nada.

El gobierno de Peña Nieto esta “vendiendo” la versión de un crimen perfecto, del que nadie sabe quién fue ni para qué. Ha dicho que fue el crimen organizado pero no ha realizado ninguna detención relevante, se ha guiado por los dichos de algunos detenidos a los que cree a ciegas para apoyar su versión, sin tener el cuidado de comprobarla.

Hay dos consideraciones por hacer. Una, de carácter jurídico. Más de cien días después, habiendo detenido a José Luís Abarca, ex-alcalde de Iguala, y a su esposa, es la hora que la PGR NO los ha acusado de la desaparición y asesinato de los normalistas. ¿Por qué? Porque no tiene pruebas de que los Abarca ordenaran la desaparición forzada y ejecución de los 43. Sí están ambos sujetos al auto de formal prisión pero no hay todavía acusación, apenas presunción de su probable responsabilidad. Eso sí, han servido para descargar las culpas de gobierno en la televisión y de allí no salen.

La otra consideración es de carácter técnico. La PGR y el ejército tienen peritos forenses, este último tiene ingenieros (de construcción y de telecomunicaciones) y médicos militares, así como una Universidad y una Escuela de Medicina. ¿No hay nadie que sepa un poco de física general, de química, de termodinámica, de materiales, de medicina forense o de genética? Sí los hay. Entonces, ¿por qué no han desmentido la hipótesis de Montemayor-Ugalde? Ayer, el secretario de gobernación reitero que el ejército es ajeno y que se le acusa sin fundamento pero, hasta ahora solo hay dichos, el gobierno no presenta pruebas.

La secretaría de la defensa nacional (Sedena) ha dicho que no posee crematorios pero hay constancias de que a sus derechohabientes les ofrece los servicios de cremación, por sí o mediante el ISSSTE. El general Francisco Gallardo, conocedor de esa institución, ha hecho afirmaciones contundentes señalando que el ejército sí tiene crematorios. ¿Cual ha sido la respuesta? El silencio.

No nada más, también hay represión. En Iguala, los soldados del 27 batallón y policía militar se enfrentaron a los padres de familia y estudiantes, utilizaron gases lacrimógenos e hicieron amenazas temerarias. La Sedena dijo que no había habido tal, todo fue conforme al derecho y el “respeto de los derechos humanos”. Vaya demagogia y flagrante mentira. Es demagogia porque se trata de ornato para el discurso, el gobierno inventa modas y todas sus instancias las repiten. Todos los funcionarios hablan de “respeto a los derechos humanos”, “coordinación”, “estamos coordinados”, “estado de derecho” y otras baratijas. Es mentira porque nada de eso va con los militares. Aquí y en China, ese es un “Estado” dentro de otro Estado, que no está sujeto a leyes y no las respeta. Entonces, ¿a quién creerle? En este caso a los periodistas, a los reporteros y fotógrafos de a pie, no a los zalameros del poder.

Ayer la PGR dijo que las instalaciones militares están abiertas. Por la tarde, Osorio Chong dijo que se invitaría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y padres de familia a visitar el cuartel de Iguala. Eso es muy poco, además no garantiza ninguna investigación seria pues muy fácilmente puede montarse una escenografía diversa.

Esa hipocresía llega hasta Obama o a la Comunidad Europea. El primero se ha dicho preocupado y atento pero jamás investigará a Peña Nieto ni a sus asesores que son miembros de la CIA norteamericana. En el segundo caso, en primera fila marcharon varios políticos, horrorizados por el “terrorismo” de extremistas islámicos, tomando de pretexto el inefable caso para desatar la persecución contra los musulmanes e inmigrantes en general. Para no abundar, del brazo de los “líderes” marchó Benjamín Netanyahu, genocida israelí que ha matado miles de palestinos. ¿Qué acto grotesco es ese, esa es su democracia, su libertad de expresión? ¡Basura!

Así con Peña Nieto. Para él y su gobierno el caso Ayotzinapa está cerrado. Los 43 casos se archivarán en la impunidad igual que los miles que han ocurrido, y siguen ocurriendo, en los últimos años. Cree el gobierno que “con dar carpetazo” al expediente todo se olvidó. ¿A qué está confiado el gobierno? A torcer los resultados de la Universidad de Innsbruck, Austria, adonde fueron enviados los supuestos restos “inexistentes” de los 43. Si el reporte indicara que no son, ¿qué dirá el gobierno? y, si indica que sí, ¿qué confiabilidad hay de que correspondan a los restos encontrados en Cocula?

El hecho es que el caso es de horror. Los padres de familia y normalistas han hecho un gran esfuerzo. Lo van a seguir haciendo. Pero no pueden hacer mucho más. De entrada hay una contradicción con los intereses inmediatos, por eso la búsqueda de negociación con el gobierno “para no perder el semestre” y el apoyo con recursos para la Normal de Ayotzinapa. Eso es evidente, los normalistas requieren seguir estudiando.

