Protesta ante el 41 batallón de infantería, en Iguala, Guerrero. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos exigen a los militares que les devuelvan a sus hijos. Las protestas se suceden también en Guadalajara, Culiacán, Oaxaca y Colima. En el Distrito Federal, los padres llaman a no votar en los comicios de 2015 en Guerrero. Allí, están tomadas 28 alcaldías; en Tlapa, Tecoanapa, Ayutla y San Luís Acatlán se instalan consejos populares municipales; también en Azoyú, Cuautepec, Zihuatanejo, San Jerónimo, Atoyac, Tecpan de Galeana y Acapulco. En la capital del país, granaderos impiden el paso a Los Pinos de los manifestantes.

El año 2014 concluyó en medio de la protesta contra el gobierno de Peña Nieto por su participación, omisa y/o tolerante, en la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, que se suman a los miles de desaparecidos en años recientes.

Las tesis oficiales del gobierno se han caído. La versión de que los 43 fueron calcinados en un basurero de Cocula, Guerreo, simplemente, carece de pruebas. Los dichos de un supuesto sicario, a quién el gobierno cree a pie juntillas sin siquiera verificar sus dichos, es inverosímil. La propia “calcinación” está en entredicho.

Los grupos manifestantes quieren desestabilizar al país, han dicho Peña y Vidal Soberón, secretario de marina. Se equivocan. Son ellos los que provocan el malestar nacional, por ineptos y por responsables ante el crimen.

La política económica de Peña Nieto es genocida, sus reformas desnacionalizadoras hundirán al país en un severa crisis económica y social. Esa política es traidora a la nación.

Por otra parte, el gobierno quiere ocultar las huellas del crimen y pretende “darle carpetazo” para que se olvide y los hechos vuelvan a quedar impunes.

En este contexto, la participación del ejército sigue harto opaca pero cada vez más cuestionada. Ese cuerpo de coerción es el más especializado en la desaparición y asesinato de personas, no de ahora sino desde la época de Carranza y Obregón.

Pero ni en Navidad ni Año Nuevo han cesado las protestas. Ahora empieza el 2015 y se anuncian medidas mayores. Este fin de año, se ha llamado a no votar en los comicios que se llevarán a cabo en Guerrero. La reacción es natural pues el sistema y sus partidos políticos están muy desacreditados. Seguir confiando en esos aparatos es un craso error.

Pero, si no se vota, entonces, el votante se abstiene. ¿Es eso correcto?

De entrada, no votar es una reacción de protesta elemental, a la cual tenemos derecho los mexicanos. Pero es una acción políticamente limitada. Claro que participar en las elecciones significa avalar al gobierno criminal y al Estado, aún siendo candidatos opositores, habida cuenta que “esa lucha” ha mostrado con creces su inutilidad para el pueblo, solo sirve al capital.

Por lo demás, los nuevos diputados y gobernantes serán funcionarios de minoría. Eso no importa al Estado. Con un voto que saquen eso les basta para seguir atracando a la nación. En todo caso, habrá que impedir que haya elecciones, lo que significa el boicot.

¿Qué procedería en consecuencia? Lo que hemos enfatizado reiteradamente. Cualquier acción que se tome, incluida la abstención electoral, requiere como condición la necesaria construcción de organización social.

Hasta ahora, siguen prevaleciendo las sensaciones, los sentimientos, la espontaneidad y la voluntad. Eso tiene su importancia pero no es suficiente. Necesitamos de la lucha conciente y organizada. Se ha llamado a una “revolución”, a “cambiar al país”, a sacar a Peña. Todo está muy bien pero falta lo principal. ¿Cómo hacerle y con qué? Esto supone estrategia y organización.

Poco se habla de extender el movimiento, que ha crecido espontáneamente por el mundo, y menos aún de consolidarlo. No es tarea sencilla, por supuesto, hace falta la dirección política de clase y esta es inexistente.

Por ora parte, el movimiento no puede esperar a que la izquierda revolucionaria se organice y quiera hacerlo. En esa contradicción, el FTE estima de fundamental importancia desarrollar las formas organizativas de poder popular dual que permitan elevar la calidad a las acciones.

