El gobernador (interino) de Guerrero, pelele de Peña Nieto, quiere más sangre, asegura que habrá represión por protestas de normalistas. Investigadores universitarios dicen que los 43 pudieron haber sido incinerados en crematorios militares o privados. No sospechamos de eso, estamos seguros, dicen comunitarios. La Sedena niega tener crematorios; para la presidencia no hubo participación del ejército. En Tehuantepec, los maestros se enfrentan a la policía, repudian a Peña Nieto y lo declaran non grato; en Chilpancingo, impiden sesionar al instituto electoral. Padres de familia proponen búsqueda ciudadana y anuncian jornada global para el 26 de enero. En 10 ciudades de Estados Unidos protestan durante la visita de Peña Nieto a Washington.

Para darle la bienvenida al año, el gobernador (interino) de Guerrero aseguró que habrá represión oficial contra las protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¡Qué bonitos deseos de año nuevo! Quienes piensan lo contrario fueron calificados de “ingenuos”. Comentó que hay tentaciones para una salida autoritaria. No dijo de quiénes pero hace oración para que no vuelva a ocurrir otra tragedia. ¡Pobre diablo!

Por supuesto que esas “tentaciones” existen y son las de Peña Nieto, ejército federal y cúpulas empresariales. De ocurrir, eso barrería con Peña Nieto y Rogelio Ortega, por más que éste se de golpes de pecho.

El ejército sigue bajo sospecha. Se ha escrito en la prensa nacional, y está ampliamente documentado, que los militares son expertos en desaparecer y asesinar a personas. Por mucho tiempo, Guerrero ha sido laboratorio en épocas oscuras y sucias. Ahora, unos investigadores universitarios evidenciaron que 43 cadáveres no podían haber sido incinerados en el basurero de Cocula porque se necesitarían toneladas de leña y, simplemente, no se podrían lograr las temperaturas necesarias para calcinar tantos cuerpos sin dejar ningún rastro. Eso podría ocurrir en crematorios del ejército o privados.

A través de una carta al diario La Jornada, la secretaría de la defensa nacional (Sedena) negó tener crematorios. Sin embargo, en ningún momento ha probado que el ejército no participó en los sangrientos hechos. Peor aún, las evidencias reunidas por comunitarios de Guerrero lo implican. Pero la Procuraduría General de la República (PGR) se sigue negando a abrir una línea de investigación en este sentido. Los cuestionamientos a la falsa hipótesis de la PGR no han sido desmentidos. También, sigue vigente la pregunta: ¿Por qué, desaparecieron y, tal vez, asesinaron a los 43? Ni siquiera se conoce públicamente quiénes fueron. Cien días después de la masacre, no se ha detenido a ningún sospechoso clave, todos son de bajo perfil.

Si se llegase a confirmar la participación militar en la matanza no sería extraño, pues no sería la primera vez, pero sí algo muy grave.

Entre tanto, las acciones magisteriales suben de tono. Los maestros guerrerenses están dispuestos a impedir que haya elecciones en 2015. Por ello la irrupción en las instalaciones del Instituto Electoral en el Estado, evitando la credencialización de electores. También es significativo que los maestros de Oaxaca repudiaran la visita de Peña Nieto a Tehuantepec, se enfrentaran a la policía y declararan non grato al chaparrito. Los maestros de la CNTE han sido muy agraviados por Peña y hoy son los más solidarios con los normalistas.

La solidaridad sigue en los Estados Unidos. Es muy significativo que frente a la Casa Blanca, donde se reunieron Peña y Obama, haya ocurrido una protesta, lo mismo que otras ciudades de ese país. El caso sigue impactando a la comunidad internacional, llamando la atención de la prensa nacional y la extranjera acreditada en México. Las siguientes notas recientes lo revelan.

Peña Nieto sufre un agudo síndrome: su política económica es un fiasco, su política energética está peor, la crisis se profundiza, su popularidad está a la baja, su imagen por los suelos y su credibilidad abajo de cero.

El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, aseguró que “hay quienes sí están decididos a dar la orden” de reprimir las manifestaciones que transgredan la ley, en alusión a las protestas que se realizan para exigir justicia por la detención y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala los días 26 y 27 de septiembre pasados. Calificó de “ingenuos” a quienes piensen que “no va a haber orden para decirles que los van a parar y que les van a disparar” (Briseño H., en La Jornada, p.3, 2 enero 2015).