La protesta es más que justificada, las acciones realizadas son loables, pero falta lo principal. Necesitamos construir organización social, a todos los niveles y en todos los lugares. Eso no lo pueden hacer solos los padres de familia y estudiantes, ni siquiera las ONG´s y activistas. Lo que estos hagan está muy bien pero el asunto es más serio, no es de activistas sino de militantes. El problema es que los sectores fundamentales, como el obrero, siguen ausentes. Esa no es responsabilidad de los padres ni de los estudiantes pero cuenta mucho y es lamentable.

Finalmente, es importante considerar que la política es una cuestión de relación de fuerzas. Si se tiene con qué se puede entrar en cualquier enfrentamiento. Si no es el caso, hay que pensarlo dos veces. Esta no es cuestión de “entrarle por el gusto de hacerlo”, implica una gran responsabilidad por sus consecuencias políticas, incluso inmediatas. En cualquier caso, hay que cuidad dentro del movimiento el futuro de este. Las líneas de decisión rápida no son viables más que para el propio Estado. Con el gobierno y el ejército, cero confianza porque son traicioneros.

Lo anterior puede corroborarse con la información de cierta prensa, minoritaria pero significativa. En general, la prensa nacional sigue vendida al poder en turno.

La PGR no ha podido acreditar la responsabilidad de José Luís Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, en el delito de desaparición forzada, porque las pruebas que posee no confirman que ellos ordenaran a policías la detención y pidieran a los narcotraficantes la presunta ejecución y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, revelaron colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam (Castillo G., en La Jornada, p.12, 8 enero 2015).

Los funcionarios entrevistados señalaron que aunque las indagatorias se han concentrado de manera directa en la oficina del titular de la PGR y que a pesar de que se han establecido mesas de trabajo con agentes del Ministerio Público Federal para analizar los avances y resultados de las investigaciones, por ejemplo, las indagatorias no han logrado precisar el número de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos que acudieron a la movilización del 26 de septiembre del año pasado al municipio de Iguala y que fueron atacados por policías municipales de ese ayuntamiento y de la comunidad de Cocula.

Las investigaciones han dado como resultado la detención de 80 personas, entre ellas el ex alcalde de Iguala José Luís Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quien estaba al frente del DIF de ese ayuntamiento, y entre las pruebas recabadas por la PGR se encuentra una grabación obtenida de la frecuencia policial de Iguala la noche del 26 de septiembre, en la cual se escucha la voz del ex alcalde ordenando a los agentes a su mando que detuvieran “como fuera” a los normalistas.

Esa orden; sin embargo, indicaron las fuentes consultadas, no significa en términos legales que haya ordenado la ejecución, por esa razón, explicaron, se trató de convencer a Pineda Villa que aportara más elementos respecto de lo ocurrido esa noche y al día siguiente con ella y su esposo..

Según las indagatorias, la PGR ha señalado que Pineda Villa y su esposo fueron los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas, pero en su indagatoria aún falta que se acredite por qué no sólo fueron detenidos como lo ordenó el ex alcalde, sino agredidos a tiros y posteriormente entregados a los miembros de Guerreros Unidos.

Explicaron los funcionarios que la indagatoria por desaparición forzada aún carece de elementos, como quién y en qué momento ordenó que los policías dispararan contra los estudiantes, en qué momento el alcalde y su esposa acordaron con el jefe de la policía de Iguala y los líderes de Guerreros Unidos que se les asesinara. Los testimonios obtenidos solamente indican que El Gil (quien no ha sido detenido) pidió autorización al presunto líder máximo del grupo, Sidronio Casarrubias, haciéndole creer que los normalistas pertenecían a otro grupo criminal, a pesar de que algunos participantes han dicho que las víctimas les decían que eran estudiantes.

Asimismo, la indagatoria no ha precisado, indicaron las fuentes, si todos los normalistas desaparecidos fueron llevados a la zona del basurero de Cocula.

En la averiguación previa por la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, la PGR no ha recibido ningún testimonio acerca de que policías federales o militares participaron en los hechos ocurridos los pasados 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, señalaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional (Castillo G., en La Jornada, p.5, 9 enero 2015).

En varias ocasiones, particularmente en diciembre pasado, familiares de los normalistas pidieron de manera directa al procurador Jesús Murillo Karam que la institución a su cargo abriera una línea de investigación para revisar la actuación de militares y policías federales cuando desaparecieron los estudiantes.

El 15 de diciembre, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, dijo en conferencia de prensa que durante su encuentro con el titular de la PGR y el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, solicitaron que se “abriera una línea directa de investigación” sobre los elementos del 27 batallón de infantería.

