RESUMEN: La propuesta de privatización de la industria eléctrica de México es desnacionalizadora y desintegradora. Se afecta la soberanía nacional y se destruye el patrimonio colectivo de los mexicanos. Con la nacionalización se ha logrado avanzar considerablemente hacia el desarrollo social habiéndose unificado la frecuencia y alcanzado la interconexión del sistema eléctrico nacional casi en su totalidad. Pero, la nacionalización no ha concluido, hace falta la cabal integración de la industria eléctrica nacionalizada. Al respecto, es necesario preservar las disposiciones constitucionales en la materia, así como lo establecido por la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica para reorganizar al sector a nivel nacional sin desintegrarlo y menos privatizarlo. Se propone que la reorganización en el marco de un programa de integración industrial total que cubra a nivel nacional, en un solo organismo, las funciones de investigación y desarrollo tecnológico, planeación, generación, transmisión, control, distribución y comercialización de energía eléctrica considerando los aspectos de operación, diseño, construcción, transporte, mantenimiento, administración, seguridad, gestión de la calidad y protección ambiental. Estas atribuciones y funciones se llevarían a cabo con base en la Política Eléctrica Independiente y el correspondiente Plan Eléctrico Nacional.