En su discurso durante la instalación de la mesa temática Gobernanza y democracia participativa, en el salón La Fortaleza de esta ciudad, dijo: “No duden de que hay la tentación de quienes creen que a lo mejor y se radicalizan en el lado del movimiento, generando acciones para ir al choque, a la confrontación a donde tope, porque tienen la idea de que si hay más muertos se va a intensificar el conflicto y que va a caer el nuevo gobierno de Guerrero, que en todo caso sería lo de menos; pero que puede caer el Presidente (Enrique Peña Nieto)”.

Sostuvo que su obligación como autoridad es evitar una salida al conflicto distinta a la vía pacífica. “Es la parte que nosotros como ciudadanos, en nuestro caso como gobierno, debemos evitar, que la culminación de este conflicto sea por la vía autoritaria, de muertos, de heridos, más desaparecidos y encarcelados”.

Ortega Martínez agregó que “al día siguiente de que pasa una tragedia como esa andamos buscando a nuestros desaparecidos, andamos buscando en qué cárcel tienen a los detenidos y contando a los muertos, y eso es terrible; es lo que tenemos que evitar”.

Pidió a los integrantes de organizaciones sociales de Guerrero trabajar para cerrar el paso a “la salida autoritaria del conflicto, tolerancia al máximo, diálogo y acuerdos”. Insistió que durante la movilización de pobladores de Ayutla y Tecoanapa para pedir la salida del Ejército Mexicano de esas regiones, el 17 de diciembre pasado, hubo un instante en que los militares cortaron cartucho. “Afortunadamente la sensatez de esos momentos cruciales predomina, se retiraron, si no hubiera sido otra tragedia más”, apuntó.

Comentó que hace oración para que no suceda otra tragedia como la del 26 y 27 de septiembre en Iguala: “Tú que creaste todo y que tienes el poder de decidir sobre el presente y el futuro de los seres humanos, ayúdame para que mañana no vuelva a suceder otra tragedia y hago oración y pido por la paz y la armonía, y me reconcilio espiritualmente y de pronto estoy monitoreando qué sigue, qué están haciendo”, dijo en alusión a sus rezos.

Alrededor de 150 maestros del Istmo de Tehuantepec se enfrentaron con elementos de la Policía Federal (PF) durante la primera visita al estado de Oaxaca del presidente Enrique Peña Nieto, quien acudió al astillero de la Marina número 20 acompañado del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y del gobernador, Gabino Cué Monteagudo (Manzo D., Pérez J.A., en La Jornada, p.9, 2 enero 2015).

Los docentes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizaron desde temprana hora en el acceso principal del astillero, donde ya había dos retenes con unos 300 granaderos y personal del Estado Mayor Presidencial protegidos por vallas metálicas.

Los maestros lanzaron piedras a los granaderos y con una camioneta derribaron el primer retén; minutos antes de la llegada de Peña Nieto se dio otro enfrentamiento, en el cual los uniformados respondieron con tres cartuchos de gas lacrimógeno.

Unos 200 policías replegaron a los manifestantes del acceso principal y éstos se ubicaron sobre la calzada Teniente Azueta, donde prendieron fuego a 10 llantas, lanzaron bombas molotov y corearon consignas contra el Presidente. En medio del intenso humo negro, los granaderos colocaron un nuevo retén sobre la calzada y por tercera vez los maestros les arrojaron piedras.

Cuando dos horas después los cuatro helicópteros de la comitiva presidencial y de los funcionarios estatales que lo acompañaban abandonaron la base aérea militar de Ciudad Ixtepec, los profesores concluyeron su manifestación con el himno Venceremos. Antes, contaron del uno al 43 y, al final, corearon “¡Justicia!” para los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de tres meses.

“Enrique Peña Nieto no es bienvenido en Oaxaca, es una persona non grata”, afirmó Francisco Villalobos, dirigente de la sección 22 de la CNTE. Responsabilizó al Presidente de la vida de los 43 alumnos de Ayotzinapa, de privatizar la educación pública y de la entrega de los recursos naturales a empresas extranjeras.