En tanto, los funcionarios consultados explicaron que los tomos de la averiguación previa y los documentos donde se tienen las constancias de las declaraciones y testimonios obtenidos han sido revisados por representantes y familiares de los normalistas desaparecidos sin que se presentara ninguna observación respecto del involucramiento de militares o agentes federales.

Asimismo, las fuentes consultadas de la PGR y de la Secretaría de Gobernación señalaron que se ha trabajado con un grupo de coadyuvantes en la indagatoria y no se han obtenido testimonios que indiquen la participación de autoridades federales en esos hechos.

Refirieron que la indagatoria de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) ha acumulado testimonios de presuntos responsables y participantes en la detención de los jóvenes estudiantes, así como de normalistas que lograron escapar de las agresiones de los policías de Iguala, sin que ninguno haya realizado señalamientos que no sean contra los agentes de ese ayuntamiento.

Sin embargo, públicamente los familiares y representantes de los estudiantes han exigido que se investigue a militares y agentes federales, de tal manera que han pedido que se revisen las instalaciones del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala.

Los funcionarios entrevistados refirieron que la PGR, además de atender las peticiones de información que han realizado los abogados, representantes o directamente los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, ha llevado a cabo reuniones en las cuales se ha dado acceso a toda la averiguación previa con la finalidad de que se formulen observaciones o se solicite la profundización de alguna línea de investigación.

Enfrentamiento de militares y civiles en Iguala, Guerrero.
FOTO: J.L. Hernández / Cuartoscuro

La búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos debe realizarse en los cuarteles militares, ya que “el Ejército tiene corresponsabilidad”, señalaron estudiantes de Guerrero y Oaxaca (Ocampo S., Manzo D., en La Jornada, p.7, 9 enero 2015).

En Ixtepec, Oaxaca, alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) solicitaron ingresar a las instalaciones de la 46 Zona Militar.

En Chilpancingo, normalistas de Ayotzinapa tomaron la radio Capital Máxima para exigir al gobierno federal que les permita entrar a los cuarteles para conocer el destino de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre pasado.

En un mensaje dirigido a los radioescuchas, uno de los normalistas expresó: “es evidente que el Ejército tiene culpabilidad, y que la Policía Federal tuvo participación; por eso se tiene que abrir una línea de investigación en contra de estas instituciones”.

Advirtió que no permitirán tampoco “otro 12 de diciembre (de 2011, cuando fueron asesinados dos alumnos más), porque no hay un solo encarcelado o culpable, y los autores materiales e intelectuales siguen libres”.

Dijo que la exigencia es que “se tiene que buscar en los cuarteles militares, y si es necesario abrirlos, se va a hacer; se van a tomar las acciones necesarias.

“Los 43 compañeros tienen que aparecer con vida, y este movimiento no va a parar hasta que los regresen a su Normal de Ayotzinapa y con sus familias.”

En la mañana, integrantes del Frente Único de Normales Públicas del Estado (Funpeg) retuvieron dos camionetas repartidoras y les quitaron productos como leche y fritangas. Los vehículos, a los que se destrozó el medallón y los cristales laterales, fueron abandonados en el estacionamiento de las instalaciones del área administrativa de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG). Se desconoce adónde fue llevada la mercancía.

En Ixtepec, Oaxaca, el Comité de Solidaridad con Ayotzinapa arrancó con la primera fase de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos.

En esta primera etapa marcharon de las instalaciones de la UPN con sede en Ixtepec hasta las instalaciones de la 46 Zona Militar, donde se manifestaron y entregaron un documento para solicitar la entrada al cuartel.

Representantes del comité, que integran colectivos, normalistas y estudiantes de nivel medio y superior, portaron mantas y lonas con los rostros de los 43 estudiantes. Manifestaron que esta jornada de búsqueda es en atención al llamado de los padres de los estudiantes de Guerrero.

Esta jornada de búsqueda ha comenzado como primer punto en el cuartel militar de ciudad Ixtepec y concluirá el próximo viernes 16 en la ciudad de Juchitán. Se visitará la zona naval, la subprocuraduría, reclusorios y todos los espacios que sirven de cárcel en la región del Istmo.

Óscar de Lima Santiago, uno de los organizadores de esta jornada de búsqueda e integrante del Colectivo Vientos de Cambio AC, manifestó que la jornada de búsqueda es porque consideran que la desaparición de los normalistas es una tragedia social.

De acuerdo con la guía para el trámite de beneficios de la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam), el Ejército sí cuenta con crematorios (Martínez S., en La Jornada, p.7, 11 enero 2015).

