La industria petrolera nacional es una conquista del pueblo de México. A éste debe servir y no a los intereses empresariales extranjeros. Hace falta una reorganización a fondo pero basada en una nueva política petrolera, la actual es antinacional. Pemex debe servir a los intereses de México y no de los Estados Unidos de América.

En 1938, la propiedad de la industria petrolera pasó a manos de la Nación mediante el decreto de expropiación. Esa medida trascendió el nivel administrativo para ser parte de una política nacionalista que, expresada en los artículos 27 y 28 constitucionales, constituye un importante logro de la Revolución Mexicana con relación al régimen de propiedad de la industria básica.

Se indica en el artículo 27 que corresponde a la Nación el dominio directo del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. El dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible. En estos casos no se otorgarán concesiones ni contratos y la Nación llevará a cabo la explotación de estos productos. Según el artículo 28 se trata de un área estratégica a cargo exclusivo del Estado de acuerdo a lo señalado por el artículo 25. Según este artículo, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional que fortalezca la soberanía de la Nación. Asimismo, el Gobierno Federal debe mantener siempre la propiedad y el control sobre los organismos de las áreas estratégicas a su cargo.

En ningún caso se autoriza vulnerar al patrimonio nacional ni, mucho menos, entregarlo a intereses ajenos a la Nación. La industria petrolera, y los recursos naturales energéticos mismos, no son propiedad privada de ningún gobierno en turno, ni de ningún grupo empresarial, político o sindical.

Sin embargo, hace tiempo que se sigue una política que tiende a desnaturalizar cada vez más a la industria petrolera nacionalizada para convertirla, en fuente de saqueo y corrupción y crear las condiciones para cambiar el régimen de propiedad. Esa política ha significado que Petróleos Mexicanos sirva cada vez más a los intereses imperialistas y a una camarilla de funcionarios y "charros sindicales"

Los aspectos de esa errónea política son vastos y van desde el favorecimiento a una creciente extracción de petróleo crudo, la exportación de cuantiosos volúmenes, la entrega de la petroquímica al capital privado, la corrupción y el contratismo, entre otros.

El contratismo en Pemex es una calamidad que afecta a la industria mientras beneficia a grupos empresariales principalmente extranjeros. Un ejemplo han sido las reconfiguraciones de las refinerías de Cadereyta y Ciudad Madero. En estos casos, se han afectado las cadenas productivas porque los grupos contratistas traen refacciones y maquinaria de su región; las empresas nacionales son excluidas de las licitaciones afectando la planta laboral.

La afectación a la planta productiva es evidente. Hay serias deficiencias en el mantenimiento industrial por la carencia de materiales y refacciones tanto en las plantas como en los buques. La planta industrial es, en gran parte, obsoleta y se ha perdido capacidad productiva. Las inversiones públicas no son las adecuadas y la calidad que se aplica es, en muchos casos, improvisada.

Ha habido una planeación deficiente con graves consecuencias. México se ha convertido en un importante país productor y exportador de petróleo y, al mismo tiempo, es incapaz de satisfacer sus propias necesidades. En el caso de la gasolina y gas cada vez se importan volúmenes mayores. Con la extracción de petróleo crudo se siguen quemando grandes cantidades del gas asociado. La producción de gas natural y productos petrolíferos, que incluyen gasolinas y gas licuado, se mantiene prácticamente constante. Desde hace más de 2 décadas no se ha construido ninguna nueva refinería. Respecto a la petroquímica, el Estado cada vez abandona más su participación en esta importante función.

En los 80's se modificó regresivamente la Constitución para cambiar el régimen de la petroquímica básica, considerada actividad estratégica, que incluía más de 60 productos para dejarla únicamente en 7, de manera que, el capital privado pudiera participar abiertamente en las actividades de la petroquímica secundaria, considerada actividad prioritaria. Esto significó el inicio de la privatización de la petroquímica, precisamente en el área de la mayor riqueza petrolera pues muchos de los productos se utilizan ampliamente en la industria otorgando alto valor agregado. Hoy, en Pemex-Petroquímica existen unidades privatizadas que funcionan como sociedades anónimas (SA). Con ello no sólo se está afectando la propiedad nacional, también se están perdiendo oportunidades de desarrollo tecnológico y productivo.

Por otra parte, se tiene una pesada carga fiscal. Las aportaciones de Pemex al erario representan el 33% de sus recursos. Por ello es que la planta industrial no ha crecido y más bien se ha vuelto inoperante en muchos casos. Esto conlleva a una gran inseguridad para los trabajadores y las poblaciones aledañas a la industria. Como muestras se tienen los desastres de Cactus y San Juanico. Pero, la reforma fiscal debe servir para apoyar una política petrolera diferente basada en el desarrollo de la petroquímica y para modificar las estructuras operativas y administrativas, creando cadenas productivas y suprimiendo la privatización en marcha.

Un aspecto lacerante ha sido la corrupción administrativa y sindical. La relación laboral es inaudita. En Oficinas Generales, en el caso de Pemex-Gas y Petroquímica Básica hay 88 trabajadores sindicalizados por mil 500 de confianza; en Pemex-Exploración y Producción, son 190 sindicalizados por 2 mil de confianza. La relación es desproporcionada e innecesaria. Esto es parte de una administración errónea y burocrática. Los niveles salariales, de prestaciones, bonos y demás privilegios de gran parte del personal de confianza es excesivo. Todo esto ocurre a través de la colaboración entre el patrón y los charros sindicales. Esta estructura antiobrera es beneficiaria del contratismo y de la privatización en complicidad con los funcionarios gubernamentales y de la administración de Pemex. Hace tiempo que se vienen creando las condiciones para afectar al patrimonio nacional. Ahora, el actual gobierno propone en el discurso darle a Pemex un perfil empresarial y hacerla líder en calidad a nivel mundial. Pero ese discurso tiene implícitas intenciones de privatización simulada.

La reciente integración al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos corrobora lo anterior. La designación presidencial se hizo al margen de lo dispuesto por la Ley de Entidades Paraestatales y de la propia Ley Orgánica de Pemex. Se trata de una acción unilateral e ilegal y constituye una evidente acción política. De acuerdo a las facultades que tendrían los nuevos integrantes del Consejo éstos podrán disponer de información privilegiada que servirá para apoyar sus propios negocios, ya que son juez y parte por tratarse de contratistas, proveedores y usufructuantes de Pemex. Representando la máxima autoridad del organismo, tratarán de profundizar la política energética nacional al servicio del capital privado mediante una mayor integración con los intereses de Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica para satisfacer las necesidades energéticas del imperialismo. Con esa base, seguramente propondrán continuar con la asesoría de contratistas extranjeros para ampliar la reestructuración de Pemex y someterla a una reingeniería tendiente a su ulterior privatización simulada o disfrazada.