La nueva hipótesis científica en que trabajan los investigadores Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Pablo Ugalde Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Atzcapotzalco, se centra en los crematorios del Ejército y en privados, donde “probablemente” habrían sido llevados los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa (Martínez S., en La Jornada, p.8, 4 enero 2015).

Ambos investigadores desmontaron el pasado 10 de diciembre la versión de la PGR que afirmaba que los 43 normalistas fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero.

Ahora, con nuevas evidencias, la línea indagatoria se dirige al Ejército, por su presunta implicación en la desaparición forzada de los normalistas: “La hipótesis es bastante probable porque los estudiantes pueden haber sido incinerados en crematorios modernos del Ejército o de empresas privadas, con instalaciones suficientemente grandes y con morgue (depósito de cadáveres)”, dice en entrevista con La Jornada el doctor Jorge Antonio Montemayor Aldrete.

Los investigadores han empezado a buscar información sobre la actividad de los crematorios militares, no sólo por medio de la Sedena, sino por dos vías más: la fiscal y la empresarial.

“Aunque el Ejército no proporcione los datos, se le pide a las compañías que entregan gas regularmente a los campos militares para ver si registró un aumento fuerte entre el 26 y 28 de septiembre o fechas cercanas. Por el lado fiscal, la empresa que vende gas tiene obligación de decir a quién, cuándo y qué cantidad vendió y obligación por cinco años de retener esa información para Hacienda”.

El doctor Montemayor Aldrete explicó detalladamente, con documentos, su hipótesis.

De acuerdo con un estudio del departamento de sustentabilidad, medio ambiente, agua, población y comunidades del gobierno de Australia, el consumo para realizar una cremación humana es de 53.285 kilogramos de fluido.

Agrega que “eso significaría que ningún otro cadáver se cremaría allí. Además, implicaría un control que sólo podría ejercer el Estado sobre la crematoría privada, algo muy poco probable. Es más factible el horno del Ejército”.

Montemayor Aldrete hace recuento de los crímenes de Estado del Ejército, una institución, dice, cuestionada seriamente por conducirse por encima de la ley debido al fuero militar que protege a sus elementos, pese a sus delitos. Señala las últimas noticias que hablan de su implicación directa en el crimen de Ayotzinapa.

Un grupo de científicos, así como miembros de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) y el abogado del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa coinciden en que el Ejército mexicano fue copartícipe en los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de de septiembre pasados en Iguala y que, incluso, hay sospechas fundadas de que incineró a los jóvenes estudiantes en sus hornos crematorios, por lo que exigen una investigación del personal castrense que opera en la zona (Rasagel S., en SinEmbargo, 6 enero 2015).

José Félix Rosas Rodríguez, miembro de la UPOEG de Tecoanapa, Guerrero, está seguro de que los militares desaparecieron a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en los hornos crematorios que tienen en Chilpancingo, la capital del estado.

“No tenemos la sospecha. Tenemos el conocimiento de que efectivamente los militares participaron. Consideramos que sí fueron cremados. Los que presenta la PGR como responsables de haberlos quemado en el basurero de Cocula, son de bajo perfil, esos no fueron. El Ejército tiene hornos en Chilpancingo, hay militares que nos han confirmado y hay gente que quiere hablar y decir”, afirmó Félix Rosas en entrevista con SinEmbargo.

El promotor de la UPOEG aseguró que hay un Sargento que les informó que todo el destacamento del Ejército de Iguala fue cambiado a otro lugar, después de los hechos del 26 de septiembre de 2014.

La certeza de los comunitarios de ese poblado sobre la participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes, se sustenta también en dos llamadas y mensajes de texto que los normalistas enviaron a sus familias.

Se trata de Abel García Hernández, quien llamó a sus padres para informarles la madrugada del 27 de septiembre que se encontraba en un hospital, en compañía de Alexander Mora Venancio y Dorian González Parral.

De acuerdo con José Félix, el joven aseguró que fueron militares quienes los sacaron del hospital y los entregaron a la Policía Municipal de Iguala.

Otra de las evidencias son dos mensajes de texto que envió Jorge Luis González Parral, hermano de Dorian González.

“Este chico envió mensajes de que los militares les estaban recogiendo los celulares y que él fue en busca de su hermano Dorian, que se entregó porque lo tenían los militares”, dijo.