El pasado 7 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió una carta a El Correo Ilustrado de La Jornada, por conducto de su director general de Comunicación Social, el general brigadier Martín Terrones Calvario, para precisar que “ninguna instalación militar del país cuenta con crematorios”, según señalaron los investigadores Jorge Antonio Montemayor Aldrete y Pablo Ugalde Vélez, sobre su hipótesis de que los 43 normalistas de Ayotzinapa pudieron haber sido incinerados en instalaciones militares.

Sin embargo, la propia información proporcionada por la Sedena en sus páginas de Internet señala lo contrario, y ofrece servicios de “incineración” a sus empleados. http://www.henm8893.com/armada/prestaciones/guia_prestaciones.pdf

Además, existe un convenio entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) e Issfam, para ofrecer sus servicios funerarios a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas en activo o retiro, pensionistas y derechohabientes en el territorio nacional. La información relativa a los servicios funerarios, incluidos sus crematorios está en http://www.todopormexico.org/t13783-convenio-issste-e-issfam

El Departamento de Servicios Funerarios del Issfam señala en la página 27 de su guía de trámites que tienen los servicios de incineración: “En el Cementerio Militar de Tlalpan, DF, y velatorio de Puebla: orientación y gestión de trámites, servicio de velación, cremación, únicamente en Puebla, traslado de cuerpo y transporte de dolientes, así como venta de gavetas y nichos, con la cuota mínima por concepto de mantenimiento”.

Esto demuestra, según el doctor Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que su hipótesis va por buen camino. “No puede ser que personas que no pertenecemos a la Sedena tengamos más información. La ciencia no nos deja mentir. Nuestras hipótesis se confirman con datos experimentales”, dice en entrevista con La Jornada.

Añade: “Desafortunadamente no existe otra posibilidad que este tipo de crematorios. Si las autoridades hubieran dicho que los jóvenes fueron enterrados en el desierto y se encontraron sus huesos, sería otro el camino. Pero en cuanto dijeron que fueron incinerados en el basurero de Cocula, de acuerdo con las leyes de la física, química y ciencia en general, es imposible que fueran cremados allí, ni con madera ni con llantas. Ya lo demostramos. Por tanto, tienen que haber sido incinerados en un crematorio. ¿Y quién tiene posibilidad de tenerlos para usarlos de manera discreta? Sólo el Estado”.

El convenio entre el Ejército y el Issste para utilizar sus crematorios contempla otra posibilidad, según el doctor Montemayor Aldrete: “Esto abre otra línea de investigación, porque ahora tenemos que buscar también en los crematorios del Issste, institución que permite que en sus crematorios incineren cadáveres de personas relacionadas a la vida militar, ya sea militares o parientes”.

El investigador se muestra interesado por el desarrollo de esta nueva “variante” de investigación. “Es buscar el uso de crematorios en toda esa zona, privados, del gobierno, como el del Issste, y crematorios militares. Simplemente, lo mismo que hemos propuesto, que la Sedena informe sobre sus consumos de gas, del ingreso de los cadáveres, éste tiene que tener una serie de papeles, como actas de defunción, razón de la muerte, fotos, permisos... Vamos a ver cuántos cadáveres cremó el Issste en tales fechas. Y luego pediremos los expedientes de cada una de esas cremaciones”.

A quien también es maestro de termodinámica en la UNAM le llama la atención que la Sedena niegue la existencia de los crematorios: “No entiendo. El propio Ejército proporciona servicios de cremación y eso está en una ley reglamentaria vigente. Da la impresión de que quisieran tapar algo. Es igual que la conducta del procurador Murillo Karam a quien ya se le demostró científicamente que no pudo haber sido la cremación en el basurero de Cocula, no entendemos por qué insiste si es imposible”.

El general José Francisco Gallardo Rodríguez afirma, en entrevista con La Jornada, que conoce perfectamente las instalaciones militares y puede afirmar de manera categórica que el Ejército sí tiene crematorios.

“Yo vi uno a espaldas de la cocina de la prisión del Campo Militar Número Uno. La chimenea del horno crematorio está simulada con otra de la cocina”.

El general Gallardo fue preso político durante nueve años, de 1993 al 7 de febrero de 2002, por exigir la creación de un ombudsman militar: “En una ocasión me recargué en la pared y se sumió, le quité el tapiz y allí estaban los hornos crematorios, como los que se ven en Auschwitz”, dice en relación con el campo de extermino construido por el régimen nazi.

Añade: “Yo lo vi, lo toqué, metí la mano en el horno, de hecho eran dos. El Ejército no puede decir que no tiene hornos crematorios, claro que los tiene. Varios. Yo voy y les digo donde. Como de que no. Dudo que lo hayan quitado. De hecho, hice un informe dirigido al director pidiendo que se destruyeran los crematorios, porque a mí a cada rato me amenazaban con eso. El director me confesó que desconocía que existieran. A veces ni el alto mando sabe, pero allí están”.

