Con dos actos, uno en la ciudad de México y otro en Monterrey se conmemoró oficialmente el 65 aniversario de la CFE. Fox lo negó pero ese día envío al Senado 5 iniciativas tendientes a la privatización eléctrica y, consecuentemente, la destrucción de CFE. Elías Ayub, falso director de CFE, es el artífice operativo de la privatización furtiva en marcha. La figura de Productores Externos de Energía, jurídicamente no existe.

Como macabro regalo de cumpleaños, el día del 65 aniversario de CFE, Fox envió al Congreso de la Unión un proyecto de decreto para desaparecerla.

El 15 de agosto pasado, Fox envío al Senado de la República 5 iniciativas con proyectos de decreto de leyes para privatizar a la industria eléctrica nacionalizada. Una iniciativa se refiere a la Ley Orgánica de la CFE. En todas las iniciativas se precisa que CFE debe quebrar pues se le reduce a prácticamente nada de lo que ahora es.

Todavía por la mañana, Fox desconoció el documento que había enviado al Senado. Eso sí, dijo que la reforma en materia energética no pondrá en riesgo la soberanía nacional. Es todo un caso de patología política basada en la mentira sistemática.

También dijo que no contempla privatizar a CFE ni a LFC. Esa declaración ha servido a varios voceros oficiosos a sueldo para repetir junto con Fox que NO hay privatización. Efectivamente, no se propone privatizar los activos de CFE y LFC, lo que se propone es privatizar las funciones ahora reservadas constitucionalmente al Estado, mismas que realizan CFE y LFC. Esa es la privatización de la industria eléctrica nacionalizada aún cuando CFE y LFC no sean vendidas, simplemente se les eliminará por consecuencia.

En el cinismo, Fox apeló al “patriotismo y compromiso con México” de los ciudadanos y partidos políticos para apoyar su reforma. Se publicó que, durante todo el día Fox se dedicó a defender su propuesta. “Necesitamos extender la apertura a la participación privada y social, y para ello tenemos que hacer un esfuerzo para modificar la legislación vigente”, dijo (Venegas JM, Vargas RE, en La Jornada 150802).

En Monterrey, el empleado del Banco Mundial puso en operación tres nuevas plantas eléctricas construidas con inversión privada (dos en Nuevo León y una en Tamaulipas). Allí dijo que “con recursos privados por 35 mil millones de pesos se han abierto en los pasados dos años 11 plantas que han permitido incrementar en diez por ciento la capacidad de generación de electricidad, lo que garantiza el abasto nacional hasta 2007”.

¿Si eso es así, porqué insiste en la privatización, para qué reformar a la Constitución? Ya ahora está satisfecha la supuesta demanda eléctrica durante su sexenio y, todo ha sido mediante inversión privada, al margen de la Constitución.

Alfredo Elías Ayub reiteró lo que había dicho en su informe anual. “La CFE tiene identificada la necesidad de poner en operación 61 nuevas centrales eléctricas por un total de 28 mil 862 megavatios para los próximos nueve años; esto representará elevar en 65 por ciento su capacidad de generación y requerirá de inversiones por casi 56 mil millones de dólares (563 mil 667 millones de pesos)” (Cardoso V, Vargas RE, en La Jornada 150802). El falso director de CFE es más explícito que Fox e igual de cínico. Las 61 nuevas plantas eléctricas que representarían a los 28 mil Mw adicionales de capacidad instalada son proyectos privados que rebasarían la supuesta demanda del presente sexenio e incluso del siguiente.

Se trata de un 65 por ciento adicional de privatización furtiva, la misma que niega Fox. CFE ya tiene identificados los tipos de plantas, su capacidad y el calendario para su entrada en operación. La inversión privada sería de 56 mil millones de dólares pero, más que inversión es compra, porque la propiedad de la nueva infraestructura sería de las transnacionales.

Ciertos técnicos, supuestamente apolíticos, de CFE ya tienen identificados los proyectos y el calendario para la nueva capacidad. En CFE, “el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) define los proyectos obra por obra con un horizonte de diez anos y sirve de base para la prospectiva del sector”. Eso dicen, pero lo que se hace actualmente es ajustar los planes a la privatización eléctrica.