Sin organización social se imponen las tendencias espontáneas. La movilización basada en activistas y ONG´s es importante pero muy limitada. Se entiende que es lo que hay pero eso no es satisfactorio, hay que incorporar a más sectores sociales, constituir organización en todos los lugares y a todos los niveles, enarbolar un programa político y desplegar la acción múltiple.

Sin embargo, es mucho pedirle al movimiento. No es obligación de los padres de familia ni de los estudiantes encabezar ninguna lucha de clase, porque no podrían, sencillamente. Mucho es lo que están haciendo, que falte mucho no demerita en nada la actual lucha, al contrario. La obligación principal es de los trabajadores, mismos que dormitan en brazos del charrismo sindical y del Estado, secuestrados en sus propios sindicatos, literalmente desaparecidos y muertos en vida.

Así, es muy difícil avanzar. Pero la lucha sigue y el FTE la apoya.

Al cumplirse tres meses de la desaparición de 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa, y del asesinato de tres más, estudiantes y maestros tiraron una de las puertas de la sede del 41 batallón de infantería en Iguala. (Ocampo S., en La Jornada, p.4, 27 diciembre 2014).

Desde las 11 horas, más de 2 mil personas, entre ellas integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), partieron desde Periférico Norte, donde los jóvenes fueron atacados la noche del 26 de septiembre por policías municipales de Iguala y supuestos integrantes del crimen organizado.

Cuando llegaron frente a las instalaciones del 41 batallón de infantería, que antes se ubicó en Ciudad Altamirano, los padres de familia que encabezaban la protesta se colocaron a un lado de la puerta metálica, resguardada por algunos soldados, aunque en el fondo al parecer había policías antimotines con escudos y toletes.

Los padres empezaron a gritarles “¡asesinos!” y “¡regrésennos a nuestros hijos!”, mientras golpeaban la puerta con los puños. Algunos, sobre todo las madres, lloraban mientras soldados reían al otro lado de la puerta.

Entonces otros contingentes comenzaron a patear la puerta y a golpearla con palos; se escucharon tres cohetes que estallaron dentro de las instalaciones. Hubo confusión que fue aprovechada por estudiantes, maestros y algunos familiares de los desaparecidos para desprender una puerta de las instalaciones militares.

Durante los cerca de 20 minutos que duró la protesta, un helicóptero de la Policía Federal sobrevoló la zona militar.

La avanzada de la marcha llamó a los rezagados a que se reintegraran y continuó el trayecto en el que se sumaron familiares de los “otros desaparecidos”, como se llaman a quienes perdieron a algún pariente en los años recientes, en el contexto de la guerra contra el narco y entre los cárteles de la droga.

En medio de consignas como “¡Peña asesino, te llevaste a nuestros niños!”, finalmente llegaron a la plaza de las Tres Garantías, en el zócalo de Iguala.

Allí, Hermenegildo Ortega, tío de Mauricio Ortega, en nombre de los padres de familia, exigió al Ejército Mexicano que entregue a los normalistas porque, dijo, “ellos los tienen en sus cuarteles, y a la gente que se encuentra encerrada en sus casas les pedimos que salgan y se manifiesten en las calles, porque a lo mejor algún día, ojala no, pueden tener un familiar desaparecido”.

Entre lágrimas, convocó a los igualtecos a superar el miedo, “como nosotros lo vencimos. Lo que hizo el gobierno con los muchachos no se debe tolerar, si nos dejamos el día de mañana hará lo mismo y nos matará como si fuéramos perros, por eso ya no nos queda nada más que seguir en la lucha, venga lo que venga”.

Entre aplausos y consignas, uno de los asistentes expresó: “Jamás nos vamos a rajar, hasta que nuestros hijos se encuentren en nuestros hogares y regresen a la escuela para que eduquen”.