El general Gallardo muestra un documento donde dice que esa prisión del Campo Militar Número Uno se creó para encarcelar a la disidencia: “Ese documento me lo encontré en la biblioteca de la prisión, donde me mandaban castigado. ¡Hágame el favor! De hecho se sabía que en ese crematorio incineraron a personas de la matanza estudiantil del 68”.

Gallardo Rodríguez es un disidente del Ejército aún perseguido, amenazado de muerte, pero convertido en símbolo de la defensa de los derechos humanos, actividad que le ha generado consecuencias en su vida personal y profesional por enfrentarse al gran poder del Ejército.

“La Secretaría de la Defensa Nacional siempre lo negará, aunque exista evidencia. Pero claro que tiene crematorios. También niegan tener prisiones con civiles, pero yo estuve preso nueve años y vi gente encarcelada. Es más, les digo dónde están esas prisiones y hornos clandestinos. En el Campo Militar Número Uno hay sótanos con gente presa. A mí me metieron en uno, desnudo, y había civiles. Vi cables, botes de agua, todo lo que usan para la tortura. Pensé que me iban a matar”.

Según su experiencia, en los cuarteles militares ubicados en el estado de Guerrero hay prisiones clandestinas con personas consideradas por el Estado como disidentes: “De hecho han exhumado restos de algunos cuarteles en Guerrero”. El expediente del general Gallardo ha sido atendido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otras organizaciones que han emitido recomendaciones que el Estado mexicano se ha negado a atender debidamente para restituirle sus derechos, retirados de manera ilegal hace 20 años.

Considera que el Ejército no se abrirá para la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: “¿Quién puede hacer semejante desaparición? Todo apunta hacia el Ejército. El primer día de los hechos de Iguala yo dije: fue el Ejército. Son los únicos responsables porque tienen militarizado todo el Estado. ¿Quién es el máximo responsable? El comandante supremo de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto”.

Su hipótesis del “exterminio” de los normalistas de Ayotzinapa es clara: “El gobierno tiene catalogadas las normales rurales como focos de disidencia. Es un crimen de lesa humanidad, porque es el exterminio de un grupo específico de población como el de Ayotzinapa. Aquí se tutela un manto de impunidad que ha permitido estos crímenes. Es necesario que el Ejército se someta al poder civil del Estado, pero mientras no haya una reforma del Ejército esto no se va a solucionar. Así que tendrán que intervenir los organismos internacionales para investigar este crimen, el Ejército no lo va a permitir”.

Y concluye: “México es una sociedad militarizada hasta la médula”.

Elementos de las policías Militar y estatal se enfrentaron con decenas de padres de familia y normalistas de Ayotzinapa que pretendían ingresar a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, como parte de la búsqueda de los 42 estudiantes desaparecidos. La contienda dejó un saldo de seis lesionados (Ocampo S., en La Jornada, p.4, 13 enero 2015).

Cerca de las 13 horas de ayer, los contingentes de padres y alumnos de Ayotzinapa llegaron en cuatro camiones a la sede del 27 Batallón de Infantería, en cuyo acceso había una valla de alambre de púas que les impedía el paso. Pidieron ingresar al cuartel, pero les fue negado el acceso.

Minutos más tarde, el señor Melitón “N”, padre de uno de los desaparecidos, megáfono en mano, señaló que deseaba “informar a los militares que el 26 y 27 de septiembre ellos también fueron cómplices de estos hechos violentos ocurridos en Iguala.

“Hoy les venimos a exigir que nos entreguen a nuestros hijos, porque ellos saben dónde los tienen; ellos se los llevaron, cuando su función es cuidar a los ciudadanos de este país. Ellos están criminalizando la lucha social y estudiantil, y sus armas las utilizan para asesinar a las personas.

“Hoy le decimos a estos militares cobardes y asesinos que no sirven para otra cosa, sino para matar a los estudiantes, pero no para enfrentar a la delincuencia organizada, a la que le temen”.

Enseguida, los paterfamilias se juntaron e intentaron echar abajo la valla de alambre de púas, pero no pudieron; entonces, los estudiantes retuvieron un tráiler de la empresa Coca-Cola y lo utilizaron para derribar el lado derecho de la puerta.

Los contingentes avanzaron unos 20 metros dentro de las instalaciones del batallón, cuando se les plantaron unos 300 elementos de la Policía Militar, apoyados por agentes estatales, que les impidieron el paso. Minutos después llegaron refuerzos.

Cuando los padres de los normalistas gritaban: “¡Regrésennos a nuestros hijos!”, los soldados les lanzaron gases lacrimógenos y polvo de extintores. Varias madres de los estudiantes fueron empujadas por policías militares.