Se proponen tres escenarios de crecimiento, el medio estima una tasa de crecimiento anual del 6.3% entre 2001-2010 y 5.6% entre 2002-2011.

Nueva capacidad eléctrica, 2002-2011

Los técnicos apolíticos dicen que “Las condiciones para el crecimiento” son políticas.

“1- Garantizar el abasto de gas natural,
“2- Avanzar en la autonomía de gestión, ...
“3- Un esquema tarifario que cubra costos de largo plazo y un sistema de subsidios transparente,
“4- Modificar el marco jurídico para que las inversiones públicas se puedan complementar con inversiones privadas”

Esos técnicos no son muy buenos técnicos y sí muy malos políticos. Lo que hacen es encubrir los propósitos PRIVATIZADORES. Afirmamos lo anterior porque proyectan haciendo abstracción de la realidad histórica y social de la Nación. Saben bien que el país NO dispone de suficiente gas natural y siguen insistiendo en plantas tipo ciclo combinado. Repiten mecánicamente “autonomía de gestión” para ocultar las soluciones de fondo en la industria eléctrica y hacer borrosa la privatización furtiva. El esquema tarifario y la transparencia en los subsidios es rollo para acomodarse al foxismo cargándole la mano al consumidor doméstico sin tocar jamás a los grandes consumidores, verdaderos beneficiarios de los subsidios. Sobre eso, los técnicos-políticos no dicen nada.

El colmo está en el punto 4. Los técnicos consideran que hay que modificar el marco jurídico porque no se atreven a llamar las cosas por su nombre. Esa es una falta de ética. El marco jurídico a que se refieren es la Constitución y, lo que proponen, es la Desnacionalización.

¿Acaso no han leído el artículo 27 constitucional? Este prohibe TODA concesión a los particulares y, lo que proyectan es seguir con esos fraudes. Mal escriben al decir que las “inversiones públicas” inexistentes “se puedan complementar” con las privadas. La participación privada no es ningún complemento, es una apropiación de las facultades constitucionales que corresponde realizar a CFE no a los particulares.

A esos técnicos debiera darles vergüenza por compartir los propósitos desnacionalizadores de Fox y Elías Ayub. Bastarían que recordaran tantito la historia e hicieran honor a los ingenieros mexicanos defensores de la nacionalización.

Los “técnicos” trabajan para la industria eléctrica nacionalizada y por sentirse (sin serlo) apolíticos, lo que proponen son escenarios desnacionalizadores. Muchos números y algoritmos para terminar justificando la privatización.

¡Bonita manera de conmemorar el aniversario de la CFE! En la ciudad de México, Elías Ayub repitió lo que días antes había anunciado. En los dos años recientes se incorporaron 17 proyectos con una capacidad de generación total de 5 mil 418 Mw. Esas plantas requirieron de una inversión de 3 mil 459 millones de dólares. Con eso, dijo, la empresa cuenta ya con una capacidad de 40 mil Mw. Esa capacidad, sin embargo, no es totalmente propia. Toda la capacidad instalada nueva es privada.

Para justificarse, Elías Ayub estima un crecimiento del 5.4 por ciento anual (sus técnicos dicen que es 5.6%), mismo que no se respeta porque con los múltiples permisos privados otorgados, en la práctica la tasa de crecimiento es mayor e innecesaria. Lo que importa a tipos como Fox y Elías Ayub no es ninguna tasa de crecimiento sino la entrega desmedida y acelerada del patrimonio nacional al capital extranjero.

Los charros genuflexos apoyaran la intervención privada, por supuesto. Ellos ya han firmado 17 contratos colectivos de trabajo legitimando a los capitalistas extranjeros y, desde luego, existen 17 delegaciones (debiendo ser secciones) sindicales charrificadas desde el inicio.

La Güera Rodríguez dijo que la reforma constitucional sólo implicaría "el cambio de unas cuantas palabras técnicas" y que la participación privada está abierta desde 1992.

Esos burócratas creen que son los dueños de la industria nacionalizada y pueden hacer lo que quieran, pero el pueblo de México no permitirá que vendan el patrimonio colectivo de la Nación.