Al cumplirse tres meses de la desaparición de 43 normalistas en el municipio de Iguala, Guerrero, los padres del estudiante Christian Tomás Colón Garnica, originario de Oaxaca, apoyados por maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) emprendieron una caravana motorizada de la ciudad de Oaxaca al municipio de Tlacolula de Matamoros (Pérez J.A., Valdéz J., Partida J.C., Flores J.C., en La Jornada, p.5, 27 diciembre 2014).

Celebraron un mitin en el parque El Llano, se transportaron en autobuses y vehículos con dibujos donde reclamaron la presentación con vida de los jóvenes. Efectuaron otro mitin en el monumento a Juárez, en la carretera federal 190, Oaxaca-Istmo, y su entronque con la 175, Oaxaca-Tuxtepec.

Decenas de vehículos se trasladaron de dos en fondo hasta Tlacolula, tierra de Christian Tomás, de 18 años. En Tlacolula, a 30 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, algunos habitantes se sumaron a la protesta.

En ese sitio se presentó el pintor juchiteco, Francisco Toledo quien ha exigido justicia para los jóvenes asesinados y la presentación con vida de los desaparecidos. El artista se acercó a Juan Colón, padre del estudiante, a quien le dijo algo al oído, lo abrazó y le entregó de forma discreta un donativo, del cual Toledo se negó a hablar, y se retiró.

Juan Colón dijo que aún tiene la esperanza de que su hijo continúe con vida y que en un futuro se puedan reunir. Añadió que la lucha no se detendrá. “Vamos a llegar hasta lo último; no nos vamos a detener y no nos vamos a vender”. Recordó que el gobierno federal ya intentó comprarlos, a cada uno de los padres les ofreció un millón y medio de pesos “para que lo superemos, pero no lo vamos a hacer”, puntualizó.

Mientras, en Culiacán, Sinaloa, disidentes magisteriales y de otras organizaciones efectuaron protestas. Integrantes de la CNTE, del Partido Morena y organizaciones de jóvenes protestaron y colocaron 43 butacas vacías frente al ayuntamiento. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa exigieron la renuncia de Enrique Peña Nieto y la presentación con vida de los normalistas desaparecidos.

En Guadalajara, Jalisco, cientos de personas marcharon vestidas de negro y exhibieron pancartas con los nombres de los desaparecidos. Convocado por el colectivo Ayotzinapa Somos Todos, el contingente marchó sobre avenida Juárez desde el parque de la Revolución, luego caminó por avenida 16 de septiembre; se dirigió al edificio de la Procuraduría General de la República, donde pidió a la ciudadanía unirse para desconocer el proceso electoral de 2015. El grupo insistió en que renuncien el Presidente y el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

En Colima, unas 60 personas montaron una cadena humana alrededor del palacio de gobierno para manifestar su repudio ante la situación, argumentando que no creen en la versión oficial de que los jóvenes desaparecidos fueron ejecutados y calcinados por la banda Guerreros Unidos.

En el jardín Libertad, colocaron pancartas y lonas con rótulos para exigir la aparición de los 43 normalistas. Varios ciudadanos tomaron la palabra: “Tres meses de distancia, y no ha habido respuesta. Todos los días los padres de los jóvenes de los 42 desaparecidos están en pie de lucha; ellos no se han cansado, como lo han mencionado algunas autoridades”, sostuvo un orador.

Los padres y los compañeros de los normalistas de Ayotzinapa que fueron agredidos los días 26 y 27 de septiembre pasado llamaron a no votar en las elecciones del próximo año hasta que los jóvenes desaparecidos sean encontrados con vida y a subir el tono de las protestas para exigir justicia y castigo a los responsables (Sánchez A., Camacho F., en La Jornada, p.3, 27 diciembre 2014).

A tres meses de los hechos violentos en los que 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada y tres más perdieron la vida, los familiares de las víctimas salieron nuevamente a las calles para expresar su dolor y su coraje por la falta de resultados de las investigaciones para ubicar el paradero de sus seres queridos.

