Consecuencia de la reforma energética de Peña Nieto, que desnacionalizó a la industria petrolera para privatizarla, saldrán los primeros 10 mil trabajadores de Pemex. Serán los sujetos al contratismo y subcontratismo (outsourcing). Luego, vendrán “ajustes” al CCT. Podrá haber libre contratación, el sindicato ya no tendrá la exclusividad ni habrá bilateralidad. El régimen de pensiones y jubilaciones será modificado. Los charros del STPRM aceptarán lo que la empresa pida. Muchos trabajadores serán afectados, más si continúan en la inacción absoluta, desclasados y al margen del acontecer nacional y mundial.

Romero Deschamps y Peña Nieto, destructores de la industria petrolera nacionalizada

Varios factores se conjugan. Uno, la reforma energética privatizadora y la supuesta productividad, competencia y eficiencia. El nuevo Pemex S.A. necesita “ajustes” y empieza con la supresión de trabajadores, afectando a los sectores más débiles. Dos, la drástica baja en los precios de petróleo crudo de exportación ha traído efectos adversos, por más que el gobierno lo niegue. Otra vez, los que pagan son los trabajadores. Tercero, la austeridad de qué habla el gobierno para justificarse es un mecanismo para, supuestamente, ahorrar echando a la calle a quienes producen.

Lozoya repite que “la principal fortaleza de Pemex son sus recursos humanos” y se dedica a patearlos. Peña y socios repiten que, con su reforma energética, habrá 2 millones de empleos y, por lo pronto, se dedican a despedir a miles. Hay evidente contradicción, demagogia y mentiras.

La medida es la misma que se ha aplicado en otras ocasiones y, la justificación es muy débil. Otra vez, los argumentos patronales son “los costos”. Pero, la fuerza de trabajo es lo que menos cuesta en los llamados costos de producción. Aun cuando hipotéticamente se prescindiera, absolutamente de todos los trabajadores, el “ahorro” no sería sustancial.

El gobierno no solamente “rescindirá el contrato” a los contratistas y subcontratistas, quienes no tienen contrato con Pemex, sino también a quienes están sujetos a la contratación colectiva de trabajo. Dirán que es para achicar la plantilla, que deben desarrollar sus capacidades y quedarse los mejores, que hay que competir y otras baratijas. Esto último no será inmediato pero ocurrirá, muchos trabajadores han envejecido y serán pasados a retiro, otros no realizan funciones esenciales. Antes de que salgan los de base, se harán “ajustes” al CCT, el régimen de pensiones será modificado regresivamente y las condiciones laborales serán otras.

Modernizar las relaciones laborales no sería problema si se procediera con honradez. Tales relaciones son susceptibles de mejorarse en cualquier momento, de hecho la vigencia del CCT es por dos años. El problema es que se revisen para perder conquistas previas. Estas no surgieron de la nada, cada cláusula tuvo sus razones. La revisión debe servir para adecuarse oportunamente a las transiciones y, generalmente, deben ser para mejorar.

Esto es así porque, por muy importantes que sean las condiciones vigentes, el precio en que se vende la fuerza de trabajo siempre es inferior a su valor. Solamente en materia salarial, hay tres relaciones distintas. Una es el salario nominal, otra el salario real y, una más, el salario relativo. Estas relaciones son muy diferentes y desiguales entre sí. Por ello es que existen las prestaciones sociales, para compensar un poco el deterioro salarial persistente.

Para el sector privado todo CCT es injusto e indebido. Para los trabajadores es a la inversa. Allí está el meollo del asunto. Con la nacionalización petrolera cambiaron las relaciones laborales, consecuencia del cambio en el régimen de propiedad, el cual, de ser privado pasó a ser nacional. Hoy, con la desnacionalización y privatización de Peña Nieto, la situación es al revés. Por lo mismo, se proponen reformas a las condiciones laborales, ahora para ajustarlas a un régimen privado, el de Pemex. S.A. a la que se llama oficialmente “del Estado”.

Esto era previsible, el FTE lo dijo reiteradamente con toda oportunidad y llamó a petroleras y electricistas a oponerse a la reforma energética de Peña Nieto. ¿Qué pasó? El silencio total, ni una palabra, ni una acción. Ahora, allí están las consecuencias, mismas que jamás se superarán sin lucha. Sin la presencia obrera, debidamente organizada, el gobierno y Estado seguirán haciendo atrocidades.