El comunitario aseguró que desde hace tiempo los padres y los abogados del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, han solicitado a la PGR que abra una línea de investigación sobre la participación del Ejército en esa masacre.

Por su parte, el abogado de las familias y defensor del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, aseguró que los padres de los normalistas solicitaron esa línea de investigación.

Vidulfo Rosales afirmó que una semana antes de los hechos, fueron elementos del Ejército quienes amenazaron a los estudiantes de Ayotzinapa que realizaban una colecta en Iguala.

“No podemos creer que el Ejército no sabía de los nexos de [José Luis] Abarca con los Guerreros Unidos. En Iguala era pública la actividad del Alcalde y su esposa. Sabemos que el Ejército hacía eventos y el Alcalde era invitado, y que el Ejército participaba en actividades públicas del Alcalde”, explicó.

El abogado indicó que desde hace tiempo existe la solicitud para que la PGR investigue al Ejército, sin éxito.

Científicos, entre ellos el investigador Jorge Antonio Montemayor Aldrete, pusieron en duda el incendio en Cocula, Guerrero, donde supuestamente habrían incinerado a los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado.

Para Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM –uno de los científicos que desmintió en diciembre la hipótesis de la PGR de que los jóvenes fueron cremados en el basurero de Cocula–, las autoridades mexicanas deben abrir una línea de investigación en torno a la posible cremación de los 43 en hornos del Ejército o privados.

“Nosotros hicimos notar con precisión y claridad que es absolutamente imposible que fueran cremados en el basurero de Cocula los 43 cadáveres. Lo han retomado en otros países desde el 12 de diciembre que lo dimos a conocer, pero hasta la fecha la PGR no ha dicho ‘esta boca es mía’, ni para desmentir el análisis, porque no podría; ni para decir que deben abrir otra línea de investigación”, dijo. Esta línea de investigación se desprende de forma natural, debido a que la hipótesis de la PGR sobre la cremación de los estudiantes en un basurero, está falta de elementos, aseguró.

En diciembre, Jorge Antonio y otros cuatro científicos de la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aseguraron que la PGR mintió: es imposible científicamente la cremación en el basurero de Cocula, debido a que para realizar la cremación de 43 cadáveres se requiere de algo más que leña y llantas. Hacen falta, en definitiva, hornos crematorios.

“Es imposible que hayan sido quemados en el basurero de Cocula, y la autoridad está en un serio problema porque si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde se quemaron?”, dijo Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM.

Para cremar 43 cuerpos se requieren 33 toneladas de troncos de árboles de cuatro pulgadas de diámetro y 995 llantas que contienen 2.5 toneladas de acero. De acuerdo con los científicos, para que el acero se derrita y los cuerpos se reduzcan a cenizas se debe alcanzar entre mil 425 y mil 540 grados centígrados.

“Hay estudios científicos de 2011 que dicen que si la temperatura es de 800 grados centígrados, no quedan trazas de material orgánico, entre ellos cadenas de ADN. Para que quede un hueso debe ser en una zona donde no hubo mucho calor”, explicó Montemayor Aldrete.

Según el estudio, las 33 toneladas de troncos deben estar secos. Esa cantidad cabe en dos trailers para su traslado.

“No estamos hablando de ramitas, sino de troncos cortados y lisos, ¿quién vende troncos en esa región?, ¿a quiénes les vendieron en esos días? Además para poder hacer esa cremación de la que hablan, los asesinos tendrían que ser ingenieros o pasantes de ingenieros para hacer muchos cálculos. Esa versión de la PGR es muy incriminatoria porque estarían involucras muchas personas. Para empezar la compra de la madera debía ser con tres, o cuatro días de anticipación, entonces estaríamos hablando de premeditación, alevosía y ventaja del Estado en contra de los estudiantes”, dijo el científico.

Pablo Ugalde Vélez, experto en materiales y profesor de la UAM Azcapotzalco y egresado de la UNAM, los cálculos científicos se pueden realizar sin la necesidad de acudir al basurero de Cocula.

“Si el acero se fundió a mil 500 grados no debe haber residuos y no está fundido porque en las fotos hay alambre, esas temperaturas no se alcanzaron. Además, con una cremación de ese tamaño debería haber piedras fracturadas y manchadas de negro, los padres aseguran que no hay tal cosa en el basurero”, detalló.