Luego de encabezar una marcha del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, los padres y madres de los normalistas convocaron a los presentes a organizarse en una lucha común no sólo para exigir la presentación con vida de los jóvenes agredidos, sino también para impulsar una transformación social de raíz.

El primer padre en hacer uso del micrófono –frente a alrededor de 5 mil personas– sostuvo que de la Plaza de la República “va a salir la insurgencia que echará abajo a este gobierno podrido”, y subrayó que aunque el gobierno quiere intimidarlos con la fuerza, “se olvida que al llevarse a nuestros hijos, también se llevó nuestro miedo”.

Otro de los padres, de nombre Alfredo, pidió a los asistentes que no voten hasta que no aparezcan con vida los normalistas atacados, “porque los que voten por otro gobierno igual al que tenemos, no tienen madre ni hijos”.
Ese mismo llamado a no participar en ningún proceso electoral fue reiterado por otros oradores, quienes se preguntaron cómo es posible que la clase política se concentre en la cantidad de votos que pueden obtener, cuando hay una crisis social en México.

De igual forma, varios de los padres y compañeros de los normalistas urgieron a elevar el tono de las protestas, pues para ellos las marchas ya no son suficientes para encontrar respuesta a sus demandas.

La desaparición y asesinato de los jóvenes “es un problema que el Estado mexicano ya no puede resolver. Hay que asumirlo y entenderlo. Tenemos que enseñarle a estos cabrones (las autoridades) en 2015, tenemos que subir el tono, porque llevamos tres meses así, pero ya se vio que no nos hacen caso”, enfatizó Omar García, integrante del comité estudiantil de Ayotzinapa.

Ángel, alumno de segundo año en la Normal Raúl Isidro Burgos, narró la forma en que la noche del 26 al 27 de septiembre sus compañeros fueron agredidos por la policía municipal de Iguala, y advirtió que si el gobierno y la policía “realmente quemó a nuestros hermanos, como nos dicen, ellos también arderán”.

Asimismo, recordó que en el momento en que eran balaceados, los normalistas llamaron a los servicios de emergencia, pero las operadoras les dijeron que no recibirían “llamadas de broma”. También contó que los soldados que acudieron al lugar no los ayudaron en nada y que varios muchachos salvaron la vida gracias a que una vecina de Iguala les abrió la puerta de su casa.

Entrevistado durante la marcha, Bernabé Abraján Gaspar, padre del normalista Adán Abraján de la Cruz, señaló que a la fecha no han recibido más información de las autoridades sobre las investigaciones. “No hemos tenido respuesta del gobierno, lo único que hace es intentar acabar con nosotros. No nos hemos reunido (con el titular de la Procuraduría General de la República ni con otras autoridades), porque ellos no nos quieren recibir, pues lo que nos van a decir es lo mismo de siempre, que no saben, que no los han podido encontrar”.

Al cumplirse el tercer mes sin sus hijos, para los padres y madres el dolor y la incertidumbre en que viven son prácticamente los mismos que los que experimentaron el día del ataque. “Ha sido una noche muy larga, para nosotros continúa siendo el 26 de septiembre, cuando se los llevaron”, dijeron desde el templete ubicado debajo del Monumento a la Revolución.

Al menos 28 de los 81 ayuntamientos de Guerrero permanecen tomados por miembros de distintas organizaciones sociales, aglutinadas en la Asamblea Nacional Popular (ANP), para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa (Ocampo S., Briseño H., en La Jornada, p.5, 29 diciembre 2014).

El 24 de octubre pasado, la ANP –integrada por organizaciones no gubernamentales, así como agrupaciones sociales y estudiantiles, para exigir justicia en el caso Ayotzinapa– acordó la toma de las 81 alcaldías, previa creación de los concejos municipales populares, que en la práctica se instalaron en Tlapa, Tecoanapa, Ayutla de los Libres, y San Luis Acatlán.