El charrismo sindical apoyó desde el primer momento al Estado y gobierno en turno. ¿Qué hará ahora? hacer lo que el gobierno quiera. Sin chistar aceptarán las mutilaciones al CCT y el despido de quienes decida la patronal. Para empezar ya no habrá jubilaciones a cargo de Pemex, todos los nuevos trabajadores deberán contratar su respectivo seguro y pagarlo.

La materia de trabajo, sustancialmente reducida desde antes, ahora lo será más. En las zonas marinas, donde se realiza la mayor exploración y producción de hidrocarburos, el trabajo lo harán las transnacionales, mismas que contratarán a su propio personal, sin CCT´s ni derechos de ningún tipo. En la petroquímica lo mismo. En la medida en que avance la privatización en las áreas del gas natural y refinación de petróleo, Pemex prescindirá de trabajadores. Aquellos que participan del transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, así como de su comercialización, serán trabajadores sujetos al contratismo. La ingeniería de todo tipo, construcción, montaje electromecánico y puesta en operación de instalaciones petroleras será privada en su totalidad.

Para las actividades (disminuidas) que siga haciendo Pemex, la propia reforma de Peña prevé la libre contratación, es decir, por fuera del sindicato, este ya no tendrá la exclusividad en la contratación, ni la relación laboral estará sujeta a la bilateralidad empresa-sindicato.

Al achicarse la empresa, la plantilla de personal también será menor. Por ello, es importante luchar por re-nacionalizar a la industria petrolera y volver a integrarla plenamente. Esto no es solo una consigna ni se reduce a un simple decreto administrativo. La re-nacionalización es un hecho eminentemente político, basada en las cinco banderas propuesta por el FTE de México.

Esto tiene como componente condiciones laborales decorosas y dignas para aquellos mexicanos concientes que defiendan sus intereses de clase y los de la nación viviente independiente. Para lograrlo, no basta ampararse, eso no sirve, en México el derecho de amparo NO existe. ¿Que se necesita? Decisión, en primer lugar, voluntad de lucha. Hay que moverse, la inacción conduce a la parálisis, favorece al gobierno y afecta a los trabajadores. También hay que construir organización estructurada y dinámica, sobretodo, con política de clase.

El director general de Pemex, Emilio Lozoya, calificó de esencial que todos los trabajadores de la empresa desarrollen al máximo sus capacidades para afrontar el nuevo entorno de competencia en que se moverá la compañía luego de la aprobación de la reforma energética (Arellano J.C., en La Jornada, p.21, 11 enero 2015).

Luego de que la agencia Bloomberg diera a conocer que Pemex decidiera no renovar el contrato a más de 10 mil empleados subcontratados en la Región Marina Noreste –donde se ubican los yacimientos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap– como parte de una medida de austeridad presupuestal, el directivo indicó que Pemex “está inmersa en un profundo proceso de transformación para modernizar sus estructuras y sus procesos, y en un cambio de cultura organizacional para ser más eficiente”.

Durante una ceremonia por el Día del personal de enfermería, Lozoya indicó que la principal fortaleza de Pemex son sus recursos humanos.

El presidente de la comisión de fomento industrial de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Juan Manuel Chaparro, dijo que el despido de 10 mil trabajadores que laboraban para Pemex es una muestra de que la empresa está empezando a actuar bajo la lógica de empresa privada, lo cual podría resultar benéfico si se considera que la empresa tiene una planta laboral abultada.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) modificará su contrato colectivo de trabajo, y conjuntamente con Pemex establecerá nuevos esquemas laborales a partir de 2015. La parte central del ajuste será el cambio radical del sistema de pensiones y jubilaciones para los empleados de la empresa (Muñoz P., en La Jornada, p.7, 12 enero 2105).

El gremio que encabeza Carlos Romero Deschamps también acordará junto con Pemex cambios fundamentales al Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza, y apoyará la aplicación de un Programa de austeridad en el gasto de la dependencia.

La modificación del contrato colectivo se fundamentará sobre todo en el rubro de pensiones y jubilaciones: para los nuevos trabajadores y empleados de confianza ya no habrá pensión de Pemex, sino que tendrán cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Para los activos cambiarán las condiciones de edad de jubilación, por ejemplo.

Documentos oficiales entregados por Pemex a este sindicato, respecto de los ajustes que deberán empezar a concretarse en materia laboral a consecuencia de la reforma energética, señalan que en 2015 el fin es “acotar el costo laboral de la empresa”, del cual una parte importante lo tiene el pago de pensiones.