Además para cremar un cuerpo se requieren 53 kilogramos de gas: “Si los cuerpos se hubieran quemado con puras llantas para reducirlos a los restos mostrados por la PGR se hubieran necesito 995 llantas de autos pasajeros. La hipótesis de que fueron quemados en el basurero de Cocula no tienen ningún sustento en hechos físicos o químicos naturales”, expone el estudio.

La cremación de 43 cadáveres en esas condiciones, emitiría una columna visible de humo denso desde varios kilómetros a la redonda.

Los residuos de huesos y cenizas de leña pesarían 333 kilogramos, de los cuales 116 corresponderían a restos humanos. El material se empacaría en 12 bolsas de 25 kilos cada una.

Los científicos argumentaron que el análisis que ellos realizaron, lo puede hacer cualquier científico, ingeniero o técnico de áreas de química, física, ingeniería térmica o ingeniería militar.

“El análisis realizado, desde el punto de vista técnico, bien podría haber sido llevado a cabo por peritos de la PGR, es altamente probable que no lo hayan realizado o no se haya dado a conocer por motivaciones políticas o temor a posibles represalias por parte del Estado”, dijo Montemayor.

La siguiente carta fue enviada al diario La Jornada y publicada en la sección Correo Ilustrado, en su edición del 7 de enero de 2015.


En relación con el artículo periodístico titulado Investigan si militares incineraron a los 43, firmado por la reportera Sanjuana Martínez y publicada el 4 de enero de 2015, le preciso lo siguiente:

La reportera refiere que los investigadores Jorge Antonio Montemayor Aldrete y Pablo Ugalde Vélez trabajan en una hipótesis científica que se centra en los crematorios del Ejército y en privados.

Al respecto, le hago saber que ninguna instalación militar del país cuenta con crematorios.

Con base en lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional le agradecerá que con fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley de Imprenta, se publique la presente aclaración en el mismo formato de tamaño y ubicación.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo y las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio efectivo. No reelección.
El director general de Comunicación Social, Gral. Brig. DEM Martín Terrones Calvario

En entrevista con el diario español El País, Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia, negó la participación del ejército en los hechos sangrientos; no estuvo en Iguala, dijo (en SinEmbargo, 7 enero 2015). Los agraviados dicen lo contrario.

Desde luego, no bastan los dichos, hacen falta las pruebas. Lo que piden Montemayor y Ugalde son cuestiones elementales. Que el ejército muestre las bitácoras y abra los cuarteles, que la PGR abra una línea de investigación.

Desmentir una nota periodística con una simple y breve carta, o una declaración a la prensa, no es suficiente ante la gravedad de los hechos. Ante todo, el ejército federal, la marina y la PF deben probar, convincentemente, que son ajenos a los hechos, si es que de verdad lo son.

Familiares de los normalistas mexicanos desaparecidos realizan preparativos para iniciar el próximo sábado (10 enero) una búsqueda ciudadana de los estudiantes, con exigencias al Ejército para que abran los cuarteles a fin de localizarlos (en Cubadebate, 6 enero 2015).

En una jornada cultural efectuada en la Alameda de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos a la fuerza a finales de septiembre último, convocó a la ciudadanía a respaldar esta búsqueda.

Adelantó que convocaron a todos los intelectuales a un foro el 2 de febrero para analizar la situación del estado de Guerrero, donde demandan que no haya elecciones hasta tanto entreguen con vida a los 42 normalistas desaparecidos en el municipio de Iguala, de esa entidad federal (uno fue identificado muerto).

También pidió a partidos políticos no lucrar con este movimiento para las elecciones intermedias de junio próximo pues lo utilizan en spots “de manera desvergonzada e inhumana; usan lemas, marchas y mensajes nuestros para hacer propaganda política y convencer a la población“.

El partido de izquierda Movimiento Ciudadano empleó en redes sociales un spot con el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala y los padres rechazan que se utilice la situación de dolor que viven por instituciones políticas para ganar adeptos. (Con información de Prensa Latina).

Decenas de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) irrumpieron en las oficinas del módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) y destrozaron equipo de cómputo, impresoras, cámaras, papelería y equipo de oficina (Ocampo S., en La Jornada, p.10, 7 enero 2015).