Desde entonces, más de una veintena de ayuntamientos de distintas regiones del estado fueron ocupados por organizaciones agrupadas en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), en solidaridad con los familiares de los normalistas ausentes, para exigir castigo a los responsables de los hechos violentos ocurridos en Iguala y pronunciarse contra la realización de comicios en Guerrero, en 2015.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Marco Antonio Adame Bello, representante del sector Acapulco del MPG, informó que en 10 de las 28 cabeceras municipales las actividades se encuentran paralizadas, entre ellas Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Tlapa, Chilapa y Ayutla de los Libres.

Recordó que el 23 de octubre integrantes del MPG, con apoyo de organizaciones como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), ejidatarios del poblado de Icacos, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, entre otras, se apoderaron del ayuntamiento de Acapulco, y desde entonces el alcalde Luis Walton Aburto despacha en oficinas alternas.

Explicó que en Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Azoyú y Cuautepec (Costa Chica) Zihuatanejo, San Jerónimo, Atoyac y Tecpan de Galeana (Costa Grande), Tlapa (La Montaña), así como Acapulco, la integración de concejos municipales ha tomado mayor definición.

Consideró que la lucha se ha dado en formas distintas: “existe presencia variada en muchos más municipios, la respuesta no se ha dado de forma homogénea”.

Señaló que en la zona rural se ha advertido mayor empatía con la idea de un cambio en el régimen político, mientras que en el sector urbano “ha sido más complicado, pues hay mayor presencia de partidos políticos, y es ahí donde debemos luchar contra el clientelismo”.

Uno de los casos emblemáticos es el del municipio de Tecoanapa, cuya alcaldía fue tomada el 30 de noviembre por comisarios municipales, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), y de la Ceteg, quienes declararon la desaparición de poderes e instalaron una asamblea municipal popular.

Ese día, en la sede del ayuntamiento, los manifestantes instalaron el concejo municipal popular de Tecoanapa.

Félix José Rosas, vocero del movimiento magisterial en Tecoanapa, dijo que 33 comisarios municipales y otros tantos comisariados ejidales de pueblos como El Pericón, Xalpatláhuac, El Charco, Las Ánimas, Parota Seca, Tecuantepec, El Carrizo y Mecatepec respaldaron la desaparición de poderes y la instalación de un concejo municipal, no sólo en apoyo a Ayotzinapa, sino porque en los recientes dos años ninguna autoridad combatió la inseguridad.

“Tuvieron que intervenir los policías comunitarios para acabar con la extorsión, y el cobro de cuotas a comerciantes y ganaderos de la región; por eso vamos a llegar hasta donde quieran los ciudadanos”, reprochó.

El 30 de noviembre, en Ayutla de los Libres ciudadanos sin partido, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Ciudadana (CRAC-PC) y de la Upoeg, conformaron el concejo municipal, luego de acusar a las autoridades locales de estar coludidas con el crimen organizado.

En ese acto, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández, manifestó: “el narco ha dejado decenas de fosas. Guerrero es un gran cementerio clandestino; por eso con los concejos municipales se va a remplazar a las autoridades que no garantizan el derecho a la vida y a nuestro patrimonio”.

El primero de diciembre en Tlapa la asamblea popular acordó integrar el concejo municipal, retomando en su proyecto los usos y costumbres que rigen a los pueblos originarios, para luchar por la aparición de los 43 normalistas.

Esa vez, Vidulfo Rosales Sierra, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, justificó la instalación del concejo municipal popular de Tlapa y acusó también a las autoridades municipales de trabajar en contubernio con la delincuencia.

Desde que se iniciaron las tomas de los ayuntamientos en la zona de la Montaña hubo denuncias de integrantes del MPG y Ceteg, como ocurrió el 16 de noviembre.

También informaron que los curas de la diócesis de Tlapa que apoyan la demanda de Ayotzinapa, fueron amenazados de muerte a través de llamadas telefónicas anónimas.

(Con información de La Jornada Guerrero).

La noche de este miércoles (31 de diciembre) granaderos impidieron el paso a la marcha que padres y madres de los normalistas agredidos el pasado 26 y 27 de septiembre realizaban hacia la residencia oficial de Los Pinos para exigirle al presidente Enrique Peña Nieto que les dé una explicación convincente sobre el destino de sus hijos y castigue a los responsables de los asesinatos y desapariciones en su contra (Camacho F., en La Jornada en internet, 31 diciembre 2014).