Se inició entonces un enfrentamiento dentro de la base militar. Los policías antimotines corrían de un lado a otro; lanzaban las piedras que momentos antes les habían arrojado los normalistas y los padres.

Los policías militares y estatales, que superaban en número a los manifestantes, desalojaron a éstos, quienes ya afuera del cuartel se reagruparon. Justo en esos momentos circulaba un camión de la empresa cervecera Corona, que los inconformes retuvieron y trasladaron a las puertas del 27 Batallón de Infantería.

Los estudiantes se apropiaron de decenas de cartones de cerveza vacíos y utilizaron los envases como proyectiles contra efectivos castrenses y agentes estatales. En varias ocasiones se escuchó la detonación de cohetones.

Mario González, padre de uno de los normalistas desaparecidos, resultó lesionado en un costado de la nariz por una pedrada.

“Así nos recibieron estos hijos de la chingada. Sólo pedimos que nos dejaran entrar al cuartel para buscar a nuestros hijos, y vea lo que gané”, aseveró.

También quedaron lesionados en la cabeza por pedradas, una madre, dos padres, dos estudiantes y un reportero de Telesur (cadena televisiva de Venezuela). Muchos de los normalistas también recibieron pedradas en otras partes del cuerpo, pero no requirieron hospitalización.

María Inés Abraján, quien permaneció retenida por más de una hora en la base militar, denunció que los soldados la amenazaron. “Me dijeron que no me iban a dejar salir, que gente que llega aquí ya no se sale, y que me iban a hacer una investigación. ‘Cómo de que no’, les dije, pero ellos me querían detener”. Junto a ella fue retenido y también liberado el chofer del periodista de Telesur.

La trifulca duró unos 50 minutos, de las 13:10 a las 14 horas aproximadamente. Veinte minutos después llegaron refuerzos de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), pero junto con los estudiantes y padres de familia decidieron retirarse. Un helicóptero de la Marina sobrevoló la zona durante más de una hora.

En Acapulco, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense, la Ceteg, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota se manifestaron frente a las instalaciones de la octava Región Naval Militar, donde gritaron consignas e hicieron pintas.

(Con información de Héctor Briseño).

Maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron frente a campos militares ubicados en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Veracruz y Morelos para exigir la presentación con vida de los 42 normalistas desaparecidos en Guerrero (Pérez J.A., Manzo D., Henríquez E., Gómez E., Valadez A., Morelos R., y La Jornada Michoacán, en La Jornada, p.5, 13 enero 2015).

En cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea Nacional Popular (ANP), profesores de la sección 22 de la CNTE se apostaron en la sede de la 28 Zona Militar, ubicada en el municipio de Santa Lucía del Camino, conurbado a la ciudad de Oaxaca, mientras docentes de la región de la Mixteca y alumnos de la Normal Experimental de Huajuapan de León realizaron la toma simbólica de la 23 Compañía de Infantería.

En la región del Istmo de Tehuantepec, miembros del Comité de Solidaridad con Ayotzinapa visitaron las oficinas de la PGR en el puerto de Salina Cruz, donde se les permitió el acceso a cuarteles y archivos de la dependencia.

Luego se trasladaron a las instalaciones de la Marina, donde no se les permitió ingresar, por lo que sólo entregaron un documento.

En Xalapa, Veracruz, integrantes de la CNTE protestaron afuera del campo militar 26 El Lencero. En Morelia, Michoacán, docentes se manifestaron frente a la 21 Zona Militar.

Asimismo, cientos de profesores y activistas efectuaron movilizaciones semejantes en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en Cuernavaca, Morelos.

Integrantes del Congreso Popular, Social y Ciudadano del Distrito Federal realizaron un mitin frente al cuartel de Guardias Presidenciales, en calzada de Tlalpan, para exigir la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos (Arellano C., en La Jornada, p.6, 13 enero 2015).

“¡Ya basta de encubrir a funcionarios asesinos!” “Peña, ¿dónde está la justicia?” “¡Todos somos Ayotzinapa!” y “Ya todo el mundo sabe que fue el Estado”, fueron algunas demandas mostradas en las pancartas que llevaban los asistentes.

Durante casi dos horas gritaron consignas y responsabilizaron a las fuerzas castrenses de participar el día de los hechos.

“El Ejército debe tener información no sólo de lo que ocurrió el 26 y el 27 de septiembre del año pasado, sino que debe contar con más averiguaciones de la situación que ocurrió en Iguala y del posible paradero de los normalistas. Si quiere tener reputación, debe limpiarse, transparentar la información y demostrar que no está aliado con la delincuencia organizada”, expresó Alfonso Arroyo, integrante de la organización social.