Así, la información que se entregó al STPRM, concretamente al comité ejecutivo, señala que el gobierno federal podrá asumir una proporción del pasivo laboral de Pemex, es decir, del pago de las pensiones y jubilaciones en curso, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de la empresa y sus organismos subsidiarios, siempre y cuando este año “Pemex y su sindicato alcancen un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo, se modifique el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza, además de impulsar un Programa de austeridad en el gasto”.

Para ello será forzoso que a “mediano plazo haya una reducción de las obligaciones del pago de pensiones de la empresa”, por lo que deberá establecer que los trabajadores de nuevo ingreso entren al esquema de cuentas individuales, que permita la portabilidad de sus derechos con el SAR.

“Además, las modificaciones deberán contemplar un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro para reflejar el cambio en la esperanza de vida, con el fin de ajustarla a los esquemas actualmente establecidos en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de las instituciones del gobierno federal”, señala la información.

También indica que la proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el gobierno federal “será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral reconocido, que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo”. La Secretaría de Hacienda “establecerá los términos, condiciones y montos para cubrir la proporción del pasivo laboral”.

En este paquete de información que se envió al sindicato se detalla que incluso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizará un examen específico respecto del pasivo laboral de Pemex y sus subsidiarias, con la finalidad de identificar las características de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas y las determinantes de la evolución de las mismas.

La auditoría deberá realizarse durante el presente año y se indica al sindicato que la ASF, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, “procederá al fincamiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de que derivado de la auditoría practicada detecte actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones mencionadas, incluyendo, en caso de ser procedente, el inicio de los procedimientos en materia de responsabilidad penal”, expone el documento.

Con la nueva ley de Pemex, el STPRM ya no tendrá el monopolio del ingreso de personal de base a esta empresa, pues podrá haber “libre” contratación de trabajadores, sin que éstos tengan que estar afiliados al gremio (Muñoz P., en La Jornada, p.7, 12 enero 2015).

Esto es porque la reforma energética y sus leyes secundarias no sólo están poniendo en riesgo de desmantelamiento a Pemex por las trasnacionales del sector, sino que los trabajadores sufrirán la modificación de sus derechos laborales con nuevas condiciones de trabajo. Incluso habrá cambios en las plantillas de personal, señala una solicitud de amparo presentada contra esta reforma por la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP), que dirige Moisés Flores Salmerón.

El documento advierte que según el artículo 73 de dicha ley, el STPRM ya no tendrá la potestad de contratación de personal de base y podrá haber “libre contratación”, según los requerimientos.

Incluso habrá una nueva política de contratación de personal no sindicalizado, en la que “se requerirán trabajadores por medio de la publicación y recepción de solicitudes en la página de Internet de Pemex”, señala la demanda de amparo.

En el amparo también se expone que según la nueva ley de Pemex “las remuneraciones para el personal se calcularán de manera equivalente en la industria o actividad de que se trate, teniendo como criterio rector que dadas las condiciones en el mercado laboral nacional e internacional, las empresas cuenten y conserven los trabajadores idóneos para cumplir con su objetivo”.

El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, aseguró que los reajustes de personal en Pemex son acordes al proceso de implementación de la reforma energética en el sentido de hacer de la empresa una organización más competitiva frente a la apertura global del sector petrolero mexicano (Flores Z., en El Financiero, 13 enero 2015).

"El sindicato de Pemex tiene que cambiar de ser un sindicato de empresa a ser un sindicato de industria, y por lo tanto al abrirse a la competencia tiene que haber reajustes", dijo el secretario en conferencia de prensa.

Navarrete Prida consideró que los reajustes de personal en la empresa no significan necesariamente una acción en contra de la clase trabajadora, sino que se abre la oportunidad a esos trabajadores y al sindicato de la "recolocación" de empleados en otras empresas del sector.

Refirió que la dependencia a su cargo ha trabajado con el STPRM y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) en la elaboración de una plantilla que identifique a los trabajadores que cuenten con acreditación y calificación técnica para ser recolocados y contratados de manera "rápida".

Y en cuanto a la expectativa de generación de empleos a partir de la reforma energética, indicó que lo esperado por la Secretaría de Energía al término del sexenio es que podrían ser hasta 2 millones de empleos nuevos en México.


Ref: 2015, elektron 15 (18) 1-4, 18 enero 2015, FTE de México.