Poco después de las 20:00 horas, los manifestantes fueron interceptados por el cuerpo de granaderos en la avenida Constituyentes antes de llegar a Periférico.

Alrededor de las 19:00 horas, los familiares de los jóvenes atacados iniciaron la caminata desde la sede principal de la Procuraduría General de la República y se enfilaron hacia avenida Chapultepec, con la intención de llegar a Los Pinos.

"Para nosotros no hay Año Nuevo, para nosotros va a haber protestas, hasta que aparezcan los normalistas desaparecidos", consignó uno de los padres que acudió a la manifestación.

En días recientes, los padres de los normalistas habían señalado que si las autoridades no daban con el paradero de los muchachos, “no habría navidad ni año nuevo” para ellos ni para el gobierno.

Familiares de los 42 estudiantes desaparecidos realizan un mitin en las inmediaciones de la Residencia Oficial de Los Pinos, en el que exigen sean presentados con vida los normalistas y castigo a los responsables de los hechos ocurridos el 26 de septiembre. (Velázquez C., en Milenio en internet, 31 diciembre 2014).

El abogado de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales, fue el primero en tomar la palabra y a través de un megáfono agradeció el apoyo de las organizaciones a los padres de los estudiantes por acompañarlos este día.

Durante el mitin, los aproximadamente 300 participantes han lanzado consignas como "vivos se los llevaron, vivos los queremos", así como "ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables".

Los manifestantes prendieron veladoras las cuales sostienen en sus manos como símbolo de esperanza de que los estudiantes sean localizados con vida.

No pudieron llegar hasta Los Pinos debido al cerco establecido por elementos del cuerpo de granaderos en la avenida Constituyentes y General Gómez Pedraza.

"Aquí venimos a pasar el Año Nuevo (...) No estamos cansados, estamos desesperados por no encontrar a nuestros hijos", dijo María Concepción Tlatempa, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, entre decenas de veladoras encendidas y fotografías blanco y negro de los chicos (en CNN, 1 enero 2105).

Sin embargo, cientos de policías capitalinos y antimotines impidieron el paso del contingente hasta el domicilio oficial del presidente Enrique Peña Nieto, quien a raíz de este crimen enfrenta su peor crisis desde que asumió el poder en diciembre de 2012.

El bloqueo policial "nos da tristeza porque nosotros cuando manifestamos, manifestamos pacíficamente, nunca hacemos mal a nadie. Pero pues desgraciadamente nos atacan de esa manera. Tenemos la respuesta del gobierno así", dijo Tlatempa.

Los elementos de seguridad de Los Pinos se negaron a confirmar a la AFP si el mandatario se encontraba en la residencia.

Los padres de los estudiantes desaparecidos ya habían intentado llegar a Los Pinos en Nochebuena, bajo una lluvia torrencial, pero decenas de efectivos antimotines les impidieron el paso.

La protesta concluyó sin incidentes y algunos de los manifestantes pasaron la noche en ese lugar. Otros regresaron frente a la fiscalía, donde un plantón se instaló.

El crimen, que ha estremecido a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional, detonó numerosas protestas en todo el país -algunas violentas y multitudinarias- que piden la renuncia de Peña Nieto.

Por otro lado, en Chiapas (sureste), otro grupo de padres de los estudiantes se reunió este miércoles con la guerrilla Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que celebra su Festival Mundial de la Resistencia y Rebeldía y se ha solidarizado con la causa de los estudiantes.


Ref: 2015, elektron 15 (1) 1-8, 1 enero 2015, FTE de México.

Protesta de Navidad en Los Pinos FOTO: R. García

Protesta de Año Nuevo en Los Pinos FOTO: J. Villaseca

Marcha de normalistas el 31 diciembre 2014, ciudad de México. FOTO: J. Villaseca

Mitin del 31 diciembre 2014 en Los Pinos FOTO: CNN