Los manifestantes entregaron una carta dirigida al general de brigada de arma Inocente Prado López, comandante de la corporación. En la misiva solicitan que se permita a una comisión entrar a dichas instalaciones para continuar con la búsqueda de los normalistas “secuestrados por las autoridades estatales y municipales”, pero no obtuvieron respuesta.

Civiles y militares se enfrentan en el 27 batallón de Iguala.
FOTO: J. L. De la Cruz / EFE

Esta semana podría darse la consignación del expediente por desaparición forzada contra José Luís Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, afirmó Vidulfo Rosales, asesor jurídico de las padres de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desparecidos desde el pasado 26 de septiembre (Castillo G., en La Jornada, p.3, 14 enero 2015).

Entrevistado al término de un encuentro con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; los comisionados nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, y general de la Policía Federal, Francisco Galindo Ceballos, Rosales aseguró que el gobierno federal analizará la petición de que se abran cuarteles e instalaciones castrenses para que puedan buscar a los normalistas desaparecidos, y que la PGR debe abrir una línea de investigación respecto de la presunta participación de militares en los hechos del pasado 26 de septiembre.

Durante el encuentro con los medios de comunicación dijo que respecto al ingreso de civiles a los cuarteles militares (luego de la confrontación ocurrida este lunes con efectivos en el 27 batallón de infantería), Osorio Chong les dijo que el gobierno federal analizará el tema, aunque no se comprometió a fijar una fecha para responder.

En tanto, el padre de uno de los estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz, señaló que la detención de 97 presuntos delincuentes por su presunta participación en el ataque y desaparición de los normalistas “es buena”, pero el gobierno “sigue teniendo resultados pobres en esta indagatoria, porque continúan sin indicios del paradero de los muchachos”.

Los familiares de los estudiantes y su asesor legal indicaron que mañana comenzarán en Ayotzinapa acciones para la búsqueda ciudadana de los jóvenes en plazas, casas y colonias, y que ésta se realizará sin el apoyo de las autoridades, ya que sus trabajos han sido infructuosos y esto se hará con todos los ciudadanos que quieran apoyar.

De la Cruz indicó que los funcionarios federales no reclamaron lo ocurrido en la sede del 27 batallón de infantería en Iguala, “porque saben que en parte tuvieron culpa de lo que sucedió; ellos nos atacaron. Y no vamos a desistir en nuestras acciones hasta que se abran las puertas de los campos militares para buscar a los muchachos”.

Reveló que algunos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya participan en la revisión del expediente que integra la PGR.

La posibilidad de que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde septiembre, hayan sido cremados en el basurero de Cocula, como sostiene la principal hipótesis de la Procuraduría General de la República (PGR), “es nula” (Olivares E., en L Jornada, p.4, 14 enero 2015).

A esta conclusión llegaron Jorge Antonio Montemayor Aldrete, doctor en ciencias físicas e integrante del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Pablo Ugalde Vélez, maestro en ciencia de materiales e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-Azcapotzalco), en un análisis basado en criterios científicos que realizaron para confrontar la versión del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, el 7 de noviembre pasado.

Montemayor Aldrete ofreció una conferencia en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, por invitación del colegio académico de esa entidad (que contará con una versión completa del análisis), durante la cual mostró fotografías de la barranca donde habrían quemado los cuerpos –publicadas por varios medios de comunicación en noviembre– en las que se observa un espacio con gran vegetación.

Recordó que, de acuerdo con la hipótesis de PGR, la hoguera habría alcanzado una temperatura hasta de mil 600 grados centígrados y se habría realizado el 27 de septiembre. “En menos de dos meses en ese terreno no puede crecer nueva vegetación y tendría que estar dañado por el nivel de calor que en teoría se alcanzó”.

Otro elemento del análisis científico –elaborado a partir de varias teorías, como las leyes de la termodinámica o de la conservación de la materia– es que, debido a que se trata de una barranca, los criminales tuvieron que bajar arrastrando los cuerpos de los normalistas –la versión oficial señala que algunos ya iban muertos–, por lo cual habrían quedado sobre el terreno restos de ADN, como sangre, cabellos o hasta piel, pues pudieron chocar con rocas o sufrido raspones.

“Si los mataron ahí, debe haber sangre infiltrada en el suelo. Para eliminar esa evidencia debieron usar una excavadora que levantara entre tres y cuatro metros de tierra. Esas son huellas de ADN y no era necesario enviar los restos que según encontraron a Austria para su identificación: bastaría con hacer un análisis del terreno”.