Desde las 8 de la mañana de este lunes, pese a la advertencia de la Asamblea Nacional Popular (ANP), por indicaciones del presidente de la junta local del INE, David Alejandro Delgado Arroyo, iniciaron las actividades en el módulo de ese órgano electoral, ubicado al sur de la capital.

Alrededor de las 15 horas llegaron los contingentes de la Ceteg e irrumpieron en el inmueble en al menos tres camionetas. Con el rostro cubierto con paliacates y playeras, desalojaron tanto al personal como a los usuarios que tramitaban sus credenciales de elector.

Enseguida destrozaron equipos de cómputo, cámaras, aparatos utilizados para recabar los datos biométricos para la elaboración de dicha identificación y equipo de oficina y papelería.

Molesto, Alejandro Arroyo propuso que ahora los usuarios acudan al zócalo, donde los profesores de la Ceteg se encuentran en paro desde el 8 de octubre para exigir justicia por el caso Ayotzinapa, “a realizar sus trámites”.

En acciones de protesta frente a la Casa Blanca y en más de 10 ciudades estadunidenses, en el contexto de la reunión bilateral de los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Barack Obama, manifestantes denunciaron que las políticas oficiales de seguridad pública impulsadas por ambos gobiernos son responsables de la ola de violencia en México, incluyendo los casos de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos (Brooks D., Vargas R.E., en La Jornada, p.5, 7 enero 2015).

No obstante la nevada y temperaturas crueles, un centenar de manifestantes, la mayoría de origen mexicano, realizaron un acto de protesta frente a la Casa Blanca durante la reunión de los dos mandatarios. Por medio de megáfonos, consignas y mantas, los inconformes exigieron justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos: “Fue el Estado” y “los 43 son miles”, acusaron.

Este martes también estaban programados actos paralelos en más de 10 ciudades del país, como Los Ángeles, Minneapolis, Houston, Dallas, Seattle y San Francisco, informó la red #USTired2, en conjunto con otras organizaciones latinas y sus aliados. La demanda principal fue exigir el fin de los programas estadunidenses de asistencia a las fuerzas de seguridad mexicanas, en el contexto de casos como Ayotzinapa y Tlatlaya, así como otros abusos donde se muestra “un patrón de severos abusos de derechos humanos por fuerzas oficiales, nutridas por la corrupción y la impunidad”.

Estas protestas hicieron eco de lo que organizaciones nacionales e internacionales defensoras de las garantías fundamentales –entre ellas Human Rights Watch y Amnistía Internacional– han catalogado como “crisis de derechos humanos” en México.

Aunque hoy al concluir la reunión con Peña Nieto el presidente Obama comentó que, “obviamente hemos estado siguiendo aquí en Estados Unidos algunos de los sucesos trágicos alrededor de los estudiantes, cuyas vidas se perdieron”, y que un día antes sus asesores habían indicado que estaban enterados de la documentación de organizaciones como Human Rights Watch sobre la crisis de derechos humanos en México, el mandatario estadunidense respaldó lo que llamó los “programas de reforma” de su homólogo en torno a “estos temas” y se comprometió a continuar el apoyo estadunidense a los esfuerzos mexicanos para erradicar “la violencia y los cárteles de droga, que son responsables de tanta tragedia dentro de México”.

El 26 de enero se realizará la octava Jornada nacional e internacional por Ayotzinapa y México, para lo cual se ha convocado a cuatro marchas simultáneas que arribarán al Zócalo de la capital del país (Román J.A., en La Jornada, p.11, 6 enero 2015).

El acuerdo, surgido en la reciente reunión de la ANP, fue retomado por la CNTE con acciones que incluyen la realización de mítines en los cuarteles militares del país el 12 de enero.


Ref: 2015, elektron 15 (8) 1-8, 8 enero 2015, FTE de México.

Enfrentamiento de maestros con la PF en Tehuantepec, Oaxaca.
FOTO: J.A. Pérez

Marcha en Chilpancingo, Guerrero, en solidaridad con los normalistas.
FOTO: Cuartoscuro

Protesta frente a la Casa Blanca en Washington en apoyo a Ayotzinapa.
“USA pone las armas México pone los muertos”. FOTO: Ap