Montemayor Aldrete –experto en el trabajo de propiedades mecánicas de materiales, quien ha sido asesor técnico en peritajes de la propia PGR, el Poder Judicial, y recientemente apoyó las investigaciones para conocer las causas del accidente que sufrió un grupo de jóvenes universitarios en la carretera México-Toluca– reiteró que para incinerar los 43 cuerpos se necesitarían 33 toneladas de leña de al menos cuatro pulgadas de diámetro o 995 neumáticos, y éstos no pudieron ser colocados uno sobre otro, sino extenderse en todo el terreno, para lo cual se hubiesen necesitado 540 metros cuadrados, un espacio 10 veces más grande que el señalado.

Agregó que si fueran leños, se requeriría de dos tráileres para transportarlos y de un pedido especial para comprar ese lote. De haberse usado llantas, dijo, en el lugar debieron quedar toneladas de restos de alambre de acero al carbón, que representa casi 30 por ciento de los elementos con los que se fabrica un neumático estándar, y si ese metal se hubiese fundido, debieron aparecer rastros de los charcos porque al disminuir la temperatura volvería a ser material sólido.

Dijo que por medio de diversos mediadores tanto él como su colega Ugalde Vélez han ofrecido apoyo como peritos técnicos a los padres de los normalistas y están a la espera de su respuesta.

Integrantes de la Ceteg clausuraron tres oficinas alternas del ayuntamiento de Chilpancingo y apedrearon la camioneta del diputado local priísta Omar Jalil Flores para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos (Ocampo S., Boffil L.A., Manzo D., Valadez A., en La Jornada, p.5, 14 enero 2015).

Antes del mediodía tomaron las oficinas provisionales instaladas en tránsito municipal y obligaron al personal a otorgar licencias de manejo sin costo a los automovilistas, así como a exentar de pago de multas e infracciones a ciudadanos. También “rescataron” una camioneta de la Ceteg que fue trasladada al corralón porque se estacionó en zona prohibida.

Continuaron las manifestaciones frente a instalaciones militares en demanda de que se permita buscar a los estudiantes desaparecidos.

Unos 300 alumnos de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo, de Ixtepec, Oaxaca, marcharon al cuartel de la 46 Zona Militar, en cuyo acceso principal colocaron mantas y realizaron un mitin para repudiar la “represión” que sus compañeros de Ayotzinapa y padres de los desaparecidos sufrieron el lunes en el cuartel militar de Iguala.

Antes, bloquearon durante tres horas la entrada principal de la ciudad e impidieron el ingreso de automovilistas y transportistas en protesta por la violación a “la libertad de expresión y manifestación” de sus compañeros, dijo Ricardo Santiago, vocero de la Normal Urbana.

En Yucatán, unas 200 personas se manifestaron en las zonas militares 10, de Mérida, y otras cien en la 32, de Valladolid. Antes marcharon un kilómetro.

Procedentes de escuelas normales de los estados de México, Guerrero, Michoacán y el sur de Zacatecas, más de 400 estudiantes arribaron a la capital de esta última entidad en 20 autobuses para recordar que en diciembre de 1999, en una visita del entonces presidente Ernesto Zedillo, decenas de sus compañeros fueron reprimidos por integrantes del Estado Mayor Presidencial y policías del gobierno local.

Un día después de haber sido amedrentados a balazos por policías federales en la caseta de peaje Osiri, de la autopista Zacatecas-Aguascalientes, los normalistas realizaron un mitin en la plaza Bicentenario para recordar que “la represión del Estado contra los estudiantes sigue vigente”.

La Sedena aseguró, en relación con los hechos del lunes en el 27 batallón de infantería en Iguala, Guerrero, que “la Policía Militar, que tiene la responsabilidad de resguardar la seguridad de las instalaciones castrenses, utilizó escudos antimotines con el único propósito de detener el avance de los agresores” (en La Jornada, p.5, 14 enero 2105).

En un comunicado, subrayó que la Policía Militar actuó “conforme a los protocolos establecidos en el Manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad y estricto respeto a los derechos humanos”.

Apuntó que “el personal militar no utilizó gases lacrimógenos para repeler a los manifestantes” y que la Sedena “ratifica su pleno respeto a la libertad de reunión, asociación y manifestación de las ideas, al tiempo que condena enérgicamente hechos violentos como los suscitados el lunes 12 de enero”.

El gobierno federal abrirá las puertas de las instalaciones militares para que grupos civiles ingresen a buscar a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa (Castillo G., en La Jornada en internet, 14 enero 2015).

Las autoridades permitirán el acceso de manera “ordenada y con respeto”, ya que, indicó la PGR, esto es en respuesta a una “petición adicional de parte de los familiares de los estudiantes normalistas para asistir a los cuarteles militares del Ejército Mexicano”.


Ref: 2015, elektron 15 (15) 1-12, 15 enero 2015, FTE de México.

Policía militar interviene en enfrentamiento con civiles en Iguala.
FOTO: Reuters